1.1.3 EL Pacto y el conflicto social en el Estado intervencionista.

El Estado se reconstituye, entonces, a partir del Pacto de dominación que se sustenta en la necesidad de mantener vigente la propiedad privada de los medios de producción, la apropiación privada del excedente económico mediante mecanismos de mercado, y en la necesidad de crear y recrear las condiciones propicias para la acumulación de capital.

El contenido del Pacto de dominación que dará origen a la intervención estatal, no sólo se deriva de un conflicto existente entre clases propietarias y clases no propietarias, sólo parcialmente resuelto, y que es producto de las desigualdades propiciadas por el propio capitalismo. También se deriva del conflicto entre fracciones de la clase propietaria (que es hegemónica y dominante), el cual puede obstruir la expansión del capital en sus diversas formas. Para evitarlo, el Estado debe establecer, también, un equilibrio entre las fracciones de la clase dominante que se disputan el poder económico mediante la competencia en el mercado. Para tal propósito requiere constituirse en un instrumento que crea y establece las condiciones para la reproducción del capital social en su conjunto y no sólo de una fracción de clase.

Esa despiadada lucha que representa la competencia económica entre capitalistas es una amenaza constante a la viabilidad del capitalismo ya que puede obstaculizar el eficiente proceso de acumulación de capital. Es decir, puede derivar en el hecho de que un capitalista individual o una fracción capitalista, concentre en sus manos la propiedad y el control de aquellos sectores que se consideran indispensables para la reproducción del capital social en su conjunto (energía, investigación, comunicación, educación, reproducción ampliada de la fuerza de trabajo, etc.) y los utilice para su beneficio exclusivo. Ello provocaría un efecto grave sobre el resto de las fracciones del capital y sobre el resto de las clases sociales, lo que agudizaría las contradicciones y provocaría un conflicto que impediría la expansión económica y el desarrollo armónico del capitalismo. Por tal razón, el pacto impone como necesidad, que el Estado intervenga en la economía mediante el control de sectores económicos estratégicos que le permitan mantener un

...equilibrio de fuerzas en la sociedad (estabilidad y control) e impedir que los agentes acumulen suficiente poder económico en pocas manos (sea por su localización en industrias estratégicas o por monopolizar ciertas actividades) o, dicho de otra forma, adquieran la autonomía suficiente como para que su influencia en la estructura política sea determinante y el Estado pierda capacidad de conducción.

De aquí tenemos, entonces, que el Pacto estará definiendo una forma particular de intervencionismo estatal para evitar los desequilibrios de poder económico entre fracciones de la clase dominante. Pero, al mismo tiempo, en la medida que esto impide que el poder se concentre en una fracción de la clase dominante, esta intervención actúa como mecanismo para salvaguardar la soberanía estatal, entendida como el poder de mando estatal frente a la sociedad y principalmente frente a las distintas fracciones de la clase dominante, sin la cual se reduciría su poder y con ello la posibilidad de servir como instrumento para asegurar la viabilidad del sistema. Así, pues, las negociaciones y soluciones de los conflictos entre clases, fracciones y grupos se van a dar y a encontrar solución en el marco y sobre la base del Estado porque sólo de esta manera, éste puede imponer una dimensión nacional al proyecto político y unidad al país. De hecho, parece haber una coincidencia entre la creación del Estado capitalista moderno y el proceso de integración y articulación económica, política y social del territorio nacional, la extensión de una política nacional y un proceso de conformación de una identidad nacional. De modo que al proyecto de nación que representa el Estado no sólo se incorporan clases, grupos y fracciones de clase distintas y enfrentadas, también lo hacen regiones, instituciones e identidades culturales diferenciadas y desiguales. Se puede afirmar, entonces, que las grandes transformaciones económicas, políticas y sociales propician las reformas al interior del Estado, exigiendo, de éste, una recomposición política, ideológica y administrativa para responder a la nueva realidad social. Esto se traduce en la imperiosa necesidad de abandonar las concepciones liberales e implementar, (como ya se dijo antes) un intervencionismo económico de amplias magnitudes.

Con la expansión de la población, la proliferación de las ciudades, el avance de la industrialización, todo en grado tan vasto, cualquier rígida adscripción a las concepciones del laissez-faire habría sido una receta para la anarquía social. Los gobiernos, junto con los órganos municipales, ampliaron la escala de sus actividades para enfrentar el desafío de ordenar y servir sociedades formadas por aglomeraciones de personas más amplias, densas y móviles que en lo previamente experimentado.

A partir de éste momento, el Estado empieza a operar bajo una racionalidad política que le exige el mismo Pacto de dominación con el fin de conciliar intereses y consensuar acciones. Entendiendo por racionalidad política del Estado la fórmula mediante la cual se logra un desempeño adecuado de la acción pública de manera que se satisfaga eficiente y eficazmente el interés nacional. Dicho de otro modo, es el conjunto de mecanismos, decisiones y acciones necesarios para la reproducción armónica del sistema.

El Pacto de dominación social implica una racionalidad política que deriva de los principios, valores e intereses que ha adquirido el Estado de las fuerzas políticas que lo conforman. Es una racionalidad política que asegura el equilibrio de fuerzas y la eficiencia y eficacia de las políticas públicas para cumplir con los acuerdos pactados y que establece límites a la presión que implica la lucha de intereses de cada clase, grupo o fracción. De igual modo, es una fórmula que crea una capacidad en el Estado para operar de manera autónoma, esto es, al margen de las fuerzas políticas, y que da sentido, forma y fuerza a esa autonomía. Esto en la medida que es una racionalidad política derivada del pacto de dominación y para la permanencia del mismo. Es decir, que no es una racionalidad promovida por la clase dominante, sino por el Estado que ha ingresado a un proceso de autonomización. Esa racionalidad, desde luego, puede perderse cuando alguno de los pactantes (en particular la clase dominante) rebasa los acuerdos que sustentan el pacto poniendo en entredicho su vigencia y la materialización del interés nacional. Si el pacto de dominación se rompe, el interés de la clase dominante y su proyecto político, en toda su extensión y de forma exclusiva son impuestos a la sociedad por el Estado. Este pierde su autonomía relativa frente a las clases en general y en particular frente a la dominante. En ese momento, desde luego, se remueve esta forma particular del Estado capitalista y habría un nuevo arreglo político en el que la clase dominante logra la subordinación total, por la vía de la coerción. Y de no recomponerse el Pacto, se abre un período de crisis política que puede frenar la expansión capitalista. El Estado se enfrenta, entonces, a lo que Gramsci llama crisis orgánica , es decir, una situación caracterizada por la pérdida de la hegemonía, es decir de la dominación mediante consensos, beneficios sociales y unidad ideológica (ruptura entre estructura y superestructura) Momento éste en el que la clase dominante deja de cumplir con su función económica e ideológica y no sirve mas como impulsora de la sociedad, por lo que el bloque histórico, representado, aquí por el Pacto de dominación, tiende a desintegrarse. La hegemonía se convierte en pura dominación, es decir, deja de basarse en un Estado social (coerción, consenso y beneficio social) porque la clase dominante rompe con el Pacto de dominación y ello obliga a la pura coerción.