1.1.5 Acumulación y legitimidad. Las tareas del Estado Intervensionista

El Estado intervencionista tiene una connotación histórica y su contenido varía de acuerdo a las transformaciones que presente el arreglo social del que se deriva. Su tarea primordial, en última instancia, es la de darle viabilidad al sistema capitalista. La forma en la que lo hace varía históricamente de acuerdo al peso de cada una de las fuerzas políticas que se disputan el poder y el grado de autonomía que el Estado llegue a tener sobre ellas. Esto implica una amplia flexibilidad del Estado para ajustarse a las transformaciones sociales y crea la posibilidad de existencia, en el entorno capitalista, de proyectos o modelos de desarrollo diferenciados y hasta encontrados como es el caso de la economía pura de mercado y la economía mixta cuya contradicción básica radica en la posibilidad de que el Estado adquiera y resuelva tareas y compromisos fuera de su ámbito tradicional de influencia. En este sentido, se puede decir que, existen, al menos, tres modalidades distintas de arreglo institucional dentro del capitalismo: Uno, economía pura de mercado en la que la asignación de recursos se realizará a través de mecanismos automáticos de éste y sólo se justifica la intervención del Estado en asuntos relacionados con la distribución del ingreso. Dos, la economía social de mercado que considera inevitable cierto tipo de intervención del Estado en asuntos económicos, lo cual se justifica en tanto facilita, el funcionamiento del mercado, corrige las distorsiones inevitables producidas por la economía de mercado y contrarresta algunas de las mayores injusticias sociales. Y tres, economía mixta, cuyo fundamento radica en la desconfianza en torno a la eficiencia de los mecanismos del mercado y en el convencimiento de que existen amplios sectores de la economía que deben estar fuera de la lógica del mercado, debido a que éste, o bien no opera eficientemente, o bien ocasiona costos sociales inadmisibles, aunque se reconoce la necesidad de la existencia de las relaciones de mercado. Este régimen constituye una variedad de organización del sistema capitalista en el que ...parte de la actividad económica responde a principios de mercado: Individuos y empresas toman decisiones de forma descentralizada, la propiedad de los recursos es privada y los precios resultan de la interacción de ofertas y demandas . Y otra parte de la actividad económica esta determinada por la forma en que ... las decisiones de asignación de recursos basados en el principio de autoridad y la toma centralizada de decisiones se manifiestan fundamentalmente en la propiedad pública, en la legislación, en las regulaciones, en los impuestos y en los gastos públicos. Se trata, entonces, de un régimen en cuya estructura no sólo se combinan mercado e instituciones públicas, sino, también y primordialmente objetivos económicos y sociales, privados y públicos, de corto y de largo alcance. En donde habrán de combinarse los intereses privados con las expectativas sociales. Esta última modalidad es la que caracteriza las sociedades capitalistas del siglo XX y se constituye, a partir de un fenómeno de creciente intervención del Estado en la economía, en él confluyen elementos no sólo de carácter económico, sino también, aspectos de orden político, ideológico, social e histórico que son los que definen sus posibilidades de existencia. La forma y el contenido de esa intervención estatal están definidos a partir de la conformación del Pacto de dominación, en la medida que éste expresa, de manera muy clara, dos de los factores que determinan dicha intervención: El primero está constituido por la recurrencia de las crisis económicas y la inexistencia de mecanismos propios de la economía de mercado para evitarlas y superarlas eficientemente. Efectivamente, la amplitud y profundidad de la crisis trae como consecuencia que el interés de las clases dominantes se exprese en la necesidad de una intervención estatal para evitar la aparición de las causas y consecuencias de dichas crisis. De este modo el Estado aparece como el único factor capaz de encontrar las soluciones más eficaces, debido a que posee características que ningún otro agente o institución posee.

El Estado como institución puede modificar los comportamientos económicos, políticos y sociales de otros agentes, y establecer ordenamientos jurídicos que cambien la operación del sistema económico. Estas características dan al Estado una ventaja comparativa sobre otras instituciones.

El segundo factor es el carácter cada vez mas participativo de la sociedad en la definición de las políticas del Estado. Sobre todo en la medida que las clases populares adquieren un mayor desarrollo ideológico y de organización y, con ello, un mayor peso político en la correlación de fuerzas que al interior del Estado se disputan el poder de influir sobre las tareas, los compromisos y la función del Estado.

De esta doble circunstancia se deriva un Pacto de dominación que da origen a un Estado cuyas tareas fundamentales, por cuanto son condición necesaria para mantener vigente dicho pacto y el sistema capitalista, son:

• La función de acumulación para propiciar y cuidar la eficiencia económica del sistema, creando y conservando oportunidades para la acumulación privada de capital, y

• La función de legitimación para generar condiciones de justicia social para la sociedad, en particular para las clases populares.

Con la primera, el Estado trata de crear y mantener las condiciones en las que la acumulación de capital es posible. Es decir, despliega un conjunto de medidas y acciones encaminadas a asegurar el funcionamiento eficiente de los mecanismos de acumulación que garanticen la plena expansión de los propietarios del capital. Pero, también, por ello, trae como resultado un proceso de crecimiento y diversificación económica que es condición necesaria para la existencia y permanencia del propio sistema y constituye la base sobre la que se erige todo proceso de desarrollo económico. Entendiendo aquí, por desarrollo económico, un fenómeno caracterizado por un incremento constante y creciente del producto nacional y por una distribución más equitativa del ingreso y la riqueza producidas. Es decir, un fenómeno que implica un mejoramiento constante de la capacidad productiva y tecnológica del país y en el nivel de vida de la población.

Por otra parte, el proceso de acumulación privada de capital propicia fenómenos de monopolización de mercados, desigualdades regionales, desequilibrios sectoriales, insuficiencias en la oferta o la demanda y desempleo. Fenómenos que se pueden entender como un “costo” de la expansión irracional del capital. Irracional en el sentido que genera ineficiencias. Y son fenómenos cuya corrección entra a formar parte de las responsabilidades del Estado, porque la función de acumulación es, al mismo tiempo, función de reordenación y racionalización del proceso de expansión capitalista. De igual modo, los beneficios de la acumulación capitalista se concentran en manos de los propietarios del capital (y, normalmente, no en todos sino en una reducida proporción) y ello provoque fenómenos de concentración del ingreso, desempleo, sobreexplotación y pobreza.

Es aquí donde cobra sentido la segunda función del Estado arriba señalada. Función mediante la cual se busca repartir los beneficios del crecimiento económico e igualar las posibilidades de tener acceso a las fuentes de acumulación y riqueza y a una mayor participación en el excedente económico. Es decir, es una función orientada a generar el mejoramiento en el nivel de vida de la sociedad y de las clases populares en particular. Lo cual es, por cierto, un instrumento que sirve, también, al propósito fundamental de establecer los mecanismos necesarios y las condiciones básicas para asegurar la lealtad de las masas hacia el Estado y mantener su legitimidad frente a toda la sociedad, constituyendo, con ello un mecanismo mediante el cual se crean y mantienen las condiciones necesarias para la armonía social. Entendiendo, aquí, por legitimidad, una actitud positiva y de apoyo al sistema y que supone un consenso activo . Es decir, es el resultado de un acuerdo social que acepta la existencia del Estado y su funcionamiento como algo justo y adecuado en tanto que se le reconoce como mecanismo que promueve los intereses nacionales y cuya autoridad aceptan, asumen y se someten voluntaria y justificadamente las clases sociales. Situación que se mantiene vigente y se renueva, siempre que sea posible mantener la obediencia y sumisión al Estado, mediante la promoción de los intereses colectivos Para que exista dicha legitimidad deberá haber una correspondencia entre las demandas de las clases que integran al Estado y el conjunto de decisiones y acciones que éste lleva a cabo.

Las dos funciones básicas del Estado capitalista sirven, cada una de ellas, para dos propósitos distintos, pero a la vez complementarios y contradictorios entre sí. Por un lado la promoción de la acumulación de capital sirve, en primera instancia, para la expansión de los propietarios del capital. Pero no por ello deja de tener un interés y una utilidad más general. Por el contrario, para la sociedad representa un factor determinante, toda vez que puede constituir el fundamento de una expansión económica tal que permita la aparición de un proceso en donde el resto de los actores sociales se vean beneficiados. Esto porque el crecimiento económico (y en el capitalismo el crecimiento de los grupos empresariales) es condición necesaria para la existencia del desarrollo económico. Por otro lado, al establecerse un conjunto de instituciones sociales y estatales, y redistribuirse los recursos para evitar la sobreexplotación de la fuerza del trabajo, la concentración del ingreso y los rezagos sociales, se están corrigiendo los “males sociales” propios de la expansión capitalista. Pero, al mismo tiempo, esto permite llevar a cabo un proceso de reducción de los costos de reproducción de la fuerza de trabajo y ello resulta en el incremento de la tasa de ganancia, en beneficio del capital privado. Y sirve, al mismo tiempo, para el mantenimiento de los consensos y acuerdos básicos sobre los que descansa la sociedad y que permiten la armonía social.

Es necesario aclarar que el carácter intervencionista del Estado es la forma particular en que se manifiesta el Pacto de dominación (en tanto que expresión política), en el ámbito técnico-económico. Y que dicho carácter no depende de la actitud voluntarista o paternalista de los gobernantes, ni de la previsibilidad de estos para establecer mecanismos que, por su naturaleza y contenido son formas de eficientar la explotación de la fuerza de trabajo, pero también y de manera importante, fuente de legitimidad estatal. Esto significa que el activismo de las clases populares (normalmente subordinadas) y las tensiones que esto genera al interior del Estado, juegan un papel determinante en la conformación de las instituciones estatales (marco legal, política económica y estructura administrativa y productiva) y en la filosofía social que sustenta dichas instituciones, mediante las cuales se hace posible esa forma particular de intervencionismo estatal. Por ello es posible afirmar que el Estado no actúa como instrumento de la clase dominante, o de alguna de sus fracciones, con mecanismos de intervención, sólo porque de esa manera beneficia al capital. Como tampoco es posible afirmar que su actuación constituye un acto de pura concesión legitimadora hacia las clases populares. Su acción es producto de las alianzas políticas y la conciencia social del Estado. Ello, contribuye a explicar el hecho de que el Estado requiere autonomía relativa y por qué algunas medidas son contradictorias con las metas de corto plazo de la acumulación de capital. El Estado interviene, entonces, porque las sociedades modernas, se plantean, como tales, objetivos mas elevados, de mayor alcance que los que el mercado propone y le puede ofrecer. Objetivos que sólo el Estado (entendido como un líder social, que recoge los intereses de toda la sociedad) puede plantearse y alcanzar. Objetivos que sólo es posible alcanzar si el funcionamiento del mercado se regula y se orienta en un sentido determinado. De este modo, podemos decir que el Estado interviene en la economía fundamentalmente porque el mercado es un instrumento de alcances muy limitados tal que le es inherente una absoluta incapacidad para asegurar un adecuado funcionamiento de la economía y dar cumplimiento a un conjunto de objetivos superiores que la sociedad pretende alcanzar.

Finalmente es necesario aclarar que la intervención del Estado no significa per se la negación de la economía de mercado. Por el contrario el Estado interviene para darle viabilidad, para corregir sus imperfecciones para evitar su autodestrucción debido a las crisis recurrentes. Sin embargo, si implica una subordinación de ésta al Estado para que permita alcanzar objetivos que van mas allá de los suyos propios.