2.1.2 Es preciso realizar una reforma profunda del FMI, tanto de su organización y estructura, como de sus objetivos, funciones y métodos de trabajo, con el propósito de que la nueva institución pueda enfrentar los siguientes retos:

a) Financiar el desarrollo de los países pobres, otorgando financiamientos a largo plazo con tasas blandas de interés, así como crear un mecanismo ágil para reducir el tiempo en la aprobación de los créditos y la asignación de los recursos. Para la consecución de estos propósitos deberá viabilizarse a estos países el acceso a los mercados de capital, de forma tal que refuerce su estabilidad, seguridad económica, sus inversiones y sus proyectos de desarrollo.

b) Asegurar suficiente liquidez internacional en correspondencia con la profundidad de la crisis que se presente, con el fin de cumplir a escala mundial la función de prestamista de última instancia. Para satisfacer estos objetivos sería imprescindible formar fondos con aportes especiales de los países industrializados para incrementar su dotación de recursos; además, podrían establecer mecanismos para captar recursos de los mercados financieros, con la agravante de encarecer el costo de la crisis para los países afectados y, por último, se podría recurrir al mecanismo de los derechos especiales de giro (DEG), ampliando sus emisiones y sus usos; pero nunca admitir que los fondos destinados a financiar el desarrollo se desvíen para resolver los problemas de las crisis. Estas alternativas de financiamiento incrementarían el monto de liquidez en momentos de crisis y eliminarían las engorrosas negociaciones dirigidas a elevar las cuotas de los aportes al Fondo o a las facilidades crediticias de la banca privada. Las reservas se utilizarían en operaciones de rescate en aquellos países con situaciones de crisis. Las asignaciones irían acompañadas de las recomendaciones pertinentes para lograr el saneamiento y equilibrio de balance financiero, con el propósito de elevar el contagio de las crisis.

Para lograr una amplia, eficiente y oportuna aplicación de los DEG, es importante definir con mayor precisión en qué situaciones pueden ser usados y cuáles serían las restricciones para operar en ellos.

c) Elaborar programas de ajustes en correspondencia con el nivel de desarrollo de cada país y los problemas específicos de sus finanzas, orientados a eliminar las causas de las crisis, estimular el crecimiento económico, depurar las carteras de créditos con fuertes riesgos y exigir responsabilidad por la inconsistencia de los préstamos otorgados, así como contemplar una distribución equitativa de su costo, observando que las capas más pobres no se vean gravadas de nuevo por las medidas y efectos de las crisis.

d) Consideramos correcto aplicar el principio de condicionalidad instrumentado por el FMI, pero solo cuando de préstamos a países con déficit en la balanza de pagos, a causa de aplicar políticas macroeconómicas desacertadas u otras causales en las que se justifique un mal uso de los recursos, e incluso, aquí los criterios de condicionalidad deben flexibilizarse, eliminando la práctica de las recetas únicas. Pero, sería un craso error e injusto que la condicionalidad se aplicara en casos de déficit de la balanza de pagos originada por el intercambio desigual, las crisis de origen externo en cuenta corriente o de capital. Tampoco pueden afectar los fondos asignados a los programas de desarrollo económico social ni a las instituciones financieras nacionales que las apoyan o influir u obstaculizar las áreas de competencia de otros acuerdos internacionales como la OMC, o exigir a los países renovar el régimen cambiario. No cabría en este contexto subordinar un préstamo u ayuda a concesiones de índole ideológica o política. De igual forma, el BM debe eliminar las normas de condicionalidad que implique injerencia en la estrategia de desarrollo económico u otras que se aparten de las normas técnicas financieras, propias del Banco.

e) Para viabilizar los objetivos anteriores es importante proceder a una revisión del “Convenio Constitutivo”, en el cual se establezca que las cuotas que entreguen los países como aporte inicial no constituyan un límite en el monto permisible para tener acceso a financiamiento; así como tampoco subordinar cualquier otra decisión alrededor del mencionado aporte inicial.

f) La nueva arquitectura financiera internacional debe formarse libre de todo injerencismo de las grandes potencias económicas en materia de políticas financieras y programas de ajuste que se instrumenten, los cuales han revelado normalmente un efecto recesivo e impacto social negativo.

La nueva institución o, en su defecto, la reforma, tiene que eliminar la práctica de subordinarse a las orientaciones o decisiones dictadas por los Estados Unidos para proteger sus intereses económicos y políticos, transformando la institución en instrumento exclusivo de dominación sobre el resto del mundo y, en especial, del Tercer Mundo. Tampoco puede permitirse la práctica actual de trasladar la condicionalidad exigida por la esfera técnica para alcanzar la estabilidad macroeconómica a la esfera de los asuntos internos de cada país, violando de esta forma su soberanía.

g) La formación de una Nueva Arquitectura Financiera Internacional tiene que erigirse sobre las sólidas bases jurídicas y el estricto respeto a los principios y normas que se establezcan. En consecuencia, deben formalizarse los mecanismos oficiales para que los países cuenten con el derecho de tramitar directamente o a través de la Asamblea General de Naciones Unidas, la solicitud expresa a la Corte Internacional de Justicia, para que esta examine y dictamine sobre aquellos asuntos jurídicos que las naciones consideran como una violación de la “Carta Constitutiva” del FMI, BM u otras instituciones internacionales.

Deseamos enfatizar en que la reforma del Fondo está obligada a introducir la participación activa no sólo del G-7, sino de todas las organizaciones regionales, e incluso contar con la representación de los bancos centrales y de la sociedad civil, cuando traten asuntos que puedan afectar las economías locales, con el fin de comprometer a la mayor parte posible de los factores que posteriormente se verían implicados en el cumplimiento de las decisiones de políticas que se aprueban. Esta apertura sería decisiva para negociar con los países industrializados en qué medidas contribuirán al desarrollo de los países atrasados. Además, coadyuvarán a formar una ética de trabajo basada en el principio de la colaboración, de la equidad distributiva, del equilibrio financiero y a favor de la extinción de la pobreza en el mundo. Los países subdesarrollados deben definir con claridad cuáles son los problemas que tiene que resolver en el ámbito interno y externo con la ayuda de los países desarrollados, para viabilizar su inserción en la economía mundial en condiciones competitivas. Esto exige coordinar sus ideas respecto a los objetivos que desean alcanzar con la finalidad de asumir una posición de grupo, lo cual será determinante para la concertación de acuerdos con los organismos internacionales y los países industrializados, en correspondencia con los objetivos trazados.

2.1.3 Adoptar un código de conducta, mejorar los flujos de información y su fidelidad, fortalecer la supervisión y la regulación financiera a escala nacional e internacional, es una condición inaplazable para el trabajo de los órganos financieros.

Los códigos de conducta deben establecerse con carácter obligatorio para todos los países, con independencia de su poder económico y sustentarse en principios normativos y mecanismos orientados a regular el uso de los recursos financieros y a brindar transparencia en las operaciones relacionadas con la política monetaria, cambiaria, fiscal y financiera, así como la forma de conducir la actividad corporativa, los estándares contables, supervisión y regulación financiera, cambiar el lavado de dinero y activos, la extorsión especulativa, la corrupción y la evasión tributaria.

Fortalecer los mecanismos e instrumentos re regulación y supervisión financiera nacional e internacional, es un requisito indispensable para garantizar que las asignaciones de recursos sean racionales, se usen eficientemente y a la vez permitan, en lo posible, prever las crisis, eliminando los puntos vulnerables de la economía en los países de mayor riesgo. Para esto será imprescindible mantener un trabajo de coordinación y atención especial a las políticas macroeconómicas para enfrentar los momentos inflacionarios y deflacionarios que se presenten, pues estamos conscientes de que las crisis y el contagio seguirán siendo como un virus epidémico que se generaliza fácilmente y obstaculiza cualquier tipo de gestión y financiamiento para el desarrollo, generando recesión en las economías.

Otra tarea importante será perfeccionar el mecanismo y sistematicidad de los flujos de información y tecnología de la información, especialmente la referida a los países en vías de desarrollo. La transparencia de la información fidedigna y a tiempo es un instrumento esencial para prevenir las crisis financieras, incidiendo muchas veces factores de índole macroeconómico externo. En ocasiones, también se adolece de información necesaria para que las entidades supervisoras puedan realizar su trabajo, por eso es tan importante defender un contexto regulatorio consistente y disponer de controles internos eficientes en los bancos y otros intermediarios financieros. Es necesario que el principio de transparencia de la información se extienda a las instituciones financieras internacionales, aunque ésta se comparta solamente con los bancos centrales de cada país.

La política financiera externa dirigida a los países subdesarrollados debe ser elaborada cuidadosamente, por cuanto, cualquier cambio en las variables macroeconómicas como es el caso de las tasas de interés y los tipos de cambios que afectan a los países con una situación económica precaria, desequilibrios en la balanza de pagos, endeudamiento creciente por el efecto de la capitalización del servicio de la deuda, conduce violentamente a la agudización de la inestabilidad de los bancos. En consecuencia, las normas para el financiamiento externo no pueden universalizarse. Estas tiene que adecuarse al desarrollo y características propias de cada país para que lo inversionistas se sientan estimulados, y las inversiones resulten rentables y beneficiosas al país receptor. Lo anterior no excluye ser estrictos y exigentes en las metodologías para otorgar financiamientos y para comprobar y evaluar el uso de los recursos asignados e imponer severas sanciones para lo casos en que se demuestren desvíos o mal uso de los recursos.

Las normas, procedimientos, indicadores y las variables que se utilizan como instrumentos de análisis, tienen que estar respaldadas con datos concretos y valoraciones técnicas políticas y, en particular, evitar evaluaciones subjetivas de riesgos sin una adecuada demostración analítica de estos, pues el carácter subjetivo del riesgo puede darse por exceso o defecto creando, en el mejor de los casos, criterios procíclicos en la evaluación de riesgos tendientes a favorecer un fuerte proceso de inversión, sin una evaluación técnica-económica profunda en las economías en desarrollo y, posteriormente, permitir un masivo y repentino retiro de capital, al no responder a las expectativas creadas, anulando el efecto deseable del financiamiento externo.

Enfatizamos en la importancia de contar con una institución que regule estrictamente los mercados cambiarios –para restringir la intensa actividad especulativa que hacen muy vulnerables alas economías de los países del Tercer Mundo-, así como todas las funciones financieras, monetarias y de otra índole a escala internacional; conjugando la equidad y el arbitraje imprescindible para el normal desarrollo de la economía mundial entre países con economías avanzadas y atrasadas, y no dejar que sean las transnacionales las que impongan en forma unilateral las reglas del juego, globalizando estas relaciones a favor de sus intereses hegemónicos, en detrimento de los países en vías de desarrollo. Por estas razones es indispensable instrumentar mecanismos de regulación y supervisión vinculados específicamente con las operaciones de los mercados globalizados de capital y créditos privados con fuerzas devastadoras, por constituir factores primordiales para modificar el actual orden financiero establecido, en particular, de las actividades especulativas.

En síntesis, lo fundamental está en crear una autoridad financiera con jerarquía mundial, con la función de formular las normas internacionales necesarias para la regulación y supervisión financiera aplicable a instancia nacional, con la tarea esencial de limitar los riesgos, prevenir las crisis y estimular el financiamiento al desarrollo de los países atrasados.