BIBLIOTECA VIRTUAL de Derecho, Economía y Ciencias Sociales

DIVERSIDAD CULTURAL: CIUDADANÍA, POLÍTICA Y DERECHO

María Teresa Ayllon Trujillo y otros




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Participación Social, Económica y Política

La participación social surge como uno de los problemas de la recuperación y la ampliación de lo público, no puede soslayarse que el espacio en el que se desenvuelve no es raso ni unidireccional. Dicho espacio es crecientemente ocupado por movimientos y organizaciones sociales que reclaman una mayor injerencia en las decisiones públicas, y también está cada vez más copado por estrategias gubernamentales que promueven tal injerencia. En efecto, en el contexto anual el lema de la democracia participativa renueva su sentido, siendo incluso expresamente moldeado por políticas públicas estatales en aras de la profundización de la democracia y el fortalecimiento de la sociedad civil. Sin embargo, en la actualidad la tendencia a la difuminación de lo público.

Para conceptualizar la participación ciudadana se considera la siguiente definición: proceso gradual mediante el cual se integra al ciudadano, individual o colectivamente, en la toma de decisiones, la fiscalización, el control y la ejecución de las acciones en los asuntos públicos y privados que afectan lo político, económico, social y ambiental, permitiéndole su pleno desarrollo como ser humano y el de la comunidad en que se desenvuelve.

Tal proceso implica un cambio en la cultura ciudadana, que permita la organización de acciones encaminadas a promover condiciones de vida más dignas, cuyas limitantes están constituidas por la carencia de recursos y conocimientos técnicos que posibiliten su existencia. Es en este contexto donde se tiene que hacer referencia a los pobres y a los marginados, por lo que cabe la distinción de los términos:

La participación ciudadana puede conducir al debilitamiento de la esfera pública más que a su refuerzo. se trascenderá la visión prevaleciente en la literatura que se asienta en las distorsiones a las que frecuentemente se ha sometido la práctica de la participación ciudadana cuando es promovida desde las esferas estatales, o que adjudica sus fracasos solo a errores de instrumentación en términos de falta de recursos o esfuerzos. Se asumirá, en cambio que existen cuestiones teóricas no resueltas, mezcladas con diferentes sentidos normativos del par democracia-participación ciudadana, que no pueden ser soslayados si se pretende aportar una explicación más integral.

La participación ciudadana busca promocionarse y, en particular, los arreglos institucionales que se suscitan desde la esfera estatal para crear nuevos canales de relación con la sociedad que favorezca su injerencia en las decisiones estatales y/o su intervención en la producción de bienes públicos, condiciona en la practica la esfera pública radicada en la sociedad. Las posibilidades de influencia de ésta sobre el Estado, son encauzadas en gran medida por tales arreglos institucionales, los que incluso pueden ejercer una función de modelaje sobre tales influencias. De manera que un primer acercamiento hacia las condiciones de ampliación de la esfera pública, no puede soslayar el examen de las modalidades institucionales y, en especial, de las tendencias que se esbozan para trascender al voto como único mecanismo de manifestación.

Aun cuando no puede concluirse que se busca implantar un solo modelo para ampliar la participación ciudadana en los procesos de formulación de políticas, como se ha observado en las últimas décadas se concluye que los esfuerzos se orientan tanto a fortalecer los mecanismos de la democracia directa como a introducir un pluralismo integrativo. Este modelo marca las oportunidades de ceder espacios de autoridad para dar cabida a la inclusión de nuevos sujetos en los procesos de formación de políticas. El rasgo integrativo queda, sin embargo, plasmado en que, en general, los sujetos convocados no retienen su propia autonomía política sino que trasladan su autoridad social a las instancias de representación política ya constituidas, deviniendo su participación en ellas mas en colaboración funcional que en representación de intereses para incrementar los espacios de su influencia. La institucionalización de las modalidades de participación desde el Estado reafirma a su vez este esquema en varios sentidos: los sujetos de la participación son construidos desde el estado, en tanto es éste el que dota de legitimidad a determinadas categorías de interés. En segundo lugar, el signo de esa institucionalidad es la multiplicación de los sujetos: existen tantos tipos de participación ciudadana como instituciones que apelan a la incorporación de ella en sus prácticas. En tercer lugar, los ámbitos y las modalidades de la participación también son prefigurados desde el estado.

Más allá de los argumentos que han sido utilizados para estimular la participación ciudadana en la adopción de las decisiones estatales, apoyándose en su virtualidad para aumentar la eficiencia y/o eficacia de tal proceso, una parte de la practica ha estado también guiada por referentes valorativos congruentes con los principios de la democracia en su versión republicana clásica: la igualdad y el pluralismo político y la deliberación pública, bajo la referencia de la libertad.

Una oferta institucional para la participación ciudadana.

Desde el ámbito de los sectores marginados, tanto sindicatos como cooperativas e, incluso, partidos políticos, se han erigido en la historia política contemporánea en actores clave en la lucha por la ampliación de las capacidades de organización política y social. Diversos factores explican en cada caso los flujos y reflujos de actores, así como los cambios en el guión. Sin embargo, desde mediados del siglo XIX hay un común denominador que imprime continuidad, si no a las formas, al menos a los contenidos de la lucha popular: la necesidad de tener parte en la definición de los destinos societarios.

En cuanto a la participación ciudadana, desde el ámbito de los sectores marginados, tanto sindicatos como cooperativas, e incluso, partidos políticos, se han erigido en la historia política contemporánea en actores clave en la lucha por la ampliación de las capacidades de organización política y social. A partír del último tercio del siglo, el énfasis está puesto en los movimientos sociales, incluyendo la amplia gama de acciones ciudadanas de reivindicación de derechos. Una de las nociones más clásicas de “participación popular” rescata precisamente esta dimensión de auto-organización y autogobierno social, al entenderla como “los esfuerzos organizados y colectivos de los excluidos en defensa de su vida” (stiefel/Wolfe, 1994) las formas de organización y las mediaciones que se establecen tienden a variar. Pero el énfasis sigue estando en la obtención desde la base social de espacios crecientes de libertad colectiva y un rol deteminante en la vida social.


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