Formación colonial del Bajío

Con la llegada de los españoles, la región del Bajío de Guanajuato se caracterizó por un reparto de grandes extensiones de tierra entre los colonos. En 1580 se dan las primeras mercedes por el descubrimiento de algunas minas en Zacatecas y Guanajuato. Es posible hablar de una invasión hispana e india, pero se trataba de indígenas ya conquistados y utilizados como fuerza de trabajo (P´urhépechas, Nahuas y Otomíes) A varios indios se les daba tierra, exención de impuestos, e incluso cierta permisividad para ejercer su cacicazgo. Todo ello como incentivos para acompañar al español. El elemento español con su noción de propiedad privada va configurando la estructura económica y social de la región, caracterizado por una mezcla de relaciones de tipo feudal y capitalista (Ávila, 1997).

El resultado fue que se formaron núcleos de población que se convirtieron rápidamente en lugares de cultivación intensa, conocidos como labores y ranchos. Con ellos, la existencia y sobrevivencia de la pequeña propiedad estuvo prácticamente asegurada. Desde 1570 hasta 1630 el rápido crecimiento de estas formas de propiedad aseguraría el futuro desarrollo de una gran sociedad agraria en el Bajío. Desde el siglo XVIII, uno de los fenómenos más importantes en la conformación del Bajío fue el aumento de población.

Autores como Claude Morín (1979) señalan que el aumento de población se genera por una fuerte migración hacia el Bajío, lo que trae como consecuencia la presencia de mano de obra excedente y el rápido desarrollo del arrendamiento del suelo. Esto les dio varias ventajas económicas a los terratenientes, como la utilización de tierras ociosas que posteriormente podrían cultivar por su propia cuenta o dar en aparcería. Con esta fuerza de peones asalariados y campesinos medieros la Hacienda generó productos agrícolas comerciales que se articularon con el auge minero. De hecho, todo el crecimiento del Bajío está sustentado en la reproducción biológica y social de este campesinado.

De acuerdo con David Brading (1984), durante el siglo XVIII, el Bajío llegó a ser una próspera zona, diferente del norte ganadero y minero así como del valle central con sus villas indias y haciendas. El Bajío se caracterizó por un grado de urbanización sumamente alto para una sociedad tradicional, marcada por una compleja estructura de producción agrícola.

El desarrollo que tuvo la minería en la región norte del Estado de Guanajuato a fines de la colonia transformó la dinámica de las relaciones sociales y económicas entre las poblaciones internas. Una mayor concentración de población y de trabajadores en algunas ciudades como León, San Miguel de Allende y Guanajuato fomentó el desarrollo de una forma de interdependencia hacia la zona no minera y de hecho menos poblada, ya que los hacendados y terratenientes de esta zona se vieron empujados hacia una mayor producción agrícola de alimentos para satisfacer las demandas de las poblaciones mineras. Se inició entonces una intensificación del uso de tierras para la producción de alimentos y al mismo tiempo la demanda de mano de obra provocó un aumento de población y la creación de nuevos asentamientos, teniendo todos como actividad económica principal la agricultura a gran escala. Este largo proceso económico en torno a la actividad agrícola permaneció hasta la actualidad, sólo que ahora no son los hacendados quienes demandan la explotación intensiva del suelo sino las compañías agroindustriales

Para Eric Wolf (1972), el complejo social y económico conocido como el Bajío jugó un papel doble en sus relaciones con el centro y el norte del país. Ante el norte procedió de manera similar a los monopolistas del centro, comprando materias primas y devolviendo artículos manufacturados a mayor precio. Frente al centro, no obstante, el Bajío se benefició atrayendo capitales, que al ser invertidos y reproducidos en la región, fomentaron la creación de economías, mercados e intereses locales. De esta manera en la región del Bajío se podía observar con claridad la pugna entre intereses regionales y metropolitanos, derivado de una forma de desarrollo económico que favorecía la centralización en beneficio de los inversores más fuertes y una desventaja para los comerciantes regionales menos poderosos en la lucha por apropiarse de los nuevos mercados.

La población en las ciudades del Bajío llegó a ser principalmente mestiza y muy urbanizada, además de que sus poblaciones eran industriales: Querétaro y San Miguel de Allende eran los centros productores de telas de lana más importantes de la Nueva España; Celaya y Salamanca tejían el algodón, León producía artículos de piel, y Guanajuato se había convertido en el centro productor de plata más importante de México. “Con este amplio mercado urbano que aprovisionar, la agricultura de la región prosperó enormemente, siendo precisamente esta combinación de urbanización, industria textil, minería y agricultura lo que hacía del Bajío una zona excepcional no sólo en México sino en toda la América española” (Brading, 1975, p. 302).

Esta amplitud de posibilidades de empleo atraía inmigrantes de Michoacán y del centro, y al mismo tiempo ofrecía un medio especialmente propicio para el incremento demográfico natural. Mientras que para la Nueva España en su conjunto el crecimiento demográfico entre 1742 y 1793 fue aproximadamente del 30 por ciento, en la intendencia de Guanajuato llegó al 155 por ciento. En 1742 el territorio de la intendencia estaba poblado por el 4.6 por ciento de los habitantes de la Nueva España, pero este porcentaje se incrementó al 9.4 hacia 1793.

El grado de urbanización era marcadamente alto. En 1790 la ciudad de Querétaro tenía casi 30 000 habitantes y San Juan del Río 6173. En comparación Guanajuato tenía 32 000 personas en su centro, pero añadiendo la población de los centros mineros y de beneficio que se encontraban dentro de un radio de cinco kilómetros, que prácticamente eran casi suburbios de la ciudad, el total alcanza la cifra de 55 000. No hay cifras exactas para las ciudades de Celaya, San Miguel y León, pero Celaya posiblemente tenía más de 20 000 habitantes y San Miguel por lo menos 12 000; León era más pequeño, pues en 1781 no llegaba a 6 000 (Brading, op cit, p. 303-305)).

El antecedente del proceso de urbanización inicia con el despojo de tierras comunales en el proceso de expansión de las haciendas. La cohesión de los pueblos había estado fundamentada sobre la base de la propiedad comunal. De hecho las leyes virreinales protectoras habían dado el marco jurídico para que fungieran como comunidades dotadas de personalidad económica y política. Durante el siglo XVII junto con el otorgamiento de mercedes de tierras y la adquisición y apropiación de terrenos baldíos, se favorece el arrendamiento de tierras de las comunidades indígenas. En el transcurso de un siglo esto sentaría las bases del conflicto agrario. Las tierras de los pueblos fueron arrendadas, ocupadas por la hacienda y con el crecimiento de población que se dio en los pueblos en éste siglo, éstos comienzan a padecer la escasez de tierras (Ávila, 2002)

Con tal la situación no es sorprendente que este proceso de crecimiento urbano y económico provocara en el Bajío una predominancia de la población mestiza. Esto implicaba que una gran mayoría de las personas consideradas como españoles indudablemente tenían alguna mezcla de sangre indígena o africana. Con respecto a esto Brading comenta: “Podemos dar por hecho que el Bajío, hacia fines del siglo XVIII, había logrado lo que otras provincias alcanzarían mucho más tarde. La formación de una población predominantemente mestiza, estando ya los indígenas en minoría” (Brading, Op Cit)

Poder político

El proceso histórico que ha configurando las características económicas, políticas y culturales en la región del Bajío ha tenido distintas etapas que han transformado de manera diferenciada las estructuras existentes. El proceso más amplio fue la conformación y consolidación del Bajío como región integrada, que abarca toda la época de la colonia y termina con la consumación de la independencia. Tiene su mayor auge durante los siglos XVII y XVIII y se caracterizó por la conformación geográfica urbana y económica de la región. Esta etapa es la que más ha atraído la atención de los historiadores. Las otras dos etapas son la revolución mexicana y la Cristiada.

A partir del siglo XIX aproximadamente, los sucesivos cambios y luchas políticas en México empezaron a alterar sustancialmente las condiciones socioeconómicas tradicionales, principalmente los patrones de la tenencia de la tierra. Ante ello surgieron formas de enfrentamiento y negociación entre pueblos y centros de poder político que irían definiendo el panorama rural en México. Las formas de organización campesina a lo largo de estas etapas, con distintas variantes regionales, se caracterizaron por el predominio del patronazgo como la forma de mediación política de los pueblos y comunidades frente al poder político central. Esta condición estructural heredada históricamente, influirá significativamente en las prácticas y representaciones políticas a lo largo del tiempo, mezclándose con nuevas y emergentes situaciones en el ejercicio del poder.

Revolución y Propiedad de la tierra

Durante el siglo XIX, las formas de reproducción social y cultural de la población campesina se habían visto afectadas por los cambios económicos y políticos generados por la lucha independentista y por las sucesivas luchas por el poder entre liberales y conservadores. Desde el proyecto de reformas liberales expresadas en la constitución de 1857 y aplicadas con mayor fuerza por Juárez en 1867, la sociedad rural se mostraba poco accesible al implantamiento del modelo liberal. La sociedad mexicana se encontraba profundamente fragmentada en lo cultural, lo político y lo social.

Los actores colectivos, basados tanto en la sangre y el territorio como el parentesco, la hacienda o el pueblo, habían perdido su personalidad jurídica. Para los pueblos esto implicaba su reducción a ciudadanos individuales que debían participar en el proceso electoral, tenían que privatizar sus bienes comunales y desmantelar las estructuras y jerarquías corporativas aún existentes. (Laurens, 1978)

En el centro del país principalmente, la vida de campesinos e indígenas se había desarrollado mayormente en torno a las haciendas, siendo las entidades básicas que sustentaban formas de patronazgo político y económico. Esto se debía, sobre todo, a la posición estratégica de los pueblos y las haciendas del centro de México, siendo los ejes para cualquier intento de movilización política o militar.

Más tarde, dentro del proceso que inició desde el porfiriato destacan dos tendencias en la historia agraria. En primer lugar aumentó la desigualdad con respecto a la propiedad de la tierra, pasando del campesino y el pequeño propietario hacia el hacendado y el cacique principalmente. El segundo aspecto es que inició un deterioro creciente tanto en el salario real de los trabajadores rurales como de las condiciones de vida de campesinos, arrendatarios y aparceros (Katz, 1974).

Algunos cambios en la economía mexicana, como lo fue la expansión del ferrocarril, ayudaron a que se fueran interconectando las economías locales, creándose mercados regionales, nacionales e internacionales. Los ritmos de producción en la agricultura se transformaron, expandiéndose el volumen de cultivos para exportación como el henequén y el caucho y estancándose los de consumo básico como el maíz y el fríjol.

Estas condiciones comerciales en la agricultura favorecieron principalmente a los hacendados, a quienes su previo dominio político y económico les otorgó grandes ventajas y beneficios, sin romper de manera significativa e inmediata con sus antiguas prácticas (Katz, Op Cit).

La coexistencia de haciendas y pueblos a lo largo de tres siglos estuvo marcada por tensiones y desigualdades de diversa índole en distintas regiones. La hacienda impidió que se expandieran las tenencias de los pueblos y la agricultura campesina. No obstante, a pesar de frecuentes invasiones y choques el pueblo pudo sobrevivir como entidad independiente, principalmente en las regiones más remotas.

La prosperidad de la hacienda dependía de la supervivencia del pueblo necesariamente, ya que éste le abastecía de mano de obra temporal y asimilaba la carga de la reproducción de la fuerza de trabajo.

En la región del Bajío se estableció principalmente el sistema de aparcería, dado que el excedente de población otorgaba a los terratenientes una situación favorable para las negociaciones. Sin embargo esto no significaba la disolución interna de la hacienda. El terrateniente mantenía el control de esta fragmentación hacia los aparceros. Estos le permitían delegar responsabilidades y riesgos sin perder el control de las tierras

En el siglo XVIII las protestas principales en las haciendas eran de los aparceros y no de los peones. En ellas se apreciaba su descontento, su capacidad de resistencia y su insegura independencia. A inicios del siglo XX en Guanajuato, la mayoría de los aparceros había contraído deudas; varios de ellos se vieron en la necesidad de sacrificar su independencia para convertirse en labriegos a sueldo o en peones. Las regiones de aparceros como la Laguna y el Bajío tuvieron actividad revolucionaria intensa y violenta tiempo más tarde.

El análisis de Alan knight (1996) sobre las raíces de la protesta popular durante la revolución mexicana ubica como punto clave las condiciones en el campo, básicamente las reformas a la tenencia de la tierra. Hacia 1910 la fuerza de trabajo en el país era principalmente agrícola, “por cada centenar de trabajadores rurales, había en promedio una docena de pequeños agricultores y otra de artesanos, cuatro operarios fabriles, tres mineros, un ranchero y un .25% de hacendados” (p. 110).

En 1910 la tenencia de la tierra alcanzó una concentración sin precedentes. “Cuatro quintas parte de las comunidades rurales y casi la mitad de la población campesina, se localizaban en el interior de los límites de las haciendas. Los pobladores carecían de tierras y estaban sujetos al control social y político de la hacienda” (Op Cit, p. 128).

Esta desigualdad en la propiedad fue la condición principal de las causas de la protesta popular durante la revolución. Aunque había regiones donde la propiedad estaba más dividida y las haciendas coexistían con pequeñas propiedades y cultivos comunales del pueblo sin amenazar su independencia, esto no implicaba uniformidad en su interior. Había una gran diferencia entre las zonas donde sobrevivían los pueblos tradicionales con aquellos donde se desarrolló cierta igualdad al aumento de la clase de rancheros prósperos, “o como se les ha llamado, de burguesía campesina o elite aldeana” (Op Cit p. 131).

Estas condiciones se sumaban a los efectos económicos del dominio de la hacienda dentro del patrón de desarrollo de México. Su capacidad de controlar al gobierno representativo y al comercio local se reflejó también en el nivel nacional. Hacendados e incluso rancheros aumentaban el control sobre la tierra, y el crecimiento demográfico garantizó mano de obra sin tierras y barata. Se sustituyeron las cosechas de consumo local por las de exportación y la producción de los básicos cayó.

Las implicaciones de esta estrategia económica y política se verían reflejadas en una protesta campesina sin precedentes que derivaría en el movimiento armado revolucionario.