Procesos migratorios y movimientos sociales

La migración es un fenómeno que cobra nueva relevancia en la actualidad, considerando que tanto el modelo económico capitalista bajo el cual se han desarrollado los procesos de globalización económica como las particularidades históricas y culturales de las diferentes regiones, han contribuido a incrementar la cantidad y las direcciones de los diferentes flujos migratorios. Dichos flujos se ven cada vez más saturados de personas que salen de sus lugares de origen principalmente con la expectativa de encontrar mejores condiciones de vida. Las migraciones internacionales se han incrementado seis veces en el curso de los últimos noventa años, llegando a verse incluidas en este proceso 175 millones de personas para 2001 (Zlotnik, 2001; citado por Benhabib, 2005).

En América Latina, el impacto de la globalización y la tendencia a la disminución del papel regulador de los Estados-Nación han promovido migraciones, no sólo hacia los países desarrollados, sino también entre los países vecinos. Argentina ha sido tradicionalmente un país receptor de migrantes que en principio provenían de otros continentes; sin embargo a partir de la segunda mitad del siglo pasado son mayoritariamente originarios de los países limítrofes. En décadas recientes el proceso migratorio para los bolivianos, paraguayos y peruanos ha tomado un rumbo más urbano que rural teniendo como lugar de destino principalmente la ciudad de Buenos Aires y su zona conurbana (Benencia y Karasik, 1995; Grimson, 1999).

Además del aumento del número de personas que cruzan las fronteras nacionales, otra característica relevante de las realidades migratorias en el contexto actual ha sido el rápido incremento de la participación femenina. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la mayoría de países receptores el número de mujeres inmigrantes ha crecido más que el de varones, de manera que actualmente las mujeres constituyen casi la mitad del total de población migrante en el mundo. En América Latina ellas representan el 48.9% del total y en la Argentina constituyen el 54%, tanto a nivel nacional como en la ciudad de Buenos Aires. Debido a los cambios ocurridos en los mercados mundiales, las mujeres han ido adoptando un nuevo papel económico en los procesos migratorios y cada vez es mayor el número de ellas que migra de forma autónoma como principales proveedoras y cabeza de hogar.

La feminización de las migraciones ha llevado recientemente ha incluir la perspectiva de género en el abordaje de esta problemática reconociendo que el proceso migratorio, incluyendo la experiencia subjetiva que se tiene del mismo, afecta de manera diferente a las mujeres y los varones. Algunos estudios llevados a cabo desde este enfoque han demostrado que en un gran número de casos las mujeres migrantes o desplazadas enfrentan un triple desafío y discriminación, el ser mujeres, el ser extranjeras y el ser pobres. Ellas son generalmente segregadas en trabajos de mayor precariedad y peor pago, y se encuentran más vulnerables a sufrir aislamiento y sobreexplotación. En algunas circunstancias pasan años sin que puedan ver a los hijos que dejaron en su país de origen debido a que deben remitir una porción significativa de sus ingresos para sostener a los miembros de la familia que quedaron atrás.

Por otro lado, en el país de recepción las mujeres continúan generalmente siendo responsables por las tareas "reproductivas" que, en las condiciones de la migración y al no contar con las redes de apoyo del lugar de origen, se vuelven más complicadas e intensivas. Al vivir en una ciudad que les es extraña, donde se desconoce como funciona el sistema educativo, los servicios sociales y de salud, los medios de transporte, etc., las tareas cotidianas insumen mucho más tiempo, especialmente al inicio de la inserción en el país de destino.

Desde AMUMRA (Asociación Civil de Derechos Humanos Mujeres Unidas y Refugiadas en Argentina), se identifican como los principales problemas de esta población: desarraigo, ruptura de estructuras familiares, trata y tráfico de personas, discriminación, violencia, racismo y dificultades en el acceso a la regulación migratoria. El 73% migran por falta de trabajo y/o problemas económicos. A su vez, desconocen la nueva Ley de Migraciones (Ley 25.871) y la Convención de los Derechos de los y las trabajadoras migrantes y sus familias, ratificada en el 2006.

Los cambios en los patrones migratorios ocurridos a lo largo de los últimos 20 años han llevado a la necesidad de reformular y adecuar las políticas migratorias que regulan estos procesos a las nuevas condiciones existentes tanto a nivel global como regional. En diciembre del año 2003, en un contexto de creciente integración regional y con un fuerte apoyo de organizaciones de la sociedad civil, se sancionó la nueva ley de Migraciones Nº 25.871. Esta normativa, que aún no ha sido reglamentada, marca una nueva política migratoria que tiene entre sus objetivos el fortalecimiento del tejido sociocultural, y la integración social y laboral de los inmigrantes al país. En ella el Estado reconoce y se constituye como garante del derecho a la migración, a la educación, a la salud, a la asistencia jurídica gratuita, a la asistencia de un interprete, a la participación en las decisiones relativas a la vida pública y a la administración de comunidades locales, a la reunificación familiar, al debido proceso en situación de detención y expulsión, y iguales derechos que los ciudadanos argentinos.

A su vez, el decreto 836 del 7 de junio de 2004 del poder ejecutivo, que declara la emergencia administrativa de la Dirección Nacional de Migraciones, reafirma la voluntad política del Estado de realizar acciones que tiendan a cambiar el régimen expulsivo que promovía la ley anterior por un "sistema de integración e inserción basado en los Derechos Humanos" que privilegia la diversidad cultural, la integración regional, la inclusión social, y el respeto por los derechos de los extranjeros valorando su aporte cultural y social.

A pesar de estos avances en materia legislativa, el ejercicio efectivo de estos derechos presenta una serie de desafíos. Según testimonios recogidos durante los dos Tribunales de Inmigrantes, realizados en Buenos Aires en 2006 y 2007 un gran número de mujeres inmigrantes y refugiadas opinan que en la Argentina sus derechos no son respetados, al tiempo que desconoce la nueva ley de migraciones. Por otro lado, una encuesta reciente realizada por el INADI demostró que el 84 % de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires cree que existen prácticas discriminatorias en el país y que el grupo más discriminado es el de los inmigrantes de Bolivia.

Los nuevos movimientos sociales –asambleas populares, organizaciones de desocupados, fábricas recuperadas– surgieron “con la intencionalidad del ejercicio del estatuto de ciudadanía, de visibilidad como sujetos sociales que enuncian y demandan participación en lo público” (Zaldúa et. al., 2005). Durante los ’90, las protestas sociales fueron vinculándose cada vez más a una matriz ciudadana incluyendo reclamos por justicia, igualdad de oportunidades, trabajo, etc. Es decir, que las demandas relacionadas a lo económico fueron separándose de la matriz sindical y enlazándose a una matriz cívica, relacionada con la exigencia del cumplimiento y ampliación de los derechos (Di Marco, 2004). No fue solamente el tipo de demandas que sostenían los movimientos sociales lo que los caracteriza como una forma novedosa de organización social, sino justamente su innovación en los métodos y estrategias tanto organizativas como a nivel de toma de decisiones. La búsqueda permanente de mecanismos horizontales que promovieran la participación directa y equitativa de sus integrantes; la intencionalidad de conservar su autonomía respecto a otras instituciones ya cristalizadas y tradicionales en el escenario político como son el Estado y especialmente los partidos políticos (Fernández, 2006); además de la especial importancia del carácter territorial de estos nuevos movimientos. Al mismo tiempo, hay una nueva concepción de la esfera pública, la cual se deja de percibir como un espacio único para pasar a una concepción de red múltiple de públicos en la que grupos subordinados (entre ellos los migrantes) pueden promover sus derechos, replanteando las relaciones sociales desde sectores tradicionalmente invisibilizados. De esta forma, la construcción de ciudadanía rompe con la concepción reduccionista impuesta por el modelo neoliberal en América Latina en el que fue entendida “como la visión individual en el mercado y el cumplimiento de los deberes políticos como un mínimo asegurado de derechos civiles” (Di Marco, op. cit.:19).

En Buenos Aires durante 2006 y 2007 hemos desarrollado dos intervenciones enmarcadas en el proceso de IAP con colectivos migrantes dentro del MTL y la Asamblea 20 de Diciembre “La Alameda”.