BIBLIOTECA VIRTUAL de Derecho, Economía y Ciencias Sociales

IMPACTO DE UNA TRANSFERENCIA CONDICIONAL EN EFECTIVO SOBRE LAS DECISIONES LABORALES DE LOS BENEFICIADOS: UN ANÁLISIS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO DEL ECUADOR AÑOS 2005 - 2006

Santiago Israel Rivera Pazmiño



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2.1.1.2. Modelo neoclásico de la elección ocio trabajo

Entre los primeros análisis de la asignación del tiempo están las consideraciones de Becker, (1965). Este modelo establece que el individuo asignará su tiempo disponible (24 horas) entre el mercado laboral y actividades de ocio - que también pueden ser consideradas las actividades domésticas -. En este sentido, asumiendo que un agente representativo, toma la decisión de ofertar su capacidad laboral en el mercado o de no hacerlo con base a consideraciones de conveniencias para su hogar . A criterio de Arango & Posada. (2002), el agente tiene como horizonte temporal el período presente y maximiza una función de utilidad. La función de utilidad se representa del siguiente modo, considerando que pueden existir varias personas en el hogar que pueden trabajar, ya sea los padres, hijos, abuelos, tíos, etc.

Donde: u = utilidad del hogar, c = Consumo de bienes, = Tiempo destinado al ocio - uso del tiempo libre en otras actividades que pueden ser domesticas – de n individuos que pueden ser el padre y la madre o solo uno de los dos en el caso de madres solteras, o tíos abuelos en el caso de hogares donde sus padres migraron, etc.

Entonces, y continuando con los criterios de (Arango & Posada, 2002), el problema a continuación es maximizar la utilidad de hogar sujetándose a la siguiente restricción presupuestaria:

En este caso, wi (i=1,2,…,n) el salario real neto de impuestos que los miembros que trabajan en el hogar pueden obtener en el mercado, el tiempo total disponible, y x la suma de los ingresos no laborales del hogar (estos ingresos pueden representar la transferencias como el BDH que son entregados al hogar).

Las condiciones de primer orden son las siguientes:

La ecuaciones 5.3 y 5.4 implican que:

En este sentido, en las ecuaciones 5.3 y 5.4 se puede decir que si el agente considera que el salario real que recibiría en el mercado laboral es inferior a la relación marginal de sustitución entre consumo y ocio, no estaría dispuesto a participar en el mercado laboral. Tal relación de sustitución constituye sus ingresos de “reserva” que está representado por los niveles de , que puede ser dado por transferencias en efectivo al hogar y por los demás salarios de los miembros del hogar cuando .

2.2. Las transferencias monetarias como política social

Los diferentes programas de transferencias monetarias condicionadas a la inversión en capital humano se los debe comprender en el contexto de la política y protección social. En este sentido, se realiza un breve análisis teórico y evolutivo de la política social en materia de respuesta a los problemas sociales experimentados por América Latina y enfocados a las transferencias monetarias en efectivo.

La evolución de la política de protección social en el Estado moderno forma parte del proceso de aceptación de la pobreza como una “cuestión social” que cobra importancia en las políticas públicas (Fleury & Molina, 2000). Es el reconocimiento de los nuevos problemas. De las transformaciones sociales políticas y económicas creadas por la revolución industrial en la Europa del siglo XIX surge la necesidad de otorgar a los individuos la condición de ciudadano con el reconocimiento de una igualdad humana básica. Se otorga a la pobreza la condición de problema político, conceptual e institucional. La discusión teórica de la pobreza busca las causas que se encuentran en la raíz del problema, ya sea en la diferencia entre el aumento de pobres y el aumento de la riqueza como señalaba Malthus, en la necesidad de eliminar el excedente poblacional, o en la lógica Marxista de la acumulación del capital al producir un ejército industrial de reserva (Fleury & Molina, 2000).

Las necesidades sociales emergentes generan nuevos actores con nuevas demandas políticas; se genera un conjunto de políticas e instituciones en respuesta a la pobreza y desigualdad lo cual se enmarca en el conocido “Estado de Bienestar” (Fleury & Molina, 2000). Las políticas sociales en la región se dan inicio en el transcurso del siglo XX, cobran especial importancia a mediados de siglo, después de la Segunda Guerra Mundial en un contexto histórico de crecimiento e industrialización, con la construcción del Estado-Nación. La responsabilidad de la intervención en materia social recae sobre el Estado, el cual se encarga del diseño y garantía de la producción y financiamiento de los servicios sociales. Se desarrollan grandes avances al respecto, como la creación de infraestructura y sistemas de suministro de servicios sociales que lleguen a la mayor parte de la población. Crece el gasto social, se amplía la participación estatal en las áreas de salud, educación y vivienda, a la vez que nacen y comienzan a expandirse las instituciones correspondientes a la gestión de la política social: ministerios y servicios públicos (Serrano, 2005a).

Además, América Latina se enfrenta al decálogo del consenso de Washington. En materia social a modo de epítome, se puede decir que el modelo neoliberal se centra en la descentralización del Estado - privatizaciones- y en la focalización de políticas sociales de carácter asistencial. La receta liberal es ortodoxa: se reduce el gasto social y se procede a una racionalización del aparato público. A la vez, se impulsan programas de apoyo social directo y altamente focalizados dirigidos a los más pobres (Serrano, 2005a). El abrupto declive del gasto social en la región da la apertura a la necesidad de nuevas e innovadoras acciones de política y programas destinados a los sectores vulnerables de la sociedad que no satisfacen de manera adecuada sus necesidades básicas.

Sobre todo, el Estado pasa por la instalación de las recetas de ajuste liberal de los años 80 y continúa con importantes cambios que se instauran a principios de los 90. Se fortalece, la necesidad de proteger a la sociedad, al trabajador y su familia. De este modo, debido a los fracasos de las policías y superación de la pobreza, la creciente valorización de la democracia y los nuevos aportes intelectuales marcan un nuevo enfoque de las políticas sociales a finales del siglo pasado (Serrano, 2005b).

La política social debe entenderse como “el conjunto más o menos coherente de principios y acciones gestionadas por el Estado, que determinan la distribución y el control social del bienestar de una población por vía política” (Serrano, 2005a). En este contexto, la política tiene especial interés en la educación, salud, vivienda, empleo y seguridad social. Esto se interrelaciona con la provisión de servicios básicos y la igualdad de oportunidades. Los diferentes programas que enfocan estos objetivos tienen su orientación principal al desarrollo de las personas, familias y comunidades, son selectivos y relativamente sofisticados en sus conceptos y medios de implementación. Por el lado de la asistencia social, se encentran la protección directa mediante las transferencias de recursos en efectivo.

Es decir, a criterio de Rossanvalon (1995) la política social nace al inicio del siglo XX con el mandato de protección social al trabajador y su familia. Entre las primeras acciones están las medidas europeas que se encuentran direccionadas a brindar protección al sector obrero. Con el paso del tiempo, se amplía el concepto de protección social, con la idea de brindar ayudas o transferencias que garanticen a la población de menores ingresos ciertos estándares mínimos de inserción social. Estas ayudas suelen ser monetarias y pueden ser regulares, operando bajo la forma de bonos mensuales, o esporádicas, como respuesta a las necesidades y demandas de personas y familias. Para muchos autores, la protección social es el asunto primordial de la política social pues responde a los asuntos más básicos de los cuales ésta debe hacerse cargo: garantizar niveles dignos de vida entre la población más necesitada. Para otros, éstos son asuntos básicos, siendo el auténtico desafío de la política social brindar condiciones de equidad social y promover crecientemente la igualdad de oportunidades.

Desde fines del siglo pasado América Latina, entre ellos Ecuador ha dado lugar a nuevos e innovadores programas de alivio de la pobreza. Entre ellos cobran especial importancia los programas de transferencias condicionadas en efectivo, enfocados básicamente a la educación y salud. Este enfoque se sustenta en el marco de la protección social, propuesta que es elaborada principalmente por un elenco de economistas del Banco Mundial quienes esbozan la necesidad de situar redes de protección social para los sectores más vulnerables y considerados pobres frente al riesgo de quiebres de ingreso (Serrano, 2005a). Un ejemplo de este tipo de programas para el caso ecuatoriano es el Bono de Desarrollo Humano (BDH).

De este modo, encuadrados en la asistencia o protección social, a finales del siglo XX se empieza a instalar diferentes programas de protección social en toda la región, con el objetivo de fortalecer a las familias para que tengan la capacidad de mejorar sus condiciones de vida y salir del círculo intergeneracional de la pobreza, sobresalir en situaciones de crisis de ingreso en el corto plazo y disminuir sus condiciones de riesgo. Los objetivos de los programas básicamente son de inversión en capital humano por las acciones de la corresponsabilidad de las transferencias.

Los programas de protección social son entonces una opción de la amplia gama de programas de protección social. Sin embargo según Fiszbein & Schady (2009) es poco probable que sea el mejor instrumento para la gestión de riesgos sociales. Éstos han sido utilizados para apoyar a los hogares en las diferentes crisis de las que son víctimas, mas su enfoque de invertir en capital humano en el largo plazo y su dependencia de la orientación administrativa implica que los programas no son el mejor instrumento para enfrentar la pobreza transitoria. En este sentido, los diferentes programas de transferencias de dinero deben considerarse como un complemento de la amplia gama de políticas de protección social. Tener dentro de las políticas sociales un programa de este tipo implica elaborar el diseño adecuado y relacionado con los programas compatibles aplicado en otros países de similares características para garantizar la equidad y que el programa sea aceptable. Además, es menester realizar diferentes investigaciones respecto a su capacidad de resolver los problemas sociales como la pobreza y las situaciones de riesgo de los hogares pobres y eficiencia de los mecanismos administrativos con los cuales se aplica el programa (Fizbein & Schady, 2009).


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