2.3. Las transferencias monetarias como mecanismo de eliminación de la pobreza

Los Programas de transferencias condicionadas en efectivo (TCE) consisten en entregas de efectivo dirigidas a los pobres y condicionadas a determinados comportamientos por parte de los beneficiarios. Es decir, los programas de este tipo condicionan la transferencia de dinero a ciertos grados de utilización de servicios de educación y salud para los niños miembros del hogar beneficiado. Algunos análisis abordan sobre los aciertos y desaciertos de estos programas. Por ejemplo muchos consideran como grandes desventajas que las condiciones por las cuales se aplica el programa pueden ser demasiado costosas para dar cumplimiento a la condición, además ciertos hogares pueden cambiar su comportamiento con el objetivo de ser beneficiario de las transferencias y acceder a efectivo para el corto plazo. Es decir, el programa puede obligar a los hogares pobres a hacer algo que de otro modo no lo harían o impondrían costosas distracciones en las personas que están haciendo los mejores esfuerzos para mejorar sus familias en condiciones de severa pobreza -como trabajos extra o mayor esfuerzo por conseguir salir de su condición- (Fizbein & Schady, 2009).

Los programas TCE han sido severamente cuestionados a lo largo de su aplicación como mecanismo reductor de la pobreza y distribuidor eficiente de la riqueza. Es así que algunos arguyen que es mejor invertir en infraestructura básica brindando servicios públicos eficientes. Además se aborda el cambio de comportamiento que las transferencias provocan en los beneficiarios, pues el intento de ser elegible ocasionaría desalientos a la oferta de trabajo o la inversión en su propio capital humano reduciendo la posibilidad de acceder a mejores empleo y por ende salarios en el futuro (Fizbein & Schady, 2009).

Por otro lado, existe una serie de argumentos que favorecen a este tipo de programas. Siguiendo los argumentos de Fiszbein & Schady (2009), en gran cantidad de países en vías desarrollo, el gasto público en infraestructura no llega a los más pobres. Los defensores de las TCE han propuesto que este tipo de programas son una alternativa con mayor eficacia y más equitativa para llegar a los pobres. Entonces, a su criterio las TCE pueden contribuir a la reducción de la pobreza de modo más eficaz, cosa que la inversión pública directa no lo lograría. Además, una transferencia permitiría a las familias pobres invertir en la educación de sus hijos o realizar algún proyecto productivo. Del mismo modo, considerando el traslado intergeneracional de la pobreza, donde la pobreza se hereda de los padres, esto por condiciones que las personas no controlan como la raza, el género o algún antecedente familiar, las TCE pueden ser mecanismos apropiados para compensar a las familias que conllevan desventajas heredadas (Fizbein & Schady, 2009).

Con la existencia de varios argumentos a favor y en contra de los Programas TCE es difícil decir que estos programas son la solución óptima para todos los países en su objetivo de reducir la pobreza, Por ello, resulta importante analizar los efectos característicos de estos programas indistintamente del lugar donde son aplicados, considerando sus efectos negativos y positivos y evaluando el peso de cada uno de ellos para reflexionar sobre su efectividad o inefectividad en la reducción de la pobreza. Es fundamental prestar atención a los argumentos en contra y a favor de los programas de transferencias justificando su aplicación en los países que los emplean.

Algo característico de este tipo de programas que debe ser analizado es también la condición con la que se aplica para garantizar su utilización. Los argumentos que favorecen la existencia de la corresponsabilidad o la condicionalidad se fundamenta en que los agentes no siempre mantienen un comportamiento acorde a los objetivos del programa, que son básicamente que el beneficiario invierta en capital humano. De igual modo, se argumenta que existen conflictos de intereses dentro del hogar que impedirían que se tomen decisiones coherentes con las necesidades de los hijos. Estos comportamientos impiden que la familia escoja adecuadamente y realice bajas inversiones en capital humano (Fizbein & Schady, 2009).

Frente a esta realidad, nace la idea de que los pobres necesitan el impulso del gobierno, de tal manera que se generen los incentivos para que los individuos actúen de modo racional y beneficioso para ellos. Esta idea que se ha generado desde hace mucho tiempo atrás se enmarca en el conocido “Paternalismo del Estado” (Fizbein & Schady, 2009). En la mayoría de los caso este paternalismo se justifica cuando las familias tienen comportamientos “erróneos” y ha sido utilizado en la gran parte de países en vías de desarrollo.

En este sentido, la intervención del Estado a través de la política pública juega un rol protagónico en la provisión de las bases institucionales en el que funcionan los mercados, en la provisión de bienes y servicios públicos, y en corregir los fallos de mercado. Además, con la redistribución directa de recursos a los hogares de escasos recursos económicos o en condiciones de riesgo la política pública puede ser un complemento de la reducción de la pobreza (Fizbein & Schady, 2009). Ahora, si bien las transferencias de efectivo implican renunciar a una parte importante de las inversiones públicas y pueden generar incentivos negativos que perjudiquen a los beneficiarios, existen importantes estudios que demuestran que pueden tener características de eficiencia y de equidad. Los efectos positivos y negativos de estos programas y los argumentos a favor y contra de la condición o corresponsabilidad con la que se otorgan las transferencias necesitan más investigación para alcanzar un discernimiento acertado en las acciones de política.