4.7. OTROS INSTRUMENTOS ECONÓMICOS PROTECTORES DEL MEDIO AMBIENTE

En Europa, la Etiqueta Ecológica Europea (EEE) tiene como objetivo principal promover que los productos se fabriquen con el menor daño ambiental posible e informar a los consumidores sobre las repercusiones medioambientales de los productos que consuman. Está regulada por el Reglamento (CEE) 880/92 del Consejo Europeo. Esta Etiqueta Ecológica Europea se otorga a aquellos productos que tengan una menor incidencia sobre el medio ambiente a partir del establecimiento de unos criterios ecológicos, que permiten evaluar las repercusiones ambientales del producto durante todo su ciclo de vida, esto es, fabricación (incluyendo el empleo de recursos naturales), distribución, utilización y eliminación. Cualquier producto puede estar sujeto a este etiquetado excepto, alimentos, bebidas y fármacos.

A escala global, las etiquetas ambientales se originaron independientemente en muchas industrias. Este sistema favorece que el consumidor escoja el producto basándose en una información exacta y sincera de los daños que su fabricación ha ocasionado sobre el medio ambiente. La Organización Internacional de Normalización (ISO) ha establecido unos criterios a los que deben ajustarse las etiquetas .

Sin embargo, las etiquetas verdes son un factor de concientización y educación al consumidor, es decir, a la persona que realmente paga por un producto transformado, la razón última por la cual se contamina -el que compra-, en otro sentido si se educa, o el mismo mercado exige o sólo compra productos que dañen lo menos posible el medio ambiente, los empresarios se verán forzados a obtener certificaciones ambientales optimas, es decir, es un sistema de control económico informal que surge del mismo consumidor y se impone al generador de la contaminación apercibiéndolo de no comprar su mercancía por contaminar, ello requiere una educación rígida y una cultura verde en todo los sectores, considerando más efectivo este control económico para evitar contaminar en comparación a los mismos impuestos verdes.

Por otro lado, una de las propuestas que realizamos desde América Latina y en específico en este trabajo, es la certificación de calidad alimenticia, no con material transgénicos, ni con hormonas, los productos denominados vulgarmente “criollos”, es decir, alimentos animales, vegetales o frutas, cultivados, engordados en granjas caseras, sin pesticidas ni productos químicos de crecimiento rápido, en otro sentido, alimentos que no producen alteraciones en la salud humana, a lo cual, debiese adjudicárseles un precio mayor al del mercado de productos alimenticios transgénicos o de engorda hormonal, ya que estos productos alimenticios tienen un desarrollo más lento, así como su producción es más costosa, a lo cual dan una calidad mayor en la alimentación humana.

Esta propuesta se observa de dos maneras, una económica y otra de salud, con dos visiones:

a) Al aumentar de precio los productos criollos, se hace justicia por mercado, una calidad mayor un precio más alto, sin embargo, esto necesita el apoyo gubernamental de certificación, el cual no se tiene para productores caseros o de baja cantidad, pero por otro lado quienes comprarían estos alimentos criollos serían los que valoran la calidad o la gente con la posibilidad económica de pagar un plus.

b) El mismo consumidor autorregularía el mercado adquiriendo productos que conserven el medio ambiente, lo cual originaría que los otros tengan que suministrar más calidad alimenticia, ello depende de una cultura verde, que parte desde la educación hasta los niveles de salud pública.

En un sentido económico los gobiernos deben entender que la comercialización de alimentos debe tener un trato prioritario, ya que la experimentación o la espera de resultados de efectos de alimentos transgénicos y de animales alimentados con hormonas en la salud humana no se conocen resultados ciertos, existiendo estudios independientes , que aclaran que son envenenamientos lentos, y con ello el gobierno invierte en salud mucho más de lo debido.

Empleando el razonamiento de que las finanzas públicas deben destinar recursos para aspectos preventivos en la salud, se puede aplicar en todo lo relacionado con la contaminación ambiental, es visible que se rompen divisiones de la especialidad del conocimiento, y un problema de salud se estudia desde el sentido económico, jurídico, social, educativo, medico, genético, etc., es decir, el enfoque sistémico tiene una aplicación muy especial en este trabajo académico, principalmente al observar una serie de subsistemas que integran parte de esa relación compleja entre los subsistemas naturales y el subsistema social.

El gobierno para mantener las finanzas públicas sanas debe compartir y hacer reflexionar solidariamente a los empresarios (principalmente) así como a la población general, que toda contaminación generada tarde o temprano tendrá efectos no controlables y mucho menos reparables en la salud humana, llegando al pesimismo de nuestra parte, pensando que esto sólo lo entenderán cuando un familiar de estos capitalistas muera o enferme por contaminación ambiental, en su caso ¿debiese ser algún hijo del Presidente de un país del primer mundo o de un empresario magnate? regresando al tema, los efectos causados a la salud de la población por contaminación ambiental, hoy el gasto corre a cargo del Sistema de Seguridad Social de casi todos los países del mundo, es decir, el sector salud público tiene mayores gastos y erogaciones económicas por gente enferma por contaminación y en algunos casos son malestares irreversibles, por ende, el gobierno debe hacer reflexionar a los empresarios que la factura es común y que sus procesos productivos deben ser lo más protector del medio ambiente posible, así como sus productos deben tener una calidad tal que no dañe la salud humana a ningún plazo (ni corto ni largo).

Para concluir con este apartado de instrumentos económicos para la protección ambiental, los impuestos verdes deben instrumentarse y etiquetarse dentro de un presupuesto de ingresos para cada país en especial el nuestro, no se debe ver la tutela ambiental como un gasto, sino como inversión en salud, conservar nuestra riqueza bio-diversa requiere plantear investigación alterna sobre nuestros ecosistemas para hacerlos costeables y de mantener la producción a largo plazo, sin embargo, dichos tributos económicos que recaudará el Estado deben ser por acuerdo nacional, deberán estar acompañados de una inversión privada y pública (principalmente Universitaria) en la investigación de tecnología aplicable a los procesos productivos catalogada como limpia ecológicamente hablando, sin embargo, el medio más efectivo es de un control informal (es decir, no institucionalizado) ello es, el consumo de productos debe ser el ecológicamente certificado por un mercado que obligue a ello, consumidores pensantes con un fin mancomunado: Mantener su salud, el ambiente para sí mismos, sus hijos y nietos.

Se incorpora un apéndice donde se obtuvieron acciones especificas que inciden en la economía mundial al mismo tiempo que en la tecnología y políticas públicas que deben adoptar los gobiernos y sociedad, estas son obtenidas por común denominador , es decir aceptación por la mayoría de organismos públicos, investigadores, organismos internacionales etc.