1.2 Principales indicadores macroeconómicos

En términos generales, desde la década del veinte del siglo pasado la dinámica económica venezolana atravesó por varios ciclos de expansión y contracción, cuyos orígenes estuvieron vinculados tanto a condicionantes externos como a factores de tipo domésticos. Entre los primeros cabe destacar la evolución de la economía internacional y su influencia en los precios internacionales del crudo. Respecto a las presiones internas, la estrategia de desarrollo y el tipo de inserción económica externa, junto con la competencia entre el Poder Ejecutivo y el sector gerencial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) por el control de los recursos petroleros, jugaron un papel determinante.

Con la implantación del modelo petrolero , los fenómenos de crecimiento y contracción de la economía venezolana a lo largo del siglo XX han estado íntimamente ligados a la sensibilidad de la industria petrolera a los precios internacionales de los hidrocarburos, imprimiendo una dinámica compleja sobre los determinantes de la coyuntura económica nacional.

A modo de ejemplo, durante la década de 1970, pese a la recesión que reinaba en la economía internacional, la economía venezolana experimentó un importante crecimiento e incluso se emprendieron importantes obras de infraestructura, en gran medida gracias a los beneficios de la alta cotización mundial del barril de crudo potenciados tras la nacionalización de la industria petrolera venezolana . Del mismo modo, pocos años más tarde, entre 1981 y 1984, debido a la desaceleración de los países industriales, a la disminución de la demanda energética y, por ende, a la depreciación de los precios del petróleo, el modelo económico comenzó a mostrar signos de agotamiento. Durante aquellos años, el Gobierno se vio obligado a reducir la inversión en un 50%, aumentar la deuda pública e incurrir en un creciente déficit fiscal.

Para fines de la década del ochenta, al igual que en el resto de la región latinoamericana, Venezuela se encontraba sumida en una profunda crisis económica y financiera a consecuencia de la crisis de la deuda externa del período, lo que obligó a las administraciones políticas venideras a introducir serios ajustes a su programa económico. De este manera, el viraje hacia una estrategia económica mercado-céntrica, también característico en diferentes países de América Latina, las crisis financieras de 1994-1995 y los bajos precios de los hidrocarburos (en 1998 llegó a un piso de US$ 10 el barril), constituyeron los rasgos característicos de la década de los noventa. En consecuencia, durante el período 1993-1999 la economía venezolana tuvo un pobre desempeño promediando un crecimiento interanual del PIB casi nulo: 0,3%.

Ahora bien, estos niveles de precios exiguos de la principal mercadería de exportación de Venezuela, el barril de crudo, tuvieron la anuencia de los gobiernos nacionales que se desentendieron de la política petrolera, negándose a coordinar esfuerzos con la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) para forzar un alza de las tendencias decrecientes. De hecho, durante la crisis del Golfo Pérsico Venezuela incluso aumentó la producción de petróleo para asegurarle un suministro estable a los Estados Unidos ante la disminución de la producción de Irak y Kuwait, ayudando a que una posible escasez de oferta posibilitara un aumento de precios.

Durante estos años, el deterioro de las condiciones de vida de amplias proporciones de la población se hizo sentir con renovada intensidad. Según cálculos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en vísperas del nuevo milenio, el poder adquisitivo de los trabajadores venezolanos se encontraba en menos del 40% de los niveles de los años ochenta. De igual manera, en 1993 el gasto social per cápita del Estado estaba 40% por debajo del nivel de 1980, incluyendo recortes reales por encima del 35% en programas educativos, 70% en desarrollos habitacionales y urbanos, 37% en salud y 56% en desarrollo social y participación. Mientras en 1987 el gasto social llegó a 8% del PIB (Producto Interno Bruto), sólo alcanzó a 4,3% en 1994 (Roberts, 2003).

En consecuencia, los drásticos recortes en sueldos y gasto social condujeron a un aumento inevitable de la pobreza. De acuerdo con datos estadísticos recogidos por Patricia Márquez y Kenneth Roberts, en 1982 el 23% de la población vivía en condiciones de pobreza y el 11% en situación de indigencia. Para 1995, dichos porcentajes treparon al 66% y 36% respectivamente (Roberts, 2003 y Márquez, 2003).

Este creciente deterioro de las condiciones de vida y polarización social tuvo un impacto significativo en la dinámica política interna. En febrero de 1989 se produjo un levantamiento popular de grandes proporciones, conocido como el “caracazo”; tres años más tarde, en 1992, se produjeron dos intentos de golpe de Estado contra el gobierno central. Posteriormente, en 1993 Carlos Andrés Pérez se vio obligado a renunciar a la presidencia luego de ser seriamente acusado de corrupción por malversación de fondos públicos (condenado por el Tribunal Supremo en 1996). Todo ello fue generando un escenario interno complejo de crisis socioeconómica y polarización política interna, que finalmente condujo al repliegue de los partidos políticos tradicionales y el ascenso del Movimiento Quinta República, liderado por Hugo Chávez.

La llegada al poder del régimen “chavista” en 1998 marcó un quiebre en el proceso histórico venezolano. Con una nueva política petrolera como instrumento fundamental, el Estado volvió a tener un rol destacado como actor económico y recuperó su función como promotor del bienestar social. Este cambio de paradigma se vio favorecido, a su vez, por una fase de expansión de los precios del crudo (Gráfico N° 1), motorizada tanto por la reactivación de la OPEP (que tuvo a Venezuela como principal impulsor y protagonista), como por la crisis en Medio Oriente, tras el estallido de la Guerra de Irak en 2003.

Esta conjunción de transformaciones domésticas y entorno externo favorable inició un proceso de crecimiento económico sin precedentes durante los últimos quince años, únicamente interrumpidos por los graves desajustes políticos, producidos por sectores opositores al gobierno.

Los conflictos comenzaron tras la adopción de la nueva Constitución Nacional, en 1999; continuaron con el rechazo hacia las leyes impulsadas por el Ejecutivo en el marco de la “Ley Habilitante” del 2001 (que implicaban reformas en aspectos claves como el sistema financiero, la distribución de tierras y especialmente en la propiedad de los hidrocarburos); y se exacerbaron con el desplazamiento de altos ejecutivos de PDVSA en 2002. Ese mismo año hubo una huelga general, un sabotaje al funcionamiento de PDVSA por parte de los niveles técnicos y gerenciales, y un golpe de Estado que mantuvo cautivo al presidente de la Nación durante varios días. En este contexto, la economía venezolana se vio severamente afectada exhibiendo valores históricos de reducción de la actividad productiva: durante 2002-2003 el PIB promedió una caída record del -8,3% (gráfico Nº 2).

Ahora bien, el corazón de dichos conflictos lo constituyó la competencia entre diversos actores por el control de los recursos energéticos. Conforme a lo sostenido por Ramón Espinasa, “la resolución de la tensión inherente en cualquier actividad extractiva entre el dueño del recurso natural y la empresa que lo extrae por el control de la producción y la distribución de las rentas presentes en estos sectores, explica la evolución contemporánea del sector petrolero en Venezuela” (Espinasa, 2006: 147). Entre la década de 1920 y 1975, en lo que se conoce como “etapa concesionaria” , esta competencia se caracterizó por las tensiones entre el Estado venezolano y las corporaciones transnacionales que operaban en el país. Posteriormente, tras la nacionalización de la industria petrolera durante los años setenta, la tensión entre el dueño del recurso y la empresa operadora se trasladó hacia el interior del Estado venezolano y tuvo como actores principales al Poder Ejecutivo, representado por el Ministerio de Energía y Minas, y a la empresa estatal PDVSA (creada en 1975 bajo mandato de la Ley Orgánica).

Dicha competencia tuvo su punto más álgido tras el triunfo electoral de Hugo Chávez y sus proyectos de reforma del marco legal-institucional petrolero. En palabras de Espinosa, “la tensión creciente entre estos actores, en particular a partir de 1999, se resolvió mediante la asunción por parte del gobierno de la distribución discrecional del ingreso petrolero y de la producción, eliminando el alto grado de independencia y autonomía gerencial que había disfrutado PDVSA , por diseño, desde su concepción” (Espinasa, 2006: 147). Desde entonces, la empresa petrolera estatal se transformó en el eje central de los proyectos de política económica y social del gobierno.

Tras la finalización del sabotaje petrolero, la recuperación del control estatal de PDVSA y el triunfo de Chávez en el referéndum revocatorio del 2004, Venezuela promedió un crecimiento del PIB del 11,8% durante 2004-2008, lo que le permitió posicionarse como una de las economías más dinámicas de América Latina. Gracias a este notable crecimiento económico, como refleja el gráfico Nº 3, las reservas internacionales de Venezuela se acrecentaron en un 230%, pasando de US$ 14.849 millones en 1998, a US$34.335 en 2008.

Asimismo, el incremento de los ingresos externos de la economía venezolana, producto de la bonanza petrolera, sumado a una política de reducción de los compromisos financieros internacionales (que incluyó la cancelación de la deuda con el FMI y el Banco Mundial, en Abril de 2007) tuvo efectos positivos que sirvieron para disminuir la carga del servicio de la deuda externa sobre la economía nacional. En este sentido, como se expresa en el gráfico Nº 4, los pagos anuales correspondientes al servicio de la deuda externa, pasaron de significar alrededor de un tercio de las reservas internacionales en 2002, a representar el 0.05% de las divisas acumuladas en 2008.

Por otra parte, durante el período 1999-2007, la elevada tasa de inflación ha permanecido como un problema económico recurrente, alcanzando picos de alrededor del 30% durante el punto más álgido de la crisis de 2002-2003 (gráfico Nº 5). De todas maneras, “la inflación en Venezuela es más un problema estructural que coyuntural” (Ruíz Uzcátegui, 2006: 25), cuyas raíces radican en la conjunción de un proceso complejo que se corresponde directamente con el origen de los ingresos fiscales petroleros . En este sentido, de acuerdo con Baptista (2004) la acción transformadora del petróleo y la distribución nacional del ingreso petrolero, una vez confiadas a los mecanismos del intercambio, por mas incipientes o primitivos que ellos sean, se cumple a través de los precios. En suma, la circulación del ingreso petrolero en la economía venezolana, su distribución entre las clases que coexisten y compiten por la riqueza, precisa de unos precios absolutos mayores de los que en otras circunstancias se tendrían.