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COMERCIO EXTERIOR, PRODUCCIÓN Y DETERMINACIÓN DE PRECIOS DEL MAÍZ EN MÉXICO: IMPLICACIONES Y PROPUESTAS PARA MEJORAR LA COMPETENCIA

Sergio Gabriel Ceballos Pérez


 


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6.1.4 Servicios Financieros

Los cambios que correspondieron al sector financiero y a la inversión durante los ochenta y noventas, dan muestra por si solos del riesgo que ha implicado la apertura comercial y financiera. Desde la apertura de la cuenta de capitales (que se dio primero que la financiera) hasta la liberalización financiera y el impulso de las inversiones extranjeras, ha traído como consecuencia la privatización y extranjerización de la banca, un bajo nivel de ahorro interno, escasa inversión en proyectos productivos e infraestructura, y un alto costo para poder mantener las inversiones extranjera a través del control del tipo de cambio, las políticas de ajuste y la estabilización de precios, mismas que promueven una contracción de la demanda.

La idea que se tenia con la aplicación de estos cambios, es que con la apertura financiera y comercial, los países tendrían, por un lado la capacidad de recibir mayor cantidad de financiamiento a menores costos a través de los mercados internacionales y a su vez nuestra economía seria una oportunidad para la colocación de las inversiones excedentes de los países desarrollados.

Sin embargo, en los casi veinte años que se ha abierto el sector financiero y la cuenta de capitales, no se ha observado un mejoramiento en el crédito y la inversión en la economía real. En término reales, el financiamiento otorgado por la banca comercial a la agricultura ha caído en 88% entre diciembre de 1995 y septiembre de 2003 (Ibarra 2004:).

Con la desaparición de los cajones de crédito, y la reducción de la banca de desarrollo se disminuyó el financiamiento destinado al sector. A la fecha, la banca de desarrollo de primer y segundo piso que otorga créditos al sector son : Financiera Rural, Bancomext, NAFINSA y FIRA . Bancomext en el año 2005 otorgó 9 mil millones de pesos en apoyo a proyectos para la exportación relacionados con la agricultura. Por su parte Financiera Rural tiene colocado hasta junio de 2005 alrededor de 5.5 mil millones de pesos, mientras que tiene un presupuesto programado de 11 mil millones, además que una gran parte de estos recursos se destinan, de acuerdo a la Ley de Crédito y Ahorro Popular por medio de Instituciones de Financiamiento Rural (IFR’s) y Microfinancieras, las cuales funcionan con fondeo de la banca de segundo piso, promoviendo así la descentralización de la banca (SHCP 2005).

Por otro lado, los sectores financieros de muchas partes del mundo, comenzaron su actividad financiando a la agricultura. De ahí surgieron muchas ideas acerca de cómo mejorar la actividad financiera al lado del crecimiento de la agricultura. Para ello se crearon diversas estrategias e instrumentos, tanto de financiamiento como de cobertura, con los cuales, se permitió incrementar los rendimientos de la agricultura y a su vez beneficiar al sistema financiero. Ejemplo de ello son la creación de bolsas agropecuarias, aseguradoras, bancos de servicios múltiples, cajas de ahorro, cooperativas, entre otros. El desarrollo del sistema financiero se dio al lado del desarrollo económico y crecimiento de los sectores productivos o reales de la economía. La eficiente relación de los sistemas financieros con el sector productivo de la economía y con los gobiernos ha propiciado su desarrollo a lo largo de los últimos años.

Sin embargo, parece que en México el proceso ha sido en sentido inverso. El sector financiero en México no se ha desarrollado a través del crecimiento económico interno y del desarrollo de los sectores productivos, mediante el proceso tradicional de intermediación financiera “ahorro-inversión”. Más bien parece que ha sido una amalgama de reformas y cambios provenientes del exterior, sin que juegue un papel importante dentro del desarrollo económico del país.

Este duro planteamiento ha sido retomado por reconocidos autores tales como Mantey (2002), Ibarra D. (2004), Levy O. (1994), quienes consideran que la actividad bancaria en México ha sido deficiente en su papel como promotora del crecimiento económico a través de la colocación de inversión en los sectores productivos de la economía. Para solucionar este problema existen diferentes vías; una de ellas es convencer a los bancos en invertir parte de sus fondos en el sector agropecuario, (en el capítulo siguiente se muestra un proyecto en el que se muestra la viabilidad y rentabilidad de la producción de maíz). Otra forma es a través de la utilización fondos públicos que puedan ser mezclados con fondos privados para destinarlos a proyectos de inversión con tasas de interés preferenciales .

La otra forma es a través de la agricultura por contrato, la cual favorece la adquisición de créditos agropecuarios, gracias al desarrollo de instituciones que sirven de apoyo al financiamiento, tales como fondos de inversión, bolsas agropecuarias, aseguradoras, entre otras (véase el capítulo 7). Esto es porque al contar con un mayor número de instituciones financieras especializadas, el riesgo se reduce, permitiendo que el crédito, la inversión y el ahorro sean más estables en el largo plazo, generando con ello la capitalización del sector agropecuario. Además, que hay que señalar que al incorporar a todas estas instituciones se pueden obtener mayores rendimientos y generar más empleo.

6.1.5 Inversión Pública

Aún cuando se ha discutido mucho acerca del papel del Estado como promotor de la economía y que éste no debe incurrir en altos déficits fiscales. Es claro, que las inversiones privadas y externas, no han participado dentro de la economía real (a menos que les resulte muy rentable). La condición de los países en desarrollo es un factor que tiene que tomarse en cuenta al momento de pensar sobre el papel que debe jugar el Estado como promotor del desarrollo nacional, y de los sectores productivos. Si una economía con un incipiente desarrollo es limitada por el lado de la inversión, es claro que el crecimiento económico se verá frenado.

En ese sentido el impulso de la inversión pública es decisivo en la dirección que tome el desarrollo económico en los sectores productivos del país y en la creación de condiciones para niveles favorables de empleo. Actualmente los mecanismos para el financiamiento del gasto público han pasado de los préstamos directos del banco central y la emisión de dinero hacia los mecanismos de emisión de deuda en los mercados bursátiles y la atracción de la inversión extranjera. Sin embargo, estos mecanismos que se supone gozan de mayor confianza y transparencia en los mercados, pueden también estar sujetos a procesos especulativos que desvirtúan la colocación de deuda y el pago de altos costos financieros a los adquirientes de dicha deuda. Así, los cambios de la deuda pública por deuda privada, no aseguran la estabilidad de las tasas de interés, ni tampoco que los recursos para financiamiento se distribuyan de manera equitativa, tanto entre los diferentes sectores como en la población en general.

Cabría agregar que la deuda pública de los años sesenta y setenta, -producto de la expansión económica a través de una política monetaria expansionista, llegó a su fin con el modelo de sustitución de importaciones, por la crisis de principios de los ochentas- se explica con base en los acontecimientos propios de la época, así como de la falta de controles en la economía en general. No obstante, los modelos actuales postkeynesianos (Randall Wray 2004) reconocen la posibilidad de cierto nivel de endeudamiento público (así como el aumento de la inflación por arriba del 3% y de las tasas de interés) en la fase de expansión de cualquier economía, por muy desarrollada que sea.

El mismo Porter (1990) señala que la prosperidad de una nación no depende de un riguroso control de las variables macroeconómicas, sino de las capacidades de sus sectores para innovar y actualizarse; cuando son capaces de flexibilizarse a los cambios del entorno. La creación de los sistemas de innovación y competencia, por lo tanto, juegan un papel importante al lado de las variables macroeconómicas, sin que estas tengan que ser una limitante para el crecimiento.

Si analizamos las políticas y programas de apoyo al campo, nos podremos dar cuenta de la falta de dinamismo y visión hacia el crecimiento para el sector durante este sexenio. Los apoyos para el sector agroalimentario han disminuido a partir del año 2000, retrocediendo en tan solo dos años el porcentaje que habían logrado aumentar durante el sexenio anterior (1994-1999), la cifra pasó de 80 mil millones de pesos en el año 2000 a 35 mil millones en el 2002. De igual manera, los apoyos al sector rural en conjunto lograron retroceder de 140 mi millones de pesos en el año 2000 a cerca de 90 mil millones de pesos para el año 2002 (véase Gráfica No.). Así mismo para el año 2005, la Cámara de Diputados autorizó un presupuesto para el sector rural equivalente a 145 mil millones de pesos, de los cuales 48 mil millones se destinaron a la SAGARPA, 23.8 mil millones a la SEP, 17.4 mil millones a SEDESOL, 14.2 mil millones a SSA, 11.3 mil millones a SEMARNAT, y 15 mil millones a los municipios por medio del Ramo 33. Cabe señalar que está aprobación fue más el resultado de los problemas partidarios y de sus intereses, que de una política agrícola de largo plazo.

Por ejemplo el Programa de apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), el cual ha sido el principal instrumento de política y apoyo al campo durante los últimos doce años. El PROCAMPO es un subsidio directo que el gobierno federal otorga a través de la SAGARPA. Tiene como objetivo específico apoyar el ingreso de los productores rurales especialmente de bajos recursos. El apoyo de PROCAMPO consiste en la entrega de recursos monetarios por cada hectárea o fracción de ésta, que se efectúa cuando el productor siembra la superficie registrada (elegible) en el Programa, o bien la mantiene en explotación pecuaria, forestal o la destina a algún proyecto ecológico, y cumple con lo establecido en la normatividad operativo. El PROCAMPO comenzó a operar a finales de 1993, el contexto bajo el cual surgió el Programa responde a la apertura de la economía nacional. Derivado de este nuevo entorno se planteó la modernización del campo mexicano que, entre otras reformas, implicó modificar el esquema tradicional de apoyos al sector agropecuario y forestal. En lo particular, sustituyó al esquema de subsidios basado en los precios de garantía, el cual beneficiaba a un número importante de productores. Durante el año de 2005 PROCAMPO apoyó a 2.265 millones de productores, o 10.6 millones de hectáreas con un presupuesto de 11.12 mil millones de pesos.


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