2.4 Evolución del sector agrícola en México

2.4.1 La agricultura posrevolucionaria y el cardenismo

Uno de los ideales que abanderaban la revolución mexicana, era precisamente el mejorar las condiciones de vida de los campesinos y el reparto agrario, como una vía para el beneficio económico- social de la población rural. Así una vez terminada la Revolución, el 6 de enero de 1915 se decretó una ley con el objeto de comenzar la reforma agraria.

Dos años después, el 5 de febrero de 1917, saldría el artículo 27 Constitucional, el cual sustentaría la nueva concepción del dominio de la nación sobre la tierra y la facultad del Estado de transmitir los derechos de la misma, ya sea a figuras públicas o privadas, siempre que se procuren los intereses de la nación.

Este artículo contenía, la autoridad para dividir a los latifundios o grandes propiedades en manos de caciques, para constituir la pequeña propiedad y el ejido, como figuras que tomarían la responsabilidad de gestionar el nuevo desarrollo agrícola en el país. Con este mismo propósito, se crearon más leyes y reglamentos, entre los que destacan: Ley de Ejidos (1920), Ley Federal de Irrigación (1925) y Ley de Crédito Agrícola (1926).

Cabe señalar, que aún cuando ya se habían expedido todas estas leyes para impulsar el reparto agrario y el desarrollo agropecuario en México, los cambios no habían ocurrido en el campo como se esperaba. No es sino hasta el periodo cardenista, cuando el proceso de reforma agraria adquiere mayor intensidad, con el surgimiento de una política de desarrollo agrícola integrada al proceso de desarrollo industrial y nacional.

Es precisamente durante el periodo del General Lázaro Cárdenas que se alcanza el mayor reparto de tierras de toda la historia en México, y además se impulsa de manera directa al campo. Se crearon las condiciones para poder despegar el desarrollo del país, mediante la construcción de infraestructura, como carreteras, presas, bordos, bancos de desarrollo, escuelas, hospitales, etc.

Este impulso al campo, no nació únicamente de las buenas intensiones de los gobernantes y de los empresarios, hay que ubicarnos en el momento histórico-económico, para vislumbrar el éxito de la política de desarrollo enfocada al campo y a la urbanización de las grandes metrópolis.

En primer lugar, la situación económica del país enfrentaba los retos de la modernización; en la que la agricultura tenía que tomar un auge para lograr alcanzar los recursos necesarios para el impulso de las actividades industriales. Esto es, que era necesario impulsar el crecimiento de la producción en el campo para obtener mayores beneficios que se transfirieran hacia la naciente industrialización.

Esto se logró además del reparto agrario, con la creación de instituciones de crédito y fomento a la agricultura, tales como la Comisión Nacional de Irrigación (1925), el Banco Nacional de Crédito Agrícola (1926), el Banco Nacional de Crédito Ejidal (1935), el Instituto de Investigaciones Agrícolas (1947), entre otras. La fuerte inversión al campo se vio beneficiada con la crisis mundial de 1929 y continúo hasta la primera y segunda Guerra Mundial; ya que los precios de los alimentos se encarecieron en el exterior y nuestras exportaciones aumentaron por la demanda de Estados Unidos, quién se ocupaba entonces de la guerra.

Tal fue el auge de la agricultura, que en el periodo de 1940-1965, la tasa de crecimiento promedio anual fue de 4.5%; es decir veinticinco años de crecimiento sostenido. Para 1967 la producción había crecido en 700% aproximadamente con respecto a 1940, aún cuando en ese periodo se presentaron altas tasas de crecimiento de la población, la producción siempre fue mayor a la demanda interna y a los requerimientos del exterior, lo que en otras palabras se podría denominar como una soberanía alimentaría.

2.4.2 Principios de la crisis agrícola en los setentas

Como menciona Romero (2002) a partir de los años sesenta, el sector primario comenzaría a experimentar los efectos de una profunda crisis que se prologaría hasta nuestros días y que terminaría de cumplir con las funciones tradicionales de apoyo y cogenerador del crecimiento económico del país.

Esto, como mencionábamos anteriormente, era la respuesta del propósito del impulso del campo bajo un modelo capitalista, en el que sólo sería utilizado mientras sirviera como trampolín para el impulso del desarrollo económico nacional. Es decir, que la agricultura en México, no se ha planeado, para el beneficio de sus habitantes y de los otros sectores de la sociedad con una visión de largo plazo, en la que se procure el desarrollo rural desde una perspectiva integral, es decir, no sólo aumentar en cantidad y calidad los bienes que produce el campo, sino que los pobladores cuenten con servicios e infraestructura que eleven su nivel de vida.

Una vez que la economía comienza a modernizarse, el campo pasaría al olvido. Todo esto se profundizó en gran parte por la falta de integración de las zonas rurales a la dinámica moderna de desarrollo; y por las circunstancias que atravesaba la economía mundial.

Después de la Segunda Guerra Mundial, se escribía un nuevo orden económico y político en el mundo. Los Estados Unidos como los triunfadores de la guerra, comenzarían a imponer sus condiciones y políticas económicas a través de diversos acuerdos, tales como el de Bretón Woods y por supuesto el neoliberalismo que comenzaría a reinar en casi todo el planeta.

Con la época de posguerra, también comenzaron los nuevos programas de reconstrucción y de desarrollo, lo cual trajo como consecuencia la demanda de una gran cantidad de inversiones y un aumento del nivel de empleo. Esto provocaría el crecimiento acelerado de las más grandes economías del mundo y a su vez generó una gran necesidad de energéticos. Para 1972, se crea el oligopolio árabe del petróleo, mismo que incrementaría sus precios y afectaría los planes de crecimiento económico de las principales potencias.

Con el alza del petróleo comenzaría una nueva crisis económica para los países desarrollados, sólo que esta ocasión, la crisis se vería acompañada de otros aspectos, tales como altos niveles inflacionarios, altas tasas de interés y altos niveles de desempleo. Por lo cual los países desarrollados se vieron en la necesidad de instrumentar nuevos cambios a su favor con el fin de enfrentar dicha crisis. Dentro de los cambios realizados, se encontraba el transitar hacia los tipos de cambio flexibles, para evitar ajustes drásticos en las cotizaciones de las divisas y sus efectos en el comercio exterior.

En México estos cambios se sufrieron con la crisis de la deuda y con la dependencia del petróleo en la economía. Cuando ocurre la crisis en el 73, los préstamos otorgados por Estados Unidos crecen de manera alarmante debido a las altas tasas de interés. La crisis de la deuda parecía que se había superado con el descubrimiento de nuevas fuentes de petróleo en el Golfo de México. Sin embargo, un nuevo endeudamiento pondría a la economía nacional en una gran inestabilidad en los 80’s cuando nuevamente las tasas de interés subieron.

Este parecería el fin de toda aspiración de una nación soberana hacia el desarrollo libre de las ingerencias de los Estados Unidos y de los grandes organismos internacionales. Las reformas estructurales instrumentadas al comienzo de los años ochenta, llevarían al campo a su olvido en las políticas de desarrollo y sufrir un profunda crisis de la cual han resurgido movimientos insurgentes que parecían haber desaparecido desde la revolución.

2.4.3 Las reformas agrícolas de los ochenta y noventas

Desde mediados del decenio de los ochenta, el gobierno de México abandonó el modelo intervencionista de sustitución de importaciones para orientar la economía hacia el exterior por medio de la liberación. Con la política privatizadora de Carlos Salinas de Gortari en 1988, la reducción del gasto público en las instituciones de gobierno y empresas paraestatales se redujo considerablemente . Los ingenios azucareros y las cafetaleras pasaron a manos privadas, sin embargo las aseguradoras y las empresas de fertilizantes desaparecieron, y las inversiones en infraestructura y el financiamiento agropecuario se redujeron a niveles mínimos. Con ello el sector agropecuario enfrentó una de las mayores crisis en el siglo XX. La desconcentración de la población campesina era un objetivo de la política neoliberal que tenía en la mira la capitalización y la concentración de las tierras para incrementar los rendimientos en las actividades agropecuarias.

Con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se tuvo la entrada de una serie de reformas, que llevarían a reacomodar al campo dentro de las políticas económicas y de desarrollo del país. Las reformas económicas en el sector agropecuario a partir de la entrada del TLCAN abarcaron numerosos ámbitos. Comenzando con el desmantelamiento de las empresas paraestatales y de apoyo al sector a mediados de los ochentas. Se liquidaron un gran número de empresas, en las que figuraban aseguradoras, productoras de fertilizantes, comercializadoras, almacenadotas, ingenios azucareros, fideicomisos, bancos.

La subida en las tasas de interés y la falta de esquemas de financiamiento adecuados restringieron la inversión durante más años para el sector agropecuario . La caída de la producción del campo ha logrado que haya un rezago, no únicamente en materia económica, sino de tipo social: existen rezagos en educación, en salud, en construcción de infraestructura y viviendas, falta de servicios como saneamiento, electricidad, agua potable, servicios de justicia, entre los más necesarios.

Además se redujeron las inversiones en proyectos de apoyo al campo, tales como la construcción de presas, infraestructura hidráulica, pozos, carreteras. Los programas de investigación agrícola también se redijeron sustancialmente por la falta de financiamiento. Incluso el crédito agrícola decayó estrepitosamente con la desaparición de los cajones de crédito, el alza de las tasas de interés y los problemas de cartera vencida de los bancos, entre los cuales, los agropecuarios y los pesqueros representaban una proporción importante.

También se eliminaron los precios de garantía de los productos básicos y los aranceles a algunos de ellos; en 1999 se eliminó la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO) que realizaba la comercialización y en su lugar aparecieron los Apoyos directos a la producción y subsidios a la comercialización a través de ASERCA ; se reformó el esquema de otorgamiento de subsidios, desapareciendo los subsidios a los insumos, crédito y seguro.

Otra de las reformas más importantes que se llevaron a cabo fue la reforma al artículo 27 constitucional; con esta reforma se terminó la distribución de la tierra y la prohibición del mercado de la tierra ejidal. La promoción del mercado de la tierra tenía como objetivo ayudar a capitalizar las actividades agrícolas otorgándoles a los campesinos la posibilidad de entrar al mercado de crédito privado y permitiéndole la entrada a la inversión privada en la agricultura.

Cabe agregar que a esta reforma se une como uno de los objetivos el reordenamiento de las actividades productivas, ya que al ser posible su comercialización, se dio pie para que aquellas tierras con potencial para urbanización u otra actividad diferente a la agricultura fueran vendidas. Esto ha traído como consecuencia la desconcentración de los campesinos, limitando la actividad a aquellos que obtienen rendimientos aceptables y cuentan con el capital necesario.