4.5. LAS POLÍTICAS REGIONALES (1990-2004).

Los responsables de las políticas regionales aplicaron la estrategia nacional. Así pues, para Gonzalo Martner, primer responsable de la administración Aylwin, "la revitalización productiva, deberá descansar en la mayoría de los casos, en los esfuerzos de promoción que no impliquen una función productiva directa del Estado". Para este economista, académico y futuro Presidente del PS, la no participación directa del Estado, "implicaría garantizar el equilibrio financiero fiscal, y reconocer que, cuando anteriormente, se ha intentado promover el proceso de acumulación regional y local por medio de la acción oficial, los resultados obtenidos no han sido satisfactorios". Por el contrario, el auge exportador de la uva en el valle de Copiapó, todo un símbolo del régimen anterior, es un buen ejemplo para el desarrollo local a pesar "de los importantes problemas sociales que es necesario corregir". Para Martner, el desarrollo económico regional armonioso dependería de la capacidad de las regiones más retrasadas para atraer capitales privados213.

Para otro de los especialistas del nuevo Gobierno, Sergio Galilea, "es muy positivo que, los planificadores regionales, hayamos comprendido que nuestra preocupación más auténtica y más significativa, es el proceso de descentralización, más que consagrarnos a la planificación regional"214.

Esta visión resulta armoniosa con la prolongación de la estrategia neoliberal (Capítulo 4). De acuerdo al economista y gerente de la Concertación, Eugenio Tironi (en el Cuadro 4.2.2), "las señales macroeconómicas deben ser pocas y verosímiles, no es pues una buena política de desarrollo regional la que emita varias señales215". Es decir, la neutralidad de la política macroeconómica permitirá la libre movilidad de capitales. El papel del Estado en cuanto a desarrollo regional, de acuerdo con los principios liberales, consiste en facilitar la integración de las economías locales a las cadenas productivas internacionales, en una economía abierta al mercado mundial.

Años después, el Gobierno del Presidente Lagos reafirma que el desarrollo regional consiste en "un crecimiento económico apoyado en una apertura comercial y financiera significativa"216. El acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos y otras medidas de apertura facilitan la IED que se dirige hacia los recursos naturales y los productos a coste "competitiva" de la mano de obra. Según MIDEPLAN, el organismo oficial encargado de la planificación económica en las regiones de Chile, la integración internacional de las regiones no resulta contradictoria con el refuerzo de la identidad regional; al contrario, la identidad se ve como "un importante factor que debe considerarse para una mejor inserción a una economía global"217.

Esta administración declara que "el proceso de globalización genera nuevas ocasiones de inserción de los territorios capaces de elevar su capacidad de respuesta y su competitividad según las exigencias del nuevo contexto". Así pues, la descentralización administrativa fomenta el comportamiento innovador en el sector público y el sector privado, facilitando su coordinación territorial con el fin de integrarse a la globalización. Para este Gobierno "la innovación tecnológica permanente y la sustitución de los sistemas de producción tradicionales por una organización flexible y más adaptable a los cambios de preferencias en los mercados permiten imaginar nuevas escenas y retos para el desarrollo de las regiones218".

Esta visión neoliberal se encarna en el Índice de Competitividad Regional, elaborado por la agencia del desarrollo regional del Ministerio del Interior. Siete dimensiones son consideradas estratégicas en la determinación de la competitividad del territorio: Resultados Económicos, Infraestructura, Recursos Naturales, Personas, Empresas, Gobierno, Ciencia y Tecnología. Contribuyen a estas dimensiones las categorías, "exportaciones", "productividad", "disposición hacia la empresa privada", "actitud de la fuerza de trabajo", "capacidad de insertarse a la economía internacional", "cantidad de ejecutivos". De esta manera aquellas regiones mejor asimiladas al modelo económico serán premiadas en el ranking En 2003, la RA alcanza una envidiable posición en la dimensión Recursos Naturales gracias a sus reservas mineras no renovables. El Índice del año 2003 ubica a la RA en el segundo lugar del ranking, siendo superada sólo por la región Metropolitana de Santiago

El papel del Estado será de apoyo a redes locales de cooperación en el territorio, lo que exige circuitos expeditivos entre los núcleos productores y el mercado final, estimulando conductas innovadoras, mejorando la infraestructura de los transportes y telecomunicaciones para conectar las regiones con los mercados mundiales.

Para ello se favorecería la calificación de los funcionarios en las regiones, se descentralizarían los fondos públicos y se proyecta elegir por voto popular a algunas autoridades regionales. Las elecciones democráticas de las autoridades comunales se reintroducirán en 1991. Si se considera el total de las inversiones del sector público, al incluir a las empresas del Estado, la inversión de decisión regional había pasado de un 12% en 1990 a un 34% en 2002. El objetivo de la administración Lagos era llegar al 50% al final de su mandato en 2006. A pesar de lo anterior, los gastos del sector municipal, entre 1990 y 2001 pasaron solamente del 6.7% al 8,0%, de los gastos del Gobierno general219.

En realidad, en las regiones, los agentes locales transmiten las orientaciones (neoliberales) del Gobierno central. En particular, entre 1990-2000, los programas de promoción productiva fueron asignados desde el poder central. Solamente a partir de 1996 aparecen algunos programas integrados directamente sobre desarrollo local, como por ejemplo el programa PROFO (Cuadro 4.5.1, línea 23)220. Éstos representaron el 1.1% de los recursos destinados a la promoción productiva en 2000 (línea 27). Por lo demás, los recursos disponibles para la promoción productiva en Chile alcanzaban sólo un 0.7% del PIB en 2000 (contra un 0.58% en 1995). Ello lo confirman las entrevistas a funcionarios públicos de la RA, quienes revelan que las políticas de Estado se concibieron desde Santiago.

Estos programas subvencionaron principalmente los sectores de exportación, desde donde proceden los beneficios realizados por las EMN y los grupos económicos (especialmente las líneas 1 y 14 del Cuadro 4.5.1). Una parte importante fueron las subvenciones para el costo de la mano de obra en algunas zonas extremas (línea 6) y la formación de la mano de obra (línea 4). Estas subvenciones no benefician directamente a la mano de obra por la ausencia de mecanismos institucionales que transformen las ganancias de productividad en subidas de los salarios.

Asimismo, los instrumentos de apoyo financiero a las pequeñas y medianas empresas (PYME), a principios de los años 90 se retiraron a la operación directa de CORFO para transferirse a los bancos privados. Estos bancos piden garantías que las PYME a menudo sean incapaces de proporcionar. El Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC), institución de Estado concentrada en el sector, abandona oficialmente su vocación industrial a partir de los años 90.

Entre 1990 y 2000, más del 50% de los recursos del Cuadro 4.5.1 proceden de programas que empezaron bajo el régimen militar; es una consecuencia de la continuidad de la estrategia económica. En los programas más pequeños había una rotación importante: un 63% de todos los programas que existían durante el año 2000 tenían menos de tres años de existencia. Ello explica la importancia de las líneas "otros" en el año 2000. Estos programas (líneas 7-10 y 25) presentan una orientación más social que económica (jóvenes en paro, mujeres cabezas de familia). Permiten mantener la estabilidad política sin modificar los polos de acumulación económica. CUADRO 4.5.1: CONTRIBUCION FINACIERA DEL ESTADO EN LA PROMOCION PRODUCTIVA (%) Fuente: MIDEPLAN (2003)

En fin, las tres décadas de las privatizaciones redujeron la inversión pública de las empresas del Estado. Solamente 31% de las inversiones previstas para el período 1990-1995 procedían del sector público. En cuanto a CODELCO, sus inversiones han estado limitadas por el poder central y estas reproducen la lógica de gestión multinacional (sección anterior). Por otra parte, los polos dominantes del sector privado se expanden a partir de Santiago y desde el mundo desarrollado principalmente en lo comercial, lo financiero, los monopolios naturales y la exportación de recursos naturales (Capítulo 4.2). De esta forma, el porcentaje de la inversión pública descentralizada parece insuficiente para promover el dinamismo endógeno de las regiones de Chile y la descentralización del poder global. Bhalla y Lapeyre (2004:182) destacan que paradójicamente la globalización promovió la democracia reduciendo la autonomía política de los Estados naciones; añadimos que ello se extiende a la descentralización disminuyendo la autonomía de las regiones.

Así, en el desarrollo territorial, este apoyo a las grandes empresas corre el riesgo de reproducir la especialización de las regiones en la exportación de los recursos naturales sin elaboración. Eso sugiere la reproducción de la heterogeneidad productiva estructural y de la consiguiente desigualdad en el ingreso.