BIBLIOTECA VIRTUAL de Derecho, Economía y Ciencias Sociales

INVERSION EXTRANJERA EN EL DESARROLLO DE LA REGION MINERA DE ANTOFAGASTA (CHILE): HISTORIA Y PERSPECTIVAS.

Jan José Cademartori D.



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5.11. LA OCUPACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS.

El agua es el recurso que sigue directamente en importancia al mineral en un proyecto minero puesto que se ocupa en los procesos productivos, especialmente en los procesos hidro-metalúrgicos, crecientemente demandados para procesar minerales de baja ley. También se usa en los campamentos mineros para consumo humano y para humedecer los caminos.

Se trata de un recurso particularmente escaso. La demanda de agua potable de las ciudades de Antofagasta, Calama, Mejillones y Tocopilla, es abastecida por agua proveniente de la alta cordillera, debiendo atravesar largas distancias para ser tratada a causa de su contenido de arsénico. Recién en 2002 aparece una planta desalinizadora de aguas de mar que abastece una proporción marginal de la demanda urbana.

Más aún, no se sabe si en el desierto de Atacama los recursos hídricos son renovables (cuencas abiertas o cuencas cerradas). Se sabe al menos que la alimentación del río Loa y de sus afluentes son esencialmente descarga de aguas subterráneas y así lo ha reconocido el mismo CODELCO293. Es el caso también de agua subterránea de los salares que se extrae a través de pozos con profundidad media de alrededor de 120 metros. Algunos académicos de la Universidad de Antofagasta temen que su recarga tome décadas y que a largo plazo afecte la flora y fauna de la zona aunque los estudios realizados por la empresa no han arrojado efectos adversos294. Por otro lado, la mina Collahuasi defiende la renovabilidad del recurso mientras otros informes sostienen lo contrario. Así, las visiones divergentes reflejan intereses y prevalecen dudas que el Estado tenga los medios técnicos para zanjarlas.

La demanda de agua se concentra en pocos propietarios en regiones con baja densidad de población pero con fuerte actividad minera. La demanda de agua del sector minero es particularmente importante en la I, II y III Regiones del Norte de Chile, donde demanda el 46%, 40% y 11% respectivamente del total regional. En la RA el uso del agua no corresponde a los derechos de uso asignado. Según datos entregados por la Intendencia de la RA, la industria minera tendría derechos de aguas otorgados por sobre la cantidad actualmente consumida, e incluso por sobre el total consumido por todos los sectores. Además, los derechos totales de la industria minera (11.208 lts. /seg.) serían cercanos a la oferta total disponible en la Región. Es decir, existe un conflicto potencial si la industria minera quisiera hacer uso efectivo del total de sus derechos de agua295. El Cuadro 5.11.1 muestra el control oligopólico de este recurso.

Este control quedó registrado en la memoria histórica del Norte. En el pueblo pre-andino de Toconce, localizado al interior de Calama, en 1958, la Compañía de Agua Potable instaló una aducción haciendo disminuir la disponibilidad de agua desde 300 litros por segundo a 25. En aquella época, el pueblo contaba con 460 habitantes, hoy tiene 56 habitantes.

Otro caso similar es el oasis de Quillagua, situado a un lado de la ruta que une Antofagasta con Iquique. Antes que se secara esa parte del Río Loa, sus habitantes vivían del cultivo de los choclos, la alfalfa y la pesca de camarones de río. Los pobladores que se niegan a emigrar, subsistían gracias a un programa especial del Estado para trabajadores cesantes con un salario que en 1998 alcanzaba a los $75.000 mensuales296. En 1981, mediante un nuevo Código de Aguas, se permitió la venta individual de los derechos de agua que eran patrimonio ancestral de la comunidad. Muchos de estos derechos fueron vendidos a empresas mineras. Actualmente, tres camiones aljibe abastecen de agua potable tres días a la semana. Sólo el 30% de los derechos de agua quedan en manos de la comunidad de origen pero ya no escurre agua donde hacer valer estos derechos 297

De este modo, también la agricultura de la RA sufre las consecuencias de las penurias de agua, de terrenos y de mano de obra, resultado de la expansión minera y del crecimiento de la población. Esto afecta especialmente a las comunas de San Pedro de Atacama y Calama de la RA las cuales concentraban cerca del 95% de su superficie cultivada en el año 1997 298. La agricultura ha sido además afectada por la demanda de suelos para el turismo en la Comuna de San Pedro de Atacama.

Posteriormente, Rosales y Herrera (1998:154) después de numerosas visitas a terreno en la RA escriben: "En todas las zonas visitadas de la región de Antofagasta, se constató que los caudales de los ríos permanecen casi sin agua lo que evidencia el colapso hídrico de éstos, provocado por las extracciones de agua que efectúa la minería metálica y no metálica, y la Empresa de Agua Potable de Antofagasta. (...) Esta situación ha provocado, desde hace varios años, que en estos pueblos se haya recurrido a la construcción de tranques acumuladores para poder almacenar este recurso y regar los cultivos. Pero este costo social (negativo) que asumen los agricultores, ha significado la disminución de la superficie sembrada y la reducción de la frecuencia de riego, lo que conlleva al deterioro de la calidad y salubridad de los cultivos y la erosión progresiva de los suelos"

Junto a esta ocupación directa del agua, hay polución del agua dulce. Según los pueblos originarios, el Río Loa ha sido contaminado con los desechos mineros y consumido desde hace décadas, sin que CODELCO, heredera de las compañías norteamericanas, ni las otras empresas, hayan reconocido su participación histórica en la desaparición de pueblos como Quillagua. Por ejemplo, uno de las catástrofes medio ambientales recientes fue la contaminación del río Loa en Marzo de 1997 (Capítulo 13).

De la misma forma, la expansión de la ciudad de Calama reduce la disponibilidad de terrenos agrícolas contiguos al valle del Río Loa, lo que ha modificado la disponibilidad de áreas verdes en torno al perímetro urbano, redujo el caudal de río que atraviesa la ciudad, provocando que ésta se vea más desértica y menos amistosa. Un habitante escribe en un blog:

"Estimado Senador XX: (......) Sueño con ver nuevamente nuestro Oasis esplendorosamente verde y el cauce del Río con agua limpia cuajada de pececitos...porque el agua se fue por otros horizontes, es el peso del progreso. Algún día tendremos un lugar cálido y amigable para vivir en armonía con nuestro entorno y, contaremos con infraestructura dignos de la Calidad de Vida que se merece su sacrificada gente. " UN NORTEAMERICANO SORPRENDIDO ME DIJO: " Jamás imaginé que Chuquicamata tuviera un entorno en LA RUINA, LA POBREZA, TAN SUCIO Y FEO...yo pensé encontrarme con todo el esplendor de la RIQUEZA DEL COBRE" ¡Pero, si ni siquiera hay edificios en altura!, me decía realmente asombrado, eso fue hace 15 años y, aún estamos igual...sólo ha cambiado algo, el traslado de los Chuquicamatinos". (Subrayado es textual)

El control del recurso hídrico se efectúa a través de las facilidades que brinda la legislación para que dicho recurso sea apropiado gratuitamente para los ejes económicos exportadores. El agua es un recurso clave para la minería en el Norte y para la producción de energía en el Sur del país. En Chile, tanto en las zonas lluviosas del Sur, como en el desierto del Norte, el acceso al agua esta regulada por la misma lógica liberal. La legislación chilena ha sido considerada una de las más liberales del mundo, más liberal que la de Estados Unidos, Europa y Canadá, por lo cual ha sido propuesta como modelo para Ecuador y Perú por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo301.

Esta legislación no jerarquiza los fines. Tampoco el propietario tiene obligación de consumir el agua de acuerdo a los propósitos declarados en la petición, ni siquiera es obligación consumirla (aun cuando impida el consumo de otros). El recurso hídrico se considera gratuito para quien lo reclame, sujeto sólo a la verificación por parte de una agencia pública de no riesgo de agotamiento. Sin embargo, una vez que se ha obtenido el derecho al consumo, el reclamante obtiene el monopolio sobre una cierta cantidad de agua que se transforma en su propiedad privada; el usuario tiene libertad para vender el derecho al agua o a arrendarla a un tercero. En todas estas operaciones económicas el Estado no recibe ningún tributo directo, aun cuando el agua sea explotada por una gran empresa transnacional para exportarla dentro de los minerales. Hasta ahora, ningún cambio de importancia se ha efectuado a esta legislación que data de comienzos de siglo, aun cuando después de 1990, se le criticado largamente en espacios académicos y políticos. Recientemente se legisló en el Parlamento sin cambios fundamentales.302

Esta legislación es contradictoria con la teoría económica convencional: en el desierto, menos que en ninguna parte, el agua es un bien libre (ilimitado, sin valor económico). El sistema de tarifas de agua potable lo reconoce implícitamente añadiendo a los costos monetarios que sirven para fijar el precio un costo no monetario (precio sombra). Curiosamente, este costo se aplica únicamente a los consumidores domésticos pues los derechos consumidos son gratuitos y las transacciones entre privados se efectúan a un precio libre. Según una estimación de 1993 el agua de la RA debía tener un valor económico cercano a un dólar el metro cúbico. Sin embargo la gran mayoría de las inscripciones de derechos de agua de la RA, estaban inscritas por oficinas de abogados que no tienen domicilio en la Región, que no emplean el agua, que no pagaban por el derecho y que probablemente representan o pretenden venderlo a empresas mineras303.

Actualmente, el grupo Luksic (Capítulo 4.2), se encuentra involucrado con el agua no solo porque es dueño de varias minas que la necesita. El año 2002, este holding ganó la concesión de la empresa Aguas de Antofagasta por 30 años (Ex ESSAN S.A.). Las empresas sanitarias tienen libertad para decidir las inversiones y crear nuevos negocios privados a precio libre. Además las empresas pueden ganar una renta segura por el consumo de agua en las ciudades pues el Estado confirma sus tarifas asegurándole un 9% de rentabilidad real sobre sus inversiones. Apenas la administración ESSAN quedó en manos del grupo Luksic, ésta incorporó entre sus futuros clientes a la mina Collahuasi304.

Por otro lado, surgen semejanzas entre la disputa previa a la Guerra del Pacífico (Capítulo 3.2) y el conflicto por el río Silala. Las aguas del Silala se desvían a Chile por una canalización artificial autorizada a la empresa The Antofagasta-Bolivian Railway Company. Este ferrocarril transporta parte del comercio exterior de Bolivia después de la firma del tratado internacional de la guerra del Pacífico. Mediante la concesión, el grupo Luksic consume gratuitamente el agua del río Silala para sus propias estaciones ferroviarias pero también vende agua a sus clientes. El gobierno boliviano reclama un pago por el derecho pues venció el acuerdo internacional que autorizaba su consumo gratuito. El gobierno chileno replica que el río es de curso internacional y recomienda el arbitraje de la Corte Internacional de La Haya. De este modo, conflictos entre el gran capital y el gobierno boliviano generan nuevas dificultades para la integración andina.

Finalmente, afectaron a la agricultura, la suspensión de los subsidios y de los experimentos destinados a crear agricultura en el desierto de antes del golpe militar305. Posteriormente, a fines de los años noventa, la empresa sanitaria del Estado eliminó el subsidio al precio del agua que regaba los cultivos de hortalizas de la Chimba de los pequeños agricultores. Este sector de la periferia de la ciudad de Antofagasta constituía un pequeño oasis con valor productivo y estético. La producción dejó de ser rentable y sus terrenos han sido progresivamente ocupados para la construcción urbana. Las políticas que permitieron la agricultura en el desierto son consideradas contrarias a las señales del mercado y por lo tanto no forman parte del mundo posible para las actuales autoridades nacionales y regionales.

Así, la necesidad del agua en la minería por parte de actores económicos de gran peso, y su requerimiento en la vida urbana, se traducen en una particular forma de (sub)desarrollo regional, en la cual los pueblos del interior de la región y algunos oasis agrícolas tienden a desaparecer. Esto afecta especialmente al desarrollo sustentable de la región, al turismo, a las etnias originales, a su cultura y a la seguridad alimentaria.


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