13.8 EL PROBLEMA ETNICO Y LOS CONFLICTOS POR EL AGUA.

El proceso de privatización disimulada también ha alcanzado a los recursos naturales, en particular, a los recursos hídricos. Se ha expuesto que los problemas sociales de la provincia del Loa, están relacionados con la disponibilidad de agua. Muchos agricultores han visto afectado su acceso al agua después que la Compañía de Agua Potable y las empresas mineras se han apropiado del suministro. La ocupación del agua por parte de las empresas también afecta su contaminación a causa de los deshechos mineros (Capítulo 5.11) y debido a la presencia de arsénico por las características naturales de la zona.

Se trata de un conflicto histórico. Por ejemplo, en el valle de Quisma, en la región de Tarapacá, la población debió abandonar sus viviendas porque la empresa necesitaba el agua para la expansión salitrera. De eso han pasado 70 años y Luz Morales (80 años), presidenta de la Asociación de Propietarios Agrícolas del oasis de Pica (Tarapacá), hoy lidera la batalla que los agricultores de la zona libran hace más de una década contra la multinacional Doña Inés de Collahuasi601. Otro ejemplo es Ollague, un poblado fronterizo con Bolivia de la RA que llegó a tener 2.000 habitantes pero fue diezmado por la contaminación de desechos mineros a lo largo de muchos años602.

En la defensa del agua han participado las comunidades indígenas de la RA. Estas comunidades también han vigilado su patrimonio arqueológico, expuesto a frecuentes daños por la construcción de gaseoductos y de caminos que abastecen a la minería. Las comunidades han recibido apoyo de organismos oficiales como la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas (CONADI) y de programas del sector agrícola. Con esta ayuda, obtuvieron un fallo favorable de la Corte Suprema, calificado de "histórico" por los abogados de los indígenas, ya que por primera vez se reconoce el derecho ancestral de las comunidades sobre el agua. Esta sentencia obliga a la Compañía de Agua Potable de Antofagasta a devolver el agua al poblado de Toconce, retirada ilegalmente hace 50 años603.

Aparentemente, algunos atacameños se han beneficiado de la posición estratégica de San Pedro de Atacama ya que ni el Estado, ni las empresas extranjeras, desean una imagen de conflictos en una vitrina del turismo internacional, en el cual no se requiere una gran cantidad de recursos para una de las etnias menos numerosas del país y que en 65% vive fuera de sus comunidades de origen. De esta forma, las comunidades atacameñas han conseguido en los años noventa una cantidad importante de fondos públicos y privados.

Esto ayuda a explicar porque se registra un número tan elevado de organizaciones formales en San Pedro de Atacama: los fondos se licitan a proyectos de desarrollo presentados por organizaciones formales. Esta población registra el mayor número de organizaciones legalizadas de la RA604, muchas de ellas de tipo religioso, son más de 120 organizaciones solo en la pequeña comuna de San Pedro de Atacama. Así, a diferencia de las comunidades indígenas del Sur de Chile, en donde se suceden violentos enfrentamientos por la recuperación de la tierra en manos de los grupos forestales, los atacameños de la provincia del Loa han combinado las demandas legales con una política pragmática de recolección de fondos605.

Se puede citar como ejemplo el "proyecto de participación comunitaria" de la minera Cerro Colorado (BHP Billiton). La empresa lo califica de proyecto no paternalista que beneficia a 10 comunidades indígenas vecinas a la mina y declara destinar el 1% de sus utilidades para financiar iniciativas seleccionadas por las comunidades cercanas a Iquique606. Otro ejemplo es el de la comunidad indígena de Peine en donde M.E.L. pagaría por el uso del borde del Salar de Atacama.

Este cuadro de pasividad a cambiado debido a varios conflictos con CODELCO y ENAP 607. En el año 2009 surgiría un nuevo conflicto por la exploración para energía geotérmica de los geiseres del Tatio, sitio patrimonial de las comunidades indígenas de Toconce y Caspana, exploración que terminaría en catástrofe ambiental. Las concesiones de exploración fueron otorgadas a un cartel de ENAP y la empresa Enel Latinoamérica, pocos meses después que el área había sido entregada en concesión a estas comunidades indígenas para su explotación turística. Para esa fecha, ya tenía presencia el Consejo de los Pueblos Atacameños.

Otros conflictos recientes has surgido con motivo de la ampliación y la reposición de las minas de CODELCO. La piscina de relaves de CODELCO, cercana a la comunidad de Chiu Chiu, ocupó espacios vegas y bofedales que contenían sitios arqueológicos. Las aducciones del proyecto Pampa Puno pretenden obtener el recurso hidríco en las cabeceras del Río Loa para satisfacer los requerimientos de la nueva mina Ministro Hales (Ex Mansa Mina).Las observaciones críticas de la comunidad de Taira no impidieron la aprobación del proyecto con observaciones, a pesar que existe el precedente del colapso del Río San Pedro, por parte del mismo CODELCO.

En cambio, la Asociación de Agricultores de la provincia del Loa organizó varias movilizaciones callejeras en la década de los noventa. Antiguamente "Calama era un vergel" pero hoy el Río Loa está en peligro. De acuerdo a su presidente, estas movilizaciones han servido para crear conciencia aunque no hayan tenido un final feliz. Este Comité se enfrenta a grandes empresas, mineras y de otros sectores productivos: CODELCO, Ferrocarril Antofagasta a Bolivia (FCAB), Empresa Nacional de Explosivos (ENAEX). Esta organización ha logrado coordinar su acción con las Juntas de Vecinos de Calama, con las comunidades indígenas, con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), pues la ciudad ha perdido áreas verdes y espacios de recreación. Esto pudo afectar la salud mental de la población y sus altas tasas de suicidio (Capítulo 12.5).

La movilización ciudadana por las tarifas de agua se manifestó a comienzos del los años 90, con un huelga de hambre organizada por la Asociación Comunal de Juntas de Vecinos de Antofagasta. Más tarde, en el año 2002, se gestó la movilización ciudadana más amplia. Curiosamente, el Presidente Ricardo Lagos, que militaba en las filas del Partido Socialista, terminó el proceso privatizador de las empresas sanitarias del Norte de Chile, iniciado por el Gobierno del Presidente Frei Ruiz Tagle. En esa oportunidad, le tocaba el turno a la empresa de agua potable de la RA (ESSAN), que bajo el nombre de Aguas Antofagasta, quedó en concesión del grupo Luksic, uno de los más poderosos del continente (Capítulo 5.11).

En esta acción anti-privatizadora confluyeron múltiples actores: vecinos, agricultores, partidos políticos y parlamentarios de todas las tendencias, trabajadores, estudiantes, alter-mundialistas de ATTAC, agricultores, sectores regionalistas, ecologistas. Participaron en las manifestaciones el Sindicato de trabajadores de la misma empresa y la Junta de Agricultores del Río Loa. Posteriormente se sumaron declaraciones de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, del Consejo Municipal en pleno, conformado por consejeros de los partidos políticos del mismo Gobierno y de la oposición de derecha. El alcalde de la ciudad de Antofagasta fue a la capital a encadenarse en las rejas de una dependencia pública. Hubo oposición casi unánime de los actores políticos y sociales, incluso de la derecha política, de la población en general (Cuadro 13.8.1).

A pesar de su transversalidad esta oposición fue insuficiente. Las organizaciones convocaron a un cabildo en la Plaza principal de Antofagasta pero éste no tuvo la asistencia masiva que esperaban los organizadores. De todas maneras Santiago tuvo que maniobrar. Para neutralizar las críticas, el poder central ofreció una parte de los recursos de la venta de la empresa para obras regionales. Esta oferta fue aceptada como el "mal menor" por los líderes oficialistas. Además, el Gobierno se comprometía a vigilar las tarifas608 y mantener los subsidios de precio a los sectores más pobres.