BIBLIOTECA VIRTUAL de Derecho, Economía y Ciencias Sociales

INVERSION EXTRANJERA EN EL DESARROLLO DE LA REGION MINERA DE ANTOFAGASTA (CHILE): HISTORIA Y PERSPECTIVAS.

Jan José Cademartori D.



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CAPITULO 4: EL PERÍODO 1990-2004.

4.1. LA ESTRATEGIA ECONÓMICA (1990-2004).

Este Capítulo pretende conectar la Región RA con la economía nacional y mundial. La estrategia económica del nivel central es fundamental dada la naturaleza centralizada del poder político en Chile.

Terminado el Gobierno militar asume al Gobierno civil de Presidente Patricio Aylwin, del Partido Demócrata Cristiano PDC (1990-1994). Le siguieron los Presidentes Eduardo Frei Ruiz-Tagle del PDC (1994-2000) y Ricardo Lagos (2000-2006), uno de los líderes del proceso de renovación ideológica del Partido Socialista (PS) y fundador del Partido Por la Democracia (PPD). Los tres Presidentes pertenecen a la misma coalición: La Concertación de Partidos por el Democracia, compuesta por el PDC, el PS y otros partidos social demócratas: PPD y Partido Radical Social Demócrata (PRSD)

Aquellos partidos contaban con una densa intelectualidad, preparada para gobernar a partir de la crítica a la ideología neoliberal sustentada por el régimen militar. Para ello la cooperación internacional financió generosamente Organizaciones no Gubernamentales (ONGs), becas de postgrado y Centros de Estudios en Chile y en el extranjero. Tan sólo entre 1980 y 1984 fueron publicados 101 trabajos por 13 institutos y ONGs; en 1985 existían 543 investigadores no gubernamentales radicados en Chile, 65% a tiempo completo, sin contar a sus asistentes151. Los economistas de la Corporación de Investigaciones para América Latina (CIEPLAN), formados en las más prestigiosas Universidades norteamericanas, fueron destacados responsables ministeriales después de haber criticado las políticas liberales desde Santiago.

En los años 1990-1994, las nuevas autoridades pidieron tiempo para obtener el quórum parlamentario especial necesario para reformar el modelo económico y hacer la transición a la democracia; el programa de 1990 exigía quórum especiales para las reformas a la Constitución heredada. Los sindicatos estuvieron de acuerdo en moderar sus solicitudes en favor de la consolidación de las autoridades civiles y de una estabilidad macroeconómica que no había caracterizado la transición de otros países de América Latina.

Además, en una primera etapa, el Gobierno del Presidente Aylwin introdujo medidas redistributivas y reparaciones humanitarias. Entre 1989 y 1993, los menores salarios aumentaron en un 29% real y las pensiones en un 21%152. Ello implicó incrementar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el gravamen sobre los beneficios empresariales aunque éste último continuó siendo aceptado como pre-pago del impuesto personal. En el mismo período se aprueban la ley indígena y la ley de protección del medio ambiente, se crea la Comisión por la Verdad y la Justicia para investigar extrajudicialmente las violaciones a los Derechos Humanos con consecuencia de muerte.

Estas medidas no perjudicaron la recuperación económica. El crecimiento económico (Cuadro 4.1.1) contribuyó a la disminución del desempleo y de la pobreza absoluta. Según el Gobierno, la proporción de la población debajo el umbral de pobreza disminuyó, pasando de un 38,6% en 1990, al 23,2% en 1996 y al 20,6% en 2000. En estos resultados favorables, las administraciones hallaron razones adicionales para abandonar las reformas prometidas en el programa de 1990.

Las autoridades civiles no revisaron la legalidad de las privatizaciones de empresas como habían prometido en la oposición. En vez de ello, se efectuaron nuevas privatizaciones de las pocas empresas que quedaban en manos del Estado. Se mantuvo el sistema de pensiones en manos de los grupos económicos y EMN. A las empresas de pensiones (AFP) se les fue autorizando invertir una fracción creciente del fondo de pensión en el extranjero. Más tarde se promulgó una ley pesquera favorable a los grandes grupos exportadores. Las tierras de la Reforma Agraria no les fueron devueltas a las cooperativas campesinas y el auge exportador continuó demandando hectáreas forestales, recursos hídricos y proletariado agrario.

A nivel internacional, las administraciones civiles ampliaron la apertura comercial y las ventajas adquiridas por la IED (Capítulo 4.3). En particular, el gobierno de Lagos firmó el primer acuerdo de libre comercio (TLC) de un país sudamericano con Estados Unidos. Entre 1999 y 2003, el Gobierno redujo la tarifa general aduanera 1% cada año; la tarifa nominal pasó del 11% al 6%153. En 2002-2003, Chile alcanzó el arancel aduanero más bajo de América Latina, ayudado con una larga lista de tratados comerciales154. La disminución del ingreso tributario debido a la reducción de la tarifa general fue compensada con una nueva alza del IVA, un impuesto que afecta a los pobres sin discriminar a favor de los productos básicos. De la misma manera, el Gobierno suspendió el depósito sobre los capitales internacionales a corto plazo (1991-1998), que ayudó a evitar el contagio de la crisis financiera conocida por México, Brasil y Argentina en los años noventa.

La legislación laboral continuó siendo otra fuente de acumulación del gran capital. Las reformas 155 no restablecieron conquistas previas al año 1973, tan importantes como: prohibición de sustituir a los huelguistas durante su paralización, negociación por rama de actividad económica, afiliación obligatoria al sindicato, carácter imperativo de las cuotas sindicales, extensión del contrato colectivo al nuevo trabajador, extensión automática del reajuste del sector público al sector privado. Así pues, la sindicalización disminuye desde el 14,5% en 1991, a 10,5% del empleo en 2001 (contra un 40% en la época del Gobierno de Unidad Popular). El porcentaje de la fuerza de trabajo sin contrato de trabajo pasó de un 18% en 1990 a un 23% en 2000 y la parte que pudo negociar colectivamente sus contratos cayó en un 5%156. De este modo va perdurar la regresiva distribución del ingreso (Capítulo 12.4).

La "mercantilización " de la enseñanza, era otra de las críticas de la oposición a Pinochet. Los gobiernos de la Concertación inyectaron más recursos al sistema educacional, especialmente a un grupo de escuelas más pobres, pero no cambiaron su lógica de funcionamiento. En primer lugar, se estancó la matrícula en el sector público de educación primaria y secundaria, expandiéndose en los sectores privado y semi-privado (Capítulo 12). La educación pública, primaria y secundaria, continuó a cargo de los municipios, los cuales le traspasan sus problemas de gestión y falta de recursos. Las mejoras moderadas de los sueldos de los profesores y un Estatuto Docente, no han sido suficientes para sacar a las Pedagogías de los últimos lugares de preferencia de los postulantes a la Universidad debido a su bajo status social y a sus deficientes condiciones de trabajo.

Tampoco se cumplió con las demandas del movimiento universitario, que fuera uno de los pilares de la resistencia y víctima de la represión militar. Este se proponía reemplazar el sistema de créditos impuesto por el régimen militar, por un arancel diferenciado según el nivel económico de los padres. Así, gran parte de los estudiantes de educación superior sin recursos económicos suficientes continuó sin poder acceder a la Universidad 157. Permanece cerrada la participación de los estamentos no académicos en la dirección universitaria, conseguida en la Reforma de comienzos de los años setenta. Los programas de estudio han cambiado poco y los académicos exonerados por razones políticas no recuperaron en propiedad sus cátedras. Lejos de suprimirse el IVA a los libros, solicitado por el mundo de la cultura, su acceso se hizo más excluyente con las alzas a este impuesto.

En la salud ocurrió una situación similar que en la educación. Se reparó la infraestructura hospitalaria y se controlaron algunos excesos del sistema de seguros privados de salud (ISAPRES). De todas formas, se conserva un sistema de salud que relega a la mayoría de la población a la salud pública, de inferior calidad, y se retiene en las ISAPRES a los grupos medios-altos. Dos tercios (69%) de las horas de consulta médica de especialidad clásicas se sitúan en el sector privado, que cubre solamente cerca de un tercio de la población158. Los ISAPRES, con 2,7 millones de personas en 2005, bloquean la entrada de la gente de la tercera edad, de las mujeres embarazadas y enfermos incurables, porque esta gente hace disminuir su rentabilidad. Recién en el año 2005 se implementa la subvención especial y comienzan a exigirse límites de calidad a la atención de un grupo de enfermedades de alto costo y significativa frecuencia (Plan AUGE).

Así, la coalición en el poder se fue adaptando con recelos para terminar gestionando el mismo modelo de sociedad que había combatido durante el régimen militar (véase frases notables en notas a Cuadro 4.2.2). Aun cuando en su interior perduran los críticos, la corriente liberal es determinante en todos los partidos políticos de la Concertación, incluyendo a su antigua ala izquierda (PS y PPD).

El sociólogo Heraldo Muñoz (PPD) parece ser un ejemplo revelador de los cambios ideológicos en ese sector. Durante los años ochenta, Muñoz (1981) había publicado en Estados Unidos en favor de las teorías centro periferia. El año 2002 encuentra al mismo autor en el puesto del responsable del Comité de las Naciones Unidas encargado de las Sanciones a los Talibanes y a Al Qaeda. En una intervención en un Seminario, Muñoz afirma que "las políticas de los Estados Unidas para América Latina se inclinan sobre la democracia y el libre comercio, y en este contexto, Chile era un eje de estabilidad y un país fiable"159. Más tarde, el embajador de los Estados Unidas del Presidente Bush declaró que "Chile es un país líder en América Latina y que su participación militar en Haití (junto a tropas americanas) fuera el coste de este liderazgo " 160.

En este nuevo consenso, el intelectual de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Angel Flisfich, define dos tipos de economías políticas radicalmente diferentes que explican la tranquilidad de la transición chilena:

i) La economía política consustancial al modelo de Estado intervencionista y a una economía cerrada, que tenía como tendencia la generación de altos niveles de conflictividad social, la politización inmediata de los conflictos y una alza consecutiva del proceso inflacionista "; ii) un nuevo tipo de economía político que determina el tipo de transición y consolidación que Chile vivió. Este último se menciona como el "tipo de economía política consustancial a la economía de mercado abierta161".

Esta nueva economía política queda claramente sintetizada por el organismo responsable de atraer las inversiones extranjeras de la administración Lagos. El C.E.I. estampó en su página web:

"For many years, the Index of Economic Freedom has traced the relationship between economic freedom and a country's prosperity. The countries with the best scores in the Index's ten categories: trade policy, fiscal burden of government, government intervention in the economy, monetary policy, capital flows and foreign investment, banking and finance, wages and prices, property rights, regulation, and informal (or black) market activity- tend to have higher living standards and per capita income" [...]. "Chile has the freest economy in Latin America and the Caribbean, according to the 2004 Index of Economic Freedom, published jointly by the US-based Heritage Foundation (www.heritage.org) and The Wall Street Journal (www.wsj.com). This report draws attention to the Chilean government's pro-growth agenda which seeks to liberalize the country's regulatory regimes, increase transparency and efficiency in state institutions, reduce the scope for judicial arbitrariness, and increase (labour and capital) market flexibility ( ). Another index measuring variables related to market openness, free trade, and deregulation -the 2003 Economic Freedom of the World Rating by Canada's Fraser Institute- ranked Chile in 15th place out of 123 nations, alongside Austria, Belgium, and Germany".

Precisamente, la gestión gubernamental facilitó el crecimiento económico mediante la acumulación de capital de los polos dominantes durante el régimen militar, con lo cual se va mantener la desigualdad social (Capítulo12.4) y se va a dotar de mayor poder a los sectores hegemónicos para delimitar el mundo de lo posible en las regiones de Chile. Este poder se manifiesta en el vínculo de los actores económicos dominantes con los medios de comunicación, el Estado y sus personeros políticos. Ello se mostrará en las secciones siguientes y será completado en el Capítulo 13.


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