6.5 Nueva Ruralidad y Economía Ambiental

El pago por servicios ambientales es uno de los instrumentos de refuncionalización del espacio rural propuesto por la economía ambiental. Plantea compensar a las comunidades por funciones como el secuestro y almacenamiento de carbono, la protección a la biodiversidad, la recuperación de cuencas hidrográficas, la limitación de la tala de bosques a ritmos sostenibles y la belleza escénica. Estos servicios son financiados por empresas privadas, dispuestas a invertir según el “valor comercial” de los servicios eco-sistémicos; en función de este valor determina si es viable o no contratarlos. La contratación de estos servicios en los países del Sur se ha vuelto comercial a medida que la crisis de calentamiento global y otras crisis locales han obligado a algunas empresas, sobre todo europeas, a emprender acciones que contrarresten los efectos nocivos de sus plantas en el Norte, a raíz de los compromisos asumidos por algunos gobiernos en el marco de la Convención de Kyoto. Asimismo, los pagos por servicios ambientales se plantean como una vía al desarrollo de los espacios rurales; sin embargo, están prácticamente diseñados para grandes inversionistas.

Como ejemplo de esta mercantilización de la ecología está el caso de la Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano (RHBRP) de una extensión de 800,000 ha es una de las áreas protegidas más importantes en el Corredor Biológico Mesoamericano y la mas grande de Honduras. Con base en un estudio sobre valoración económica se determinó el valor económico de los Bienes y Servicios Ambientales (BSA) que proporciona la RHBRP para su aprovechamiento en términos de oportunidades de inversión. En esos términos, los beneficiarios del proyecto, supuestamente, serían, en primer lugar, las comunidades locales, al generar alternativas económicas que permitan reducir la explotación de las áreas de conservación y sus recursos; en segundo lugar, grupos de apoyo y promoción de la conservación y en tercer lugar, el sector privado por su participación en la promoción de la conser¬vación. Éste último tendría la labor de promover la conservación, admi¬nistrando las áreas protegidas y generando fondos locales para las actividades de conservación. Analizando únicamente el aprovechamiento anual de los principales bienes y servicios ambientales de la RHBRP, bajo un régimen de uso sostenible, se determinaron los flujos econó¬micos anuales que generan un total de beneficios de 47.9 millones de dólares. Si consideramos los servicios de fijación de carbono los benefi¬cios económicos ascienden a 310.4 millones de dólares. La administración del área requiere alrededor de 500 mil dólares anuales, además del beneficio que recibe el Estado por la explotación de la madera que es de 6,6 millo¬nes de dólares (Barzev, 2002).

El planteamiento pudiera parecer interesante, si no se consideran cuestiones como el arrinconamiento de las comunidades al ser contratadas por la iniciativa privada para las actividades de conservación, sin posibilidad de autogestionar los recursos naturales para lograr un incremento en el nivel de vida. Entonces, ¿quien realmente es el principal beneficiario del pago de servicios ambientales? La respuesta es obvia; ¿quién tiene recursos para invertir? La respuesta es clara, los empresarios privados. En términos prácticos, es el negocio de la conservación a costa de la expropiación de la tierra a un creciente número de comunidades, bajo la visión empresarial capitalista. ¿Cómo se garantizaría que la extracción de madera fuera sustentable? La coparticipación en el manejo sustentable de los recursos naturales es una propuesta de Banco Mundial que sugiere la cooperación entre privados y comunidades locales, pero la incompatibilidad de intereses y lógicas entre ambos actores es un aspecto fundamental que ni la economía ambiental, ni los estudios de BM consideran relevante. Así como tampoco consideran relevante la perspectiva propia de progreso que tienen las comunidades.

La implementación de este tipo de inversiones en la conservación es una estrategia que puede considerarse o no como construida con el fin de erosionar los valores de conservación arraigados culturalmente y sin fines comerciales de las comunidades rurales; esto, dependiendo de que tan ingenuos seamos (Wunder, 2006). Existen inconveniencias adicionales como son: problemas en el pago de los servicios ambientales especialmente con la captación de carbono debido al incumplimiento de pago por parte de las empresas privadas y ONGs intermediarias que contratan este servicio. Pero, incluso cuando si se les paga a las comunidades, en promedio lo que se paga por hectárea reforestada es una cantidad anual que varía entre los 20 a 100 dólares, cantidad que es inútil para promover lo que los propios ortodoxos llaman oportunidades de desarrollo local. Esto, aunado a la restricción que obliga a las comunidades a no utilizar sus recursos naturales una vez que se han logrado los objetivos de conservación, es lo que yo identificaría como la continua lucha por la gestión de los recursos naturales entre capitalistas y sociedad.

Esta perspectiva se encuentra totalmente alejada de los objetivos de los movimientos autonómicos que han surgido a lo largo de América Latina y de sus metas en términos productivos que se han descrito, cumpliendo con las características de ANGE. La Economía Ecológica, como contraposición a la economía ambiental, enfatiza el hecho de que los mercados no son capaces de asignar valores a los recursos naturales; las externalidades son ocasionadas por el nulo interés que existe por la sustentabilidad en los procesos productivos capitalistas, donde la disminución de costos norma las decisiones de adquisición de tecnología, y se consideran aspectos sociales y culturales sólo en la medida en que se construyen campañas de comercialización para captar más clientes, pero el tema ambiental generalmente se encuentra relegado. Para la EE, las externalidades negativas son inherentes a los sistemas productivos capitalistas, porque no se utilizan simplemente factores de producción, se utilizan ecosistemas, tanto en la producción agrícola como en la producción industrial. La EE propone la verdadera dirección de las comunidades locales en la búsqueda de soluciones a sus conflictos sociales y ambientales. Su reconocimiento de capacidades y conocimientos locales en la resolución de los problemas; también, ubica el espacio temporal de los fenómenos a resolver como factor que imposibilita la aplicación de un modelo general de desarrollo y da pie a la construcción de varios tipos de progreso social.