4. DIAGNÓSTICO DEL ENTORNO

4.1 Sinopsis del estado del problema

El tema económico financiero en la UNI, como es de suponer, no está aislado de los asuntos académicos y administrativos que acontecen en la institución. Asimismo, los problemas esenciales, de fondo, de la UNI, no son específicos, es decir que puedan ser atribuidos de manera particular a ella. Como lo señalan los entendidos en la materia, la problemática en la universidad del país, especialmente de las universidades públicas, tiene elementos transversales a todas ellas; es decir, se presentan elementos comunes al conjunto de ese grupo de instituciones educativas del Perú.

Refiriéndose a la universidad peruana, J. Abugattas plantea que ésta presenta una serie de desfases frente a las demandas y requerimientos del entorno. Un primer desfase de la universidad peruana, que es el más clásico, es que se «producen» cantidades de profesionales muchísimo mayores que las que el aparato productivo y la administración pueden absorber. No ha existido jamás ni existe hoy ningún criterio para la limitación o, por lo menos, la regulación del número de profesionales que deben egresar anual o periódicamente de las universidades. Pero este desfase se torna más grave si se considera que los profesionales formados y egresados de las universidades no están, por lo general, formados en las carreras y disciplinas que el mercado de trabajo requiere. Dado el nivel del aparato productivo del país, sus demandas en cuanto a personal calificado se podrían fácilmente satisfacer con un sistema de escuelas técnicas superiores más o menos eficaz. (Abugattas, 2005: 180)

Siguiendo con J. Abugattas, existe un segundo y más grave tipo de desfase, que consiste en pobre calidad de la infraestructura educativa. En su inmensa mayoría, las universidades y escuelas superiores peruanas están absolutamente desactualizadas en cuanto a los instrumentos educativos de que disponen. Los laboratorios son precarios y pobres, los centros de documentación y las bibliotecas absolutamente indigentes. El Estado, por su parte, carece de una política seria de acumulación de información, de modo que no está en condiciones de prestar apoyo eficaz a la educación superior en ese sentido. (Abugattas, 2005: 180)

Otro tipo de desfase de la universidad peruana es el relativo a las carreras que se ofrecen en los diversos establecimientos de educación. La creación de escuelas y facultades y de especialidades no responde a una reflexión cuidadosa ni sobre las necesidades a largo plazo del país, ni sobre el estado del saber contemporáneo. Un cierto cortoplacismo excesivo ha llevado en los últimos tiempos a la proliferación de carreras que aparentemente tenían demanda en la sociedad, sin tener en cuenta que esas demandas son fluctuantes y cambiantes. El caso más reciente es el de las carreras vinculadas a la computación: ya existen en el país cerca de cincuenta mil graduados de academias y escuelas, y solamente hay puestos de trabajo para unos cinco mil. (Abugattas, 2005: 181)

Pero el aspecto más serio de esta situación es el desconocimiento y la profunda incomprensión que hay respecto de la naturaleza del saber contemporáneo. La universidad peruana sigue estando totalmente compartimentalizada y apunta a la hiperespecialización justamente en momentos en que la mejor formación es aquella que garantiza al estudiante una gran flexibilidad y una gran capacidad de movimiento entre diversas disciplinas. La desesperación por llegar rápidamente a las carreras y acortar el período de estudios es totalmente contraproducente a la larga, aunque aparentemente suponga beneficios económicos inmediatos. (Abugattas, 2005: 181)

El citado autor sostiene que el desfase mayor del sistema de educación superior peruano es el que guarda respecto de las tendencias y la naturaleza del saber científico contemporáneo. Prima en el Perú una incomprensión absoluta de las prioridades en el orden interno de la ciencia y la tecnología actuales y, peor aun, de la trascendencia de la reflexión humanística para la buena administración de la sociedad y los espacios políticos. (Abugattas, 2005: 182)

La universidad en el Perú, como institución educativa y cultural, más allá de las acciones encomiables de algunas casas de estudio, algunas facultades y algunos profesores valientes, ha caído en una profunda crisis y un grave desprestigio que amenazan con convertirla en una institución marginal. Paradójicamente esta situación se da cuando existen 82 universidades, 34 públicas y 48 privadas, con 496181 estudiantes matriculados el año 2003. Estos estudiantes se reparten 1183 escuelas profesionales, alojadas en 471 facultades, que brindan una diversidad de 126 opciones profesionales distintas. Sin embargo, estos números no significan mucho en resultados. La universidad es hoy incapaz de ponerse a la altura de los retos, en términos de creación del conocimiento, desarrollo de capacidades intelectuales y profesionalización, que le demandan las necesidades de desarrollo nacional y el actual proceso de globalización de las relaciones humanas. (Lynch, 2005: 20,21)

Otro tipo de necesidad a resolver en el sistema está referido al clima estudiantil en las universidades públicas en el Perú. Y sobre este particular se constata que él está marcado por un problema que si bien está más o menos atenuado actualmente, persisten indicios y se tienen antecedentes relativamente recientes de conflicto y violencia, que hacen presumir razonablemente que todavía subyacen factores que podrían desencadenar una situación de confrontación como la vivida en la época de “Sendero Luminoso” . En su edición del domingo 10.12.2006, uno de los diarios más importantes del país –El Comercio– desarrolla el tema “El discurso violentista persiste en las universidades públicas”, y en él sostiene que las condiciones sociales en las que apareció “Sendero Luminoso” aún subsisten; que la caída de la inversión estatal en las universidades condicionó el desarrollo de escenarios idóneos para la expansión del conflicto armado; y que la actual inversión en la universidad pública por alumno no supera los 800 dólares por año (en el caso de La Cantuta es de apenas 100 dólares), entre otros hechos que describen la crisis por la que atraviesan las universidades públicas.

El mencionado diario, añade además que dentro de los publicitados planes de austeridad, el gobierno nacional ha incluido los paupérrimos presupuestos universitarios. Y esto contribuye a que haya mucha frustración en los sectores donde se forman y encuentran eco los discursos violentistas.

En la universidad peruana actualmente existe un caos, sustentado en un supuesto respeto a la diversidad, y sin tomar en cuenta que un factor clave que acelera la crisis universitaria y la muestra en toda su dimensión son las exigencias del actual proceso de globalización. (Lynch, 2005: 21)

Existe también un pasivo, especialmente en las universidades públicas, que despierta cada cierto tiempo acicateado por la crisis endémica que las corroe. Más que proyecto es un humor reivindicativo. Se trata del radicalismo político, tributario de variedades diversas de pensamiento que van del maoísmo al anarquismo supérstites. Este radicalismo, aliado con grupos de profesores mediocres, recorre de tanto en tanto los claustros, que ha llevado a a paralizar el desarrollo universitario por décadas. Frente a cualquier solución estos grupos apuestan por el inmovilismo que les garantiza la sobrevivencia y les da pretexto para sus espasmódicas movilizaciones. (Lynch, 2005: 27)

La Universidad Peruana es hoy un conjunto caótico que responde a múltiples intereses particulares ante la indiferencia, casi abandono, del Estado. El proceso central que explica este grave desorden es una masificación de la universidad, pero casi sin proyecto y definitivamente sin recursos para sostenerla. A su vez, esta masificación responde a la demanda de cientos de miles de jóvenes a lo largo y ancho del país, que llevó a que en el año 2003, por ejemplo, se presentaran 377579 postulantes a las universidades públicas y privadas del Perú. (Lynch, 2005: 27)

En un importante y reciente trabajo de investigación sobre la situación de la universidad en el Perú, conducida por el Ministerio de Educación, se efectúa una análisis que da cuenta del problema de la inadecuación de los mecanismos de representación y gobierno. Sobre el particular, dicho estudio señala que los actuales procedimientos para la elección de miembros de los órganos de gobierno de las universidades públicas y privadas favorecen el corporativismo y el clientelaje, factores nocivos para la democratización y eficiencia de la gestión. Esto se debe a que se basan en un esquema de elección indirecta, con lo cual los miembros de los órganos colegiados (Consejo de Facultad, Consejo Universitario y Asamblea Universitaria) adquieren una cuota de poder y decisión posible de negociación en una lógica clientelista, sobre todo cuando se trata de elegir a los responsables de la Alta Dirección. Asimismo, aquellos órganos tienden a tener un alto número de integrantes, lo cual los torna lentos e ineficaces, contrastando con el alcance de sus atribuciones, que incluyen funciones ejecutivas, con un casi nulo margen de responsabilidades individuales. (Ministerio de Educación, 2006: 169)

En cuanto a la Alta Dirección en las universidades públicas, padece de una incoherencia y precariedad que deviene tanto del sobredimensionamiento de atribuciones de los órganos colegiados, como del hecho de que los vicerrectores son elegidos independientemente del rector. No dependiendo de él ni constituyendo en rigor un equipo, frecuentemente obedecen a orientaciones disímiles o se hallan complotando en su contra. A ello se añade una tendencia a la dispersión de la gestión por la atomización institucional manifiesta en la multiplicación de las facultades, muchas veces conformadas por una sola carrera profesional. Ello debilita las posibilidades de asignación y empleo racional y equitativo de los recursos. (Ibid)

El citado trabajo de investigación del Ministerio de Educación también desarrolla el problema de la pauperización y escasa autonomía financiera en las universidades públicas del país. Acerca de este asunto, sostiene que la asignación presupuestal destinada a las universidades públicas no ha crecido en concordancia con el significativo aumento de la población universitaria experimentado en los últimos años, lo cual ha producido un deterioro de su base económica y denota el grado de prioridad que otorga el Estado a este nivel educativo decisivo para el desarrollo nacional.

Como consecuencia del insuficiente soporte financiero estatal para las universidades públicas, éstas han desarrollado estrategias de diverso tipo para generar recursos propios. Como paradójico resultado de ello, la participación porcentual del Estado en el presupuesto de las universidades públicas ha tendido a disminuir, castigando de esa manera su eficiencia. En esas condiciones, los gastos de capital han disminuido progresivamente a favor de los gastos corrientes, afectando el cabal cumplimiento de las tareas universitarias. (Ministerio de Educación, 2006: 168)

Por otra parte, los patrones de gestión financiera en la universidad pública coactan su autonomía, al no tomar en cuenta su específica naturaleza académica, ciñéndola a los esquemas que rigen al resto del sector público, de rígido control centrado en procesos antes que en resultados. En ese marco administrativo, la universidad pública, que ha desplegado un notable esfuerzo en generar recursos propios para saldar las exiguas rentas estatales, ni siquiera puede hacer uso de ellos con la flexibilidad necesaria para promover la prioridad de sus funciones académicas, lo cual constituye otra paradójica penalidad a su eficiencia. (Ministerio de Educación, 2006: 168,169)

Por lo expuesto, las necesidades a satisfacer en el entorno, tienen una dimensión compleja y que conciernen a muchos sectores y ámbitos, que exceden al espacio estricto de las políticas públicas. Por cierto concierne también a la sociedad civil, entendida como el conjunto de actores directamente interesados como son los colegios profesionales y los gremios empresariales y laborales, que articulados con los profesores y estudiantes que están de acuerdo con una reforma profunda de la institución universitaria impulsen un movimiento a favor de ella. Esta coalición social es la que debe poner en la agenda nacional el tema de la universidad y exigir a los partidos que se pronuncien al respecto para que eventualmente asuman las banderas del cambio. El movimiento no va a ser como en oportunidades anteriores desde adentro de los claustros hacia la sociedad, por la sencilla razón de que el deterioro interno ha avanzado sustantivamente en muchas universidades y hace casi imposible un movimiento principalmente universitario. Se trata entonces de un frente muy amplio, universitario y extra universitario, para cambiar la universidad. Un movimiento que asuma la necesidad de la relación de cada universidad con su sociedad regional y con el país en su conjunto y por ello se atreva a trascender los límites del claustro académico para llevar éste debate a una esfera pública mayor en la que se reciban los más distintos aportes y donde salvar la universidad se convierta en una tarea verdaderamente nacional. (Lynch, 2005: 59, 60)

En suma, existe un buen número de trabajos de investigación sobre la problemática universitaria en el Perú, patrocinados por instituciones como el propio Ministerio de Educación a través de su Oficina de Coordinación Universitaria, el Foro Educativo, la Asamblea Nacional de Rectores, o algunas de las propias universidades. Acerca del diagnóstico las posiciones, en términos generales, son coincidentes, los temas de mayor dificultad están en el cómo emprender y ejecutar exitosamente las soluciones.