4.2 Necesidades a satisfacer

Más que una exposición detallada de la naturaleza de las necesidades a satisfacer en el entorno universitario, que como tal incumbe a la UNI, se va a exponer tópicos trascendentes que tienen que ver con las condiciones básicas que debe tener el sistema universitario peruano, para insertarse eficaz y eficientemente en la comunidad, y ser realmente un elemento útil impulsor y generador de conocimiento científico y tecnológico al servicio del desarrollo sostenido del país.

En diversos foros acerca de ciencia y tecnología en el país, se ha advertido de la creciente importancia de la investigación pura, del saber fundamental como condición indispensable para el desarrollo científico y tecnológico. En dichas reuniones se sostiene que es una regla comprobable que son aquellos países y universidades que más esfuerzo y recursos asignan a las investigaciones básicas, las que más pueden contribuir a la invención y a la innovación tecnológica. Como lo plantea Abugattas (2005: 182), la idea que la tecnología puede andar sola y que las imágenes subyacentes del mundo que le permiten desarrollarse están ya definidas no se condice en absoluto con la realidad. Por ello, en el largo plazo, en el sentido estratégico, son las disciplinas aparentemente menos útiles las que mayor importancia práctica revisten.

A continuación se desarrolla un resumen de un conjunto de servicios que de modo general debe ofrecer la universidad pública peruana, consiguientemente, la UNI (Abugattas, 2005: 182-185; Lynch, 2005: 25-58; Ministerio de Educación, 2006: 171-174):

1. Dominio de conocimientos básicos y generales suficientemente flexibles, que puedan dar capacidad de movimiento a los científicos y tecnólogos en el ámbito de un saber cambiante y sorprendente.

2. Una estructura de educación superior peruana que incorpore las humanidades como una mayor presencia que la actual, para fortalecer la capacidad de reflexión sistemática sobre la condición del hombre en procesos de cambios cada vez más intensos y radicales.

3. Compromiso del Perú en un esfuerzo colectivo sostenido y de largo aliento por dotarse primero y preservar luego una clase científica tecnológica de primerísima calidad; mejorando los salarios ridículos de la inmensa mayoría de profesores universitarios y la ya mencionada pobreza de la infraestructura educativa.

4. Mantener incólume el principio del derecho universal al acceso a la educación en todos sus niveles; pero a la vez exigente y cuidadoso con el buen uso de los recursos que asigne a un área tan importante estratégicamente como la educación superior. Por ende, si ésta ha de ser de calidad, deberá ser sumamente selectiva. No pueden acceder a ella sino aquellos que puedan conformar la elite técnico científica del país. El carácter democrático de la educación superior deberá estar garantizado por las modalidades de selección, que no deben permitir forma alguna de discriminación por razón de clase, origen étnico, condición económica, sexo, etc

5. La universidad debe estar estrechamente ligada a las demandas del Estado y la sociedad en general; pero haciendo política en grado sumo, reconociendo que el horizonte de su quehacer político es estratégico. En otras palabras, la universidad debe pensar los asuntos más permanentes del Estado en profundidad, y evitar perderse en los vericuetos de la cotidianeidad.

6. Hacer de la universidad un centro de investigación y de creación eficiente, que produzca conocimiento nuevo. En el caso peruano, hay una necesidad perentoria que la universidad produzca conocimiento serio sobre nuestra propia condición y sobre nuestras posibilidades de acción colectiva.

7. Una reforma integral, que tenga como resultado un nuevo sistema universitario que transforme al conjunto y replantee la relación entre universidades públicas y privadas. Que asuma la necesidad de una reforma académica profunda que mejore la calidad de las universidades en general y en especial de la universidad pública; que recupere el papel de liderazgo educativo, cultural y nacional y nos permita desarrollar las capacidades intelectuales y profesionales para integrarnos a la globalización en curso.

8. Terminar con el actual concepto de autonomía que condena a la mayoría de las universidades a la autarquía y a la mediocridad. Esto no significa agredir la libertad de cátedra y de investigación, tampoco vulnerar la necesaria autonomía de gobierno y de gestión de las universidades, por el contrario, lo que se busca es darle a la institución el contexto indispensable para que puedan desarrollar sus labores con la mayor libertad, que permita desarrollar el quehacer universitario en sintonía con las demandas del país y contando con los recursos necesarios para ello.

9. Limitar el excesivo número de universidades existentes. Seguramente va ser muy difícil cerrar universidades o incluso convencer a algunas de que se fusionen con otras, pero lo que sí debe hacerse es una acreditación instituciona1 de las casas de estudio que existen en la actualidad para darles los plazos necesarios para que reparen sus deficiencias y, en caso de que no sea así, se pueda eventualmente proceder al cierre de las mismas.

10. Una profunda reforma académica, que centre la actividad de las universidades en la investigación, pero articulada con las necesidades nacionales y regionales. De esta manera la profesionalización y el trabajo de posgrado partirán de la investigación. Así, las carreras profesionales, las maestrías y los doctorados tendrán como origen el proceso de producción de conocimientos y no las expectativas de consumo de los estudiantes, las necesidades de trabajo de los profesores y/o el afán de lucro de algunos dueños, como sucede el día de hoy.

11. Una reforma interna en las universidades que termine con la proliferación de carreras que no tienen ninguna relación con la demanda, con las necesidades sociales ni con la investigación, así como también con la proliferación de facultades que sólo responden a las necesidades de reparto de cuotas de poder entre los diversos grupos de profesores.

12. Diseñar una nueva carrera docente, de carácter estrictamente meritocrático, en la que sólo ingresen a la docencia y sean promovidos los profesores que tengan el título profesional y los grados académicos de maestría y doctorado respectivos y que, a la vez, investiguen y publiquen sus trabajos de especialidad.

13. Aumento del financiamiento estatal para las universidades públicas. Este aumento debe significar mejores sueldos para los profesores, más recursos para la investigación y la enseñanza y mejor infraestructura. Pero este financiamiento estatal no puede ser ciego e igualitarista como hasta ahora, porque este tipo de financiamiento promueve la mediocridad que reina en las universidades nacionales. El tesoro público debe financiar a las universidades nacionales en dos tramos. Primero, dotarlas de un financiamiento que cubra sus requisitos más básicos, pero luego, las universidades deben conseguir el resto del financiamiento público de acuerdo a sus resultados, lo que estimularía la emulación entre las diferentes instituciones universitarias. Se debe promover también la generación de ingresos propios por parte de las universidades nacionales, pero las universidades deben tener libertad para gastar estos ingresos sin necesidad de entregárselos al Ministerio de Economía y Finanzas como sucede en la actualidad. Asimismo, los estudiantes de universidades públicas que provienen de colegios privados deben pagar una pensión similar a la que pagaban en el colegio de origen.

14. En el marco del Acuerdo Nacional, con la contraparte de compromisos de la universidad, con metas e indicadores para la medición de su logro, de los que el CONES informe al país, el Estado deberá comprometerse firmemente a otorgar mayores recursos a las instituciones universitarias públicas para el desarrollo de su actividad, declarándolas de interés nacional prioritario y destinando para ello un porcentaje mayor del presupuesto nacional.

15. Considerando la especificidad de la gestión en las instituciones académicas, y la particular importancia que para ello tiene la flexibilidad en el manejo de los recursos, es preciso establecer un sistema de gestión financiera para las instituciones públicas de educación superior, sobre la base del rendimiento de cuentas por resultados. Se trata de un factor decisivo para el mejoramiento de los procesos académicos y el fomento de la generación de recursos propios.

16. En el ámbito universitario se requiere establecer mecanismos de gobierno más ágiles y funcionales, redefiniendo las atribuciones, estructura y dimensiones de los órganos asambleísticos, hoy elefantiásicos, a fin de otorgarles mayor operatividad. Es igualmente preciso dotar de mayor coherencia a la Alta Dirección, fortaleciendo el Rectorado y su capacidad ejecutiva en proporción a la responsabilidad, estableciendo al mismo tiempo garantías de transparencia en la gestión y mecanismos de fiscalización y revocatoria. Ello exige también promover la legitimidad de las autoridades universitarias –muy precaria en las actuales condiciones–, estableciendo su elección por votación directa, universal y ponderada, ejercida por la comunidad académica.

17. En el marco de la recientemente aprobada Ley de Creación del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, urge definir con carácter de prioridad los mecanismos e instancias de gestión de la acreditación y certificación para la educación superior en sus dos niveles, como instrumentos de evaluación y promoción permanente de su calidad, que promuevan una cultura de mejoramiento continuo de los procesos académicos, informando a la sociedad de la real calidad de los servicios que ofertan las instituciones de educación superior.