ANEXO A. MANIFIESTO PARA CAMBIAR LA ELECCIÓN DE AUTORIDADES EN LAS UNIVERSIDADES DEL PAÍS

INNOVEMOS LA UNIVERSIDAD PARA EL DESARROLLO DEL PAÍS

Introducción

En esta oportunidad queremos llegar a usted para compartir algunas reflexiones; pero con un espíritu constructivo, y a partir de hechos más o menos evidentes que los constatamos en nuestras actividades universitarias cotidianas. Hechos que por cierto no son privativos de la UNI sino que están presentes, con algunos matices y grados diferenciados de dificultad, en las diferentes universidades públicas del país.

Si partimos del entendimiento que nos encontramos en la “era del conocimiento”, por tanto, que la unión de ciencia, tecnología y técnicas económicas en los últimos años se simboliza en investigación y desarrollo (I-D) como condición fundamental para el progreso; se desprende entonces que requerimos de instituciones universitarias orientadas hacia dicho propósito central e indispensable.

Si revisamos el Plan de Mediano Plazo de la UNI encontraremos fines tales como “liderar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país”, “modernizar la administración de la UNI”, y otros, que nos demuestra que formalmente e implícitamente reconocemos la necesidad de insertarnos en la línea de ejecutar I-D. Si esto es así, entonces, ¿por qué no lo podemos hacer?, ¿por qué no lo pueden hacer la UNM San Marcos o la UNA La Molina, etc.?

Podríamos entrar en largas y quizá sesudas disquisiciones de diagnóstico, y “resolver los problemas de la universidad y del país” en amenas charlas de café. Pero proponemos otra vía, que demanda mayor esfuerzo y participación, pero con más posibilidades de alcanzar resultados favorables y sostenibles para la institución y la sociedad.

Existen diversos temas a tratar, por cierto. En esta ocasión comenzaremos por dos temas, que son restricciones de capital importancia para cualquier propósito serio de desarrollo de la universidad peruana con miras a contribuir de manera importante al desarrollo de nuestro país, en la línea de I-D.

1. ¿Segregación en la comunidad universitaria?

El tercer párrafo del Artículo 8° de la Constitución Política del Perú señala: “La universidad es la comunidad de profesores, alumnos y graduados...”; disposición que es recogida en el primer artículo de la Ley Universitaria. Al respecto, consideramos que esta disposición se basa en concepciones convencionales, que no han contribuido al desarrollo de nuestra universidad pública. La gestión moderna y exitosa –sea pública o privada– enseña que la organización debe involucrar a sus integrantes en la gestión, de manera que ellos se sientan identificados con la misión de la organización, los objetivos, planes, programas, etc., de la institución, y participen activamente en sus diferentes tareas, desarrollando propuestas, discutiéndolas, llegando a consensos y compromisos, ejecutándolas, monitoreándolas, etc.

¿Qué se requiere para corregir este obstáculo? En primer término, construir una firme voluntad y ser consecuentes en subordinar nuestro interés particular en aras del interés institucional. Es decir, adquirir la convicción de que necesitamos construir institucionalidad, que en el país mucha falta nos hace. Convencido de ello, seguidamente realizar una gran “cruzada” para que los trabajadores administrativos sean reconocidos como integrantes de la “comunidad universitaria”. En este sentido, la gran tarea consiste en movilizar esfuerzos para que el Congreso de la República realice la correspondiente modificación (sabemos que la FENTUP ha iniciado algunas gestiones al respecto).

Debemos promover –especialmente los trabajadores administrativos reuniones de explicación, reflexión, que deben permitir alcanzar consensos y derivar en una recolección masiva de firmas de los tres estamentos de las universidades del país para que se corrija tal medida, en el marco de una nueva y moderna ley universitaria.

En suma, los trabajadores administrativos también deben tener derecho a participar en definir el gobierno y la gestión de la universidad, suprimiendo la segregación vigente.

2. Participación directa, auténticamente democrática, en la elección de nuestras autoridades

Por diversas razones, en nuestro país ha funcionado y funciona mal la elección de autoridades mediante un proceso de intermediación; es decir, elección de autoridades a través de representantes elegidos previamente por las organizaciones o estamentos de “base”, que en el caso de las universidades se expresa en la elección de representantes a la asamblea universitaria y a los consejos de facultad. Esta práctica perniciosa se pudo comprobar, por ejemplo, en el funcionamiento de los gobiernos regionales de corta duración, en los cuales la mediación de los delegados-representantes permitía que se distorsionase la voluntad de los electores de base.

Así como la intermediación en la actividad económica suele ser propicia para la especulación, con el consiguiente encarecimiento de los bienes o su artificiosa escasez; en los asuntos de gobierno –sea nacional, regional, local, institucional, etc. – la intermediación es favorable para distorsionar la voluntad de las bases y satisfacer intereses exclusivamente particulares y no institucionales.

A la luz de tales experiencias, por ejemplo, actualmente en el seno del poder judicial también se está discutiendo propuestas renovadoras que plantean elecciones universales y directas de parte de cada uno de los jueces, sin distinción de jerarquías.

¿La minoría debe gobernar sobre la mayoría?

La intermediación en nuestras universidades es propicia para cosas antidemocráticas, como que la minoría gobierne por encima de la mayoría. Veamos el siguiente ejemplo. Supongamos una elección de decano de facultad, para la cual se ha elegido previamente la siguiente representación estamental –intermediarios de 12 docentes (6 principales, 3 asociados y 3 auxiliares) y 6 alumnos:

Si existen grupos de interés contrapuestos entre los representantes –cosa recurrente entre nuestras universidades públicas–, las condiciones están dadas para las transacciones de votos a cambio de cargos, conducción de actividades generadoras de ingresos propios, pagos de seminarios o congresos, etc.; orientadas a satisfacer intereses individuales en desmedro del interés institucional.

En el ejemplo planteado, supongamos que 2 docentes de la listas “B” y 2 de la “C” negocian con la representación estudiantil (6), votos a cambio de una computadora moderna para el Tercio estudiantil, la instalación de una línea telefónica directa o de un anexo, tramitar algunas prácticas pre-profesionales en alguna institución de cierto prestigio, u otra “retribución”. Si a ello añadimos el hecho que los estudiantes en los 90 han padecido una década perdida en cuanto a formación política basada en principios sólidos, debido a que no se les ha proveído de paradigmas consistentes y viables respecto de una visión futura de país, se tiene las condiciones necesarias para que sean propensos a ser tentados por docentes representantes con ansiedad de poder.

En la situación descrita, consumada la transacción, el grupo minoritario de docentes obtiene mayoría (4 docentes más 6 alumnos), y determina las nuevas autoridades de la facultad y la gestión de la misma. Realmente, ¿esto es representativo, democrático?

En el estado de cosas descrito, que no es ajeno a nuestra realidad universitaria –sobre todo pública–, la intermediación en la representación es perniciosa para el buen gobierno de una institución. El juego sucio y las alianzas nefastas tienen espacio propicio para desarrollarse. Quizá en otras realidades, distintas a las de muestro país, este sistema de representación funcione, en la que la institucionalidad tiene tradición y está consolidada.

¿Qué proponemos?

Que los “ciudadanos universitarios” tengamos un rol más decisivo y directo sobre nuestro quehacer universitario, teniendo como imagen-objetivo, a la vez como reto, que nuestras universidades públicas estén al servicio de la I-D, en pro de una sociedad con mejor conocimiento, más justa, solidaria, laboriosa y con valores éticos. Y ello comienza por afirmar nuestro ineludible derecho de elegir en justas democráticas, directas y mediante voto secreto a nuestras autoridades (decanos, vicerrectores, rectores); suprimiendo definitivamente la práctica de la intermediación.

Si la universidad es una forma de comunidad integrada por personas conscientes de que poseen derechos y obligaciones, con capacidad de discernir entre las diferentes propuestas que se les presenten, entonces ellas deberían ejercer un derecho que la humanidad ha conquistado y que consiste en poder elegir directamente, sin mediación de “representantes” y entre diferentes alternativas, a sus autoridades. En consecuencia, proponemos que los integrantes de la comunidad universitaria tengan derecho a elegir mediante sufragio universal y secreto a su rector, sus vicerrectores, y a sus decanos, asignando adecuadamente factores de ponderación a los votos de los docentes, trabajadores administrativos y estudiantes, para garantizar representatividad y legitimidad.

Veamos el siguiente diagrama:

Esto significa que cada docente, cada trabajador administrativo y cada estudiante –en igualdad de condiciones en nuestro respectivo estamento– debemos tener derecho a expresar libre y directamente, en secreto, nuestras preferencias por las autoridades que nos van a gobernar, las cuales por cierto deberán cumplir ciertos requisitos académicos y administrativos. Significa, también, la eliminación de la representación jerárquica de los docentes.

Insistimos en esto no sólo por cuestión de principio democrático, además porque la actual forma de representación y designación de funcionarios tampoco permiten resolver el elevado costo burocrático en la deficiente toma de decisiones que padecen las universidades públicas del país; lo cual nos resta competitividad y nos relega cada vez más en la era del conocimiento.