Recomendaciones de organismos internacionales para el siglo XXI

Durante los años noventa, México fue objeto de evaluaciones externas de su sistema de educación superior por diversos organismos internacionales, como el Consejo Internacional para el Desarrollo de la Educación (CIDE), el Banco Mundial o los solicitados a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Adicionalmente, como miembro de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) o de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), nuestro país recibió las recomendaciones –a nivel mundial, regional y nacional- para atender las deficiencias en materia de educación superior.

El Banco Mundial reitera su mirada económica sobre la educación, y enfatiza los temas que ya tenía clarificados desde la década de los ochenta: detener el crecimiento, que los beneficiarios asuman el costo del servicio, que los particulares ofrezcan este sistema, que el Estado retire el subsidio a este nivel (Díaz Barriga: 1999: 384).

Contraria a esta posición son los planteamientos de la UNESCO, en ellos se parte de la función social de la educación, se impulsa la perspectiva de promover el desarrollo humano sostenible, el cual se concibe “no sólo en un perfeccionamiento en el sentido empresarial de la expresión, sino en un sentido más amplio, con la educación y la formación como elementos esenciales”.

La recomendación de este organismo es clara: el Estado debe considerar la inversión en la educación como una inversión social a mediano plazo y resulta urgente que los países en desarrollo refuercen el financiamiento que permita el crecimiento de su matrícula (Díaz Barriga: 1999: 384).

La UNESCO recomienda tres principios: relevancia, calidad e internacionalización:

1. La relevancia entendida como el papel y sitio que ocupa la educación superior en la sociedad. Funciones de docencia, investigación y servicios así como sus vínculos con el amplio mundo del trabajo, las relaciones con el Estado y el financiamiento público.

2. La calidad considerada de manera pluridimensional, no sólo en sus productos sino en los procesos del sistema educativo superior –personal académico, programas, estudiantes, infraestructura, entorno interno y externo, cultura de la evaluación, de la regulación y la autonomía, responsabilidad y rendición de cuentas-, el cual deberá funcionar como un todo coherente para garantizar la pertinencia social.

3. El principio de internacionalización, debido a la movilidad de las personas y el aumento de los intercambios entre universidades de distintos países, lo cual podría redituar en un mayor entendimiento entre las culturas y una mayor difusión del conocimiento.

El documento de la UNESCO señala la necesidad de que los gobiernos garanticen el cumplimiento del derecho a la educación superior, asuman la responsabilidad de su financiamiento en el marco de las condiciones y exigencias propias de cada sistema educativo.

Además, invita a la cooperación y solidaridad como elemento fundamental para hacer frente a los desafíos que plantea la realidad educativa superior actual, sobre todo para resistir a la polarización, marginación y fragmentación del conocimiento –lo que es particularmente agudo entre algunas regiones del mundo y aún al interior de los países-.