Los noventas etapa evaluadora

En la década de los noventas se da un proceso de transformación que regulaban las relaciones entre el Estado y las universidades, en México. Así, de un Estado relativamente ausente y benevolente en la asignación de recursos a la educación superior –en los setentas-, se dio paso a mecanismos de evaluación y asignación de recursos financieros que permitieron establecer un modo distinto de relación entre las agencias gubernamentales y las instituciones universitarias.

Las políticas y medidas que se instrumentan en los ochentas enfatizaban los controles de calidad y eficiencia para acceder a nuevas formas de financiamiento. Es decir, se pasó de las formas convencionales de planeación a formulas de programaciones fundadas en evaluaciones ex post facto para medir el desempeño y la productividad, lo que permitió vincularlas con procesos de asignación presupuestal: asignación de fondos para instituciones, proyectos y programas, becas, incentivos y salarios, entre otros.

Las formulas de desplazamiento en la planeación hacia la evaluación, representa el nuevo dispositivo gubernamental fundado en los principios de la vigilancia a distancia y la autonomía regulada del sistema de educación superior y de cada una de las instituciones que lo integran.

A este desempeño del Estado se le conoce como el Estado evaluador, el cual opera de manera paradójica, en teoría conlleva una menor intervención directa y control a distancia de las universidades y permite una mayor participación de la sociedad civil en los procesos de evaluación y acreditación pero, en los hechos, tiene ingerencia directa y conducción en la orientación de las mismas (Muñoz: 2002: 63).

Este nuevo modelo de coordinación o regulación del Estado con las universidades adquiere normas, mecanismos y procedimientos, que se adentraron en ámbitos institucionales específicos, hasta generar sistemas e instrumentos de autoevaluación.

Así, las universidades, actúan bajo el principio de autonomía regulada, los criterios y ajustes les fueron impuestos desde afuera, se encargan de medir la calificación de rubros, como: la eficiencia terminal, el nivel de empleo de sus egresados, la vinculación con la industria y la sociedad, la adecuación de su funcionamiento y normatividad.

A partir de 1990 se dio inicio a este tipo de evaluaciones tanto en las universidades como en los institutos tecnológicos públicos.

De lo anterior se desprende el extenso número de instrumentos de evaluación y acreditación que se diseñan desde finales de los años ochenta e institucionalizan a partir del Programa para la Modernización Educativa de 1989, lo cual dio pie a la creación de la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior (CONAEVA).

El repertorio de instrumentos de evaluación, abarca a los diversos actores e instancias que intervienen en los procesos educativos: instituciones, programas académicos, profesores, estudiantes y profesionistas (Mendoza: 2002: 301).

La evaluación de instituciones. La cual adquiere su fuerza como dispositivo para conocer los resultados de cada universidad y para el ordenamiento institucional, en la medida en que se articula a financiamientos otorgados por diversos programas y fondos –por ejemplo, el Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES) o el Programa de Apoyo al Desarrollo Universitario (PROADU).

Acreditación de instituciones. El primer organismo acreditador para instituciones de educación superior en México se da en 1992 el sector privado, a través de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES).

Evaluación de programas académicos. En 1991 se constituyeron los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, siendo los pares los que opinan sobre la pertinencia y deficiencias de un programa académico, su evaluación es diagnóstica y la información sólo se entrega a la institución visitada, por lo que no es pública.

Acreditación de programas académicos. Diversas asociaciones de escuelas y facultades, desde la década anterior, iniciaron un proceso para el establecimiento de mecanismos, estándares y criterios para la acreditación de programas, sobre todo a nivel licenciatura. Esta acreditación busca reconocer y garantizar al público la existencia de un conjunto de normas y criterios mínimos de buena calidad en los programas académicos.

Con el propósito de dar confianza sobre la capacidad técnica y operativa de las organizaciones que acreditan programas académicos, se creo en el año 2000 el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES).

Acreditación de programas de posgrado. Desde 1992 se creo un procedimiento para reconocer la calidad de los programas de posgrado por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, conformándose así el padrón de posgrados de excelencia. Si bien este mecanismo ha tenido un impacto en el fortalecimiento de programas de calidad –que era necesario dado la explosión de la oferta que generó un caudal de credencialización académica a través de programas de dudosa consistencia-, ha descuidado los apoyos a programas emergentes así como a maestrías y doctorados de orientación profesional.

Díaz Barriga (1999: 382) afirma que los criterios que se siguen para determinar los programas que ingresan al Padrón de Excelencia, son los mismos que se aplican en los Estados Unidos…: número de doctores, investigadores activos, relación alumno-profesor, número de publicaciones, tamaño de la biblioteca, tiempo de dedicación de los estudiantes entre otros.

Evaluación de proyectos para asignar recursos económicos. Esta modalidad, se inicia en 1990, consiste en asignar recursos extraordinarios para los proyectos universitarios sugeridos por los resultados de los autoestudios institucionales y que podrían conducir a una mayor calidad educativa. Para ello se creo el Fondo para Modernidad de la Educación Superior (FOMRS).

Además, se definieron líneas estratégicas de desarrollo por parte de las autoridades educativas, con el propósito de que las universidades presentaran proyectos a ser dictaminados y apoyados financieramente.

Exámenes generales de alumnos. Estos comprenden los exámenes generales de ingreso a bachillerato y a licenciatura, y exámenes generales de egreso de licenciatura. Son aplicados por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), que fue constituido en 1994.

Evaluación del personal académico para acceder a estímulos. Una tendencia relevante en los noventa es la articulación de una serie de procedimientos de evaluación del desempeño individual así como de programas de formación y actualización académica, que permiten acceder a mejores formas de remuneración o concursar por una serie de estímulos, a ello responde el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) y las becas por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Esta búsqueda del rendimiento y la productividad, ha implicado la transformación en la manera de distribuir las funciones, tiempos y relaciones de gran parte de los académicos y a permitido que los académicos operen con una autonomía práctica, apartándose así de los colectivos académicos o actividades colegiadas (Ibarra: 2000: 92).

Evaluación internacional o reconocimiento internacional de la certificación profesional. El proceso de internacionalización y los crecientes cambios académicos, requieren de comparaciones en los estándares internacionales. La organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ha llevado a cabo evaluaciones de la educación superior y la investigación científica en México.

Regulación de las profesiones. Considerando las disposiciones de la ley reglamentaria en materia de profesiones, se buscó mediante este mecanismo adecuar la regulación de las profesiones a las nuevas tendencias del mercado profesional y a los nuevos tratados internacionales. Para esta tarea se solicitó la intervención de los colegios de profesionales. Los resultados a la llegada del año 2000 sólo fueron anteproyectos de ley para una mayor vigilancia del ejercicio profesional.

En síntesis, se puede decir, que durante los años noventa, la educación superior en México intentó responder a los patrones internacionales y la dinámica de la economía, dado el proceso de globalización en el que se encontraba inmerso el país. De ahí que se atendieran los criterios de calidad y excelencia de la educación, sin descuidar la equidad y cobertura, así como se diversificaron los mecanismos de evaluación y acreditación.