3.2. Una mirada crítica sobre la reforma y el contexto

Se parte de considerar que hubo imperativos políticos que fundamentaron las reformas. El primero de ellos anima al movimiento reformista bajo la premisa de reducir los presupuestos del sector público en el marco de la profunda crisis que sufren los países de la región. Un segundo –que afecta particularmente al polimodal-, está intrínsecamente ligado al paradigma de la nueva economía mundial: se trata de las innovaciones impulsadas por la competitividad, como una estrategia de poner a la educación a la altura del proceso de mundialización; sus objetivos son básicamente incrementar el rendimiento académico de los alumnos, a los fines de brindarles el aprendizaje de aquellas competencias laborales, con el objeto de incorporarlos como capital humano competitivo al sistema productivo que ya toma rasgos definitorios a nivel mundial .

Entre estas prescripciones se incluye la inminente necesidad de una transformación educativa en nuestro país y, dentro de ella, la reforma e implementación de la escuela media bajo la bandera de “refundar” un nivel atrasado y alejado del contexto de las transformaciones tecnológicas del nuevo siglo que se avecinaba. Se trató básicamente de relacionarlo con el mercado laboral mediante la formación de competencias.

La idea principal aquí, expresada por el especialista en educación y trabajo Pablo Imen es que las propuestas de la nueva derecha se basan en determinados supuestos y concepciones que se traducen tanto en acciones prácticas como en políticas públicas dirigidas a reconfigurar el sistema educativo en su conjunto, asegurando una mutación que permita acceder, por vía educativa, a la competitividad internacional y al desarrollo de la moderna ciudadanía.

Al hablar de moderna ciudadanía, se hace referencia a que desde las tendencias políticas hegemónicas se alienta la producción y reproducción de un ciudadano sumiso y eficiente como trabajador y cliente. Es preciso obtener de este nuevo ciudadano las destrezas necesarias para asegurar su aptitud productiva de acuerdo con los parámetros de calidad y eficiencia del mercado. De esta manera, al proyecto del ciudadano de la modernidad –apenas iniciado en estas latitudes- se intenta reemplazarlo por el de agente económico, en sus dimensiones de productor y consumidor. En la actualidad habría que hablar, además, de una ciudadanía escéptica y carente de mayores expectativas políticas ante el futuro inmediato .

El reordenamiento del sistema educativo estuvo basado en un sentido a la vez liberal en lo económico y conservador –autoritario- en lo político. El eje de la postura hegemónica fue producir una visión, una lógica de la práctica por la que cada actor vea, sienta, actúe y hable de y hacia el mundo de una manera, excluyendo otras formas de actuar y sentir. A su vez, la imposición de esa visión no es llevada a cabo por la fuerza, sino por medio de sistemas simbólicos con los que se supone que las personas actúan, interpretan y organizan el mundo .

Como Bresser Pereira sostiene, las transformaciones suscitadas en los ’90 desde la perspectiva neoliberal implicaron básicamente cuatro cuestiones. En primer lugar, una nueva delimitación de las funciones del Estado a través de diversos mecanismos como las privatizaciones y la terciarización. En segundo término, la reducción del grado de interferencia del Estado al efectivamente necesario a través de programas de “desregulación”. Como tercer aspecto, el aumento de la “gobernación” del Estado, es decir que éste posea las condiciones financieras y administrativas para transformar en realidad las decisiones que toma. Por último el aumento de la gobernabilidad , traducido en la mayor capacidad de las instituciones políticas para ampliar la legitimidad (que esconde una pretensión de mayor control social).

Las transformaciones generadas en el sistema educativo desde la sanción de la Ley Federal de Educación pueden analizarse como un complejo proceso de construcción de nuevas regulaciones de tipo posfordista: “…en términos abstractos, sus objetivos económicos y sociales pueden sintetizarse en la promoción de innovaciones de productos, de procesos organizacionales y de mercados, el mejoramiento de la competitividad estructural de las economías abiertas, principalmente del lado de la oferta; la subordinación de la política social a las exigencias de la flexibilidad del mercado de trabajo y de competitividad estructural” .

En función de estas argumentaciones, se sostiene que las situaciones de aplicación de la Ley Federal en las provincias se encuentran íntimamente vinculadas con la construcción de los mecanismos de gobernación y gobernabilidad, es decir, esta “capacidad política de gobierno para intermediar intereses, garantizar la legitimidad y gobernar en cada jurisdicción. Las provincias, en general, privilegiaron trasladar o construir los mecanismos de gobernación generados desde el estado central y apelaron a mecanismos de control jerárquico de tipo burocrático y tradicional. Por otro lado, los mecanismos de gobernabilidad, es decir aquellos para lograr legitimidad fueron informales, paralelos y selectivos de acuerdo al actor involucrado, por ejemplo el sector privado en la educación, o el gremio docente en la reubicación de cargos…”