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REPLANTEANDO LA INTERACCIÓN GOBIERNO-SOCIEDAD: LECCIONES DE LA GOBERNACIÓN AMBIENTAL EN LA FRANJA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS

Ricardo V. Santes-Álvarez


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6.2.2. Memorando de Entendimiento

A mediados de los setenta, México y Estados Unidos aún confrontaban un amplio espectro de problemas de contaminación transfronteriza. El papel de la CILA en materia de sanidad continuó limitado a trabajos sobre problemas de drenaje en ciudades que carecían de infraestructura para prevenir riesgos a la salud; con atención en las áreas de Mexicali-Calexico, Agua Prieta-Douglas, “Ambos Naco” y “Ambos Nogales”, pues las otras ciudades fronterizas estaban procesando sus aguas residuales sin dificultad aparente. Sin embargo, en algunas áreas, el crecimiento poblacional empezó a desafiar los trabajos de la comisión, al causar contaminación en varios cauces, como el río San Pedro, en el valle de Mexicali-Imperial y el río Bravo, desde Paso del Norte hasta Matamoros-Brownsville.

A fines de la década, los operadores ambientales de México y Estados Unidos habían percibido una presión social incrementada demandando solución a problemas para los que la CILA mostraba incapacidad de gestión. Buscando alternativas, autoridades de ambos gobiernos realizaron contactos adicionales a los que normalmente se canalizaban a través de la comisión, los que cristalizaron en junio de 1978, cuando la EPA y la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente de México (SMA) firmaron un “Memorando de Entendimiento” para la cooperación en la resolución de los problemas comunes.

Seis de los 13 Acuerdos del memorando se traen a la discusión. El primero, comprometió a ambas partes a realizar esfuerzos para resolver sus problemas, así como cualquier iniciativa de protección ambiental, a través de intercambios de información y personal, y creación de proyectos paralelos. Los acuerdos segundo y tercero convocaron a llevar a cabo acciones conjuntas sobre asuntos específicos, realizar reuniones anuales, discutir los problemas y coordinar políticas, y participar en todas las ramas de la protección ambiental. El acuerdo cinco fue más comprometedor, porque estableció que las sesiones que realizaran los participantes no se limitarían a tratar asuntos de frontera, sino que podrían incluir “discusiones de todas las áreas de protección y mejoramiento ambiental”; en adición, reconoció a la CILA como responsable de los problemas de sanidad. El acuerdo ocho especificó que los principales objetivos del memorando eran el desarrollo de programas para enfrentar la contaminación y el de un sistema preventivo para alertar a ambos gobiernos sobre los riesgos ambientales. También aspiró a la revisión y consulta pública de políticas y estrategias en la colección e intercambio de información. El acuerdo 10, por su lado, estableció que cada una de las partes debería responder por los costos que implicara su participación para el cumplimiento del memorando.

El memorando de entendimiento fue uno de los primeros intentos de México y Estados Unidos para tratar de manera conjunta los problemas ambientales transfronterizos dentro de un esquema legal y político amplio. Infortunadamente, en ningún momento estableció una lista de prioridades o propuesta de acciones, un marco normativo para la contaminación transfronteriza, o un área-región para llevar a cabo trabajos en campo. Pero el aspecto más importante de este intento bilateral es que recibió un apoyo mínimo por parte de los gobiernos federales.

El memorando estaba “cruzando la línea” al opacar el desempeño de la CILA. Su política de apertura ofrecía la posibilidad de incluir al público, así como de influir en el desarrollo de actividades en áreas no fronterizas; además, fue abierto al concurso de autoridades federales y locales, representantes del sector salud, y así por el estilo. Sin embargo, las expectativas acerca de su potencial para lograr un mejor ambiente fueron efímeras. La reunión de los presidentes López-Portillo y Carter, en la Cd. de México en febrero de 1979, regresó la CILA a su posición privilegiada: un comunicado conjunto instruyó a la comisión, “en el contexto de los acuerdos existentes”, a continuar progresando hacia la solución permanente de los problemas de sanidad en las aguas fronterizas. Acto seguido, la comisión firmó la “Minuta 261”, la cual extendió su jurisdicción al área de sanidad. La comisión definió como “problemas sanitarios” aquellos casos en los cuales las aguas que cruzan la frontera o que fluyen en los límites de los ríos Bravo y Colorado presentan condiciones que amenazan la salud y bienestar de los habitantes; o que dañan los usos benéficos de esas aguas.

El memorando tuvo éxito en cuanto provocó que la CILA pusiera mayor atención al ambiente fronterizo, y allanó el camino para aproximaciones más definidas a los problemas. También fue detonante de algunas iniciativas de descentralización en México, lo cual permitió la emergencia de iniciativas locales (una de ellas fue el acuerdo entre el condado de San Diego, el Departamento de mejoramiento del ambiente de Baja California, y la delegación de la SMA en Baja California, en 1981, que comprometió a las partes a actuar conjuntamente frente a los problemas de contaminación del aire).

El memorando de entendimiento ofrece tres lecciones adicionales para la gobernación ambiental fronteriza; primera, la necesidad de mayor responsabilidad de las autoridades de ambos lados de cara a los asuntos; enseguida, la demanda de mayor compromiso oficial para otorgar la palabra a los ciudadanos ordinarios respecto a asuntos que los afectan directamente; y tercera, la obligación por parte de la burocracia de reconocer que los asuntos ambientales, por su complejidad, no deben tratarse con decisiones técnicas únicamente. El memorando significó un deseo explícito de la autoridad por brindar a las iniciativas locales un asiento de primera fila en el proceso de toma de decisiones, es decir, una propuesta novedosa de descentralización de las decisiones públicas; significó, en consecuencia, el nacimiento de aspectos de la gobernación que resultaban más complejos y, sin duda, difícilmente cubiertos por la CILA. La mala noticia es que sus intenciones no trascendieron pues se trataba de lidiar con aspectos para los cuales los gobiernos de ambos países no estaban preparados.


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