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MARCO INSTITUCIONAL DE LA CONTABILIDAD Y LAS FINANZAS

Alfonso Galindo Lucas



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9.5. Fenómenos recientes y tendencias

Mientras se practica el proteccionismo para las actividades reales, para el capital financiero se procura la mayor liberalización posible. Tanto en el mundo de las finanzas como de las nuevas tecnologías y tanto en Estados Unidos como en Europa, la confluencia de intereses de ambos capitalismos obtuvo una atractiva desregulación en materia de competencia, contabilidad, fiscalidad, remuneración a directivos, etc. Se partía de la base de que "las barreras de tipo legal y administrativo… imposibilitan la correcta asignación de los recursos financieros" (Oliver, 1996, p. 31) y por lo tanto, era la regulación y la intervención administrativa el principal enemigo de la eficiencia en los mercados.

Sin embargo, ya desde la crisis de 1991, el neo-liberal Fondo Monetario Internacional, el Congreso estadounidense y otras importantes instituciones públicas y privadas habían comenzaron a alertar sobre los elevados riesgos de los mercados de derivados. El polémico caso de las stock options (opciones sobre acciones) de Telefónica fue un calco de la práctica en el mismo sector en EE.UU., a pesar de que en ese país ya se había vuelto impopular esta forma de remuneración. Por consiguiente, el escándalo fue también importado coincidiendo con la polémica en aquél país.

En el terrible septiembre de 2001, afortunadamente para la Economía, ya se sabía que la Administración pública, en caso de catástrofe, debía intervenir suspendiendo el proceso de negociación. En otros muchos casos en que las instituciones han intervenido o se han negado a intervenir, se ha actuado precisamente con tendencia a favorecer movimientos (conjuntos de operaciones) que desvirtuaban variables como el tipo de cambio o de interés o perjudicaban la inflación o la inversión de los distintos países y que restringían la libre competencia en los mercados en que se intervino o en otros que dependían de ellos.

Este “exceso de liberalismo”, que no es más que una restricción o adulteración de la libre competencia, se aparta de los propios objetivos de liberalización proclamados en las cartas fundacionales de éstos organismos. Esta aparente paradoja ha sido atribuida erróneamente por Stiglitz a posiciones dogmáticas de los gobernantes de las instituciones, es decir, encaprichamientos infantiles, equivocaciones, en definitiva, el llamado “fundamentalismo de mercado”. Sin embargo, el integrismo liberalista no puede ser utilizado como explicación sí como pretexto puesto que, en primer lugar, el propio Stiglitz reconoce que la “concepción original [del FMI] se basó en el reconocimiento de que los mercados a menudo no funcionaban” (2003, p. 52). En segundo lugar, los efectos perniciosos de dichos “errores” no son aleatorios, casuales, ya que no afectan por igual a todos los países o a todos los intereses empresariales, sino que favorece a los países ricos, en detrimento de los más pobres y a las grandes corporaciones en detrimento de los contribuyentes.

Se aprecia claramente que la forma en que se exceptúa la idea de mercado no es arbitraria o caótica, sino que se favorece sistemáticamente a determinados intereses (Stiglitz, 2003, pp. 87-88). Se verá que los mercados tradicionales no son suficientes para los grandes capitales que buscan diversificar el riesgo. A raíz de esto, surgen nuevos sectores y nuevos países, considerados “emergentes”.

Los mercados e instituciones no son independientes del Sistema monetario, que se define como conjunto de normas o acuerdos internacionales acerca de la convertibilidad de las divisas, que tienden a reducir el riesgo de cambio en las operaciones comerciales. La necesidad de buscar mercados para los productos de las empresas internacionalizadas sigue estando en la base de las decisiones de política económica más importantes, a nivel nacional e internacional, incluyendo las que afectan al tipo de cambio.

Los mercados financieros son un claro ejemplo de asimetría, tanto en la información que se maneja64, como en las cantidades con que se opera, el riesgo que se asume, los beneficios obtenidos y reinvertidos por los agentes, etc. Además, en las operaciones de compra y de venta no sólo influye el ánimo de lucro directo de dichos mercados, mediante arbitraje (oportunismo), sino razones geopolíticas y estratégicas de más amplio alcance, relativas a mercados de productos y factores, y de importantes implicaciones sociológicas.

Según Brunet y Belzunegui (2000), los mercados financieros desempeñan un papel muy diferente del que les asigna la Teoría Económica. Se supone que los mercados financieros actúan como un péndulo, pero se parecen más advierten estos autores a una bola de demolición.

El fenómeno de los mercados tecnológicos es un invento que tiene mucho que ver con la imperfección de los mercados, concretamente, con la incertidumbre y la obtención de altos beneficios. Consisten en un artificio institucional que separa sistemáticamente la cotización de aquellas empresas posicionadas en sectores más tradicionales del riesgo de fluctuación que suponen las empresas de tecnología emergente, por lo general de menor poder y tamaño que las anteriores. Por medio de ellos, se separa a los inversores más conservadores de los más temerarios. Esto permite encauzar a los capitales más inestables hacia la búsqueda de grandes rentabilidades, liberando de oscilaciones indeseadas a aquellos valores con vocación de seguridad, como los emitidos por la banca. Esta solución es bastante buena, pero su puesta en práctica exige restringir las cualidades de un mercado competitivo, en que los productos fueran homogéneos. He aquí, pues un ejemplo de regulación, más que de intervención, aunque en el ámbito europeo, se puede afirmar, en cierta medida, que la regulación de los mercados de capitales se privatiza y se internacionaliza.

En los mercados de deuda pública, los títulos emitidos por organismos públicos no financieros se tratan como activos sin riesgo. Esto es así porque existe una probabilidad casi nula de que el ente emisor entre en bancarrota o deje de devolver, por algún motivo, el capital invertido. Esto es una ventaja para el emisor, puesto que la ausencia de riesgo le permite obtener un tipo de interés más reducido que a otros agentes económicos. Esto conllevaría una mayor rentabilidad neta en aquellas inversiones financiadas directamente con capital público, al margen del aireado debate acerca de la eficiencia en las empresas públicas. En la actualidad, gracias a las cualidades de los títulos que se negocian, los mercados de deuda pública son más bien un instrumento de política económica que de financiación de los Estados, pues permite la intervención de la Autoridad monetaria para controlar los tipos de interés y, de una forma más solapada, sirve para infundir estabilidad en los mercados, gracias a la disminución del riesgo conjunto. Su función de apalancamiento de las inversiones públicas tiende a desaparecer.

El mercado de divisas, totalmente liberalizado con la supresión de las políticas cambiarias estatales, depende en buena medida de los mercados monetarios y de capitales, aunque en ellos también realiza operaciones la autoridad monetaria de cada país o zona monetaria, a fin de mantener o modificar la paridad, mediante la compra o venta de divisas. En este mercado se articula la política monetaria común, a favor de un determinado tipo de cambio. Es otro ejemplo de intervención necesaria para fomentar el intercambio comercial y turístico, en la medida en que los tipos de cambio de la divisa sean más estables. Desde 1999, entre los países de la Zona euro, el riesgo de cambio desaparece y la política cambiaria es una política común. Entre estos países y los periféricos del pacto de estabilidad monetaria, dicho riesgo se reduce a mínimos, debido al sistema de paridades. Esto es algo positivo para el intercambio comercial y tecnológico intra-europeo, pero pone de manifiesto la incapacidad de la cooperación multilateral y envilece el papel del Estado. Si los Estados en Europa ya no tienen posibilidad de ejercer la política monetaria, desde 1999, abandonaron mucho antes la política cambiaria. En España se suprimió el control de cambios definitivamente en 1991 y se liberalizó mundialmente la circulación de capitales en febrero de 1992. Si quisieran volver a retomar ese control, sería imposible lograrlo, porque la desinversión es más líquida que la entrada en vigor de decretos. Ahora los mercados de capitales escapan al control de los Estados. El dinero caliente no desea un país quisquilloso y no más se produjesen rumores de cambios legislativos el déficit por cuenta corriente sería imposible de saldar, los precios bursátiles se derrumbarían y los propios inversores residentes evadirían sus fortunas. Las empresas locales no podrían obtener financiación, a menos que salieran a cotizar al extranjero.

Por el auge experimentado en estos tres lustros, tal vez sean los mercados de derivados los más paradigmáticos o curiosos. Las operaciones de derivados son, a grandes rasgos, apuestas sobre el precio que alcanzará un activo, ya sean títulos valores, divisas o incluso índices bursátiles. Dichas operaciones, por muy voluminosas que puedan ser, han dejado de tener interacción alguna con la denominada “economía real”, es decir, no financian las operaciones productivas. Estos mercados no están sometidos a estricta regulación por parte de los poderes públicos, los productos financieros son homogéneos y no existen restricciones de entrada y salida, excepto algunas indivisibilidades. Pueden ser usados por las empresas como mecanismos de cobertura del riesgo de cambio (Camino y Cardone, 1995), cuando se compran y venden opciones sobre divisas, lo cual resulta bastante interesante en operaciones entre países cuyas monedas no están sometidas a una mutua disciplina cambiaria. Dentro de los tipos de mercados financieros, estos son la excepción, pues, hasta el momento, la política de ‘dejar hacer’ está resultando correcta en todos los sentidos. Los precios de futuros, opciones, swaps y seguros de cambio se dejan contagiar de la euforia o el pesimismo de títulos valores, pero no se suele ver contagiada la bolsa del frenesí especulativo de los derivados. Por sus características de mercado cuasi-perfecto, han sido muy estudiados desde el trabajo de Black y Scholes (1973). A pesar de que se pueda conocer cierta eficiencia en su funcionamiento, la propia necesidad de estos instrumentos de cobertura refleja la existencia de riesgo, en general, en todos los mercados financieros y no financieros.

El 7 de junio de 2004, toma posesión por cinco años, como director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) un español, Rodrigo Rato Figaredo. Su elección suscitó un renaciente interés científico y periodístico por esta institución multilateral, en el 60º aniversario de su fundación. Diez años antes, la redondez de la cifra cumplida fue el inicio de una actitud global de protesta que luego perdió efectividad. En el optimismo que rodea este nombramiento hay dos errores descomunales; uno de origen formal y otro de origen material. El primero es el procedimiento por el que se le elige y el segundo los motivos.

La consecución de un déficit público cero en la Administración Central del Estado, en un tiempo récord, a base de privatizaciones, fue aclamada como algo que venía siendo muy necesario para la economía nacional y que ya iba siendo hora de que se llevase a cabo. No había mejor ocasión posible que los criterios de convergencia con la Unión Europea, como requisito previo a la implantación del euro. España fue el único país que cumplió sobradamente los requisitos de austeridad, seis meses antes de la fecha en que esto era necesario. El procedimiento, básicamente, consistió en privatizar de una manera más bien apremiada. Las privatizaciones suponen una inyección financiera al Tesoro público, pero a veces crean situaciones de competencia injustas.

Entre los países que entraron a tiempo, Alemania se permitió imponer al resto de los Estados miembros unos criterios de convergencia que ella misma prefiere incumplir. Consiguió mantener su producción interior, no enfriarla; a cambio, ella misma se dio un discreto "tirón de orejas" por medio del Banco Central Europeo. Por su parte, Grecia se incorporó al euro de manera excepcional, es decir, a pesar de no haber cumplido satisfactoriamente los requisitos que se habían considerado ineludibles. Se trató de una decisión política. España y Grecia, junto con Italia, son los países mediterráneos europeos susceptibles de servir a intereses de Estados Unidos. Es evidente que estos países tenían que entrar en la zona euro, para que pudieran integrarse con intereses continentales. Si España estaba en las mismas condiciones que Grecia, ¿por qué no se aprovechó para decretar una austeridad de un grado menor, menos rígida?¿Por qué nos sacrificamos “apretando el cinturón” incluso más de la cuenta y antes de lo necesario? Pues bien, ése es el gran mérito de Rodrigo Rato. Nuestro ministro de Economía siguió religiosamente los dictados del Fondo Monetario Internacional. La consecuencia más inmediata a la política estabilizadora en España fue un enfriamiento de la capacidad de crecimiento de nuestra economía; otra fue el cumplimiento de los criterios de convergencia con Europa. La propia Unión Europea ha encontrado en el déficit cero una justificación para cerrar el grifo de la cohesión y los fondos estructurales.

En cuanto al Banco Mundial, del que actualmente el Tesoro estadounidense posee el 51%, es fácil concluir que también carece de autonomía y que sus actuaciones responden exactamente a los mismos objetivos. Por eso, cuando hablamos del FMI, nos referimos a un todo dirigido desde Washington. Es interesante recordar también que el BM el organismo de donde fue expulsado el economista jefe, Joseph Stiglitz, por haber manifestado públicamente sus desacuerdos.

La burbuja anda suelta y ahora no tiene dónde refugiarse: Por eso, los grandes inversores se han visto indirectamente favorecidos por una crisis internacional, debido a la reducción de la actividad y el empleo (la inmensa mayoría es empleo privado). Se ha dicho que esta crisis ha sido inducida por los grandes inversores internacionales, porque no existen nuevas tecnologías que definan sectores en los que refugiar enormes capitales; por ese motivo, se cubrirían las espaldas de la erosión monetaria, mediante una época de deflación.

En otras épocas se ha salido de la crisis a través de la innovación tecnológica. Tras la crisis de los setenta, la informática y la robótica fueron el sector emergente. Hoy, las biotecnologías y las energías renovables parecen ser el futuro de la actividad económica. Pero todo esto padece serios impedimentos institucionales. El sector del petróleo ha realizado una enorme inversión (que incluye la guerra en oriente medio) y esa inversión hay que amortizarla. En segundo lugar, la reconversión que están padeciendo las universidades paraliza el surgimiento de ideas y el desarrollo de la creatividad (aunque dicha reforma proclame justamente lo contrario).

Ahora, los consumidores están detraídos y la deflacción protege momentáneamente la erosión de los capitales nominados en divisas fuertes, pero no protege del coste de oportunidad. Las autoridades monetarias (Reserva Federal y Banco Central Euopeo) tiran los tipos de interés para tratar de reactivar la economía, pero a los grandes inversores eso no les interesa (a los bancos, sí).

Si los consumidores, en los países desarrollados, han detenido el consumo, en los países pobres se está viviendo una vuelta al campo (y a las guerrillas) o a la jungla. Los flujos migratorios se están reduciendo notablemente desde el inicio de la crisis. Los vehementes de la economía neo-institucionalista proclaman que las medidas de "barrera" o "frontera" están dando resultado y disuadiendo la inmigración clandestina. Pero es la migración, en general, la que se está reduciendo y es la crisis lo que la está frenando.

El modelo de austeridad o "convergencia" de los años 90 y principios del milenio ya no sirve. Los estados vuelven a políticas intervencionistas y déficit público. El estado vuelve a ser necesario, pero su autoridad tiene una territorialidad limitada. Los gobiernos están en manos de los grandes inversores, salvo que se proceda a una integración política a nivel mundial.

El proceso de integración mundial se está produciendo, pero de una forma perentoria que pasa sobre los derechos y garantías de los ciudadanos. En la nueva Europa, teóricamente, todos tienen derecho a hacerse ricos, pero no a entrar en el embarcadero de un aeropuerto con el cinturón puesto. El modelo social y civilizado, basado en las garantías y las libertades, está siendo sustituido por un modelo antropológico anglosajón (propio de los pueblos bárbaros o germanos), basado en las "oportunidades" y la autotutela.


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