5.3. LA IGLESIA EN EL SALVADOR: ÉPOCA CONTEMPORÁNEA

El Salvador, a la par que en Guatemala, experimentó una revolución en 1871, justificable en parte por el descontento con el régimen anterior, presidido por Francisco Dueñas (1863-1871), altamente favorable a la Iglesia, y que habría de pagarse con una persecución religiosa en dos etapas: 1872-1876 y 1881-1885. En 1872 la Iglesia florecía en El Salvador, presidida desde 1853 por un viejo, prudente y enérgico prelado, don Miguel Pineda Saldaña, muerto en 1875. Éste sufrió un destierro en 1861 por su oposición pastoral a la exigencia gubernativa de que el clero prestase un juramento incondicional a la Constitución.

La acción social estaba en manos de los capuchinos y de un reducido grupo de jesuitas que trabajaban directamente con el pueblo. Había dos congregaciones de religiosas consagradas a la beneficencia y a la educación de las niñas, preferentemente de las más pobres; circulaba un pequeño periódico religioso, batallador e incisivo: “La Verdad”. Las relaciones existentes entre Iglesia-Estado estaban reguladas por el Concordato de 1862, y se había organizado un seminario que, al empezar la hostilidad anticatólica, contaba con 12 seminaristas mayores.

La persecución religiosa fue la combinación de tres factores: el influjo de Guatemala, de la masonería infiltrada en el viejo Gobierno y del viejo liberalismo, introducido tras la llegada del mariscal Santiago González (1871-1876) al poder. Las dificultades empezaron a causa de la reticencia del obispo y del clero a la revolución, aun aceptando al nuevo gobierno.

La Constitución de 1871, de corte laicista y jurisdiccionalista, aunque de tinte confesional, reconocía lo siguiente: “La religión católica, apostólica y romana es la religión del Estado y el Gobierno la protegerá, pero se tolera el culto público de las sectas cristianas en lo que no ofendan a la moral y al orden público”. Un año más tarde, en 1872, el presidente de Guatemala, García Granados, el liberal que había expulsado a los padres jesuitas de su país, visita El Salvador. Las autoridades eclesiásticas, con Mons. Saldaña al frente, se negaron a participar en los homenajes preparados mostrando así su protesta ante el perseguidor de la iglesia guatemalteca.

El tratado Arbizú-Samayoa contemplaba en una de sus cláusulas la expulsión de los jesuitas. Esta posibilidad suscitó la movilización del liberalismo callejero con una larga serie de protestas y movilizaciones contra la política del Gobierno debido a que la Iglesia ayudaba en gran medida a las clases medias y medias-altas. Las cosas no sufrieron cambios en los años siguientes sino que empeoraron: expulsiones de sacerdotes, supresión del periódico “La Verdad”, destierro de los capuchinos, ruptura del Concordato, secularización de los cementerios y en 1875 expulsión del celoso y joven obispo auxiliar de San Salvador, don José Luis Cárcamo, con algunos sacerdotes del Cabildo catedralicio. Esta expulsión del joven obispo era necesaria y obligatoria por parte del Gobierno al resultarles demasiado incómodo, ya que en sus visitas pastorales despertaba el entusiasmo religioso de la población, celebrando hasta más de 100.000 confirmaciones, muestra de su capacidad de conversión. El gobierno trató de persuadir al Papa Pío IX de que el prelado adolecía de una enfermedad mental con el pretexto de trasladarlo a otra diócesis, pero la Santa Sede se negó. El gobierno se valió de un motín ocurrido en San Miguel en junio de 1875 para proceder al destierro acusando al obispo de ser el secreto causante de la asonada. Éste tomó rumbo en dirección a Nicaragua.

La Iglesia sufría de hostilidad, sarcasmo y violencia en aquellos años, pero el pueblo conocía bastante bien quiénes eran los perseguidores. Monseñor Cárcamo, ya en Nicaragua, consiguió por prescripción canónica gobernar desde Nicaragua a su iglesia de El Salvador. La división del partido liberal, las disensiones de la masonería y las apetencias de Guatemala llevaron al gobierno del nuevo presidente Carlos Andrés Valle (1876) a permitir el regreso del prelado, que en vez de exigir una reparación por lo sucedido, atendió más a las necesidades espirituales de su pueblo y escribió: “Si estuviéramos en tiempo de paz, debería yo esperar que el gobierno diera a la Iglesia mejores garantías; pero en tiempo de guerra el pueblo sufrirá inmensas calamidades y debemos ir a aliviarlo y consolarlo. Tal vez pronto nos volverán a expulsar, pero nada valen nuestros personales sufrimientos si logramos evitar algunos a nuestros diocesanos o compartir con ellos los dolores y las desgracias. Baste que no nos cierren las puertas de nuestra diócesis para que volemos a auxiliarla y a favorecerla en cuanto podamos” .

A su llegada a El Salvador monseñor Cárcamo recibió el acogimiento triunfal y espontáneo de la población, que mostraba así el claro divorcio entre la legislación y el sentimiento popular. El nuevo gobierno de Rafael Zaldívar (1876-1885) empezó con el apoyo a la Iglesia filtrado por la influencia directa del gobierno de Guatemala, pero que proporcionó ayuda al obispo empobrecido para viajar a Roma en visita ad limia en muestra de su apoyo. Los últimos años del gobierno de Zaldívar constituyen una nueva forma de persecución “suave en las formas pero terriblemente destructora en el fondo, que hizo desaparecer por completo la religión profesada por nuestros padres en medio de todo lo oficial y gubernamental” .

La inferioridad de la Iglesia va creciendo con la aprobación de las siguientes constituciones de carácter antirreligioso (1880,1883,1886), que legislaban sobre la absoluta libertad religiosa, el matrimonio civil y la enseñanza laica, situación que llegará hasta 1945, año en el que de nuevo se devolvió la personalidad jurídica a la Iglesia, y en la que se escribió el adjetivo “libre” en vez del de “laica” en la parte dedicada a la educación. El carácter de monseñor Cárcamo le llevó a “luchar contra las leyes secularizadoras con el mismo denuedo con que los heroicos obispos de la primitiva iglesia lucharon en las primeras persecuciones” . Aparte de esto, promovió la enseñanza primaria cristiana en las parroquias (83 en aquel entonces), fundó cinco colegios, imprimió una hoja suelta titulada “La propaganda católica” y cuidó con singular atención de su seminario, despojado de todos sus fondos por el gobierno. Murió pobremente en septiembre de 1885 y dejó un legado importante en las conciencias de los salvadoreños que acudían a escucharle cada domingo y cada día de fiesta. Su sucesor, don Antonio Adolfo Pérez Aguilar (1888-1926) tampoco tomó parte en el Concilio Plenario, presumiblemente a causa de la revolución de 1898, encabezada por el general Tomás Regalado (1898-1903). El delegado apostólico Cagliero había quedado muy impresionado por el celo apostólico del obispo que en las visitas parroquiales revitalizaba la fe de los creyentes basándose en dos preocupaciones: la solicitud para la formación del clero y el amor a los pobres.

Tras el larguísimo episcopado de 38 años de monseñor Aguilar, que murió como un viejo patriarca, su sucesor, José Alfonso Belloso, conocido por “el cura Belloso”, vivió con su patria los agitados años revolucionarios de una conmoción social comparable, guardando las proporciones, con la revolución mexicana. El gobierno de Romero Bosque (1927-1931) promulgaba leyes tímidas y demagógicas y sufría una crisis económica por el descenso de los precios del café. El arzobispado denunciaba las obras del comunismo y del socialismo, dos movimientos que aparecían ya como fuerza seria en el Caribe mientras que en el cono sur habían cobrado una fuerza relativa. La carta pastoral de 1927, anticomunista, obedecía a motivaciones religiosas: “más ciego -decía- será quien no perciba el espíritu antirreligioso que informa esta tempestad en embrión” . Se creó un Consejo Diocesano de Acción Social Católica que no tuvo éxito por falta de preparación y de voluntarios. En 1928 se convocó la Semana de Estudios Sociales del Clero, un nuevo fracaso ya que el clero era escaso y sin preparación.

El documento sobre la Acción Social (8 de mayo 1930) exigía un salario justo, alimentación y habitación adecuada para los peones y educación y asistencia espiritual para obreros y peones. Reconoce el derecho que tienen los obreros para sindicalizarse y ofrece la mediación de la Iglesia “privada de recursos pecuniarios y de humano poder”, para mediar en la funesta tensión nacida entre capitalistas y trabajadores. Este documento pastoral se anticipa en un año a la encíclica “Quadragesimo Anno”.

En plena revolución, en enero de 1932, el arzobispo envió una circular a los terratenientes o “finqueros” porque “los derechos de los trabajadores han sido conculcados, con menoscabo de la justicia y la caridad que deben regular las relaciones de patronos y trabajadores” . La carta ni fue atendida ni aplicada.

Monseñor Belloso, aunque vuelve a insistir en mayo de 1932 sobre las exigencias de la justicia, no oculta su pesadumbre por la sordera de los ricos y la escasa repercusión de su magisterio episcopal: “Harto sentíamos que ni aquel primer grito de alarma (su pastoral de octubre de 1927), ni las exhortaciones que después acá hemos hecho, se recibían como deseábamos; antes se tergiversaban nuestros conceptos y se nos motejaba de parciales y mal informados, mientras se permitía propalar al sol y al aire ideas subversivas y cargadas de dinamismo destructor” .

La importancia de monseñor Belloso queda resaltada por Schlessinger: “Agustín Farabundo Martí, jefe máximo del comunismo en El Salvador (reconoció) en la prisión antes de ser fusilado, según testimonio fehaciente, que el único que en El Salvador podría resolver el problema social “era el cura Belloso” .

Ya en 1938 ocupó la archidiócesis de San Salvador monseñor Luis Chávez y González, del que la revista “Estudios Centroamericanos” escribía así: “Monseñor Chávez ha sabido, o por lo menos siempre lo ha intentado, acompañar estos cambios sin miedo y con una cierta intuición de hacia dónde se mueve la verdad cristiana” . La revista se refería a los cambios de una sociedad que pasó de un régimen de relativa “democracia” con Romero Bosque a una serie de gobiernos militares que sólo se fijaron en la represión como instrumento para contentar al pueblo, que cada vez sufría, con más fuerza, la ineptitud de sus gobernantes. La postura y la acción de la Iglesia en este tiempo es decisiva, pues tras un período de apoyo al gobierno muchos de los sacerdotes diocesanos y muchos canónigos se enrolaron en diferentes movimientos populares para luchar, con las armas si era necesario, para parar la carrera irrefrenable de violencia del gobierno, para parar un largo camino de muertos, de hogares destruidos, de niños abandonados y familias destrozadas; un camino de amargura, cerrado a cualquier negociación, cerrado al diálogo, con un único objetivo: MATAR, ejecutar hombres, asesinar o torturar a mujeres, niños o ancianos para legitimar un poder absurdo o poco coherente con la realidad que se sentía, una realidad que pedía libertad a gritos, pero que sólo obtuvo como respuesta un ¡No! salpicado de sangre.

La Iglesia, defensora de los derechos de los hombres, comenzó a tomar algunas iniciativas en contra de la represión, desaprobando un gobierno duro y frío. La Iglesia, cómplice secreta en los primeros años de la represión militar, conseguiría su puesto en la tierra de El Salvador y obtendría la confianza y la esperanza de un pueblo derrotado, abatido por tantos años de persecución, pero un pueblo aún con energías para seguir luchando por su libertad. El todopoderoso EE.UU., gran artífice y socio en la empresa constructora por su ayuda con material bélico y militar en muchas ocasiones, fue la mano que dirigió al títere salvadoreño a su antojo durante varias decenas de años. La inestimable colaboración de los EE.UU. (siempre dispuestos a echar una mano a veces buena y otras destructora), equilibró la balanza a favor del “gobierno títere” , comandado por la administración Reagan y su plan para probar la eficacia militar en Centroamérica, conocido como método de contrainsurgencia. La Iglesia, mediatizada por la corrupción creciente de algunos de sus prelados, luchará con las armas de la fe, de la cercanía al pueblo, de la compasión por las multitudes, del diálogo y de la amistad con todos, y especialmente con los más pobres, viendo en el pueblo salvadoreño, pueblo lleno de heridas y magulladuras, de huesos rotos y de hemorragias internas, a ese “hombre medio muerto” del cual habla el Evangelio . La Iglesia ha sido una “buena samaritana” para el pueblo salvadoreño, que intentó aferrarse, sin éxito, a algo sólido como los derechos humanos, que fueron repetidamente violados por los continuos abusos contra la población campesina. Con este panorama el período arzobispal de monseñor Chávez y González se presenta como el más duro, el más difícil, casi el “más imposible”, aparte de por su duración (unos 40 años), también porque durante el período en el que él es el arzobispo de San Salvador es cuando ocurren las mayores tragedias, los hechos más destacados y que han marcado profundamente desde ese momento la historia del país, pues es el tiempo en el que los militares suben al poder.

Entre los acontecimientos más significativos de esta larga prelatura arzobispal cabe destacar el Edicto Colectivo del Episcopado Salvadoreño, de 8 de mayo de 1948, que se escribe en vísperas electorales y está dirigido a la población para que se dieran cuenta de la importancia de elegir un nuevo sistema político para no caer en los regímenes militares anteriores. Está firmado por los tres únicos obispos existentes en aquella época y en una república apenas nacida. Hay parágrafos que se adelantan a lo que luego serán las enseñanzas del Concilio Vaticano II, pues tienen un fuerte contenido social. Afirma “el fin eminentemente espiritual (el Concilio lo llamará religioso) de la Iglesia”. Pone de relieve que, aunque la Iglesia “no tiene ningún plan político ni económico ni técnico en general, también tiene principios y normas para la vida de todos sus fieles, de los que no pueden éstos prescindir en sus actividades ciudadanas” , es decir, que la Iglesia debe tomar posturas en tanto en cuanto afecten a sus creyentes y no ser indiferente, que es lo que había estado ocurriendo hasta ese momento.

Para afirmar el fin espiritual de la Iglesia y los principios de la conducta cristiana prohibe la militancia política del clero y su inscripción en partidos políticos, previniendo así la posible instrumentalización de la religión a favor o en contra de las legítimas aspiraciones ciudadanas. A los obispos les parece un asunto gravísimo la indiferencia frente a la situación social de El Salvador: “¿Qué me va a mí la suerte de mi hermano?” . A este respecto los obispos dicen en su escrito: “Con Nuestro Divino Maestro y Fundador, también nosotros sentimos pena y compasión indescriptible al ver nuestras multitudes obreras y campesinas tan carentes de cultura, de higiene, de alimento, de vivienda y de asistencia médica. Y es mayor este nuestro dolor cuando al considerar que Dios ha sido tan pródigo con nosotros en los últimos años, haciendo que nuestro suelo produjera tan abundantes cosechas, vemos que el beneficio de éstas ha sido tan desproporcionalmente repartido: a unos tanto y a los más tan poco. Se trata de una grave injusticia social, que quizá provenga de la falta de una adecuada legislación, pero que ciertamente clama al cielo y que nosotros denunciamos públicamente pues no quisiéramos vernos manchados con ninguna complicidad en tamaño pecado” .

Sobre el tema de los peligros del comunismo (que en esa época era muy temido por el auge de los movimientos nacionalistas y de la experiencia soviética), los obispos escriben: “No constituiría el comunismo tan seria amenaza para la paz y el bienestar de los pueblos si no hubiera tantas necesidades que remediar. No es el comunismo el que ha inventado los males que provienen, sobre todo, de una injusta distribución de los bienes de la tierra” .

La preocupación social es el tema predominante en el Edicto, como lo es también en la propia vida social y política: “el primer deber de religión es incluir, como el punto más importante de todo programa de gobierno, la solución de los problemas sociales” .

Este Edicto Colectivo tuvo una enorme importancia para el desarrollo futuro de las relaciones Iglesia-Estado y de la sociedad misma, pues es el inicio de un movimiento que procurará luchar, con las armas débiles de la fe y de la palabra, contra los sucesivos gobiernos antisociales, anticomunistas, proindividualistas, procapitalistas, pronacionalistas y proestadounidenses. Este programa abre las esperanzas al cambio social. Inicia un movimiento de protesta generalizado que se resolverá con las únicas armas que conocían bien los militares: las que de verdad matan. Las violentas y encarnizadas represiones sociales son la prueba más verdadera de que la voluntad de la Iglesia y la voluntad del gobierno no van juntas por los mismos caminos, sino que son completamente divergentes, distintas en sus ideas y en sus objetivos.

En 1950 la nueva Constitución concedía personalidad jurídica a la Iglesia y el derecho de establecer congregaciones religiosas excepto las monásticas. No hubo, por otra parte, acuerdo en los siguientes puntos: desconocimiento del hecho católico de la nación; reafirmación del laicismo educativo y prohibición a los sacerdotes para pronunciarse sobre problemas políticos.

En ese mismo año, el presbítero Óscar Arnulfo Romero, como secretario de la diócesis de San Miguel, envió a la Asamblea Nacional Constituyente un memorial con 20.000 firmas para solicitar la supresión de la enseñanza laica y el establecimiento de la enseñanza religiosa. Y en 1955 monseñor Chávez y González pidió que se celebrara un Concordato, pues los católicos eran considerados como ciudadanos de segunda categoría. En abril de 1961 publicó un documento pastoral en que se estudiaba la situación social salvadoreña. Su prudencia en el tono no evitó el sobresalto entre la oligarquía nacional: “parece que ha sentado mal hasta el título, pretendiendo convencer a los ricos que repartan sus riquezas” – decía monseñor Chávez.

Después de una amplia introducción en la que se propone la doctrina clásica de la Iglesia en el terreno social, el arzobispo señala: “Estas doctrinas avanzadas de la Iglesia parecerán a muchos revolucionarias. La Iglesia ha propugnado siempre doctrinas sociales avanzadas y justas. El defecto está en que no nos hemos preocupado lo suficiente de llevarlas a la práctica dentro de las posibilidades (...) La Iglesia no defiende el estado actual de cosas. Defiende una mejor distribución de las riquezas por considerar al hombre en toda su dignidad de persona humana y de hijo de Dios” .

Y más adelante escribe: “Nos avergonzamos al ver a muchos de nuestros campesinos y sus familias sumidos en la ignorancia, con una habitación impropia de personas humanas, con alimento deficiente, mal vestidos, ofreciendo un terreno propicio a las enfermedades” . Lo que el arzobispo pretende señalar es la desigual distribución de las riquezas, el contraste entre la pobre vida del trabajador y del campesino con la feliz, lujosa y derrochona vida del rico. Consciente de la complejidad del problema el arzobispo dice que se debe buscar una mayor producción y una mejor distribución, lo que supone la justicia en la remuneración del salario y el descanso dominical retribuido.

Monseñor Chávez entrevee lo que denomina una “mentalidad feudal” en el país como respuesta a la consideración de que el obrero se gastará el salario en bebidas y vicios de todo tipo, y señala: “A cada uno toca cumplir con la justicia; no nos metamos a estudiar la administración del prójimo” y afirmando en segundo lugar que correspondería en tal caso “al de arriba” promover la educación del pueblo, que por su pobreza e ignorancia es incapaz de cultivarse intelectual y moralmente.

En la parte final se habla del espíritu social cristiano que busca libremente una mejor distribución de los bienes: “Un espíritu que sólo busca el máximo lucro retribuirá lo menos que pueda al obrero, buscará beneficios injustos, sacará al extranjero el capital; no introducirá libremente ninguna mejora social” . Frente al espíritu social cristiano existe otro negativo, temeroso del comunismo: “Tampoco tiene espíritu social, espíritu de Cristo, quien sólo por miedo a perderlo todo quiere implantar las reformas sociales. Es triste que sea el miedo al comunismo quien nos espolee a ser justos. Pero la verdad es que con temor a comunismo, o sin él, la justicia y la caridad están por encima de todo” .

La pastoral concluye recordando los deberes de los propietarios: “En vuestras manos está una gran fuerza en favor del pueblo salvadoreño”. Un amplio párrafo se consagra a las obligaciones del Estado, que sin caer en el totalitarismo está llamado a desempeñar un papel decisivo en la marcha social y económica del país: “(...) al Estado toca, si el particular no entra, pudiendo, por el camino de la justicia, obligarle a ello por razón del bien común” .

En el momento en el que se escribía esta carta pastoral también el arzobispo de San José de Costa Rica denunciaba la injusticia imperante, la miseria y la necesidad de una reforma: “La Iglesia sabe, y por eso lo enseña, que no se pueden remediar estos males por las limosnas y por la sola práctica de la religión” .

El 12 de marzo de 1977 es asesinado en El Paisnal el padre Rutilio Grande, S.J. La iglesia salvadoreña está dividida: los que son afines o tienen buenas relaciones con el Gobierno presidido por el general Romero (1977-1979, elegido presidente un mes después del asesinato del padre Grande), y que ven en la Iglesia un aliado para su permanencia en el poder (como el caso de monseñor Romero hasta su conversión), y los sacerdotes infiltrados en grupos revolucionarios, contrainsurgentes o comunistas, que radicalizan las enseñanzas de la teología de la liberación y que ven como única salida a la violencia del Gobierno y del Ejército la toma de las armas y la lucha, y no la oración y el diálogo como más tarde demostraría monseñor Romero. Esta iglesia se debatió día a día en la defensa de su pueblo, tanto de los ricos, una minoría muy poderosa que controlaba realmente el país; y de los pobres, la inmensa mayoría, los que verdaderamente más sufrían por la injusticia y las prácticas abusivas del Gobierno.

Entre los sacerdotes antes citados, los que toman como opción de vida y de sacerdocio la cercanía y la atención a los más pobres y necesitados, destaca el ya antes mencionado padre Rutilio Grande, defensor de los pobres en la ciudad de Aguilares. Jamás empleó palabras de provocación o de violencia y amó a los pobres con toda la intensidad de su alma sencilla. Vivió siempre en comunión con los obispos y nunca dejó de protestar contra las injusticias. El episcopado de El Salvador lo declaró “el primer mártir salvadoreño”. En carta a la Compañía de Jesús el 19 de marzo del mismo año el padre Pedro Arrupe escribía: “Parece mostrarnos así el Señor cómo son los mártires del mundo actual. Y así lo ha entendido la Iglesia; en reacción espontánea no ha dudado ella en calificar sus muertes con el título de martirio. Así se expresó el mismo Pablo VI al hablar de las víctimas de Rhodesia; así los obispos de Brasil al referirse al padre Burnier; así han interpretado los obispos, el clero y el pueblo de El Salvador la muerte del padre Rutilio Grande, al dar gracias a Dios por haberles dado al primer mártir salvadoreño” .

El 14 de junio de 1980 caía abatido por las balas, mientras recitaba de rodillas las Vísperas en la humilde iglesia de San Juan Nonualco, el franciscano italiano Cosma Spessoto. Monseñor Pedro Aparicio, obispo diocesano, habló de él como un cristiano, un sacerdote, un franciscano auténtico: “Un sacerdote que creyó profundamente en su sacerdocio, en la Eucaristía” . Otros mártires de esta iglesia salvadoreña fueron recordados por monseñor Romero en su homilía del 15 de febrero de 1980. Entre todos ellos destacan “don Felipe Jesús Chacón, que fue despellejado como San Bartolomé por proclamar el Evangelio” o “uno que asesinaron en Aguilares (a quien) llamaban el hombre del Evangelio. Yo les he llorado de veras y, con ellos, a otros muchos que fueron catequistas, trabajadores en nuestras comunidades, hombres muy cristianos” .

No podemos dejar de mencionar entre estos nombres de cristianos martirizados el del gran e inolvidable arzobispo de San Salvador desde 1977 Óscar Arnulfo Romero. Su muerte conmocionó no sólo a la Iglesia católica sino a amplios sectores de otras comunidades e iglesias cristianas. Su muerte se asemeja mucho a la del mártir San Estanislao de Cracovia: “Se atribuye el conflicto entre Estanislao y el rey Boleslao II a las injusticias y crueldades cometidas por este último en relación con sus súbditos, cuya defensa contra la prepotencia del soberano fue sostenida por Estanislao hasta el martirio” .

Monseñor Romero no tuvo ni una sola palabra de odio ni de simpatía por la violencia ni alentó jamás la subversión. Su doctrina en torno a la rebelión y a la violencia coincide con la de Pablo VI. Habló de la necesidad de cambios estructurales profundos pero no violentos. En su homilía del 16 de marzo de 1980 afirma lo siguiente: “Alguno me ha criticado diciendo que yo quería unir en un solo sector las fuerzas populares y los grupos guerrilleros. Mi mente tiene muy clara la diferencia. A éstos, pues, y a los que están por soluciones violentas, deseo dirigirles una invitación a la comprensión. Nada violento puede ser duradero. Aún hay perspectivas humanas, soluciones racionales y, sobre todo, superior a todo, está la palabra de Dios que hoy ha gritado: ¡Reconciliación!” .

Preguntado una vez por un periodista si era lícito o no para un cristiano coger las armas en el caso de que la sola denuncia no bastara, monseñor Romero responde: “La iglesia debe siempre buscar la paz; sin embargo, quisiera recordar las palabras de Medellín: quien defiende celosamente los propios privilegios y, sobre todo, quien los defiende empleando la violencia, se hace responsable ante la Historia de provocar las revoluciones explosivas de la desesperación” .

No se puede empobrecer la figura del arzobispo presentándolo como un luchador contra la oligarquía de la derecha. Él fue, ante todo, un sacerdote y un obispo, un pastor comprometido con su pueblo. Conservó la comunión de afecto y de efecto con el Papa de Roma. En alguna ocasión comparaba su ministerio (no exento de dificultades) con la actitud del apóstol San Pablo que cotejaba su predicación con la de los Apóstoles y con la de San Pedro. En la homilía del 30 de septiembre de 1979 decía: “Yo desde ahora quiero decirles que quiero ser fiel al Papa hasta la muerte”. El 2 de marzo de 1980 afirmaba: “Para mí es el secreto de la verdad y de la eficacia de mi predicación estar en comunión con el Papa. Y cuando encuentro en su magisterio pensamientos y gestos parecidos a los que necesita nuestra Iglesia, me lleno de alegría” .

Monseñor Romero no esquivó a la muerte: días antes de su asesinato se encontraron 72 cartuchos de dinamita colocados en la sacristía de la Basílica del Sagrado Corazón, iglesia donde él solía celebrar la misa dominical. Se había negado a aceptar una guardia personal porque “el pastor no busca su seguridad sino la de su grey. El deber me obliga a caminar con mi pueblo, y no sería justo dar muestras de miedo. Si me llega la muerte, moriré como Dios quiera” . Y así fue el 24 de marzo de 1980 en la capilla de la Divina Providencia al empezar el ofertorio .

Algunas fechas importantes en su vida fueron:

1917 El 15 de agosto nace en Ciudad Barrios.

1930 Decide ir al seminario con un misionero que conocía el alcalde de su pueblo. Los dos se dirigen hacia la ciudad de San Miguel.

1936 Marcha a Roma para estudiar Teología en la Universidad Gregoriana.

1942 Regresa a El Salvador. El 4 de abril recibe la ordenación sacerdotal.

1944 El 4 de enero él y su amigo monseñor Valladares regresan de Roma después de haber estado en un campo de concentración en Cuba.

1966 Se le nombra secretario de la CEDES (Conferencia Episcopal de El Salvador). Monseñor Graziano le sustituye como obispo auxiliar de San Miguel.

1968 Se encarga de la dirección del semanario “Orientación”.

1970 El 21 de abril el nuncio apostólico le comunica su nombramiento para el obispado y su consagración se celebra dos meses después.

1972 El 3 de agosto los obispos deciden quitar a los jesuitas de la formación de los futuros sacerdotes, apartándoles del seminario, del que monseñor Romero era rector.

1974 El 15 de octubre es nombrado obispo de la diócesis de Santiago de María.

1977 El 22 de febrero se hace responsable de la archidiócesis de San Salvador. Rivera y Damas y monseñor Revelo quedan como auxiliares.

El 12 de marzo es asesinado el padre jesuita Rutilio Grande, párroco de Aguilares, junto a dos campesinos que le acompañaban. Era conocido por su trabajo de promoción social entre ellos.

El 10 de abril publica su primera carta pastoral: “Iglesia de la Pascua”.

En junio la U.G.B. (Unión Guerrillera Blanca), del entonces capitán D’Abuisson, amenazó de muerte a todos los jesuitas.

El 1 de julio toma posesión como nuevo presidente de la República Carlos Humberto Romero, ministro de Defensa en el momento en que asesinaron al padre Grande, del cual aún no se había empezado a investigar su asesinato. Monseñor Romero no asistió a este acto.

1978 El 14 de febrero obtiene el doctorado “honoris causa” por la Universidad de Georgetown, promovido por los jesuitas.

1979 El 15 de octubre se produce un golpe de Estado. Se establece una Junta Revolucionaria de Gobierno mandada por dos militares.

El 5 de noviembre el nuncio de Costa Rica le anunció que grupos de izquierda tramaban su muerte.

1980 El 18 de febrero destruyen la emisora YSAX, emisora de radio perteneciente al arzobispado de San Salvador desde la que emitía sus discursos. El 24 de marzo muere asesinado mientras celebraba la Eucaristía en un hospital de cancerosos. En el funeral más de 100.000 personas abarrotaron la plaza de la catedral. Una bomba lanzada desde el Palacio Nacional fue la causante de una nueva matanza: 40 personas murieron y más de 200 quedaron heridas .

Tras su muerte, el Papa Juan Pablo II dijo en un mensaje enviado a la CEDES que “el servicio sacerdotal a la Iglesia ha quedado sellado con la inmolación de su vida mientras ofrecía la víctima eucarística” . Y durante la audiencia general del 26 de marzo, dos días después del asesinato de mons. Romero, el Papa se dirigía a los fieles con estas palabras: “Dejad que el Papa exprese toda su pena por este nuevo episodio de crueldad, demencia y salvajismo. Ha sido asesinado un hombre que se suma a la lista demasiado numerosa ya, de víctimas inocentes; ha sido asesinado un obispo de la Iglesia de Dios mientras ejercía su misión santificadora ofreciendo la Eucaristía (cf. Lumen Gentium, 26). Es un hermano en el Episcopado el que han matado y, por ello, no es sólo su archidiócesis, sino toda la Iglesia la que sufre por tan inicua violencia, que se suma a todas las demás formas de terrorismo y venganza que degradan la dignidad del hombre hoy en el mundo –¡porque la vida de cada hombre es sagrada!- conculcan la bondad, la justicia y el derecho y, lo que es más, ofenden el Evangelio y su mensaje de amor, de solidaridad y de hermandad con Cristo. ¿Hacia dónde, hacia dónde va el mundo? Lo repito hoy otra vez. ¿A dónde vamos? Con la barbarie no se mejora la sociedad, no se eliminan los contrastes, ni se construye el mañana. La violencia destruye, nada más. No sustituye a los valores, sino que corre por el borde de un abismo, el abismo sin fondo del odio. Sólo el amor construye, sólo el amor salva” .

La muerte de monseñor Romero contribuyó en gran medida a polarizar la sociedad salvadoreña y a comenzar una guerra civil cruel, sangrienta, destructora, en la que los sectores extremistas de la población, los insurrecionistas, luchaban contra un poder corrupto, autoritario y manipulador con unos intereses muy concretos y bien definidos por parte de la administración Reagan. Esta guerra, nacida cincuenta años atrás, es la conclusión al clima de tensión continua que vivía la República.

Los militares, dueños del poder durante décadas, se convierten una vez más en los crueles y silenciosos protagonistas del nuevo exterminio, un exterminio que afectó a los campesinos, a los más débiles, a los más pobres, y que aún todavía hoy siguen sufriendo las consecuencias de su terrible destino.

Monseñor Rivera y Damas, el sucesor de monseñor Romero en la archidiócesis de San Salvador, sigue en la mayor parte los planteamientos de su antecesor. En su homilía del 18 de enero de 1981 dice respecto a la insurrección: “De acuerdo con la moral de la Iglesia, la insurrección es justa sólo y cuando se den cuatro factores: que haya abuso grave del poder político; que se haya recurrido a todos los medios pacíficos y que ninguno de ellos haya llegado a buen término; que los males que vendrían después de la insurrección no fueran mayores que los ya existentes, y que el pueblo vea que existen posibilidades de que la insurrección tendrá éxito” .

La falta de definición de posturas o ideologías por el pueblo salvadoreño, su opción por el comunismo, por el socialismo o por el conservadurismo, también es un aspecto sobre el que se pronuncia monseñor Rivera: “Es cierto que ha habido abusos, y muy serios, y que a pesar del golpe de Estado del 15 de octubre de 1979 la Junta Cívico-Militar no ha conseguido arreglarlos. Pero no se han agotado los medios pacíficos, aunque desgraciadamente los dirigentes políticos se han negado a buscar posiciones pacíficas y se han atrincherado diciendo que sólo queda la salida militar. Tampoco está claro para el pueblo salvadoreño que una instauración de carácter socialista será mejor. El pueblo sabe que la izquierda tiende siempre al comunismo, lo mismo que la derecha tiende hacia el egoísmo y la injusticia” .

Poco después continua su reflexión sobre la insurrección: “Tampoco el pueblo salvadoreño ve ahora posibilidades reales para que la insurrección, a la que ellos tratan de llevar al pueblo, pueda tener éxito. El salvadoreño se muestra reservado y comprende que la lucha actual es de índole política en la que hay dos partes: unos, los que quieren tomar el poder, y otros, que quieren mantenerse en él. Exhortamos al pueblo a que permanezca sereno; no es la Iglesia quien debe decirles que vayan o no a la insurrección (...) Sigamos a través del diálogo por los caminos de la paz, de la justicia y de la libertad” .

La situación de la guerra se agravó por momentos. El Ejército reprendía aún con más fuerza los conatos revolucionarios en todo el país. El único camino válido para resolver la situación era el diálogo como lo expresaba Romero: “Espero que haya todavía un camino pacífico: el diálogo entre los que quieren el bien del pueblo. También hay hombres de buena voluntad en el ejército y en el gobierno” .

Y monseñor Rivera y Damas, por su parte, en un comunicado firmado por sus sacerdotes y religiosos, refiriéndose a las ayudas que pudieran prestar países extranjeros al país, como los Estados Unidos, puntualiza en qué deben consistir tales ayudas: “Por eso exigimos del gobierno de los Estados Unidos, como lo ha pedido en un gesto profético nuestro arzobispo Mártir, monseñor Romero, que no proporcione ayuda militar a nuestro gobierno. Efectivamente, a pesar de las declaraciones sobre sus objetivos, la ayuda militar facilita la represión del pueblo y la persecución de la Iglesia” .

Nacido el 30 de septiembre de 1923 en la ciudad de San Esteban Catarina, en el departamento de San Vicente, monseñor Rivera y Damas se ordenó sacerdote de la Congregación Salesiana el 19 de septiembre de 1953. En octubre de 1960 fue consagrado obispo y durante 17 años fue auxiliar del arzobispo Luis Chávez y González, para serlo más tarde de monseñor Romero. Tras el asesinato de éste, fue designado administrador apostólico de San Salvador hasta que el 28 de febrero de 1983, durante la visita que efectuó el Papa Juan Pablo II a Centroamérica, fue nombrado arzobispo de San Salvador.

Al año siguiente (1984) comenzó su mediación entre el gobierno y la guerrilla del F.M.L.N., instando siempre a ambas partes al respeto de los derechos humanos de los civiles y continuó las conversaciones durante años, hasta que la Iglesia cedió el relevo en la negociación a la O.N.U. después del asesinato de los padres jesuitas.

Continuador de la misión de monseñor Romero, comentaba todos los domingos desde el púlpito los acontecimientos políticos y sociales más importantes de la semana, y denunciaba sin vacilar las frecuentes violaciones de los derechos humanos. Esta actitud le ocasionó ciertos roces con los Gobiernos salvadoreños, pero no le impidió insistir en sus oficios de mediador en el conflicto.

En abril de 1994, algunos meses antes de su muerte, pidió a sus feligreses en una homilía que no votaran a favor de los que “idolatran a los asesinos de monseñor Romero”, en clara alusión al fundador de A.R.E.N.A., Roberto D’Abuisson.

Muerto el 26 de noviembre de 1994, en su última homilía hizo un nuevo llamamiento a cumplir todos los pactos de paz y anunció los avances en el proceso de canonización de monseñor Romero. En su última carta pastoral relató también con satisfacción sus logros en un reciente viaje a Europa y Canadá y reveló que, tras sus nuevos contactos en el exterior, comenzaría a estudiar inglés. Por todo esto, monseñor Rivera y Damas será recordado, por su defensa incansable de los derechos humanos y su vital colaboración en el proceso de paz salvadoreño, que puso fin a una guerra de 12 años.

Uno de los momentos más duros, y que más repercusiones tuvo durante su mandato al frente de la archidiócesis de San Salvador, fue el asesinato del padre Ignacio Ellacuría y de otros cinco jesuitas compañeros suyos, junto a dos colaboradoras que trabajaban en la Universidad, ocurrido en la madrugada del día 16 de noviembre de 1989 en el campus de la U.C.A. (Universidad Centroamericana). Este asesinato fue un golpe tremendo para los salvadoreños. Muchos llegaron a pensar que los “escuadrones de la muerte”, asesinos de monseñor Romero, iniciaban con este acto una nueva oleada de asesinatos, pero la investigación realizada por la abogada Martha Lynn Doggett, con documentos del Departamento de Estado norteamericano, confirma la hipótesis de que el gobierno de los Estados Unidos estuviera detrás, directa o indirectamente, del asesinato. La investigación, difícil por la gran cantidad de trabas que pusieron los gobiernos de EE.UU. y de El Salvador, y también el Ejército salvadoreño, reveló que la Administración norteamericana sabía que el entonces jefe del Estado Mayor del Ejército salvadoreño, René Emilio Ponce, ordenó personalmente la matanza de los jesuitas, pero que decidió guardar silencio para no poner en peligro las negociaciones de paz, según publicó en abril de 1994 el diario “The Washington Post”. En el libro “La muerte anunciada” se asegura que “el gobierno de Cristiani fue cómplice” y también que “la embajada de EE.UU. hizo lo imposible para impedir una investigación completa” . La embajada de EE.UU. en El Salvador sabía que los militares tenían un plan preparado para asesinar a dirigentes políticos de la oposición, líderes sindicales, activistas de las organizaciones de derechos humanos y sacerdotes ante el ataque de la guerrilla a San Salvador en el mes de noviembre de 1989, cuando el alto mando de las Fuerzas Armadas aprovechó para intentar eliminar a todos los que consideraba “cómplices insurgentes”.

Doggett revela que “el Departamento de Estado estaba especialmente preocupado por colocar la información apropiada en el Vaticano y en el Ministerio español de Asuntos Exteriores. La actuación pública del Gobierno español siguió los pasos de la política de Washington, resumida un año después del asesinato, afirmando que “la percepción de los oficiales salvadoreños es que “todo está perdonado” . Durante la investigación del caso sucedieron cosas muy escandalosas, como que “por negligencia o temor no se recogieron pruebas contundentes en contra de los detenidos y hasta se permitía su destrucción. Tal es el caso de los libros de registros de entradas y salidas de la Escuela Militar, donde se fraguó el operativo y de donde partió el comando asesino, incinerados una noche de la primera quincena del mes de diciembre de 1989, y de cuya incineración no se supo sino hasta finales del mayo del año siguiente” .

El informe de la comisión Moakley, llamada así por el apellido del presidente de la Comisión del Congreso de los EE.UU. encargada de investigar los asesinatos, presentado a finales de abril de 1990, reflejó “el cúmulo de mentiras y contradicciones que caracterizaron las declaraciones de los cerca de treinta interrogados, que constituyen el mejor compendio de la honorabilidad y patriotismo que inspira a los miembros de las FF.AA.” .

En una reunión el 20 de agosto de 1989 entre el presidente Cristiani, el de la Corte Suprema de Justicia Gutiérrez Castro y el del alto mando de la Fuerza Armada con el juez Zamora, se ofreció a éste último todo el apoyo necesario para asegurar una rápida y honesta investigación. Resultado de la misma fue la nueva declaración ante el juez de cuatro miembros del batallón Atlacatl (encargado de la seguridad del complejo militar) que ya declararon en febrero. Tres de ellos fueron detenidos por falso testimonio y contradicciones con su primera declaración: “Obviamente, la moralidad y cooperación del Ejército salvadoreño con la justicia presenta mayor sensibilidad en ciertas estaciones del año, sobre todo cuando el Congreso estadounidense aprueba las ayudas militares para El Salvador” - observa Doggett.

En un informe sobre “actividad enemiga registrada en el área general de la UCA”, proporcionado por el coronel Ponce el 18 de diciembre de 1989, se registra que el 16 de noviembre, a las doce y media de la noche “delincuentes terroristas usando armas automáticas asesinaron a los “padres JESUITAS” (sic)... dentro de las instalaciones de la UCA” .

En la primera declaración el coronel Ponce también cita información registrada en el alto mando y que da cuenta que el día 16, a las doce y media de la noche, “delincuentes terroristas, usando lanza-granadas... dañaron el edificio de teología de la UCA” . ¿Por qué esta contradicción? Aún sigue sin haber sido explicada.

El mismo coronel Ponce reveló que “el día 13 de noviembre, fecha para la cual el padre Ellacuría había anunciado al gobierno su retorno al país (con el objeto de considerar la petición hecha por el presidente Cristiani para que formara parte de una comisión que investigara el atentado terrorista contra FENASTRAS , presuntamente ordenado por altos jefes militares), al coronel León Linares, comandante del batallón Atlacatl, quien se encontraba en el Estado Mayor, le habrían ordenado trasladar sus soldados a San Salvador. Aproximadamente a las dos de la tarde de ese día, a la misma hora en la que el padre Ellacuría abordaba su avión hacia San Salvador, Linares puso en movimiento a su tropa; la misma que horas más tarde registró la residencia de los jesuitas de la Universidad y la misma que dos días más tarde los masacró” .

¿Coincidencia? ¿Casualidad? La tropa cayó en la trampa y mató, mejor dicho asesinó, a los seis jesuitas. ¿Quién fue el responsable? Aún no se sabe. El ocultamiento de pruebas y de testimonios válidos ha ensombrecido un crimen tan cruel como inhumano. Todas las miradas se dirigieron hacia los EE.UU., el considerado “cómplice mudo” de tan macabro suceso. Si ya con la muerte de monseñor Romero terminaban las esperanzas de paz para muchos salvadoreños, con la muerte del padre Ellacuría y de sus otros compañeros las esperanzas de que llegara la paz se tornaron escasas, aunque el proceso de negociación continuó, como también continuaron las muertes y la violenta represión gubernamental. Crímenes como el de los jesuitas o el de las cuatro monjas con ellos asesinadas no debió quedar impune o falto de investigación,

Un año después de la matanza, en diciembre de 1990, el sucesor de Ellacuría en el rectorado de la UCA, Francisco Estrada, opinaba sobre el caso que “el camino judicial está agotado y dudo que se avance más. No me extrañaría que Benavides (el coronel que era director de la Escuela Militar en noviembre de 1988, lugar de donde salió el comando asesino de los jesuitas) ni tan siquiera sea juzgado. Este coronel tiene la cola plateada, sabe muchas cosas. Pueden temer que se siente en el banquillo, porque podría adoptar la actitud de si tú dices de mí, yo digo de ti. Y sale a la superficie toda la podedumbre, lo que no les interesa, porque este es un ejército incompetente, incapaz, corrupto y asesino, según han señalado los propios congresistas de Estados Unidos” .

Él mismo señala que tras la muerte de sus compañeros el respeto a los derechos humanos no mejoró en El Salvador, a pesar de que ya se habían iniciado y avanzado, en algunos puntos, las conversaciones de paz con la guerrilla: “El primero de ellos, el fundamental, el de la vida, se continúa violando cada día, aunque tal vez con menos espectacularidad. Continúan los asesinatos, las desapariciones, los bombardeos de zonas campesinas, el hostigamiento a los refugiados llegados de Honduras. Los escuadrones de la muerte siguen intactos, bien montados, poderosos. Y no ha cambiado la mentalidad del Ejército: quien está contra él es un comunista y a los comunistas hay que matarlos” .

Tras estos argumentos, lo que podemos sacar en claro es que personas, hijos e hijas de Dios, siervos de los pobres, murieron injustificadamente, pues la única justificación de una vida dedicada por y para los pobres, para dignificar la vida de los campesinos y por mejorar las condiciones de vida de los más oprimidos fue su delito, un delito mortal, con una sentencia ya dictada de antemano: condena a muerte. Esta defensa y ayuda a los más pobres hicieron que se considerase al padre Ellacuría la defensa más potente y universal de los anhelos del pueblo salvadoreño desde la desaparición de monseñor Romero.

El crimen cometido contra los jesuitas y sus colaboradores fue un crimen oscuro, tan oscuro como el ciego y sordo diálogo de las pistolas y las bombas que se vivía en El Salvador; tan oscuro e inhumano como la propaganda que Juan Rafael Bustillo, responsable de las Fuerzas Armadas y destacado ultraderechista, hacía en San Salvador en una ofensiva contra la Iglesia que incluso llegó a salir en primera plana de los periódicos.

Bustillo lanzaba desde sus aviones octavillas con este mensaje: “Salvadoreño patriota, tienes derecho a defender tu vida y tus propiedades. Si para ello tienes que matar a los terroristas del F.M.L.N. y sus aliados internacionales, hazlo. ¡Destrúyelos, extermínalos!” .

En este clima propagandístico anticlerical destaca también lo que decían algunos periódicos como “La Prensa Gráfica” sobre el trabajo de los misioneros y voluntarios extranjeros: “muchas de estas personas se esconden tras una postura humanitaria... pero en realidad se dedican a apoyar a los subversivos” .

Esta incipiente, y dura a la vez, campaña contra la Iglesia y contra quienes están o trabajan en ella, es calmada cuando el trágico “asunto jesuitas” empieza a olvidarse y las conversaciones de paz van consiguiendo resultados. Monseñor Rivera y Damas declara en septiembre de 1990, mes en que se inicia una nueva ronda de conversaciones, que “debemos alegrarnos de que el diálogo, aunque sea con pequeños pasos, vaya adelante. Sin embargo -añade- las angustias de nuestro pueblo no terminan. Aumentan los casos de personas desaparecidas y el hallazgo de cadáveres que presentan las características de los crímenes perpetrados por los temibles escuadrones de la muerte” .

Del 6 al 8 de diciembre de 1990, siete iglesias y organizaciones cristianas salvadoreñas, apoyadas por unas setenta organizaciones cívicas, reunidas en el Comité Permanente de Debate Nacional (C.P.D.N.), realizaron un ayuno masivo por la paz en la catedral de San Salvador, enviando un mensaje al que fuera en aquel momento secretario general de la O.N.U., Javier Pérez de Cuéllar, para que actuara a favor del alto el fuego. Entre los testimonios más clamorosos, destacaron los de Edgar Palacios, pastor de la Iglesia Bautista, que señaló “la urgencia de que los salvadoreños vivamos en tranquilidad en esta época de sensibilidad humana”, y el de Menardo Gómez, obispo de la Iglesia Luterana, que pidió porque “las armas que traen muerte y destrucción se transformen en instrumentos para el cultivo de los productos que dan vida” .

Todo por la paz. El pueblo, por la paz. La Iglesia, por la paz. El gobierno salvadoreño, desconfiando de la paz. Estados Unidos, ¿les interesaba la paz en El Salvador? La Iglesia se muestra fuerte en este período. Las aportaciones de monseñor Rivera en el proceso de paz son muy importantes, consiguiendo avances significativos respecto a las peticiones de la guerrilla: desmantelamiento del aparato militar represivo, esclarecimiento de los asesinatos de mons. Romero, de los seis jesuitas y el de la decena de sindicalistas, a pesar de que la guerrilla seguía actuando.

El presidente Cristiani inicia un tímido diálogo, que pronto es cortado de una manera fulminante porque la guerrilla no está dispuesta a aceptar algunas de las propuestas, entre ellas la entrega de las armas y la garantía de una cierta seguridad. Todo parecía complicarse, pero la paz iba por buen camino a pesar de todo.

En noviembre de 1990, los EE.UU. y la ex - U.R.S.S. se unieron por primera vez en una declaración conjunta para pedir la paz en El Salvador, llamando al alto el fuego y a la negociación. Esta declaración por la paz se materializó en el congelamiento por parte del Senado de los EE.UU. de la mitad de los 85 millones de dólares de ayuda militar a El Salvador, además de amenazar con retirar toda la ayuda si el Gobierno salvadoreño no flexibilizaba su postura con los rebeldes. La ex – U.R.S.S., por su parte, mandó un mensaje a Cuba con la prohibición de mandar armas a El Salvador. Estos hechos fueron una medida muy agradecida de presión contra el Gobierno, también sobre la guerrilla, que les obligaba a sentarse a dialogar, a respetarse y a buscar soluciones al problema de la guerra, como así ocurriría un par de años más tarde.

Las negociaciones de paz amenazaron a la iglesia y a sus pastores, como ocurrió con los asesinados Óscar Arnulfo Romero, Rutilio Grande, Ignacio Ellacuría y tantos otros. Una serie de personas no querían, no deseaban, es más, no les convenía que se firmara la paz en el país, y por ello amenazaban, extorsionaban, chantajeaban y hasta compraban a los curas y a los sacerdotes para que en sus homilías o en su relación con los feligreses de las parroquias no se apoyara la paz, y de este modo se desvanecieran las esperanzas de cambio y de libertad. La situación no era igual para todos los sacerdotes. Muchos de ellos, entre los que se encontraban el arzobispo de San Salvador y sus auxiliares, no callaban ante las tropelías y todo tipo de actos violentos que se cometían, haciendo continuos llamamientos a sus incitadores para que pusieran fin .

Esta iglesia combativa, luchadora, reivindicadora de los derechos humanos y especialmente consciente de su misión salvífica y liberadora, ésta iglesia es la que llevará la paz al país, la que luchará por ella y la que conseguirá que los salvadoreños puedan vivir en democracia y libertad.

Ya en abril de 1991 se publica una noticia cuando menos esperanzadora: “La guerrilla parece convencida de la necesidad de abandonar las armas, dada la evolución del panorama mundial, y este mismo convencimiento se ha extendido en todos los grupos insurgentes del continente, si hacemos excepción del peruano Sendero Luminoso” .

El convencimiento de abandonar las armas se extendió por todos los grupos insurgentes o revolucionarios que operaban en América Latina, lo que significaba que la gran cantidad de conflictos, de heridas abiertas en tantos países del continente y del mundo, de luchas armadas entre gobiernos y guerrillas, se podían curar, tenían solución, no eran interminables. La medicina para curar tantas heridas tenía un solo nombre: PAZ. La paz era la mejor medicina para que el cuerpo, sea cual fuera el país o el problema, pudiera cuidarse y funcionar bien. Por eso, en mayo de 1991, en México, se llegó a un acuerdo en el que figuraban los siguientes puntos: reforma de la Constitución y creación de una “Comisión de la Verdad” que investigara las violaciones de los Derechos Humanos en la última década. Comenzaba así una etapa de “paz armada” en la que se culpó al coronel Guillermo Benavides y al teniente Yusshy René Mendoza como autores del asesinato de los jesuitas, y en la que el día 14 de noviembre de 1991 los comandantes del F.M.L.N. anunciaban desde México la suspensión unilateral de las acciones armadas contra el gobierno salvadoreño, que era un “esfuerzo necesario para lograr la firma del cese del fuego definitivo”.

Este anuncio llevó al Gobierno a responder de manera positiva a la oferta, culminada cinco minutos antes de que concluyera el año 1991, cuando la radio nacional interrumpió su programación para decir que en New York el presidente Cristiani y los comandantes del F.M.L.N. habían firmado un acuerdo de paz para poner fin a la guerra. Después se hizo una fiesta multitudinaria, y en realidad no era para menos, pues tras siete años de negociaciones por fin llegaba la paz a un país que había dejado un saldo de 80.000 muertos y un millón de exiliados en un conflicto inútil.

El Tratado de Paz incluía el alto el fuego desde el 1 de febrero hasta el 31 de octubre, cuando debería ser sustituido por el cese total de hostilidades. Estableció una amnistía total; otorgó libertades políticas para los guerrilleros a medida que fueran deponiendo sus armas y arbitró un sistema de medidas para lograr la reincorporación de los guerrilleros a la sociedad salvadoreña, además de la reducción de las Fuerzas Armadas y la reforma de la policía, que pasaría a manos civiles.

Este acuerdo de paz fue muy importante, pues pareció ser el principio de la vuelta a la normalidad en un país devastado por doce años de guerra civil. Monseñor Rivera y Damas decía respecto al acuerdo, en concordancia con otros miembros de la iglesia salvadoreña, y no sólo salvadoreña, sino también de otras partes, que “será un poco difícil que tanto una parte como otra entreguen todas las armas, porque hay mandos intermedios que no obedecerán a sus superiores” , es decir, que quizá muchos soldados no estarían dispuestos a deponer las armas porque era lo único que poseían y era el único medio que conocían para ganarse el sustento: matando, asesinando, torturando. Luego señala que “no se debería tampoco decretar ninguna amnistía general hasta que no emita su informe la llamada Comisión de la Verdad, pues muchos de los presos políticos podrían estar implicados en crímenes contra la libertad humana o en asesinatos no resueltos o en masacres que no conocían” . De ahí que la prudencia y la preocupación de la Iglesia por esta firma del alto el fuego iba a marcar el tono de todos sus mensajes.

En una carta pastoral de marzo de 1992, poco después de la firma del acuerdo de paz, se invita a todos los salvadoreños a reconciliarse, a construir la paz, a dar gracias al Señor por el don de la paz y a empezar la construcción de una nueva vida, de un nuevo país: “La Iglesia comparte los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres y mujeres a quienes sirve. En los años recientes hemos trabajado por la conquista de la paz. Con el mismo empeño, la Iglesia debe comprometerse ahora en el ministerio de la reconciliación (...) Convocamos hoy al pueblo de Dios a un intenso esfuerzo de reconciliación, porque éste es el camino seguro hacia la paz firme y duradera que deseamos” .

La misma carta pastoral continua diciendo más adelante: “Exhortamos a nuestros hermanos y hermanas en la fe a orar sin descanso, porque “si el Señor no construye la casa, en vano se afanan los constructores” (Sal 126,1). Llamamos a todos los bautizados a comprometerse en la misión, porque la nueva evangelización responde plenamente al formidable desafío que nos presenta una sociedad tan necesitada de reconciliación. Así, ya evangelizados, muchos salvadoreños que tienen quizá su corazón destrozado, redescubrirán con gozo el sacramento de la penitencia” .

¡RECONCILIACIÓN!, una palabra que ya monseñor Romero gritaba con fuerza, pero que nadie escuchó o no pudo escuchar o no quiso escucharla en aquel momento. La paz, la reconciliación, el camino hacia una vida mejor conduce a la libertad, al perdón, a la solidaridad y a la generosidad. La paz es el camino hacia el amor, hacia el respeto por el otro, hacia la compasión por aquellos que más sufren. La Iglesia salvadoreña pasó de ser “mártir” a ser una iglesia “santa” debido a su contribución esencial en el comienzo, en el desarrollo y en la conclusión de las negociaciones de paz, donde jugó un papel destacado el arzobispo de San Salvador, mons. Rivera y Damas.

La Iglesia, antes dividida entre los llamados “curas rojos” (comunistas, afiliados a un movimiento guerrillero, defensores de la causa de los pobres y que llegaron a tomar las armas) y los “curas blancos” (tradicionalistas, seguidores de los cánones sagrados y de la tradición, en su mayoría progubernamentalistas y con amistades entre las clases altas del país), se rompe con la llegada de la paz al país, y los sacerdotes se van a dedicar con más empeño y responsabilidad en su tarea de predicar la palabra de Dios y de llevar la palabra del Evangelio, que es palabra de paz, a los corazones de la gente, porque la iglesia también creyó y luchó por la paz, una paz necesaria y que pedían a gritos las multitudes de campesinos que podían morir de hambre o asesinados por los soldados del Ejército. La iglesia inició un nuevo camino, logrando reconciliarse con su pueblo, “la oveja perdida” de la que se habla en el Evangelio, que buscaba pastores que la guiasen pero que sólo encontraba guerrilleros o pastores que no podían resolver sus preguntas. La Iglesia, servidora de los hombres, del pueblo de Dios, comenzó a servir en las necesidades y en las inquietudes, en las alegrías y en las tristezas, en las esperanzas y desilusiones de ese pueblo con sed de una Palabra nueva, renovada, de una palabra conciliadora, bien porque su fuente estaba seca o la habían secado intencionadamente para que sólo funcionara por momentos, convirtiéndose en una especie de “sequía temporal de la palabra”.

El comienzo del verano del año 1993 trajo una desgraciada noticia: monseñor Roberto Joaquín Ramos Umaña, obispo ordinario militar del país, es asesinado. Estaba fresco en la mente el asesinato del cardenal Posadas Ocampo en México, y los salvadoreños pidieron para que no se derramara más sangre . El 8 de julio, Fernando Sáenz Lacalle, obispo auxiliar de Santa Ana desde 1985, fue nombrado nuevo vicario castrense en funciones. La investigación del asesinato de Ramos Umaña por parte de las autoridades locales no gustó demasiado al obispo auxiliar Gregorio Rosa Chávez, que calificó la conclusión de dichas investigaciones como demasiado precipitadas, no aceptándolas como definitivas, pues se basaban en las balas encontradas junto al cuerpo, balas pertenecientes a un fusil M-16 del ejército salvadoreño, y cuya acusación de asesinato recaía en un joven soldado de 19 años, desertor desde hacía un año, sin más pruebas que su posible pertenencia a una banda de delincuentes comunes.

Este cruel suceso ocurrió después de la presentación del informe de la Comisión de la Verdad sobre la violación de los derechos humanos, tal y como estaba contemplado en el Tratado de Paz. Casi nadie hizo caso de los resultados de dicho informe, y los políticos iniciaron una campaña de “borrón y cuenta nueva” para no sacar nombres, fechas y lugares. El general Ponce, ministro de Defensa, se dirigió al país en un mensaje televisado en contra del informe de la O.N.U., que calificó de “injusto, incompleto, ilegal y atrevido, cuyo tratamiento parcializado denota una clara intención de destruir la institucionalidad, la paz social y las Fuerzas Armadas” .

A lo largo de más de 400 páginas, de las cuales sólo la mitad contienen una lista interminable de nombres de hombres, mujeres y de niños asesinados, torturados o desaparecidos, el informe “De la locura a la esperanza” se refiere también a los crímenes cometidos por los “escuadrones de la muerte” y descubre las conexiones de estas fuerzas paramilitares con el Ejército y con ciertas familias acaudaladas del país. Pero el informe no sólo daba cuenta de los crímenes del Ejército, sino también de los de la guerrilla del F.M.L.N., convertida en partido político y responsable de las ejecuciones de alcaldes llevadas a cabo entre 1985 y 1988 por orden de Joaquín Villalobos, uno de sus máximos dirigentes.

El informe responsabiliza al F.M.L.N. de 342 crímenes de entre los 4.281 que se atribuyen al Ejército, 1.656 a la policía, 2.248 a los grupos paramilitares y 817 a los “escuadrones de la muerte”, pero nadie asumió las responsabilidades. Sólo la guerrilla se comprometió a aceptar la inhabilitación de los responsables de los crímenes de guerra para ejercer cargos de alto rango políticos o militares. Y no sólo fueron el Ejército y la guerrilla acusados, sino también la administración estadounidense se vio implicada en el caso, acusada de la ocultación de pruebas y de datos referentes al asesinato de las monjas perpetrado en 1980, acusación que trajo consigo la creación de una comisión de investigación para decidir si bajo los mandatos de Reagan o de Bush se ocultaron al Congreso informes acerca de los abusos cometidos por los militares salvadoreños para impedir la suspensión de la cuantiosa ayuda económica. El teólogo Jon Sobrino dijo a este respecto que “este mismo gobierno que ahora presiona a Cristiani para purificar al Ejército es la misma administración que durante los últimos doce años ha estado financiándolo y patrocinándolo para cometer estas atrocidades y sabiendo que se cometían” . Monseñor Rosa Chávez señaló, por su parte, que “el informe es sólido, a pesar de que pueda contener alguna injusticia, porque es obra de humanos” .

La presentación de este informe produjo una serie de cambios importantes a corto plazo, no sólo en el ámbito político, sino también en lo social. El presidente Cristiani dejó su cargo a Armando Calderón Sol, otro de los dirigentes de A.R.E.N.A., acusado de intentar detener los acuerdos de paz, y que tuvo que hacer frente a una situación de crisis prácticamente insostenible. Su política consiguió la relativa estabilización del país en lo político y en lo económico, llegando a un nivel de crecimiento del 5 % en el año 1994.

El año 1994 deja el intento de expulsión del jesuita español Angel María Martínez Mendizábal, de sesenta y un años, acusado de participar en actividades políticas, hecho que era un delito según el artículo 82 de la Constitución salvadoreña, que prohibía la participación política y la actividad propagandística a los ministros de cualquier culto religioso. Asimismo, más adelante, en el artículo 97, se indicaba que un extranjero perdía el derecho a residir en el país si participaba directa o indirectamente en política.

Medidas duras para tiempos duros. Estas medidas se tomaron con la esperanza de que las cosas cambiaran, de que todo lo conseguido anteriormente no se echase en saco roto, con la esperanza de que cada uno de los ciudadanos salvadoreños pudiera sentirse seguro y libre, sin miedo a represiones en el desempeño de su labor, ya sea la pastoral, el servicio, el poder o la pobreza, sí, también la pobreza, que aumentaba hasta niveles insospechados, pues muchas de las personas que durante la guerra sobrevivían a duras penas y con pocos recursos, ahora se encontraban en una situación aún peor, sin apenas nada que llevarse a la boca para saciar su hambre, ni siquiera una tortilla de maíz o un plato de judías.

Los pobres se encontraban también entre los niños y los ancianos, verdaderos mártires de todas las guerras, que sufren sin explicación unos problemas que nunca quisieron o nunca merecieron. Los niños, llorando de hambre en cualquier rincón del país, desgarrados por el dolor de perder a sus padres o hermanos, vagando por las calles pidiendo algún “chavito” para comer. Los ancianos, la mayoría viviendo en soledad, abandonados en asilos o en hospitales, brutalmente desesperados, se mueren sin que nadie quiera o pueda hacer algo por ellos. Muchos de los que combatieron en la guerra, allá en los frentes de Chalatenango o San Vicente, sobreviven por las calles de la amargura y del abandono, pues la incapacidad para insertarse de nuevo a la vida civil y ser uno más de los que viven en paz, es uno de sus más graves problemas y que más les afecta.

Todas estas cuestiones eran también resaltadas por el jesuita español al que las autoridades querían expulsar diciendo que sus homilías no son políticas sino que quieren concienciar de las situaciones en que viven sus feligreses campesinos: “Situación – dice Martínez Mendizábal – de extrema pobreza y olvido en lo que se refiere a servicios como educación y salud” . Homilías como la citada le valieron al sacerdote la acusación de participación en actividades políticas, pero la única prueba de que disponía el Gobierno salvadoreño para expulsar al padre jesuita era la transcripción de una homilía pronunciada en la parroquia de Teotepeque el 30 de enero de 1994, en la que afirmó que “la salud en El Salvador no es que deje mucho que desear, es que prácticamente no existe; y no existe porque no hay ningún interés, porque los ricos que nos gobiernan sí tienen clínicas” .

Conocida la orden de expulsión del jesuita, la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador emitió un comunicado defendiendo al padre Mendizábal: “La única labor del presbítero en su parroquia de Teotepeque, pequeño poblado en el sur del país, ha sido iluminar como pastor y a la luz del Evangelio los hechos sociales que impiden el goce de aquellos derechos más elementales de una sociedad. La expulsión pone de manifiesto una vez más la prepotencia con que actúan los funcionarios del partido en el Gobierno (A.R.E.N.A., ideología de derecha), y la continuidad de la persecución contra la Iglesia católica cuando ésta defiende los derechos de los más pobres” .

El edicto de expulsión sucedía unos meses antes del cambio presidencial, en el que Cristiani dejaba a Calderón Sol las riendas del país. La Iglesia seguía reclamando insistentemente una justicia que, desde hacía muchos años, no le correspondía, ya que aparentemente para los poderosos del país no existía, y aún menos para los considerados “curas comunistas”, que seguían luchando contra el sistema. En el quinto aniversario del asesinato de los padres jesuitas se convocaron manifestaciones de protesta en contra de sus autores y en contra del gobierno; se convocaron oraciones para que llegara la paz al país, mas no la paz oficial, ya firmada dos años antes y que marchaba por buen camino, sino la paz consigo mismo, la paz con cada uno, es decir, la oración pidiendo el final de los rencores, de los odios, de las venganzas. Se produjeron huelgas y revueltas en todas las zonas del país como protesta ante las malas condiciones de los trabajadores, que muchas veces permanecían hacinados en sus puestos de trabajo o no contaban con los materiales y utensilios necesarios para desarrollar su labor, o bien porque morían o porque eran víctimas de accidentes sin contar con ningún tipo de seguro o tenían una jornada laboral mucho más larga que la habitual.

Otro grave problema con el que la Iglesia se encontraba era el de las sectas, ya que mucha gente se acercó a alguna de ellas y se hizo miembro activo de las mismas, dejando de frecuentar la iglesia y de participar en la vida parroquial. Y aún era más grave porque si a cualquiera le veían entrar en una iglesia podía recibir amenazas de muerte, pues la mayoría de esas sectas exigían fidelidad, y los que contravenían esta norma eran castigados con la muerte. Este hecho produjo una disminución en la asistencia al culto y a las actividades eclesiásticas en parroquias, colegios, hospitales, asilos, etc. La fe se vivía más en las calles, en las fiestas populares, en la celebración de los santos o en las romerías que se organizaban a lo largo del año eclesiástico. La religiosidad del templo dio paso a una religiosidad popular, vivida donde y como se podía, siempre con respeto, con atención, con mucha devoción y veneración por las imágenes, debido a que las sectas estaban al acecho, y su desarrollo fue imparable hasta tal punto que en poco tiempo se extendieron por todo el país y por todo el continente , para el bien de unos pocos y para desgracia de los más pobres, muchos de los cuales se acercaban a estos grupos en busca de algo mejor para sus vidas, pero que sólo encontraban milagros que no eran tales y palabras de curación que no entendían. Así, la Iglesia creció en confianza y caridad por los pobres, pensando más en ellos y buscando modos de participación y cercanía a sus necesidades.

En el año 1995 una serie de acontecimientos parecen cambiar el panorama eclesial salvadoreño. Primero, los quince años de la muerte de monseñor Romero congregaron al país en un grito fraterno por la paz y la libertad, mientras que el 26 de noviembre de 1994 moría el arzobispo de San Salvador, monseñor Rivera y Damas. El sucesor de Romero se marchó intentando seguir en la senda por éste trazada, y fue una pieza importante y valiosa en el proceso de paz. Durante su mandato se pudo cumplir el sueño de Romero de ver llegar la paz y la reconciliación al país.

Mientras Roma elegía un sucesor para monseñor Rivera, circunstancia difícil por otra parte dada la situación del país y la responsabilidad que iba a tener el nuevo arzobispo de continuar la labor de sus antecesores, ejerció como administrador apostólico de la archidiócesis el obispo auxiliar Gregorio Rosa Chávez, visto con buenos ojos y llamado “el candidato de la continuidad”, pues fue obispo auxiliar con Romero y luego también con Rivera y Damas, circunstancia que le favorecía, ya que conocía bien a sus antecesores y estaba muy al corriente de todo lo que sucedía o dejaba de suceder en la archidiócesis. Para muchos se convirtió en el candidato ideal, pero Roma no pensó así, y el 22 de abril de 1995 el Papa Juan Pablo II nombró nuevo arzobispo de San Salvador a Fernando Saénz Lacalle, que ya sustituyó al arzobispo castrense asesinado en 1993. Miembro del Opus Dei, consideraba que la Teología de la Liberación no tenía cabida en El Salvador. Su nombramiento no fue muy bien acogido por los sectores progresistas del país, en parte porque su antiguo cargo de administrador apostólico castrense le vinculó con el estamento militar, y porque su elección suponía un giro copernicano en la línea pastoral de sus antecesores. Estos no fueron obstáculos para que el gobierno hiciera una valoración positiva de él. Víctor Lagos, como vicecanciller, dijo: “Esperamos que el nuevo arzobispo pueda retomar el papel de pastor de la Iglesia” . A algunos estas palabras no gustaron demasiado y se preguntaban si monseñor Romero o monseñor Rivera y Damas no fueron también pastores de su iglesia y dudaban si el nuevo arzobispo, vinculado a los militares, iba a saber dirigir los destinos de un pueblo cansado de violencia, destrozado por las injusticias, triste por su trágica historia reciente.

Una de las primeras declaraciones de Lacalle después de su nombramiento le dieron la imagen de alguien que iba a cambiarlo todo: “lo importante es trabajar eficazmente para erradicar la pobreza y elevar el nivel humano de las personas” . Pero se quedaba en la mitad, ya que si bien por una parte estaba dispuesto a acabar con la pobreza, no decía cómo lo iba a hacer, pues descalificaba a la Teología de la Liberación (el alma mater en toda Latinoamérica de la lucha contra la pobreza y todo tipo de injusticias). Sobre la Iglesia decía que “siempre ha estado a favor de una verdadera liberación cristiana, pero la que libera en primer lugar del pecado, que en definitiva es el que conduce a todas las injusticias” .

La opinión pública salvadoreña se mostró escéptica cuando no rechazó el nombramiento. La radio “Ysu”, la emisora de la U.C.A., dijo que no era “el pastor especial para los tiempos especiales que vivimos en el país. Como miembro del Opus Dei y dada su excelente vinculación con el capital, se prevé al menos que la Catedral muy pronto se terminará de construir y se impulsarán otras obras eclesiales” .

El vicerrector de la U.C.A., Rodolfo Cardenal, declaró al periódico ABC que monseñor Saénz “proviene de un círculo que no se ha caracterizado por defender la vida, las mayorías y la lucha contra la pobreza” .

El pueblo salvadoreño también quiso expresar su opinión acerca del nuevo arzobispo con el siguiente tipo de comentarios: “Ojalá que el nuevo arzobispo sea como los anteriores”; “Que sea un hombre justo, un hombre de paz, no un hombre confrontativo que venga a pelearse con las autoridades o a desacreditar al Gobierno”; “Ojalá que el nuevo arzobispo cuente y se encuentre con un pueblo que sea uno, donde se celebre la vida y se sufra la muerte con la esperanza de la resurrección” .

La iglesia de El Salvador, fiel al mensaje evangélico, esperó desde ese momento y sigue esperando aún hoy y en el futuro cambiar las vidas de la gente que sufrió la terrible guerra civil que asoló al país durante años, y renovar las vidas de las nuevas generaciones de jóvenes, que podrán ver en ella un aliado contra las guerras, contra las dictaduras, contra todo tipo de explotación o de violencia, que la verán como un modelo de lucha en la defensa del desarraigado y en la defensa de los derechos humanos más fundamentales, que es la lucha por la libertad y por la vida, que es, simplemente, la victoria de la paz y de la RECONCILIACIÓN.