2.2.2 Indicadores económicos.

Entre enero y junio de 2005, reportaban algunos periódicos en septiembre de ese año, los mexicanos opulentos habían remitido hacia el extranjero 10,000 millones de dólares (mdd), lo mismo para depositarlos en cuentas bancarias que a efecto de invertirlos en empresas, se anunciaba como la mayor salida de divisas registrada en el renglón de activos de la balanza de pagos del país para un semestre desde 1980, acorde con información de Banco de México. Según la Secretaría de Hacienda, el monto total de tales depósitos e inversiones había alcanzado los 63,500 mdd, cifra equivalente al 90% de la deuda externa del gobierno mexicano, la que por entonces era de 70,430 mdd. Con otras palabras, el dinero potencial para liquidar la deuda externa pública permanecía en el exterior rindiendo fruto a sus dueños.

Del dinero mandado al exterior durante el primer semestre de 2005, el 68% se había canalizado a cuentas de ahorro y el resto a inversión productiva en negocios (como si no hiciera falta en el país), pero, más grave aún, dichos guarismos no incluían la compra de acciones ni de inmuebles. Aclaraban que no se trataba de remesas sacadas por extranjeros vía utilidades o cancelación de inversiones (La Jornada, 20/09/2005).

Dos años más tarde, ya abarcando el periodo muestreado de emisiones radiofónicas, entre enero y septiembre de 2007 los mexicanos con disponibilidad de recursos expatriaron 11,800 mdd, cuando durante el mismo lapso la república recibió apenas 7,307 mdd como inversión extranjera, según el Banco de México fue la transferencia de mayor cuantía para un periodo de tres trimestres en diez años y contrastó con lo acaecido en el 2006, cuando los mexicanos ricos nada más fugaron 7,264 mdd. Una de las notas alude a fugas cuantiosas ocurridas durante 1982 y 1994, efectuadas por empresarios mexicanos validos de información confidencial filtrada a ellos por personeros del propio gobierno y que antecedieron a una recesión fuerte. Por su parte, los paisanos laborando en suelo estadunidense hicieron llegar durante el mismo lapso 18,198 mdd. Dicho de otro modo, el compatriota que vende su fuerza de trabajo en otras naciones sostiene en gran medida la actividad económica aquí, mientras los acumuladores de capital mandan sus recursos a generar riqueza en el exterior (La Jornada, 24/11/2007).

A quien pudiera asombrarse valdría la pena recordarle que la tendencia de ninguna manera es nueva, como botón de muestra valga recordar lo que Susan George denomina La trampa de la deuda, proceso explicado por la autora así: Entre 1983 y 1985, México recibió 9,000 mmd de préstamos extranjeros frescos, no obstante, durante el mismo periodo resintió una fuga masiva de capitales por 16,000 mdd de esa divisa. El ex Secretario de Hacienda mexicano, Antonio Ortiz Mena, estimó una salida de dinero por un monto de 90,000 mdd entre 1979 y 1983, equivalente a un poco más del total de la deuda externa pública, que por entonces ascendía a 85,000 mdd (George, 1990).

Pero, ¿quiénes podrán ser esos sujetos anónimos capaces de sacar de la nación tanto dinero, susceptible de dar empleo a muchas personas carentes de él y forzadas a buscarlo en el milagro, según será posible observar en la fase empírica del escrito presente? Tal vez otra nota periodística nos proporcione alguna pista. Veamos.

A mediados de noviembre de 2007 se publicó que un grupo de 188,424 accionistas (equivalente entonces al 0.17% de la población) concentró activos en el mercado cambiario mexicano por un monto del 44% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, que contrastaba de manera ostensible con la pobreza creciente en México. Tal puñado de sujetos eran dueños de valores inscritos en el mercado accionario por un total, atención, de 4 billones, 482 mil 460 millones de pesos, casi 1.2 billones más que en 2006, habiéndose incrementando los activos en doce meses del 35% al 44% del PIB nacional. Los datos provenían, nada menos, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y ponían de manifiesto que el nuestro era el país con la más desigual distribución de la riqueza en Latinoamérica. La nota incluía un dato de la Comisión Económica para América Latina donde se consigna que en 2006 el 31.7% de la población mexicana vivía en pobreza extrema (La Jornada, 17/11/2007).

Tan notoria concentración de la riqueza tiene su correlato en materia de ahorro bancario.

Según el Banco de México, un 20% de los ahorradores en el país poseía a mediados de 2007 el 81.7% del ahorro depositado en los bancos del país, instituciones propiedad de extranjeros la mayor parte de ellas (Agencia Española de Noticias EFE en Internet, 01/12/2007).

Algunas de tales personas pueden ser las mismas que protagonizan la nota siguiente, referida a un puñado de grandes corporativos mexicanos cuyas inversiones en el extranjero durante 2007 crecieron en 24,000 mdd, cifra muy superior a la inversión extranjera directa captada por nuestro país, reportaba la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), región en la cual Brasil figuró como el principal exportador de riqueza hacia el exterior ese año, con 35,000 mdd. Los corporativos nacionales más activos en dicho proceso fueron Cemex, Telmex, América Móvil, Femsa, Gruma (Maseca) y Bimbo (La Jornada, 20/08/2008).

Pero si de sangrar a la economía nacional se trata, las empresas trasnacionales no paran en mientes, aunque, justo decirlo, con menos ímpetu que las mexicanas, según se desprende de otra nota por demás interesante, donde el tema es la remisión de utilidades hacia sus matrices por parte de grandes firmas extranjeras operando en la república, 2300 mdd entre enero y septiembre de 2008 y 2619 mdd en el mismo periodo de 2007; se menciona que las matrices están siempre urgidas de recursos frescos por falta de liquidez, de seguro ante los costos de producción más elevados en la metrópoli que en la colonia (La Jornada, 1/12/2008).

Y uno se pregunta si en verdad México es un país pobre necesitado de inversión extranjera, habida cuenta de las cifras que contabilizan la salida de divisas generadas aquí, o si hay alguna estratagema mediante la que se nos hace creer en la necesidad de buscar más y más préstamos e inversiones provenientes del exterior, recursos luego ubicados en cuentas bancarias privadas allende nuestras fronteras. Una nota sintetiza esta idea, a propósito de lo acontecido durante los primeros dos años del gobierno calderonista; acorde con datos de la CEPAL se fugaron 46,316 mdd bajo la administración del presidente del empleo, a razón de 27,253 mdd en el 2007 y 19,000 mmd más en los primeros nueves meses de 2008. Las cantidades mencionadas sólo corresponden a depósitos en cuentas bancarias o la adquisición total o parcial de empresas; no se contempla el valor de propiedades inmuebles. Tal sangría de recursos, dice el texto, es el factor principal del déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos mexicana tanto en un año como en el siguiente (La Jornada, 3/12/2008).

Valga una última noticia por si hasta el momento queda alguien no convencido de cifras y argumentos aportados en aras de averiguar quiénes son los favorecidos por una política reiteradamente empresarial. Sea la cereza del pastel el texto de los reporteros Garduño y Méndez. Ellos nos dicen que Francisco Gil Díaz, Secretario de Hacienda durante el sexenio de Vicente Fox, benefició a grandes empresas con algo más de un millón de millones de pesos, según reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Ello a través del Sistema de Administración Tributaria (SAT), organismo que entregó a un grupo selecto de inversionistas privados 679, 691 mdp por la devolución de impuestos, aunado a una serie de créditos fiscales por 495, 807 mdp, por lo que el beneficio ascendió a un billón, 175, 498 mdp, monto que superó en 216% la inversión privada entre 2001 y 2005, la que tan sólo llegó a los 279, 832 mdp. Con otras palabras, se regaló a la iniciativa privada el 16.3% de la tributación efectiva vía el Impuesto Sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado (La Jornada, 2/11/07).

Ahora pasemos revista a la situación del empleo, con el propósito manifiesto de vincular los datos anteriores y los de este otro factor. Recurramos nuevamente a las noticias y comencemos con una de finales de 2006, donde se da cuenta de los guarismos atinentes a las condiciones ocupacionales de los mexicanos. Señala el texto, con datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), que el universo de personas afectadas por el desempleo y en las más precarias condiciones laborales ascendía a 31 millones 700 mil personas, equivalentes al 30% de la población nacional. Puntualiza que durante el sexenio del presidente Fox se sumaron al desempleo abierto 6.6 millones y 2.4 millones emigraron del país. Critica el criterio empleado por el INEGI al considerar ocupada a cualquier persona mayor de catorce años con por lo menos una hora de trabajo semanal, mecanismo que permite disfrazar la desocupación y ubicarla en porcentajes relativamente bajos (Juárez, 2008).

El carácter estructural de fenómenos como el de la (des)ocupación en nuestro país se reitera con otra noticia sobre el mismo periodo, inmediatamente anterior al 2007, donde se habla de que en el sector agropecuario seis millones de personas trabajan sin prestaciones y un magro salario; añade que entre 2001 y el primer semestre de 2006, la planta laboral ocupada en los grandes establecimientos industriales y comerciales se desplomó un 59.5%, equivalente a 5.3 millones de empleos, según el INEGI. Al inicio del sexenio foxista, había 8.9 millones de trabajadores en grandes consorcios, al final permanecían sólo 3.6 millones. Dentro del ámbito agropecuario, la contracción alcanzó el 16% durante el mismo periodo, o sea un descenso de 1.2 millones de personas ocupadas. Para mediados de 2006, acorde con datos del INEGI, 41.3% de la PEA con empleo estaba en el rubro de los servicios; 20.5% en el comercio; 15.7% en la industria manufacturera; 8 en la construcción; 12.9 en actividades agropecuarias y 0.8% en otras actividades productivas, de manera principal minería, electricidad, gas y agua (La Jornada, 01/08/2006).

Otra refiere que, según el Secretario del Trabajo y Previsión Social, cinco de cada diez empleos generados en el país están en la economía informal desde varios sexenios atrás; añadió que a finales de 2007 alrededor del 22% trabajaba por cuenta propia y sólo 66% de la gente ocupada eran asalariados. Estimó en 800 mil los empleos anuales necesarios para satisfacer la demanda poblacional. Tocante al salario, seis de cada diez trabajadores ganaba hasta dos salarios mínimos -de 48 a 96 pesos diarios- y poco más del 80% de la Población Económicamente Activa percibía de uno a cinco salarios mínimos -entre 48 y 240 pesos- (La Jornada, 25/09/2008).

Un cuadro dramático donde aparecen sin retoques ni maquillajes las condiciones objetivas de los trabajadores mexicanos en su casi total desamparo, nos la proporciona la nota del reportero Juan Antonio Zúñiga. De un total de 28.9 millones de trabajadores, 13.8 millones carecían de contrato escrito; menos de un tercio de las 960 mil personas que lograron emplearse durante el segundo trimestre de 2007 al mismo lapso de 2008, lo hicieron en la economía formal (303 mil), mientras que 650 mil en la informal, según datos del INEGI. Tan sólo los primeros -303 mil- tuvieron acceso a una institución de salud. La población ocupada en micro negocios ascendió a 468,692 personas, de las que 263 mil se emplearon en la calle y 205 mil en local bajo techo. La desocupación abierta tuvo un incremento anualizado durante el periodo de 5.4%, equivalente a 81 mil personas más que en el lapso anualizado previo (tercer trimestre de 2006 a su homólogo de 2007), con lo que el universo de la PEA desempleada subió a 1 millón 593 mil sujetos mayores de catorce años. Los muy pequeños negocios dieron cabida a 57% de la ocupación generada en el ámbito no agropecuario. Otro dato revelador es el siguiente: por cada ocho personas que se acomodaron laboralmente en micro negocios, uno lo pudo hacer en establecimientos grandes, información elocuente para desmentir a los políticos apologistas de las trasnacionales. Finalmente, alude al entorno no agropecuario, con sus 37.3 millones de empelados, distribuidos 18.1 millones en micro negocios, 6.6 millones en establecimientos pequeños; 4.3 millones en medianos; 4 millones en grandes y 4.3 millones en otro tipo de unidades económicas. Por su parte –concluye la nota- el sector informal de la economía pasó de 11.6 millones en 2007 a 12.1 hasta agosto de 2008, representando así 27.5% de la PEA ocupada (La Jornada, 15/08/2008).

Ubicando la problemática en el 2007, la información no es menos escalofriante, sobre todo la referida a los problemas de empleo para diez millones de jóvenes mexicanos, de los que cuatro millones no trabajaban, 5.4 millones subsistían en la economía informal y 450 mil estaban desocupados a la espera de conseguir un empleo para el cual ya habían llenado solicitud. La situación revestía dramatismo, pues la economía del país se debatía en el dilema entre crecer o controlar la inflación, es decir, mantener la estabilidad relativa de precios al costo de limitar la inversión y restringir el crecimiento. Según la nota, las reformas estructurales neoliberales habían mermado la capacidad del aparato productivo para generar empleo. Tan sólo el 20% de los titulados conseguía un trabajo adecuado a su capacitación profesional, sin olvidar –enfatiza el texto- que en el mundo del desempleo menudean bachilleres y licenciados. El panorama era todavía menos halagüeño si se consideraba el nexo del empleo con el salario, por cuanto, siendo éstos tan bajos, la gente necesitaba por lo menos dos trabajos a manera de completar un ingreso suficiente, por eso, termina la noticia, un 43.2% de la PEA formaba parte del sector informal (El Financiero, 20/11/2007).

El cierre de empresas no desentona con los guarismos vistos hasta aquí, según se desprende de los datos recogidos por una reportera, quien da cuenta de la salida del mercado por parte de 1003 firmas durante el lapso comprendido entre octubre de 2007 y septiembre de 2008, perteneciente el 89% a la industria de la transformación, con la pérdida de 189,372 empleos, acorde con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social; además, cerraron sus puertas 109 compañías comerciales. Causa de lo anterior, se dejaron de crear 225 mil puestos de trabajo. Se cierra el escrito con otro dato elocuente: los micro, pequeños y medianos negocios representaban el 99% de las 4, 100, 000 unidades económicas del país (La Jornada, 8/12/2008).

Según cifras del Secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, en 2007 se generaron tan sólo 525 mil de los un millón 200 mil requeridos anualmente para equilibrar oferta y demanda. Por ende, durante el gobierno calderonista se han creado apenas un 36% de los necesarios para el país (La Jornada, 11/11/2008).

Otro declarante fue el Secretario del Trabajo del Distrito Federal, Benito Mirón, para quien más del 50% de las 20 mil solicitudes de acceso al seguro del desempleo otorgado por el gobierno capitalino, correspondía a mujeres, como sector más vulnerable (La Jornada, 10/11/2007); por cierto, audiencia mayoritaria en demanda de ayuda milagrosa dentro de las emisiones radiofónicas del género esotérico o sobrenatural, conforme se verá renglones adelante.

Hacia mediados de 2007 se contabilizaban 42, 089,401 empleados en México, de ellos apenas 12 millones contaban con algún servicio médico ofrecido por el sistema de seguridad social y 14.9 millones eran personas del género femenino. En el plano salarial, 6.5 millones ganaban diariamente el salario mínimo (49 pesos) o menos; hasta 88 pesos, 9.5 millones de trabajadores; hasta 147 pesos cada día, 8, 941, 000. En total, el 59.5% devengaban menos de tres salarios mínimos (25, 018, 421 sujetos). El 51% de la masa laboral no podía comprar una canasta básica. Con respecto a mediados de 1976, el poder adquisitivo del dinero había caído un 70%. El crecimiento económico del 2000 al 2006 fue de 0% y se registraron ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 447,755 conflictos laborales, todas fueron estimaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (“Cambio” de Michoacán, 17/05/2007).

A fin de ahondar en el asunto de los emolumentos obtenidos por los mexicanos con relación a los precios, conviene recordar que la canasta básica se incrementó un 35% durante el primer año del gobierno calderonista en 2007. Dicha canasta estaba integrada entonces por 42 alimentos y productos de limpieza y de higiene personal. En diciembre de 2006 un familia requería 818.44 pesos para adquirirla, para diciembre de 2007 debía pagar por los mismos artículos 1,103.63 pesos, esto es, un incremento del 34% o siete veces y media el aumento al salario contractual promedio, cuyo monto fue de 4.5% (La Jornada, 20/12/2007).

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo señalaba a mediados de noviembre de 2007 que la carne de res había incrementado su precio un 8%, ello ocurría mes y medio antes del incremento anunciado a las gasolinas; se reportaba también una caída drástica de 25% en la venta de productos básicos (La Jornada, 14/11/2007).

Desde luego, los grandes oligopsonios tomaron la iniciativa de aprovechar en su favor los aumentos de precios, según informa otro texto de fecha cercana, merced a que las llamadas tiendas de autoservicio se anticiparon a la cuesta de enero de 2008, mediante el expediente de incrementar algunos productos de la canasta básica entre un 200% y un 250% para el ciclo navideño 2007 (La Jornada, 20/12/2007).

Un botón de muestra de la política laboral aplicada por las autoridades federales, con todas las restricciones aplicadas al salario, se colige en la nota referida a la llantera Continental, la que a finales de 2007 pretendía reducir a la mitad el sueldo de sus empleados, para lograr lo cual había interpuesto demanda contra el sindicato a modo de obligarlo a aceptar la reducción de los jornales en un 50%, más la modificación de 30 cláusulas del contrato firmado a principio de ese año. La actitud de los empresarios se oponía de manera flagrante a la Ley Federal del Trabajo vigente. Según la representación sindical, el salario se había depreciado un 60% entre 1982 y 2007, mientras la rentabilidad de la empresa había pasado de 15% a 39.23% (La Jornada, 17/12/2007).

Otro aspecto vinculado con los indicadores revisados es el de la deuda externa, para algunos analistas factor inseparable de la fuga de capitales (Castains, 1987; George, 1990). México, entre 1988 y 1993, transfirió a sus acreedores por concepto de intereses de la deuda pública externa (DPE) 106 mil millones de dólares, siendo notable el incremento de los réditos entre 1992 y 1993, pues subieron a 25,700 y 26,800 mdd, respectivamente, cada uno de esos años (Girón y otros, 1995). Un acontecimiento elocuente sobre la deuda pública ocurrió en 2003, cuando a raíz del escándalo generado por el mega fraude conocido como FOBAPROA, por vez primera en la historia del país el monto de la deuda pública interna rebasaba el débito externo, siendo una por 77,383 mdd y la otra por 75,941 mdd. La suma de ambas equivalía ya a 37 centavos de cada peso generado en México (El Economista, 24/11/2003).

El escenario de la problemática al concluir 2007 se dibujó meridianamente en la síntesis realizada por Roberto González con los reportes del Banco de México y de Banamex-City Group. La deuda pública había crecido en los recientes doce meses a razón de mil 22 millones 400 mil pesos diarios, sin considerar en los pasivos los bonos del rescate bancario (FOBAPROA-IPAB). Entre noviembre de 2006 y octubre de 2007 el gobierno había contratado nueva deuda en el mercado interno de bonos por un total de 368,095 millones de pesos. Ambas instituciones coincidían en que la deuda gubernamental representada por la emisión en el mercado local de bonos había alcanzado a principios de noviembre de 2007 la suma de un billón, 970 mil 881 millones de pesos, equivalente a un 22.6% de la tenida en 2006. Así, el débito interno del gobierno sumado a los bonos de protección al ahorro bancario (FOBAPROA-IPAB), representaban ya el 29% del PIB nacional. La Secretaría de Hacienda, por su parte, reportaba que entre enero y septiembre de 2007 la nación erogó 85,350.2 millones de pesos por concepto de intereses y gastos de administración de la deuda interna (La Jornada, 7/11/2007).

Durante 2007, el gobierno federal desembolsó 102 mil 28 millones de pesos para el servicio de PIDIREGAS o esquema de inversión de largo plazo financiada por particulares ante la descapitalización del propio sector público, guarismo semejante al presupuesto del Programa Oportunidades, orgullo de los gobiernos panistas (El Universal, 3/08/2007). Volveremos más adelante con los inefables PIDIREGAS.

Publicaba el banco HSBC, en la página de su Director de Estudios Económicos, un análisis sobre el comportamiento de la deuda externa pública del país al 31/12/2006, festejando que fuera por 54,766 mdd, apenas el 6.4% del PIB y 21.9% de las exportaciones mexicanas (fincadas por cierto en el petróleo), cuando a finales de 1995 la deuda externa gubernamental había alcanzado los 100,934 mdd, con pagos anuales por servicio que alcanzaban los 30 mil mdd. El autor se felicita porque las autoridades hayan decidido disminuirla en 46,168 mdd a través de mecanismos ordenados y a través de esquemas de mercado, sin conflictos con los organismos financieros internacionales, y, según él, aprovechando “el círculo virtuoso de estabilidad macroeconómica y riesgo país”, abriéndose con ello un perfil de amortización a mucho más largo plazo y mediante pagos atenuados, como en 2007, por sólo 7,602 mdd, lo que entrañaría una disminución significativa, dice, por cuanto se refiere al costo de la deuda y el ahorro consiguiente de millones de dólares. Incluso, con datos del propio autor, el sector privado al cierre de 2006 rebasaba el débito oficial, mediante un endeudamiento por 62,741 mdd (Heath, 11/04/2007).

Por supuesto no sería desdeñable haber logrado reducir en tal medida el monto de la deuda pública externa, incluso al muy elevado costo en réditos, pero veamos cuál ha sido el mecanismo del que se valió el gobierno mexicano para el efecto. La respuesta la encontramos en un editorial titulado Intercambio de deuda externa por interna, peligro para México, donde se da cuenta del procedimiento para sustituir el débito con el extranjero por la contratación de nueva deuda, ahora con acreedores nacionales, lo que en realidad ha significado incrementar el endeudamiento gubernamental, porque los intereses son más elevados en el país. Al cierre de 2000, señala el texto, la deuda pública total era por 2 billones 318 mil 200 millones de pesos y al terminar 2006 se había incrementado a 3 billones 558 mil 223 millones, equivalente al 36.7% del PIB, circunstancia por la que cada mexicano debía 31,983.1 pesos (la fuente de donde el editorialista tomó los datos es el Informe sobre la situación de las finanzas públicas, editado por la SHCP). Así, el sector público concentraba ocho de cada diez pesos disponibles para financiamiento en el mercado interno, cediendo el espacio a la iniciativa privada para la contratación de créditos internacionales, más económicos por las tasas pero riesgosos ante cualquier devaluación, Desde luego la actitud de garantizar el pago al exterior mereció elogios por parte del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, al servicio de los grandes prestamistas (La Jornada, 18/02/2007).

El mismo día del editorial reseñado, Israel Rodríguez, reportero de La Jornada, pormenorizó los datos. La deuda per cápita de los mexicanos se incrementó en un 35% del 2000 al 2006, habiendo pasado de 23, 776.4 pesos a 31, 983.1 pesos, debido al incremento de un billón de pesos en la deuda total del gobierno, según reseñaba el editorial citado recién. En ese momento, 37 centavos de cada peso estaba ya comprometido como pago de deuda. El desglose del débito total del gobierno –externo e interno- es ilustrativo para demostrar la trampa de haber disminuido la deuda externa pública. Veamos. Al cierre de 2006, la cifra había llegado a los 3 billones 558 mil 223 mdp, de los que, atención, un billón, 327 mil 977.5 millones correspondían a la deuda interna directa o presupuestaria (39.5% del total), conocida así en los círculos hacendarios como reconocida en el presupuesto de egresos cada año. Otros 466,760 mdp (13.9% del total) comprendían la deuda externa pública, asimismo incluida dentro del rubro directo o presupuestario. Finalmente, la deuda no presupuestaria o indirecta, que cobijaba el rescate carretero, portuario, azucarero, de la banca de desarrollo, el IPAB y los PIDIREGAS, ascendía a un billón 563 mil 485.9 mdp.

De esta manera, al iniciarse 2007, de los 31,983.1 pesos que cada mexicano debía, 6, 681.4 eran por concepto del IPAB; 5,278.7 por los Proyectos de Inversión con Impacto Diferido en el Registro de Gasto (PIDIREGAS); 992.4 por la quiebra de la banca de desarrollo; 1,530 por el rescate carretero; 407.3 por otros quebrantos. Señalaba el reportero que los PIDIREGAS habían rebasado ampliamente la deuda directa y ya representaban un 16.5% de la deuda total pública de la economía mexicana en 2007. Ese año, el presupuesto de egresos de la federación destinaba 38, 600 mdp para liquidar intereses (La Jornada, 18/02/2007).

Más centrada en el costo del llamado rescate bancario, una noticia se refería a su manejo durante 2007, cuando los intereses fueron por 29, 989 millones de pesos, duplicando así los 14, 575 que se otorgaron a PEMEX para financiar proyectos de infraestructura de largo plazo. Sin embargo, el costo de amortización sumado a los intereses llegó a la cifra de 265, 000 mdp, el doble de lo destinado a los programas públicos de apoyo a la población indígena, el gasto en Ciencia y Tecnología, el Programa Oportunidades y los demás programas de Combate a la Pobreza, que juntos importaron 108, 179 millones de pesos. Ni genialidad ni suspicacia se requieren para colegir a quién favorecen las políticas públicas en su conjunto, a qué intereses sirven y cuál es la función verdadera de los programas radiofónicos de contenido esotérico y suprahumano.

La deuda externa del sector privado al cierre de 2004 era por 76,900 mdd; en diciembre de 2006 había descendido a 62,741 mdd; al mismo periodo de 2007 estaba en 59, 077 mdd (El periódico de México, 1/11/2007).

Remitamos el panorama económico al contexto del agro mexicano. Según los empresarios agrupados en la Asociación Nacional de Empresas comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), el 70% de la población rural ha vivido y vive en la pobreza; dos de cada tres personas habitantes de las áreas rurales se debaten en la indigencia; 17.5 de los 25 millones de campesinos que hay en el país apenas subsisten con los recursos más menguados de toda la población nacional, literalmente dentro de una cultura ancestral de la pobreza. Cada año emigran hacia Estados Unidos aproximadamente 600 mil campesinos mexicanos o lo intentan hacer; la dependencia alimentaria se ha incrementado un 50% con el Tratado de Libre Comercio desde que entró en vigor. Se calcula en cinco millones los empleos perdidos en el medio rural y la compra de alimentos rebasó los 70 mil millones de dólares durante el periodo 2000-2006. Se ha ido generando pobreza, desesperanza, delincuencia, emigración y antagonismo social. La producción agropecuaria se encarece casi a diario con la especulación, los productos desaparecen del mercado y cuando reaparecen han subido de precio. Ganan terreno la crisis alimentaria, el hambre, la miseria y la enfermedad (El Sol de México, 21/08/2007).

Para los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial, no es secreto el desmantelamiento del agro mexicano, pues en su Informe del desarrollo mundial 2007 afirma que la apertura en el campo trajo como consecuencia la caída de los salarios y el incremento del desempleo. La liberalización del sector y la apertura de fronteras a la importación de alimentos provenientes del exterior –señala el texto- fueron decisiones coincidentes con la pérdida de una cuarta parte de la población campesina en tan solo una década; así mismo, el ingreso de quienes se quedaron sufrió una disminución de 33% con respecto al vigente hace 20 años. Según el Banco Mundial, la población rural de México en 2007 era de 24.8 millones de personas, correspondiente al 24.3% del total de la población. La producción agrícola en tal año fue por 24, 339 mdd o 3% del PIB. La extensión cultivable era de 27.3 millones de hectáreas, comparada con 177.8 millones en Estados Unidos y 52.1 millones en Canadá. Las hectáreas per cápita en cuanto a la población rural eran de 1.2 para nuestro país, 30.6 para Estados Unidos y 72.9 para Canadá. Por cierto, nótese la inocultable desigualdad entre los competidores. Entrevistada por La Jornada para comentar el Informe, Karen Hansen Kuhn, analista de Action Aid, organización no gubernamental con sede en Washington que trabaja en 40 países vía programas de alimentación y combate a la pobreza, señaló que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha sido devastador para los pequeños productores en México, ya que varios millones de ellos debieron abandonar sus tierras desde el inicio del acuerdo (La Jornada, 20/10/2007).

Con relación al mismo lapso de 2007, el desembolso por la compra de alimentos se incrementó en 3,443 mdd durante los tres primeros trimestres de 2008, ya que subió de 12,339 en 2007 a 15,782 mdd durante 2008, significando así un alza del 27.9% de un periodo al otro. En los dos años, el déficit de la balanza alimentaria superó el ingreso de divisas frescas para financiar nuevos proyectos de inversión extranjera directa. Los productos importados con mayor demanda por parte de los mexicanos fueron en ambos casos trigo, maíz, arroz, haba de soya, carne vacuna, leche, huevo, lácteos y frutas (La Jornada, 30/11/2008).

Lo que en ese momento vivía el agro nacional está brillantemente sintetizado en la noticia siguiente, referida a la sobreoferta de azúcar dentro del mercado, la manera como se maltrata al productor mexicano y se favorecen los grandes intereses industriales. Señala el texto que los propietarios de los ingenios sólo pueden pagar un incremento de 3.25% al precio de la tonelada y revisar la cotización hasta 2008, por lo cual no es menester insistir en un aumento del 8.25% como exigen los productores y los legisladores, pues se crearía un problema de tesorería, ello dicho por Juan Gallardo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera, quien además desmintió que los empresarios reclamen un subsidio por dos mil millones de pesos para exportar 500 mil toneladas de excedentes, pues lo hacen simplemente previendo el comportamiento del mercado estadunidense, factor determinante de los precios, a manera de garantizar el costo de la producción nacional. Gallardo responsabilizó a la Secretaría de Economía por la sobre oferta del edulcorante al autorizar sobrecupos en las importaciones por al menos 250 mil toneladas, no obstante que se tenía garantizado el abasto nacional mediante la producción mexicana. Tales adquisiciones foráneas, más la reducción de los aranceles a la importación y la falta de acciones para frenar el contrabando del producto, impidieron colocar en el mercado interno 500 mil toneladas sobrantes, señaló el declarante. En 2007 se consumieron en el país 4 millones 587 mil toneladas de azúcar, pero se produjeron 5.3 millones de toneladas, razón por la que hubo un excedente sorpresa que orilló a una caída del precio de hasta 20%, perjudicando a los productores mexicanos. Tanto la Confederación Nacional Campesina como la Confederación de Propietarios Rurales exigió al gobierno respetar los precios y aumentos pactados con anterioridad, desmintiendo los argumentos del señor Gallardo (La Jornada, 12/12/2007).

Sea la púa más afilada y cortante de la corona, una nota más de Víctor Cardoso, relativa a los recursos sacados del país por los mexicanos acaudalados, quienes durante entre 2001 y 2002 habían repatriado capitales por 70 mil 626 mdd, merced a las promesas pintorescas del nuevo gobierno de acceder a pingües utilidades, sin embargo, rezaba la noticia, a partir de 2003 la inversión de los aludidos potentados en el extranjero comenzó a repuntar, habiendo llegado ese año a 220 mil 569.7 mdd; en 2004 pasado a ser de 246 mil 444 mdd; llegado en 2005 a 272 mil 535 mdd, es decir un 10% más; sufrido un disparo mayor durante 2006, cuando los depósitos y propiedades de los connacionales alcanzaron los 317,915 mdd, nada menos que un 16.6% más, para ubicarse en 2007 en la cifra récord de 321, 314 millones de dólares. Todos los datos eran oficiales del Banco de México (La Jornada, 27/03/2009).