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LAS POLÍTICAS INDUSTRIALES DURANTE EL GOBIERNO DE RAÚL ALFONSÍN

Priscila Palacio



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I.2. LA DÉCADA DE 1970 Y EL CAMBIO DE MODELO ECONÓMICO DURANTE EL GOBIERNO MILITAR (1976 – 1983)

Los problemas que ocasionó la industrialización en torno a la sustitución de importaciones pusieron en tela de juicio la eficacia de este modelo como propuesta de desarrollo y, tal vez, fueron los que habilitaron a la junta militar que ocupó el poder hasta 1983, para implementar políticas que llevaron prácticamente al desmantelamiento del aparato productivo nacional .

“El Proceso de Reorganización Nacional pretende cerrar un ciclo de historia nacional que arranca desde la crisis del 30. Viejos prejuicios antindustriales se engarzaron y reforzaron en el ámbito del diagnóstico político-militar, que asigna a la industrialización protegida la paternidad de todos los males argentinos. El P.R.N. se diferencia de las intervenciones autoritarias del pasado tanto en la diagnosis de los males argentinos como en su terapia. La raíz del mal es que desde 1930 la industrialización protegida, la urbanización explosiva y las crecientes presiones populares que acompañan este proceso alteran el equilibrio social y el orden “natural” de la sociedad: eso crea las condiciones estructurales favorables a la creación de movimientos políticos de masa –el peronismo es su máxima expresión-, a la sindicalización, a la expansión del Estado y al debilitamiento de las instituciones ‘:fundamentales” y de las relaciones sociales que habían asegurado en el pasado el progreso con orden y libertad” (Alberti y Castiglioni, 1985: 6).

La corrección de esos “males” (a los que hacen referencia Alberti y Castiglioni) se efectuó, desde el punto de vista económico, mediante la aplicación de políticas de liberalización de la economía. La adopción de este tipo de políticas estaba cobrando cada vez más consenso en el ámbito económico internacional, por la difusión de las ideas de la “escuela económica de las expectativas racionales” (ó “nueva macroeconomía clásica”) . Esta corriente económica cuestionaba el rol del Estado de Bienestar y del Estado intervencionista, considerando que habían sido los principales responsables del panorama global de estancamiento e inestabilidad macroeconómica (“estanflación”), que caracterizó el contexto económico internacional de los primeros años de la década del setenta. En concordancia con esa línea de pensamiento económico que se desarrollaba a nivel internacional, el gobierno de facto, a través de su Ministro José Martínez de Hoz, llevó adelante a partir de 1977 una reestructuración de la economía sobre la base de una reforma financiera, una reforma arancelaria y un incremento del endeudamiento externo argentino . A ello se sumó el progresivo desmantelamiento de los instrumentos de protección a la producción local, que sin embargo se realizó en forma selectiva según la presión que ejercieron los grupos económicos ligados al poder; la sobrevaluación del peso, que incrementó en forma considerable las importaciones de bienes manufacturados; el encarecimiento del crédito; la reducción del mercado interno, entre otros. Consecuencia de estas medidas económicas fue que en el año 1980, y debido a la fuerte reducción del mercado interno, al plan de ajuste aplicado y al acrecentado endeudamiento que enfrentaban muchas empresas, el sector industrial entró en crisis; algunas empresas pudieron superar la coyuntura volcando su producción al mercado externo (Casaburi, 1998: 11) .

Hacia fines de 1981 y comienzos del año siguiente, se cortó el flujo de capitales hacia los países periféricos, lo que obligó al gobierno de facto a adoptar una política de control de cambios que le permitiera afrontar el enorme déficit de la balanza de pagos, y los gastos que demandaba la guerra de Malvinas (Schvarzer, 1998: 86). Las medidas eran similares a las utilizadas durante la vigencia del modelo de sustitución de importaciones, y el propósito era reducir las importaciones y equilibrar en cierto grado la balanza de pagos. Sin embargo, la deuda externa pública siguió creciendo, no sólo debido a los incrementos en la tasa de interés que realizó el gobierno de los Estados Unidos a fin de combatir su recesión económica, sino también debido a la capitalización de los intereses de la deuda y a la decisión del gobierno de facto de estatizar la deuda privada.

“De diciembre de 1981 a diciembre de 1983, la deuda pasó de 35.671 millones de dólares a 43.634 millones por la mera acumulación contable de intereses devengados” (Schvarzer, 1998: 87) .

Las medidas de política económica aplicadas durante el período del gobierno militar (1976 – 83) afectaron de forma heterogénea a los distintos sectores industriales, apreciándose diferencias de impacto incluso a nivel intra-sectorial (Schorr, 2004: 65). Como se observa en el gráfico 5, los sectores que se vieron más perjudicados durante este período fueron: las actividades elaboradoras de textiles e indumentaria, de madera y muebles, de maquinaria y equipos. Por su parte, evidenciaron un mejor comportamiento los sectores de productos químicos y otros, y las industrias metálicas básicas.

En términos generales, puede observarse que durante la década de los setenta (1970 – 1980) el volumen físico de la producción industrial registró una leve tendencia positiva.

Sin embargo, el panorama es muy diferente cuando se analiza el comportamiento de este indicador (índice de volumen físico de la producción industrial) desde comienzos de los años 1970 hasta 1983 (finalización del último gobierno de facto); allí se observa una tendencia negativa, la que resulta mucho más pronunciada cuando el período analizado es exclusivamente el comprendido entre los años del último gobierno de facto (1976 – 1983).

Se hace evidente al observar los gráficos 6, 7 y 8, por qué muchos autores plantean que la reforma económica de fines de los años setenta marcó el punto de inflexión en el proceso de desarrollo de la industria nacional, que se venía registrando desde la segunda posguerra (e incluso desde los años treinta). Para Yoguel (2000), este punto de inflexión se prolongó hasta los años ochenta , y modificó en forma profunda el perfil industrial del país, que de estar liderado por las industrias textil y metalmecánica, pasó a especializarse en la producción de bienes industriales intensivos en recursos naturales (acero, aceite, petroquímica, etc.). A partir de entonces, las antiguas actividades que lideraban el proceso sustitutivo comenzaron a quedar rezagadas, perdiendo participación en términos de producción, empleo (caída de empleo en actividades intensivas en trabajo calificado), y productividad. Y entre las actividades que fueron quedando rezagadas, se encontraba la industria de maquinaria agrícola, y más precisamente, la de fabricación de tractores (ver capítulo IV).

Este proceso de reestructuración fue acompañado de una fuerte concentración de capitales en el sector industrial. Sobre este tema Schorr (2004: 69 a 71) muestra que la crisis del sector industrial afectó a las empresas más pequeñas, y a las grandes, que estaban asociadas al anterior patrón de acumulación (mayoritariamente de origen extranjero , vinculadas al sector metalmecánica / automotriz, y no integradas a estructuras de tipo conglomeral) ocasionando el redimensionamiento de las empresas industriales ; muestra también cómo un pequeño conjunto de grupos económicos locales, conglomerados extranjeros y empresas transnacionales accedieron a una posición de privilegio en un contexto de estancamiento generalizado . Esos grupos económicos vieron favorecidos por sus relaciones con el sector financiero (en expansión desde la Reforma de 1977) y por beneficios extraordinarios que consiguieron del Estado .

Alberti y Castiglioni afirman que, a pesar de que muchos de empresarios ligados al sector industrial asentían con algunos pensamientos de los militares , el sector industrial (en general) se vio fuertemente perjudicado por la gestión económica del proceso. Para los autores, la heterogeneidad de los efectos de las políticas implementadas en la industria tuvo un carácter disgregador en la postura de los empresarios, provocando que el devenir del sector se perjudicara aún más:

“Algunos empresarios, los que pudieron contar con financiación propia o crédito externo, importantes niveles de acumulación e innovación tecnológica, aprovecharon de las nuevas condiciones modernizando sus equipos. Otros se adaptaron reduciendo los costos fijos, disminuyendo el nivel de actividad y reconvirtiendo su actividad industrial en la de importador y comerciante. Es claro que estos empresarios se salvaron individualmente, adoptando una racionalidad microeconómica, pero contribuyeron a la caída de la actividad industrial y la perdida de posiciones del sector en el conjunto de la economía. Otros, integraron sus actividades industriales, muy a menudo en crisis, con la especulación financiera, creando un divorcio cada día mas marcado entre la ilusión de las fáciles ganancias especulativas y el creciente deterioro de la capacidad productiva del país. Hubo también muchos empresarios que simplemente tuvieron que despedir a su fuerza laboral y cerrar sus empresas” (Alberti y Castiglioni, 1985: 6).

Pero si de perjuicios se trata, los más perjudicados por la política económica que implementó el gobierno de facto fueron los trabajadores, no sólo por las políticas represivas que se desarrollaron hacia ellos, y la desarticulación (casi total) que experimentó el aparato sindical, sino por la importante disminución que se operó a partir de entonces en el salario real de la industria manufacturera.

De esta manera, durante el período del último gobierno de facto acontecieron las transformaciones más importantes en la configuración del modelo de desarrollo nacional: el país pasó de un modelo basado en la industrialización a un modelo en el cual tomó cada vez más relevancia la actividad financiera. Lo mismo sucedió respecto del patrón de industrialización, el cual de estar representado por la producción de bienes provenientes de las industrias tradicionales (sobre todo metalmecánica) comenzó a girar en torno a la producción de bienes intensivos en materias primas, commodities, lo cual representó un claro retroceso en términos de valor agregado al proceso productivo nacional.


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