BIBLIOTECA VIRTUAL de Derecho, Economía y Ciencias Sociales


PLAN DE INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DE LA ZONA DE DESARROLLO INTEGRAL DEL SUR DE BOLÍVAR

Daniel Menco Rivera y otros



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A.5 EJE DE PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA

En los principios rectores de la modernización del Estado en Latinoamérica, la participación comunitaria organizada, en un contexto de descentralización política y administrativa, se ha constituido en el mecanismo idóneo para reconvertir las estructuras vetustas del centralismo que en otroras épocas rigió el orden político de las repúblicas nacientes. El verbo de la descentralización de responsabilidades a los niveles subnacionales ejemplifica el camino adoptado por los países, cada uno de ellos con un contenido, forma y proceso singular, para democratizar la función pública en orden a los criterios de la pertinencia y la factibilidad política que se den para una distribución óptima de responsabilidades.

Siendo claro el consenso en la capacidad que tienen los gobiernos subnacionales para responder con eficiencia, eficacia y oportunidad la función estatal de provisión de ciertos bienes públicos, de alcance beneficio-costo, locales, se ha procedido con reglamentar constitucional y legalmente la elección popular de alcaldes para legitimar la construcción de un sistema democrático abierto, participativo y garante del estado social de derecho.

Sin embargo, los atributos de competencia en los gobiernos subnacionales sólo pueden ser congruentes en el marco de la democracia cuando son las comunidades las que protagonizan con la consulta, la opinión, el aval y la priorización de demandas el ejercicio del poder político de dichos gobiernos.

Lo anterior indica, que el concepto de eficiencia en las administraciones subnacionales se debe entender como la capacidad que tienen las comunidades para incidir en la gestión pública local, de tal forma que la gobernabilidad sea un proceso consecuente con las reales aspiraciones, necesidades y soluciones de la población.

En este orden de ideas, el empoderamiento local y el precepto de la autodeterminación de las comunidades más que responder a una efusión conceptual, es la condición necesaria para devolverle a los Estados, entre ellos el colombiano, la credibilidad como institución reguladora y posibilitante de la libertad para vivir, decidir e influir en la sociedad.

En los espacios locales, la vinculación de las organizaciones sociales o comunitarias en el proceso de renovación y reestructuración de la administración pública local, y su participación activa en la discusión y formulación de iniciativas de desarrollo territorial favorece el desarrollo de aspectos como la inclusión de propuestas comunitarias pensadas y trabajadas desde y de la mano con la comunidad, fortalece las relaciones Estado-comunidad y la construcción de líneas de acción política de contribución al mejoramiento social, desde una perspectiva más abierta a lo local, permite consolidar mecanismos de control y veeduría social y dignifica la función pública al tener a la comunidad como instancia consultora de las decisiones políticas.

No obstante a las ventajas que ofrece la participación comunitaria hay una fisura de forma, contenido y alcance que imposibilita el empoderamiento local, cual es la organización y formación social en temas relacionados con la participación y la gestión pública. El no contar con los conocimientos sobre cómo poder influir y propender para que los gobiernos locales cumplan con los deberes constitucionales que les son de responsabilidad exclusiva, dificulta la capacidad de persuasión, obligación y respuesta frente a los mandatarios locales. Lo cual ha repercutido en la carencia de un compromiso real y efectivo con las comunidades.

El planteamiento anterior nos ubica en un momento histórico, cuya tarea inminente está signada por la necesidad de replantear el papel de los ciudadanos y las comunidades en el plano de una democracia mas participativa, pues no sólo la participación electoral legitima a los sistemas democráticos, sino que surge como otra vía, la creación de un nuevo pacto social que fortalezca el accionar del ciudadano y la comunidad y construya las bases para una fuerte participación ciudadana que contribuya a la sustentabilidad del sistema democrático.


 

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