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PLAN DE INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DE LA ZONA DE DESARROLLO INTEGRAL DEL SUR DE BOLÍVAR

Daniel Menco Rivera y otros



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A.4 EJE DE DESARROLLO SOCIAL

En el marco de una macro-visión social de país, donde la igualdad de oportunidades y el libre acceso a servicios sociales básicos constituyen los fundamentos en los que se debe sostener el estado social de derecho en una democracia como la colombiana, son las políticas públicas las que determinan, de acuerdo a los principios que las rigen, la forma cómo deber ser considerada la vida como valor supremo de la sociedad.

En el entendimiento de lo que es el ser humano para el desarrollo, donde asume la condición teleológica de toda política de progreso y bienestar, las políticas públicas juegan un papel fundamental en la medida que marcan el horizonte y las prioridades de desarrollo humano, en el que se tiende a realzar la capacidad humana, para ampliar las opciones y las libertades de decisión, de manera que cada persona pueda vivir una vida de respeto y de valor.

Cierto es que la integralidad de los derechos humanos es un criterio que busca hacer coherente y amplia la capacidad de autorrealización de las personas, sin lo cual la subvaloración o la mayor ponderación de algunos derechos sobre otros, conllevaría a disfuncionar la vida en comunidad. En una sociedad desigual e inequitativa como la colombiana creer que el sostenimiento de la democracia se aviene formalmente con el establecimiento de instituciones de orden electoral, no es más que contraponer la estabilidad y permanencia de la misma a la imposibilidad de una masa social excluyente que no encuentra en su propio país su reconociendo como personas con necesidades económicas, sociales y culturales.

De esta manera, cuando se comprende a la pobreza como un estado de restricciones, imposibilidades e infravaloración social, los costos de oportunidad para una sociedad tienden a ser más altos cuanto mayor sea la postergación de las acciones encaminadas a atacar las causas que les son semilla de aparición, desarrollo y perpetuación.

El sentido de la equidad se convierte, en consecuencia, en el eje central con el que se pretende dignificar y hacer valedera la vida en un contexto en el que lo económico se potencializa de acuerdo a las condiciones sociales que en materia de educación, salud, vías, agua potable y telecomunicaciones tenga acceso la población.

A.4.1 EDUCACIÓN

La movilidad social adquiere su mayor expresión en la medida en que la población mejora sus condiciones de vida. Es por tanto un proceso secuencial, en el que a través del tiempo y dependiendo de los medios que se empleen para impulsarla, la sociedad en conjunto puede encaminarse a un estado de relativa igualdad social.

A lo largo del pensamiento económico, los enfoques del crecimiento del producto han hecho valer la importancia de la educación como variable que explica el diferencial de tasas entre los productos agregados de las diferentes economías y de la equitativa distribución de los ingresos. Por consiguiente, es común denominador observar la paulatina asignación de recursos hacia el sector de la educación, bajo una consideración socialmente equitativa, económicamente productiva, políticamente conveniente y culturalmente enriquecedora.

No obstante, la posición histórica que ocupa cada territorio en la senda del desarrollo condiciona la intensidad de los esfuerzos y los recursos encaminados a contrarrestar las desiguales “dotaciones” iniciales que presenta la población comparativamente presentes dentro de una estructura social propia(nacional) y ajena (internacional).

En el cuadro A.4.1, se muestra que en la zona de desarrollo la cobertura educativa asciende al 61.86% de la población en edad escolar. Sin embargo, esta tiende a ser menos equitativa desde el punto de vista del género, por cuanto son los hombres los que en mayor proporción se encuentran dentro del sistema educativo, con una participación del 61.64%, mientras que en las mujeres asciende al 38.36%.

En cuanto a los niveles de escolaridad se muestra que, no obstante al principio de universalidad en que se rige constitucionalmente la oferta educativa en el pre-escolar y la primaria, aún no se logra darle cumplimiento institucional, puesto que el 13.59% y el 78.49% de los niños se encuentran asistiendo en cada nivel respectivamente.

Una relación entre mercado laboral y la educación nos indica, que el rendimiento que tendrá una persona a partir de los ingresos generados en el desarrollo de una actividad económica depende de la compatibilidad de los estudios cursados con el grado de complejidad y desarrollo que tenga la economía en cada momento del tiempo. Es decir, en la década de los 70´s, el estar formado hasta el grado de primaria, le posibilitaba a una persona obtener un empleo con una remuneración aceptable, mientras que en las tendencias actuales, en que la productividad y competitividad caracterizan al sistema de mercado globalizado, es condición necesaria no sólo tener un grado de formación de pre y post-grado sino también el demostrar las competencias, habilidades y actitudes para desempeñar una labor y obtener una remuneración satisfactoria.

De esta manera, la estrechez del mercado laboral representada por los criterios de selectividad, en donde las exigencias de mayor formación académica son mayores, son aspectos que en sí mismos son una señal de alerta y acción consecuente para sintonizar una oferta educativa de calidad y pertinencia con un mercado laboral que se dinamiza en la desigualdad, teniendo en cuenta que en Colombia la cobertura de la educación universitaria asciende al 15% .

La anterior perspectiva es descalificante para la zona de desarrollo, si se tiene en cuenta que el mayor esfuerzo de formación de la población llega hasta el nivel secundario de escolaridad, pero en el que la cobertura asciende al 7.82%.

Aunado a las coberturas de escolaridad, que son un referente coyuntural, es de interés conocer el nivel de formación alcanzado por la población para lograr diferenciar comparativamente el stock de capital humano en un horizonte de tiempo determinado. Igualmente, con ello se podría evaluar cualitativamente el progreso o retroceso intergeneracional que la población ha mostrado en cuanto al número de años estudios cursados.

En el cuadro A.4.1.1, se encuentra que el 88% de la población ha tenido como principal nivel de estudio la primaria, pero en el que aproximadamente el 29% consiguió concluirla. Los resultados de esta manera relacionados, son diferenciados desde el punto de vista del género, ya que mientras es mayor la proporción de hombres con estudios de primaria completa, en las mujeres es mayor la proporción de estudios en primaria incompletos, siendo del 29% y 65%, respectivamente.

Consistente con la escolaridad presente en la población, en el cuadro A.4.1.2 se observa que el grado de alfabetización llega al 76%, siendo mayor en el grupo etáreo de personas con edad superior a los 65 años (82%) y menor en personas entre los 36 y 45 años.

Ante la situación educativa presentada anteriormente, es de anotar que factores como la pobreza, la lejanía y falta de escuelas, la ausencia y asistencia de profesores junto a sus bajos niveles de profesionalización y el desinterés político de las autoridades locales en ampliar la canasta de servicios educativos y de mejorar la infraestructura, son los que en medida significativa dificultan en la zona de desarrollo mayores logros en la formación y permanencia de las personas en el sistema de la educación básica y secundaria.

El verdadero valor redistributivo de la educación está en la calidad de la enseñanza impartida por la institucionalidad que la representa, las escuelas, dependiente así mismo de las condiciones en que sea ofrecida y en la que la formación del docente, el uso de medios y herramientas pedagógicas, la dotación de materiales educativos, etc., juegan un papel importante cuando contrastar el atraso y la marginalidad social a través de la educación sea el objetivo de una política social.


 

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