1. UN EXTRAÑO CIUDADANO: ARMADO

Aquí venimos construyendo un derecho práctico, desde la misma comunidad; su derecho a ser autónoma, ese legítimo derecho que no ha tenido nunca esta población marginada, que no ha tenido derecho al empleo, en últimas, a tener una vida digna. (Eso es) ahora lo que viene construyendo la población, y nosotros somos parte de ese legitimo derecho, de ese legitimo poder; así lo sentimos, por eso los muchachos se sienten bien de ser milicianos, porque hacen parte de esa población que empieza a hablar, a hacer valer los derechos, ante una clase que la ha marginado8.

(La sociedad civil) ni conceptual ni políticamente puede ocupar el puesto de aquel sujeto en gran formato, inventado por la filosofía de la historia, cuya misión era poner a la sociedad en conjunto bajo su control y a la vez actuar legítimamente en nombre de ella.

Jurgen Habermas9

1.1 Libertarismo y aseguramiento: ¿adiós al Estado?

De muchas formas el mundo actual reclama la insurgencia de sus ciudadanos en procura de la satisfacción de su propia seguridad y la del colectivo inmediato10, en la medida en que muchas y muy diversas agresiones y violencias no solo disgregan sino que parecieran anudar el tejido social. Tal reclamo por la participación en la prestación de servicios de seguridad, pareciera recordar que el Estado, esa figura moderna que debería proveer paz y contención de la guerra, resulta cada vez más insuficiente e ineficaz para proveer un orden constitucional que satisfaga la realización de derechos como el de la seguridad.

La gestión del riesgo y la medición de incertidumbres alcanzan por ello hoy un protagonismo significativo en la vida cotidiana, al punto que el aseguramiento, que tiene a la empresa privada como prestadora de servicios, más que el garantismo, que tiene al Estado como gestor, avanza a pasos agigantados situándose como instrumento eficaz en respuesta a las demandas por la seguridad.

Hoy parece ser más importante tener la certidumbre de estar asegurado que el mismo reconocimiento de la ciudadanía de los derechos lo que ha llevado a que la seguridad se convierta en un producto que se condiciona a las características de un contrato entre aseguradora y asegurado y por ende obedece a los cánones propios del mercado: se asegura a quien pueda asegurarse, es decir, a quien pague lo suficiente como para disfrutar de un bien o un servicio.

En la capacidad para asegurarse encontramos la distinción fundamental entre la ciudadanía expresada en lo que en este trabajo llamaré la ciudad integrada, y la ciudadanía que se construye en los territorios en los que impera el miedo; ciudadanía armada.

En ese contexto, el Estado resulta cuestionado como autoridad ordenadora de la sociedad, abriendo paso a visiones y enfoques que lo ignoran o no lo desean, o bien, que lo desean mínimo. Una de estas visiones es la del filósofo y economista Hans-Herman Hoppe quien afirma que en un sistema de impuestos los ciudadanos terminan pagando al Estado la prestación de servicios que no perciben o que reciben en malas condiciones.

En el sistema de impuestos actual se producen servicios muy pobres, gente inefectiva y perezosa que de cualquier manera que realice su trabajo siempre será abastecida por el gobierno.11

La tesis de una sociedad anarcocapitalista12 de Hoppe a favor de un orden natural, insiste en la defensa de la propiedad privada como incompatible con la existencia del Estado, pues “todo Estado, independientemente de su constitución, es económica y éticamente deficiente”13 . En consecuencia, desde la perspectiva liberal libertaria en la que se sitúa Hoppe, el Estado puede ser reemplazado en la prestación del servicio de seguridad por una empresa más eficiente, en la medida en que los ciudadanos decidan cambiar de empresa de seguridad.

Los argumentos de Hoppe defienden un orden natural, distinto del estatal, “en el que todos los recursos escasos serían de titularidad privada, las empresas dependerían de las contribuciones voluntarias de los consumidores o de donantes particulares y la entrada en cualquier sector de la producción, incluidas la justicia, la policía y los servicios de defensa, sería libre»14

En igual sentido, la titularidad privada se impondría de tal manera sobre los distintos ámbitos de la vida pública que harían innecesaria toda forma de organización política, pues “La propiedad privada es incompatible con la democracia y con cualquier forma de gobierno”15. Por ello Hoppe defiende su idea de un orden natural como el advenimiento de “una sociedad basada en el derecho privado como alternativa a la democracia y a toda otra forma de imperio político”16 .

El Estado visto por Hoppe no garantiza derechos sino que presta servicios; es una agencia depredadora que debe desaparecer, situándose así en la lectura política neoliberal17 que defiende un Estado mínimo, sin finalidades políticas, constreñido a funciones administrativas claramente delimitadas, que deja en las empresas y los administradores la producción económica y la previsión social en condiciones de mercado. El Estado de Hoppe termina por resignarse a favor del interés particular.

Siendo que algunas de estas ideas han sido incorporadas en este trabajo, insistiré aquí en que la afirmación de ciudadanos armados en contextos violentos de ninguna manera puede entenderse como la resignaron de la política en manos de la eficiencia corporativa proveedora de seguridad.

Al contrario de una tesis libertaria como la planteada por Hoppe, el que se reconozca a los ciudadanos -como individuos o como colectivo-el derecho a ser satisfechos o satisfacerse en sus pretensiones de seguridad y bienestar, resulta significativamente consecuente con la existencia misma del Estado.

Por ello afirmaré igualmente que la ciudadanía resulta interpelada cuando el Estado se manifiesta insolvente para proveer la satisfacción de derechos como el de la seguridad y la convivencia.

Si “la ciudadanía está en juego cuando, al establecer una relación contractual, una de las partes puede o no dirigirse a un organismo público legalmente competente del que cabe esperar un trato justo para que intervenga y falle en el asunto”18, es evidente que lo está mucho más cuando ese organismo legalmente competente, por ejemplo los organismos de seguridad pública, no operan de acuerdo con la función que cabría esperar que cumplieran en una sociedad.

Así es como en la aparición y consolidación de milicias ciudadanas en sectores populares de las ciudades, organizadas como cuerpo de ciudadanos armados en defensa de derechos individuales y colectivos, se encuentra un reclamo por el Estado antes que por su disolución. Las comunidades que armaron a sus jóvenes como milicias, no pretendían construir un orden estatal del que se excluyera al Estado oficial. Como anotaré, estas comunidades suplen como pueden la satisfacción de la seguridad y el aseguramiento de un determinado territorio, sin esperar más a que el Estado pretendidamente nacional se imponga o impere sobre aquellos actores que constriñen a la comunidad en un orden de tipo delincuencial.

Los ciudadanos se hacen a las armas para funcionar temporalmente como fuerza pública; no para enfrentar al Estado19 mas sí para convertirse de hecho en gestores de orden al interior de un barrio o una comuna, situación que ocurre en el contexto de la pervivencia del Estado pretendidamente nacional.

Es a la idea del Estado y las funciones sociales que se le han asignado en procura de la perpetuación de la vida y otros derechos considerados como inalienables, a lo que se recurre desde los ciudadanos armados aquí presentados; actores que se ganan su ciudadanía en la defensa histórica por los derechos de inclusión a la ciudad integrada, en la cual el Estado provee un orden menos precario. Como tal son el producto inmediato de –por lo menos- cuatro décadas de luchas por la vivienda, la construcción de vías, el levantamiento de andenes y escalinatas con las cuales conquistar las montañas en los bordes de una ciudad casi irónicamente denominada la tacita de plata.

Lejos de la postura de Hoppe sobre construcciones societales libertarias sin Estado, el hecho de que grupos de ciudadanos busquen y consigan temporalmente imponerse sobre el desorden permitido o provocado por el Estado oficial20, permite dimensionar suficientemente los avatares de la ciudadanía en un contexto de conflicto prolongado y violencias omnipresentes.

Se trata de una ciudadanía que cuestiona de hecho, eso sí, la soberanía estatal;21 que irrumpe en el escenario social y político de Medellín entendiéndose a sí misma como un poder, un pequeño Estado dentro del Estado22; que si bien acude a formas insurgentes de operación militar que le enfrentan a la fuerza pública y le ganan el calificativo de ilegal, no desconoce al Estado sino que lo reclama en condiciones reales de garantía para la vida, la seguridad y la realización de derechos sociales.

Aunque al operar como Estado lo desplaza, aquella ciudadanía accede a instrumentos y mecanismos de fuerza y acción violenta precisamente en procura de la restitución de un orden social en el que El Estado no esté ausente y pueda satisfacer necesidades y derechos de los ciudadanos. Por ello es que no puede afirmarse que estos ciudadanos se apropian para sí plena y definitivamente de lo que constitucionalmente es un deber de la fuerza pública. Lo que hacen es inaugurar una forma de relación entre el Estado y los ciudadanos mediada por un actor parapolicial que presta con cierto nivel de eficiencia e inmediatez servicios de seguridad y protección.

En palabras de Luis Guillermo Pardo, exconsejero de paz y convivencia de Medellín, las milicias, en particular, ante la negligencia e impotencia estatal para la vigilancia de la seguridad ciudadana, se van convirtiendo en un para-estado de seguridad en los barrios populares, creando un espacio de legitimidad, que se expresa por la comunidad y que es reconocida permanentemente por ella misma e incluso por algunas autoridades civiles23 .