1.3 Entre la desobediencia civil y la resistencia armada

En la desprotección y la precariedad para disfrutar de ámbitos de seguridad individuales y colectivos, ciudadanos y comunidades barriales populares emergen y se convierten en actores públicos42 que acuden a las armas en demanda de gobernabilidad y como vía de defensa ante la situación producida por un incremento de la inseguridad y de la criminalidad. Con ello se desdibuja una rígida clasificación de los milicianos como delincuentes, es decir actores privados violentos, y surge la evidencia de ciudadanos armados que irrumpen como actores públicos en el escenario de la ciudad.

¿Qué otro significado podría hallarse a la aparición de un movimiento no uniforme43 de ciudadanos que acuden a las armas para defenderse de la agresión delincuencial y la desprotección estatal?

Estos ciudadanos entran a producir un orden provisional al estatal no para pretender el cambio del sistema político y económico tomándose el poder, ni para desencadenar situaciones de guerra civil como las sucedidas en nuestra nación hasta inicios del siglo XX, ni para fomentar la revuelta partidista instigadora de La Violencia de mediados de siglo XX y hasta el Frente Nacional. Acudiendo a la defensa de derechos humanos fundamentales, incorporados al imaginario popular en las prolongadas luchas cívicas por la inclusión social y política en las décadas en las que colonizaron las laderas de la ciudad, los ciudadanos responden a las agresiones de una delincuencia hostil que genera una atmósfera de inseguridad, un estado de permanente zozobra, y se arman acudiendo a sentimientos y valores sustentados en la vecindad.

privados cuando los hechos de violencia que los involucra están asociados con normas que regulan las relaciones entre las personas sin que se sobrepase las esferas de sus vidas como sujetos particulares". CAMACHO GUIZADO Álvaro.

GUZMÁN Álvaro. Colombia, ciudad y violencia. Bogotá, Foro Nacional, 1990, p. 26

Estos ciudadanos se levantan en armas, desobedecen al Estado y resisten las agresiones posteriores de los delincuentes y del propio Estado como medida necesaria para asegurar en la cuadra, el barrio y la comuna la realización de derechos fundamentales y garantías de seguridad, libre movilización, recreación y esparcimiento; derechos no conquistados en las luchas cívicas ni garantizados por el Estado.

El gobierno no pensaba en nosotros; al gobierno no le importó si aquí los niños se morían o si a nosotros nos mataban; es más, él mismo nos mandó matar44 .

Como actores armados prestando servicios de seguridad, estos grupos entran a pacificar parcialmente un escenario social caracterizado por las violencias y la violación de derechos, en el que el Estado no procura recuperar para sí el monopolio de la fuerza, el ejercicio coactivo y la soberana cohesión social45 sino que por el contrario algunos de sus instrumentos apoyan y promueven extraoficialmente instancias represivas violentas con los medios criminales que supuestamente combaten. En esta circunstancia se sucede su reacción como ciudadanos, armados y organizados en milicia; es decir, como un grupo social que funciona como actor público garante de seguridad y orden en su territorio46, por mandato comunitario, según su propio relato:

Ante un individuo que lleva ocho o diez violaciones, quince o más muertos, el clamor general es la muerte para esa persona..., lo que hacemos nosotros es ejecutar una decisión que la comunidad ya tomó...Normalmente es la voluntad del pueblo la que se expresa; nosotros ejecutamos el acto, pero el juicio lo hace el pueblo47 .

Por eso este nuevo tipo de organización no está contando con la aprobación del Estado: simplemente la población se está organizando por su cuenta, resolviendo a partir de su cotidianidad los problemas diarios que se le presentan, que se van a seguir presentando48 .

Al convertirse las Milicias en eco comunitario, interpretan el afán de seguridad que las comunidades bajo su influencia demandan y no encuentran verificada en la acción de los organismos estatales. En esto consiste su desobediencia, la cual puede entenderse como desobediencia civil armada, en la medida en que la expresión del no acuerdo con la inacción estatal -que favorece la acción delincuencial -opera desde la resistencia activa que acude a las armas en defensa del orden precariamente construido en las luchas sociales ancestrales.

Acojo aquí la tesis de Gustavo Lagos para quien el concepto de no violencia, por definición, rechaza todo acto de violencia, lo que no sucede siempre con el concepto de desobediencia civil49 . Si ello es así, una forma de desobediencia civil armada como expresión de ciudadanía en contextos violentos evidenciaría el grado de desarticulación social y política al cual se ha llegado luego de un prolongado conflicto en el que ni el Estado ni la ley resultan eficaces, como plantearé más adelante.

Esta forma de desobediencia civil armada se diferenciaría de la desobediencia criminal al no ser la trasgresión en función del propio beneficio su razón de ser. Se diferenciaría igualmente de la resistencia revolucionaria en la medida en que opera en paralelo con la autoridad establecida, procurando de ésta una presencia suficiente para demoler el orden delincuencial y generar condiciones reales para la supremacía del orden constitucional50 .

Estos ciudadanos deciden enfrentar a un enemigo interno y vecino, que no es el Estado ni la sociedad en abstracto: es la banda, el sicario, el ladrón, el violador y todos ellos constituidos en sociedad criminal enfrentada a la sociedad ciudadana, en un contexto social turbulento.