5.3 El estado es legitimado cuando pone en cintura el animus belli

La legitimidad es la fuerza del consenso; es la medida de la confluencia sobre lo público y las acciones públicas. Como tal no está referida solamente a la aceptación de los hechos y manifestaciones de los gobernantes, sino igualmente se dirige hacia la aceptación y obediencia al poder político puesto en el Estado.

Un estado no solo tiene el derecho de asegurarse y procurarse su defensa y seguridad225, sino también constituye su fundamento el aseguramiento de la vida de los individuos como consecuencia de la superación del escenario de zozobra permanente que le condena a una vida miserable y el advenimiento de un escenario signado por la seguridad ciudadana que se pueda alcanzar.

Dicho escenario es consecuente con la superación de la desconfianza mutua y la concepción de un enemigo común, más allá de las rencillas parroquiales, lo que vence los respectivos intereses particulares que convergen en la consolidación de la fuerza a favor del Estado.

Así pues, en principio, el fundamento de la legitimidad dirigida al Estado estriba en el grado de confianza pública y la sensación de seguridad ciudadana que genera, sin lo cual no habría necesidad de Estado. En esto consiste la influencia que el Estado debería ejercer sobre los ciudadanos.

De hecho advierte Hobbes:

Si pudiéramos suponer una gran multitud de hombres capaces de regirse mediante la observancia de la justicia y de otras leyes de la naturaleza, sin necesidad de un poder común que los mantuviese a todos atemorizados, podríamos, asimismo suponer que la humanidad entera sería también capaz de hacerlo. Y, en ese caso, ni el gobierno civil, ni el Estado serían necesarios en absoluto, ya que habría paz sin tener que recurrir al sometimiento226 .

Así las cosas, lo que Hobbes parece advertir es la idea de una hegemonía de consenso que constituya el pilar de la supremacía de la fuerza estatal y marque los signos de su legitimidad. Ello es importante porque nos permite decir hoy que el Estado como poder común investido de autoridad, nace de la aceptación de ese poder común, aceptación que ocurre como construcción social y reproduce los códigos de la institucionalidad convenida en el imaginario de quienes la legitiman227 .

Ahora bien, en un contexto de guerra permanente, la legitimidad dirigida al poder político e institucional no pretende como en Hobbes, ceder al estado monopolios irrestrictos, con independencia de uso y funcionalidad, toda vez que la legitimidad como construcción de imaginarios para la acción política implica cierto nivel de eficacia simbólica y real, que por ejemplo desestimule las acciones violentas de los particulares y genere las operaciones necesarias para producir respuestas institucionales capaces de reciprocidad ciudadana, cosa que el Estado colombiano no habría podido concretar228 .

Dicho en palabras de Mauricio Romero,

Ese monopolio sobre el ejercicio de la violencia es socialmente construido y reproducido, no sólo a través de las prácticas de los agentes estatales, sino también por la legitimidad y efectividad de esos agentes para hacer cumplir el orden normativo que apoyan, en el territorio que reclaman. Así, esa exclusividad o monopolio es más bien el resultado de un conflicto y negociación permanentes. En este sentido, la soberanía como última autoridad en un territorio no es un atributo inherente del Estado, sino resultado de un proceso histórico. (…) En suma, la soberanía (y diría que la legitimidad igualmente) es una práctica relacional y no un atributo categórico y natural del Estado229 .

En el contexto de las garantías institucionales y las salvaguardas para la protección y aseguramiento público, la medida de legitimidad o legitimación230 se dirige a la aprobación o desaprobación de las acciones y hechos de aquellos a quienes se ha investido de autoridad, como agentes de la acción estatal que concretan y operacionalizan, responsables del juego político que transa y negocia permanentemente en función de los mayores interés del público y del Estado.

Sin embargo, aún en un estado débil y marchitante, en una democracia de apariencias231 , no debería ocurrir que lo que se negocia y está en conflicto permanente sea la autoridad estatal, enfrentada con poderes y ordenes alternos. Patéticamente es esto lo que acontece cuando se perpetua, sin fórmula de supresión, el animus belli, al superar la violencia el umbral que una sociedad esta dispuesta a tolerar, comprometiendo la capacidad potencial del Estado para producir orden232 .

Pese a ello, allí donde el Estado o sus operadores, antes que personificar la autoridad la desdibujan, es decir, perpetúan los estados de guerra y el animus belli, se termina por reiterar permanentemente el desorden233 , sin encontrar fórmulas que revitalicen la vida social y política, garanticen el mandato del Estado y generen la obediencia racional necesaria para que el Estado no se desequilibre ni se debilite234 .

La prevalencia de la guerra no sólo como impulso sino como atmósfera de la vida política –así ésta imagen resulte teóricamente improbable-evidencia que las sociedades desestabilizadas lo son precisamente porque, al contrario de lo que podría suponerse, requieren más Estado y no menos, en la medida en que es el músculo de un Estado robusto lo que se constituye en cimiento de la vida dichosa a la que aspiran quienes viven en una sociedad política recompuesta o bien ordenada.

La idea de una hegemonía de consenso que fundamente la legitimidad no es posible sin una medida generalizada de obediencia al Estado. Legitimar al poder por vías institucionales implica “un determinado mínimo de voluntad de obediencia, o sea, de interés en obedecer, esencial en toda relación autentica de autoridad”, a sabiendas de que obedecer presupone o posibilita “la probabilidad en la que se puede confiar que se dará una actividad dirigida a la ejecución de sus ordenaciones generales y mandatos concretos por parte de un grupo de hombres cuya obediencia se espera”235 .

Así pues, un Estado robusto lo es precisamente porque esta en capacidad de, por una parte, poner las reglas de juego para el ejercicio de dominación política necesario para ordenar una sociedad -en función de la obediencia que es capaz de producir y la capacidad real para detentar el monopolio de las armas o de la fuerza. Un Estado robusto se gana igualmente cierta fluidez nacida del consenso en la identificación de la guerra como ausencia de orden -y por lo tanto como el supremo mal-, y procura el apaciguamiento del afán de batallar y la cesión de las armas. Un Estado así se convierte en antídoto contra la guerra y se construye socialmente como representación del orden.

Habría que comentar, finalmente, que cuando se responde no a los interés societales en procura de la eliminación del supremo mal, sino en función de intereses y razones de Estado – la más de las veces emparentadas con razones económicas y clientelares-, la contención y enfrentamiento del afán de batallar que un Estado robusto dador de miedo produce resulta no solo peligroso sino probablemente indeseable en contextos como el nuestro, en los que la fuerza del Estado se convierte en imposición y arbitrariedad de los gobiernos, y la robustez del Estado tiende a producir complicidad y connivencia con la ferocidad de las elites.

De ello dan cuenta las múltiples experiencias totalitarias y dictatoriales escenificadas en América Latina, con su estela de muertes, persecuciones, desapariciones, masacres y torturas, visible aun hoy en día; así como las expresiones en apariencia minoritarias y locales desde las que comunidades urbanas han respondido con violencia legitimada y consensuada por los ciudadanos; violencias éstas que se desbordaron con relación a sus pretensiones originales ganándoles deslegitimación y rechazo236 .