2.3 ¿Buscando Poder o construyendo influencia?

Entramos y se suplantó a la policía, lamentablemente, durante un tiempo (pues) eran ellos los que tenían que entrar a desarrollar la justicia, la vigilancia, detener. Eso lo asumieron un tiempo las milicias. Ahora, en cada barrio o en cada comuna entra la policía común y corriente. Pero antes no se podían dejar entrar porque se sabía que venían a cometer masacres, pues con su guerra contra el narcotráfico (…) ellos involucraron a Raimundo y todo el mundo (…) y había que impedirles la entrada. Entonces la gente no entendió eso; y durante un tiempo nos decían que nosotros suplantábamos a la Policía, pero claro, había que suplantarlos porque no había otra ley. Creo que los ánimos han cambiado, pero si la cosa se pone jodida, habrá que confrontarlos78 .

El poder al que ha de aludirse cuando se evalúa el asunto de la violencia referida al conflicto social es entonces el poder político, el cual para Arendt “emerge dondequiera que la gente se reúne y actúa de manera concertada, deriva su legitimidad del acto inicial de juntarse antes que de cualquier acción posterior”79 . Así pues, el poder referido a lo político habría que diferenciarlo de una forma de relación social en apariencia similar, mejor identificada desde el concepto influencia.

Si se acepta que el político es específicamente un poder que dispone del uso exclusivo de la fuerza en un determinado grupo social80 , puede pensarse que cuando el uso de la fuerza no resulta exclusivo, el poder como tal se expresa en negativo; no es poder en realidad, en la medida en que no alcanza a influir decisivamente en la construcción del orden sobre un determinado grupo social.

Así, en una estructura social cohesionada resulta razonable que los ciudadanos decidan acudir a vías institucionales, en las que se concreta el poder político, para resolver sus conflictos y gestionar sus demandas, toda vez que un Estado fuerte les garantizaría el cumplimiento y la realización de la justicia. Sin embargo, cuando aparecen hechos de violencia relacionados con la no resolución institucional de dichas demandas y cuando es precario el poder de arbitramento estatal de los conflictos, la razón de ser del Estado -sustentada en el poder a él cedido y la influencia por él ejercida-resulta cuestionada y comprometida. Tienen lugar el surgimiento de respuestas ciudadanas y comunitarias que repelan proporcionalmente las agresiones de quienes les violentan, extendiéndose e influenciando un determinado territorio sin que por ello trastoquen la estructura en la que se enmarca el poder político81 .

Española, 1944, Tomo 1, p. 54 81 Por lo reciente de este hecho es probable que no perciba correctamente su magnitud; sin embargo, y a pesar de las diferencias de fondo y forma que sean evidenciables, la rebelión de los forajidos -como se conocerá en adelante a la revuelta ocurrida entre el 14 y el 21 de abril, que acabó con el mandato de Lucio Gutiérrez como Presidente ecuatoriano-, es un buen síntoma de cómo hechos producidos por movimientos sociales transforman un escenario político sin pretender para si la conquista del poder ni transformaciones en la estructura política. Esta es la evidencia de un estado sistémico precario (Maier, 1995) en el que, si bien se socava la formalidad institucional al derrocar popularmente a un Presidente, la institucionalidad demuestra su rápida capacidad de absorción que la preserva a pesar de los cambios, sin que por ello se desestimule la resistencia popular. Esta, por cierto, no fue una rebelión ilustrada sino de ciudadanos autoconvocados: Ver: “Los presidentes huyen pero el sistema queda” http://bolpress.com/internacional.php?Cod=2005000151.

Es en medio de tensiones entre el poder y la influencia que se ocupan los espacios sociales en los cuales los actores armados -delincuenciales unos y de resistencia otros-extienden su capacidad de acción sobre un determinado territorio y su población. Al igual que Ruth Zimmerling, entiendo que “no siempre las relaciones sociales poseen siempre un aspecto de poder, sí pienso que – en tanto relaciones sociales- poseen siempre un aspecto de influencia”82 .

En igual sentido diferentes autores, entre ellos Niklas Luhmann83, insisten hoy en la necesidad de distinguir los atributos que hagan posible una precisa relación entre el poder -un concepto socorrido habitualmente-, y la influencia –un concepto menos utilizado-, como subproductos de la política en un sistema complejo.

Talcott Parsons permite una aproximación critica a estos términos; acudo a sus indagaciones84 para afirmar que poder e influencia no son términos semejantes, aunque no son opuestos. Algunas precisiones en torno de esos conceptos permiten definir mejor las pretensiones y el tipo de recursos que movilizan y las metas comunitarias en las que inciden los que aquí son presentados como ciudadanos armados.

La perspectiva funcional de Parsons85 , entiende que “comprometer una colectividad para la consecución de una meta significa, además de afirmar la conveniencia de alcanzar dicha meta, comprometerse a tomar medidas bastante especificas para producir el estado-meta deseado, que requiere la movilización de los recursos de que dispone la colectividad”86 . Parsons defiende que estos recursos colectivos se movilizan por los medios autorizados para ello, por lo cual la justificación necesaria para operar dichos recursos debe encontrarse en el desempeño de una función decisoria y jerarquizada al interior de un sistema social que se propone satisfacer metas colectivas.

Para eso sirve entonces el poder político; esa es su función, en la medida en que el poder es entendido como “un medio simbólico generalizado que circula de modo muy parecido al dinero, cuya posesión y uso permiten desempeñar más eficazmente el cometido de un cargo con autoridad en una colectividad”87

El poder resulta ser la expresión institucional de la autoridad en una colectividad; o dicho de otro modo, es el medio de incidencia directa de la autoridad institucionalizada en una colectividad.

Así pues, el poder expresa una capacidad sistémica y generalizada para “asegurar el cumplimiento de obligaciones por medio de unidades en un sistema de organización colectiva cuando las obligaciones están legitimadas con referencia a su conducta en los fines colectivos, y donde, en caso de obstinación, hay una presunción de cumplimiento por sanciones “situacionales” negativas – cualquiera que sea la gestión real de aquel cumplimiento”88 .

La fuerza tiene aquí una consideración instrumental, como dispositivo de sumisión o sancionatorio útil al poder para garantizar, en caso de obstinación, el cumplimiento de funciones en torno a metas colectivas. En esta consideración el poder tiene una característica orgánica, institucional, vinculada con la satisfacción de metas colectivas por medios legítimos, capaces de movilizar los recursos societales necesarios. Por ello el poder “causa resultados a pesar de una posible resistencia o, en otras palabras, es causalidad bajo circunstancias favorables”89 .

Con características diferentes se expresa la influencia, entendida por Parsons como “el medio de persuasión que se apoya no en la aceptación de la argumentación intrínsecamente presentada sino en el prestigio o reputación de la fuente de la que procede aquélla”90 , lo que constituye el eje central de la legitimidad.

Así, si bien en términos de capacidad poder e influencia se expresan en un campo de relaciones suficientemente cercano, las variaciones ocurren cuando se observa que el poder requiere de obligaciones y por lo tanto obediencia, mientras que la influencia implica convencimiento y por lo tanto posibilidades.

A diferencia del poder -cuya eficacia se sustenta en la adscripción de metas colectivas y la obediencia simbólica de una autoridad a la que se le confiere la potestad de movilizar los medios necesarios para alcanzar dichas metas-, la influencia se soporta en la fiabilidad de la fuente y en la “orientación significativa compartida”91 que la capacidad de influir implica.

Así pues, obediencia simbólica y orientación significativa no son sinónimos; su distinción puede hacerse mejor si se considera el asunto de la desobediencia: El poder, ante la desobediencia, se impone y sanciona, evidenciando que su finalidad son las metas colectivas, los principios –y estos no se negocian. La influencia presupone la desobediencia y por ello seduce, de manera que ponga a los individuos y al colectivo ante la posibilidad de elegir, decidir si acuerda o no la reverencia a objetivos comunes.

La presencia del poder evidencia los terrenos de la dominación política, mientras la influencia nos permite ver los resortes de la autoridad92 al interior de un colectivo humano. La capacidad de influencia esta relacionada con el medio de persuasión y la movilización generada. Sin embargo, al igual que el poder, la influencia acude ocasionalmente a la fuerza, generando acciones coercitivas y coactivas, que se corresponden con los objetivos que han sido previamente colectivizados. En tal sentido, “las acciones a menudo vinculadas con el concepto de influencia son amenaza, convencimiento, promesa y otras similares. Pero ninguna de estas acciones ofrece una “garantía de influencia” y no todo aquel que quisiera extorsionar, asesorar, seducir, logra “impresionar”93 .

Por ello podría pensarse que ciertas acciones de una banda delincuencial, por ejemplo, operan atributos del concepto de influencia; en la medida en que éstas amenazan, extorsionan y constriñen a los ciudadanos. Sin embargo, ni el producto de su acción ni su resultado puede concebirse como una disposición a negociar y seducir que lleve a legitimar sus acciones. Al contrario, se expresan con los códigos del poder, por lo cual generalmente producen obediencia en función de los fines delincuenciales que pretenden, para los cuales cualquier medio resulta posible, incruento o no.

Los grupos de ciudadanos armados, por el contrario, operan con los códigos de la influencia, situando sus objetivos en las coordenadas del aseguramiento territorial y la satisfacción de expectativas comunitarias vinculadas a la garantía de derechos.

Podría pensarse igualmente que conflictos sociales que socavan la seguridad personal y colectiva, resueltos directamente por los ciudadanos acudiendo a la vía armada resquebrajan la capacidad de influencia del Estado. Sin embargo, la tramitación no institucional de los conflictos evidencia precisamente la debilidad o imposibilidad real de ejercer influencia por parte del Estado, cuyo poder resulta cuestionado y pretendido por fuerzas guerrilleras y delincuenciales organizadas, armadas y territorialmente desbordadas, a las cuales no puede, no desea o no está en posibilidad de enfrentar, de cooptar o de eliminar, dejando a los ciudadanos en éste – como en otros campos-ante la necesidad de autogestionar sus propias formas organizativas de seguridad:

Las milicias aparecen como un grupo de defensa, no de ofensiva, para defender lo mínimo que se conseguía la gente de los sectores populares… ante la crisis las comunidades se van defendiendo, solas, pues los grupos insurgentes aparecen mas que todo de apoyo. Esa fue una respuesta que empieza casi desde lo espontáneo, desde las comunidades, de no aguantar las violaciones, los atropellos. Podríamos decir que desde la desobediencia, desde el sentido de la desobediencia civil, de ver al Estado y a los cuerpos de seguridad que no garantizaban ningún nivel de seguridad a las comunidades y por la impunidad, que fue muy grande alrededor de eso94 .

En el fenómeno que nos ocupa se sucede una cierta convergencia entre poder e influencia toda vez que, en un momento determinado, asociados políticos95 habitantes de sectores urbanos supuestamente bajo la influencia del Estado, legitiman el uso de la fuerza, la coacción física, e incluso la aniquilación del enemigo como justificación de la acción necesaria para el aseguramiento de derechos y la satisfacción de la seguridad comunitaria, aunque el cuadro administrativo institucional -figura a la que en esas condiciones se reduce al Estado-, juzgue ilícitas tales acciones. Acciones que por demás identifica como semejantes, sino iguales, a aquellas que tienen como protagonistas a individuos considerados delincuentes.

Esta configuración de sujetos armados, desobedientes en los límites de la acción estatal, por fuera del marco institucional regulatorio, refleja suficientemente el desorden y la turbulencia96 en la que se levanta una fuerza de ciudadanos, de espíritu comunitario antes que republicano97 , con capacidad de influencia suficiente como para ganarse transitoriamente el favor popular y la aceptación suficiente para buscar imponerse en un determinado territorio, mientras llega el Estado, pero sin esperarlo.

El surgimiento de grupos de ciudadanos armados98 , custodios de una legitimidad expresada en códigos comunitarios no estatales, en defensa de sus territorios barriales, garantizando un ámbito vital socialmente construido y aceptado aun bajo las implicancias del enfrentamiento con individuos o bandas delincuenciales, ejecutando acciones de fuerza como garantía de la prestación de servicios públicos como el de la seguridad, cuestiona el monopolio de las armas por parte del Estado, como diré adelante, y da cuenta de un contenido político en las actuaciones de esos grupos sociales, sin que por ello pretendiesen, al menos no de manera fundamental, hacerse al poder, es decir, conspirar para precipitar la desaparición de un orden jurídico - político, institucional.

La respuesta violenta es, entre otras, una salida para enfrentar fenómenos sociales y políticos conflictivos; una salida evidentemente extrema, que se institucionaliza cuando un Estado eficiente se ve obligado a usar la fuerza, y se legitima comunitariamente cuando los ciudadanos hacen uso de ella para suplir la debilidad del Estado, sustentados en una concepción de corte contractualista, según la cual el poder político nace de la cesión de la capacidad autónoma de los ciudadanos para defenderse por sí mismos99 .

Afirmar que no es el poder lo que mueve la constitución de ciudadanos armados tal como se les identifica en este trabajo, más sí la generación de ámbitos de influencia que generen seguridad por el dominio territorial alcanzado y la acumulación de confianza que les legitima, pretende solamente aportar a su caracterización y a su distinción con actores armados de tipo guerrillero. Al respecto, recalcando que esta fuera de mis propósitos, es posible también una distinción entre las milicias populares y las denominadas milicias guerrilleras en función del propósito de la acción de estos grupos, que insiste en la combinación de todas las formas de lucha y en la urbanización del conflicto para “la toma del poder”. Otro rasgo distintivo estribaría también en el nivel de autonomía de las milicias populares, sujetas a los propósitos comunitarios de origen, en oposición a la restricción de acción de las milicias urbanas de las guerrillas obedientes en una estructura de comandos, bloques y frentes jerarquizados.