Ciudadanía universal, derechos políticos y paz en la migración

Eduardo Andrés Sandoval Forero
esaforero2002@yahoo.com

Introducción

La migración es un fenómeno social, económico y político de gran importancia que presenta múltiples dimensiones relacionadas con falta de empleo, desplazamientos forzados, refugio y asilo político, derivados de la intolerancia, los conflictos, las violencias y las guerras regionales e internacionales. Mientras el capital y las mercancías abren fronteras, éstas se cierran y se militarizan para impedir la migración, violando los más elementales derechos humanos y dejando sin protección a los trabajadores migratorios y sus familias. Conocer esta compleja realidad de la migración internacional en tiempos de la globalización, es lo que se pretende en el presente trabajo, desde la perspectiva del codesarrollo, los derechos humanos y los derechos de los migrantes.

Las migraciones humanas dentro del marco geográfico de un mismo país, así como las realizadas a través del cruce de fronteras, se han presentado desde tiempos muy remotos, pero sin duda alguna los flujos poblacionales han tenido relación directa con las condiciones demográficas, económicas, sociales, culturales y políticas de los países y regiones expulsoras, de transito y receptoras.

Las causas y las consecuencias del fenómeno han sido base para la elaboración de diversas teorías que tienden a explicar las condiciones migratorias. De manera muy reciente, a partir del enfoque de la interdependencia económica, se ha expuesto la teoría monetaria en su relación con las migraciones.

En sus diversos tipos las migraciones son de una amplia complejidad toda vez que tienen que ver con situaciones que involucran infinidad de variables en las decisiones voluntarias e involuntarias de partir, de transitar, de radicar en otro hábitat distinto, reubicarse en otro país o de retornar al lugar de origen.

Es decir, en general el movimiento poblacional es un problema y es una solución al mismo tiempo, en tanto que la imposibilidad de seguir habitando su cotidianidad se torna en un problema; el desplazamiento y sus consecuentes desarraigos se convierten en la solución también del momento, que, a su vez, crean otros problemas afectando significativamente la existencia del migrante.

En otra dimensión, es un problema generado en los países emisores que temporalmente “solucionan” parte de sus grandes dificultades nacionales por medio de la emigración, fenómeno que se convierte en solución de mano de obra barata y superexplotada en los países receptores; a la vez que se potencializan los problemas relacionados con la aceptación de los otros culturales, nacionales, raciales y religiosos, trascendiendo a la problemática jurídica-política.

Son mano de obra necesitada de trabajo, fuerza laboral que se acompaña de culturas, nacionalidades, políticas, religiones, etnicidades, género, edades, historias, y dimensiones humanas que están latentes y explícitas en esa condición de inmigrantes.

Contingentes de hombres, mujeres, niños y ancianos cruzan fronteras naturales y políticas de Sur a Sur y del Sur al Norte caracterizados tanto en su origen como en su destino por la pluridireccionalidad de los flujos, con la esperanza de poder conseguir trabajo, vivienda, atención a la salud, educación, huir del horror de las violencias, salvar sus vidas, impedir ser torturados, desaparecidos o encarcelados en sus países de origen. Infinidad de sufrimientos se constituyen en las causas de hombres y mujeres que buscan escapar de la miseria, el hambre y las violencias en sus países. Esta desesperante situación de millones de seres humanos, sin ninguna alternativa de subsistencia, los obliga a emigrar, a jugarse la vida en las pateras, en los containers, en los neumáticos en el mar, y en el cruce de desiertos con temperaturas oscilantes de -30º en la noche y más de 48º en el día.

Las organizaciones sociales de 84 países presentes en el ii Foro Social Mundial de las Migraciones, celebrado en España del 22 al 24 de junio de 2006 reseñan así la situación: Hay miles de personas que a diario mueren, son torturadas, mutiladas y desaparecen en la migración con absoluta impunidad. Denunciamos la fortificación de fronteras, los muros, las patrulleras, las mafias y el tráfico de personas para la explotación sexual que originan estos crímenes.

Igualmente denunciamos la trata de personas y el trabajo esclavo.

Con el desplazamiento, el inmigrante indocumentado —si no es detenido, encarcelado o deportado— puede llegar a adquirir algunas condiciones que en su lugar de origen no tenía: trabajo en condiciones de superexplotación, vivienda, alimentación, vestido, y en ciertas circunstancias un escaso ahorro económico. Además de su desarraigo nacional, social, cultural, regional y familiar, afronta otros problemas, que dependen de la condición jurídica en que se encuentre en el país receptor, es decir, si se halla documentado o es un indocumentado.

De manera mayoritaria los flujos migratorios se direccionan de sur a norte, a los países del primer mundo que durante siglos fueron los proveedores de emigrantes en el mundo enviando su población excedente más pobre para aliviar no sólo problemas sociales y económicos sino también demográficos. Millones de europeos hambrientos abandonaron sus tierras para llegar a América Latina en el siglo xix, y otros millones llegaron durante y después de la Segunda Guerra Mundial que devastó países enteros.

Hoy la insoportable desigualdad entre ricos y pobres, manifestación de una de las violencias estructurales más lacerantes, obliga a millones de contingentes poblacionales de los países del sur a marchar hacia el norte en busca de condiciones menos inhumanas y deshumanizantes.

En esa tesitura, uno de los problemas objeto del presente artículo es la pérdida de los derechos políticos que los migrantes internacionales tienen en su país de origen por emigrar, y en el país receptor por ser un inmigrante. Derechos políticos que forman parte del ámbito de los derechos humanos y del derecho internacional en su primera generación, denominados también “derecho de la libertad”. Aludimos al muro de la infamia política, que al igual que las alambradas de Ceutla y Melilla, los muros de Marruecos, Cisjordania, y el de los Estados Unidos en la frontera mexicana, son parte de las violencias físicas y simbólicas más denigrantes contra el ser humano; pero llegará el día en que serán, como el ex Muro de Berlín, parte de la historia que se niega a ser violentada y sometida.

La migración y los estudios de paz Desde la perspectiva de los estudios de la paz el análisis del fenómeno migratorio ha sido de escaso abordaje en su dimensión teórica y analítica, por lo que esta problemática específica aún no cuenta con desarrollos importantes en la experiencia investigativa, en la comprensión teórica y en la dimensión metodológica. La migración indocumentada, a pesar de constituir uno de los grandes conflictos internacionales, no ha sido abordada desde las perspectivas de los estudios de la paz en su extensión y complejidad analítica en ese necesario construir teórico-conceptual, emergido del trabajo directo con los migrantes. Sin duda es un campo prometedor y de futuro desarrollo para los estudiosos de la migración desde la perspectiva de paz.

Podemos partir de la matriz teórica y conceptual general de los estudios sobre la paz, y ello conducirá a una primera explicación, que al incursionar en estudios micros y macros de la migración, permitirá ir construyendo esa experiencia investigativa, teórica y analítica que resulta emergente en el paradigma de la paz.

La complejidad del fenómeno puede ser estudiado en su integralidad, en sus fases, sus causas, consecuencias, lugares de destino, traslados, cambios sociales, culturales, políticos, económicos, conflictos, justicia, violencias, derechos, religión, idioma, xenofobia, inserción, incorporación, asimilación, rechazo, subjetividad del migrante, género y otro sinnúmero de variables susceptibles de interrelacionarse.

Por recorte procedimental analítico podemos agrupar cinco aspectos relacionados con la migración: causas, traslado, destino, consecuencias y retorno. Las causas son múltiples, pero en general predominan las de carácter económico; es decir, este tipo de migración es producto de la violencia estructural existente en los países expulsores de población. Esta clase de violencia “está edificada dentro de la estructura y se manifiesta como un poder desigual y, consiguientemente, como oportunidades de vida distintas” (Galtung, 1969: 171); la cual induce a ciertos sectores de la población a migrar, por esas condiciones de desigualdad en que se encuentran, siendo extensiva en su transitar y en los países de destino. Incluso la explotación y la pobreza extrema se anidan en los inmigrantes con mayor fuerza en los países receptores acompañadas de represión y de violaciones a los derechos humanos y a los derechos políticos.

Otra causal de la migración interna e internacional es la generada por conflictos violentos al interior del país. Los actores armados ejercen violencia física directa contra sectores de la población no involucrada en el conflicto obligando al desplazamiento interno y al refugio en otro país que generalmente son los fronterizos. En otros casos la migración internacional es generada por la persecución política que los Estados ejercen contra los disidentes. Es una violencia directa del Estado a través de sus fuerzas policiacas donde los afectados se ven obligados a buscar asilo político en otro país para salvar sus vidas. También es violencia cultural, la que Galtung (1990) define como aquellos aspectos de la esfera simbólica de la cultura que es usada para justificar o legitimar la violencia directa o estructural. Quizás para el caso es más significativo definirla como violencia política El traslado de los migrantes suele estar acompañado de todo tipo de violencias por parte de los coyotes/polleros, agentes migratorios, caza migrantes, y funcionarios públicos: los roban, los extorsionan, los maltratan, los engañan, los reprimen, los chantajean, los atemorizan, las violan, los desaparecen, los encarcelan, y algunos los matan. Violencia física directa acompañada de violencia psicológica que tiene su base en la sindicación de ser un ilegal, un infractor, un violador de leyes, un criminal.

En el país de destino el indocumentado suele estar sujeto a todas las violencias posibles. Unos sufren unas más que otras; ello depende del país y sector donde radiquen. La violencia cultural suele tener una dimensión mayor, manifestada en identidades culturales y nacionalismos que impugnan la presencia del otro, del forastero, del extranjero, mediante estigmas, discursos, símbolos y eslogans. En no pocos casos la xenofobia se incrementa de manera notable, y los migrantes son atacados físicamente.

El retorno de los migrantes no es nada idílico: sufren extorsiones, robo de pertenencias y dinero, decomisos, encarcelamientos, detenciones arbitrarias, y en ciertos casos son condenados al ostracismo por haber abandonado sus comunidades.

Cuando encontramos situaciones de violencia estructural, violencia cultural, violencia física y violencia política, institucional o no, la población se halla en condiciones de paz imposible, las cuales hacen que el ser humano no tenga lo mínimo para satisfacer necesidades de alimentación, vestido, educación y vivienda; que no tenga garantizadas las mínimas condiciones de respeto a la vida; que duerma con la muerte encima; que el pánico, el terror y la angustia se apoderen de él al ser presa fácil de actores armados legales o ilegales; que tenga que callar y huir por pensar diferente, por cuestionar un sistema político. En esa desesperante condición imposible de paz, el migrar se constituye en una válvula de escape que en algunos casos puede ser más infernal que el origen del problema; pero en otros puede conducir a una paz imperfecta, o a condiciones de paces entre sociedad receptora e inmigrantes.

En ese nuevo hábitat del inmigrante, el reconocimiento y el empoderamiento a su condición de ser humano, a sus derechos políticos, sociales y de migrante son clave para transformar la gama de violencias por condiciones tolerables, pacíficas y de buen vivir. En este sentido, el texto de Alex Honneth (1997), La lucha por el reconocimiento, aporta significativamente a los estudios para la paz en su relación con la inmigración a partir del reconocimiento individual, social y cultural. Ello implicaría, de manera práctica, relaciones pacíficas, diálogo de culturas e integración de mutuo respeto. En palabras de Vicent Martínez (2001), sería construir condiciones para hacer las paces, es decir, construir relaciones sociales pacíficas en esa diversidad cultural.

Al ser el inmigrante un trabajador, un portador de cultura, de idioma, se constituye por sí mismo en un agente activo de paz, de disponibilidad dialógica intercultural que aporta a la paz mundial desde esa condición cultural diversa. Pero para que ello sea potencializado, se requiere que la sociedad receptora responda en la misma dirección de reconocimiento e integración mutua; lo cual, en concreto, implica el respeto a los derechos humanos con promoción de igualdad y equidad con énfasis en el reconocimiento del otro cultural, de manera que juntos participen en la construcción de otro mundo, que tenga como base la justicia, la libertad y la democracia.

Los inmigrantes serán libres de optar por la integración, la incorporación, la inclusión o la asimilación en la sociedad receptora, eso depende de sus intereses, el tiempo de inmigración, la cultura original, las identidades sociales, étnicas, culturales, religiosas y nacionales. El inmigrante decidirá consciente y en muchas otras circunstancias de manera inconsciente, qué hacer con su legado cultural, con sus identidades. En algunos casos se integrará adoptando la cultura del país receptor sin renunciar a su cultura de origen, y sin resolver otras violencias como la estructural, lo que pudiera ser susceptible de entenderse como paz imperfecta, de acuerdo con la teoría propuesta por Francisco Muñoz (2001). La imperfección de la integración del inmigrante estaría en su generalidad determinada por la misma imperfección del ser humano, de las leyes del país receptor, de las políticas migratorias, de los desniveles de reconocimiento mutuo presentes en los inmigrantes y también en la sociedad receptora y de las condiciones objetivas para la integración.

Para concluir este apartado considero importante manifestar que los estudios para la paz tienen mucho que aportar al análisis del fenómeno de la migración, así como a la construcción de relaciones pacíficas entre los inmigrantes y la sociedad receptora, como parte de la necesaria justicia global que debe tener como base el derecho a la libre movilidad, al trabajo, la vivienda, la educación, la política y la salud.

La contribución de los estudios para la paz obliga a realizar investigaciones relacionadas con la migración y los conflictos, la justicia global y la paz multicultural. Los conflictos inician al salir del país de origen, al transitar por otros, al llegar al de destino. En el país receptor se presentan serios conflictos generados por los inmigrantes hacia la población nativa; también de la población nativa hacia los inmigrantes. En no pocos casos el conflicto se presenta con violencias, y los estudiosos de la paz son los llamados a discernir teórica, analítica y metodológicamente las dimensiones de estos problemas.

Los derechos políticos de los migrantes La experiencia de emigrar, aquella que según Checa y Arjona (2000: 33) “suele definirse como el desplazamiento de personas que conlleve una distancia significativa y con carácter permanente”, a lo que agregamos la característica de un cambio de hábitat distinto al de su cotidianidad, siendo dramático en todas sus dimensiones y matices para el que la haya vivido alguna vez en su vida en situación indocumentada; conlleva, además de las dificultades materiales de miseria, altas dosis de soledad, nostalgia, desilusión, incertidumbre y depresión. En este deplorable panorama se inserta la negación total a derechos políticos básicos de los ciudadanos, lo que podemos definir como el no reconocimiento al derecho legítimo de existir, es la pérdida total de la condición de ciudadano y de su correspondiente participación en la vida pública.

En este trabajo aludimos a los derechos políticos en sentido práctico: Los derechos políticos son el conjunto de condiciones que posibilitan al ciudadano participar en la vida política, constituyendo la relación entre el ciudadano y el Estado, entre gobernantes y gobernados.

Representan los instrumentos que posee el ciudadano para participar en la vida pública, o el poder político con el que cuenta éste para participar, configurar y decidir en la vida política del Estado (Miño, 2006: 1).

El derecho político más elemental y común negado a los migrantes es el sufragio, al que de manera general se le adjudica la función de elección de representantes políticos que en teoría son los que toman decisiones favorables a su electorado. Pero independientemente de que gane o no las elecciones el candidato preferido del migrante, o del cumplimiento o no de las promesas ofertadas en campaña, el ejercicio de votar es parte de las reglas instrumentales de la democracia, así como un derecho que da reconocimiento, identidad, valoración y participación en el cambio o continuidad de la política de una región o país.

En los derechos políticos incluimos los que tienen que ver con los derechos de asociación y de manifestación. El derecho a pertenecer a un sindicato, ser miembro activo o dirigente del mismo, es decir, con lo tangible, que también hace referencia al ser ciudadano, al ejercicio de la ciudadanía, a la pertenencia a una comunidad que incluso puede estar desterritorializada, pero que implica reconocimiento y derechos sociales y políticos.

Por razones de acotamiento temático, de espacio y tiempo, no incluimos las dimensiones relacionadas con la cultura política, la militancia y la identidad política, el imaginario político, y las percepciones sobre las instituciones políticas que sin duda se relacionan con los derechos políticos, pero que debido a su complejidad e importancia requieren un estudio aparte.1 Es pertinente señalar que las políticas de inmigración suelen tener una dimensión explícita a través de las legislaciones e instituciones encargadas de los extranjeros que regularmente definen la condición jurídica del inmigrante, tipos posibles de empleo, derechos civiles, penales y políticos, derechos y deberes, normatividades de extranjería, sanciones, detenciones, expulsiones y deportaciones.

Los países del norte, receptores de flujos importantes de migrantes, determinan sus políticas migratorias en función de sus macrocondiciones económicas, sociales, políticas y culturales, que en buena medida responden a la concepción de soberanía nacional en la globalización, y a la política de población, que les permite definir cuántos inmigrantes admitir, cuántos refugiados, de qué países, cuáles culturas, cuáles religiones, qué derechos les otorgan, cuáles no, qué servicios públicos tendrían, qué obligaciones, cuáles restricciones, qué requisitos, y cómo controlar el ingreso indocumentado, entre otras. Sin embargo, las políticas en todos los casos han sido de represión, de exclusión xenofóbica y de fronteras cerradas.

En la Unión Europea sus ciudadanos pueden residir y trabajar libremente en cualquiera de los Estados miembros, tienen libre movilidad, la que no consideran migración internacional. Las oleadas de inmigrantes internacionales en los últimos 15 años provienen de África, y de América Latina de países como Ecuador, Perú, Colombia, Argentina y Bolivia. A pesar de la retórica europea de la igualdad, la fraternidad, la solidaridad, la tolerancia y la integración de los extranjeros, consideran a los inmigrantes extra comunitarios un problema de seguridad, al igual que en Norteamérica, y por ello sus políticas antiinmigrantes son de contención y de control policiaco con fronteras convertidas en verdaderas fortalezas, a pesar de la reducción y envejecimiento de su población que en el sentido común implica la necesidad de recibir flujos de personas que reemplacen a la pérdida de población y atiendan a las crecientes generaciones envejecidas.

Las relaciones interculturales desiguales que permean a los migrantes en sus desplazamientos y en los países receptores, además de la vulnerabilidad económica, se traduce en la mayoría de los casos en xenofobia, exclusión, violación de los derechos humanos y derechos políticos, expresado en el rechazo al otro, al inmigrante, al otro cultural que altera la dominancia y hegemonía de culturas de países desarrollados.

Sin duda, la pérdida de los derechos políticos de los inmigrantes documentados o indocumentados tiene que ver, en primera instancia, con las políticas de ciudadanía de sus países de origen y con las políticas poblacionales y migratorias de los países receptores.

También tiene que ver con una diversidad de situaciones y realidades, permitiéndonos afirmar que algunas pérdidas son de carácter general, y muchas otras corresponden a las particularidades de los migrantes. La condición política del país de origen, el ejercicio de los derechos políticos, la participación política, el nivel socioeconómico, las redes sociales y políticas de los migrantes, entre muchas otras razones, son condiciones que determinan mayores o menores pérdidas de derechos políticos en el país de origen. Estas mismas razones inciden, junto con las políticas propias de los países receptores, en los derechos políticos y la lucha por ellos que los inmigrantes realizan.

En sentido amplio los migrantes tenían en sus países tres posibles condiciones respecto a sus derechos políticos, independientemente de las leyes, declaraciones y normas existentes. Ejercerlos libremente, practicarlos mediante coacción, engaño, compra o violencias, y estar marginados de los derechos políticos. En los países receptores los inmigrantes documentados tienen escasos derechos políticos, y en muchos de ellos ningún derecho; eso depende de las políticas específicas que el país receptor tenga en torno a esta población.

Las fronteras en el ejercicio de los derechos políticos también tienen presencia entre los migrantes documentados e indocumentados.

Los también llamados irregulares, en general, tienen suprimidos los derechos políticos, al igual que los derechos humanos y los derechos de los migrantes en los países receptores. Esta situación es un parámetro que permite comprender los niveles de integración e identificación de esta población con el país receptor.

No poseer documentos que avalen su estancia legal en el país de llegada, constituye, en la práctica, otra de las violencias simbólicas de gran significancia que lo marca con el sello de “ilegal”, de violador de un espacio y territorio que no le pertenece. Ésta es la justificación con la cual los Estados se escudan para proceder a las violencias físicas contra esta población que, de facto, no tiene garantizado el respeto a sus derechos humanos, y menos a sus derechos políticos. Mantenerlo en una condición de ilegalidad a partir de no otorgarle la documentación que lo reconozca como persona, ciudadano trabajador, es parte de la violencia jurídicopolítica que le permite al Estado ser arbitrario en el cumplimiento de los derechos humanos y de los derechos de los migrantes, y no rendir cuentas a ninguna instancia internacional o a otro Estado por ello.

Los inmigrantes en los países del norte presentan realidades de derechos políticos en su pasado y en su presente en lo colectivo y lo individual extremadamente complejas y múltiples, que impiden generalizar y establecer arquetipos al respecto. Los países, las regiones, los niveles de desarrollo económico y político y las causales de la migración son determinantes de los niveles de pérdida de derechos políticos.

El derecho a votar y ser votado jurídicamente depende por lo menos de dos condiciones que pueden también ser codependientes: la nacionalidad y la ciudadanía, estatus que regulan las posibilidades de la participación incluso en los niveles microlocales, pero en todos los casos a partir de poseer documentación legalmente otorgada por el Estado. Es decir, los inmigrantes documentados, en algunos países, pueden ejercer ciertos derechos de sufragio, y en otros muy pocos de ser elegidos en ámbitos locales; esto significa que sólo pueden ser parte de la comunidad política legalmente establecida los inmigrantes que se encuentren documentados y en países que jurídicamente les concedan ese derecho. No todo residente tiene las mismas posibilidades de ejercer el sufragio o ser elegido, eso depende no de su voluntad de participar sino de las normas establecidas por cada país.

El origen político de las violencias culturales y físicas expresadas en la exclusión, la xenofobia y la no aceptación del otro, del inmigrante, radica en el no reconocimiento de su condición de ciudadano, lo cual implica también desvalorizar y no reconocer plenamente sus derechos como personas, como humanos. Esta es la base para calificar al inmigrante indocumentado de “ilegal”, “clandestino”, “sin papeles”, lo que en automático lo convierte jurídicamente en un violador de leyes, criminal, antisocial y delincuente, que fácilmente puede ser expulsado, detenido, deportado, maltratado por las diferentes policías, torturado física y psicológicamente, desaparecido, objeto de tratos crueles y degradantes, recluido en las cárceles denominadas centros de detención para inmigrantes, y hasta la violación al derecho a la vida; todo ello en detrimento del derecho fundamental de libre tránsito, reconocido en las declarativas internacionales. Esto y mucho más, con sus particulares matices, sucede en Canadá, Estados Unidos, México, o cualquiera de los países de las libertades y fraternidades de Europa.

El problema de los derechos políticos de los migrantes tiene que ver en primera instancia con su país de origen: ¿cuáles derechos tenían?, ¿cuáles ejercían y cómo los ejercían? Estos son referentes básicos para comprender si han perdido derechos o no, y cuáles han perdido al migrar. De la misma manera en la sociedad receptora, la respuesta a cuáles derechos tienen y cómo los ejercen, nos permite conocer la dimensión de los derechos políticos de los inmigrantes y las realidades de la democracia en estos países.

Un ejemplo que nos puede ilustrar lo expuesto anteriormente, es el conocer a migrantes con adscripciones étnicas análogas pero que no viven la misma condición de pérdida de derechos políticos.

Por ejemplo, el indígena zapatista del sur de México que ha tenido participación activa y vida democrática en los Caracoles de Chiapas, con el ejercicio autonómico y las juntas de buen gobierno pierde significativamente derechos y prácticas políticas de gran importancia para su desarrollo humano, personal y colectivo. En caso opuesto podemos mencionar al de aquel indígena de Colombia que ha sido sometido por la fuerza de las armas regulares e irregulares a votar obligadamente por determinado candidato o partido político. Los dos pertenecen a comunidades indígenas, migran internacionalmente, pero las pérdidas y las ganancias en cuanto a derechos políticos son significativamente diferenciales.

En el contexto del país receptor, los derechos políticos de los inmigrantes tienen mucho que ver con la ubicación en que se encuentren en su dispersión o concentración. Los inmigrantes que se concentran en espacios comunes con sus compatriotas, tienen mayores posibilidades y potencialidades de luchar por sus derechos políticos tanto en su país de origen como en el de residencia.

Los migrantes concentrados a diferencia de los que se encuentran dispersos, presentan condiciones favorables para intensificar sus lazos culturales y sociales. El permanecer concentrados en masas les facilita continuar reproduciendo sus tradiciones y no romper con sus estructuras familiares, así como también reproducir sus organizaciones sociales, culturales o políticas (Sandoval, 1994: 48).

Estos inmigrantes concentrados e intercomunicados en su condición de tener o no documentos de estancia legal en el país receptor, conforman clubes, asociaciones, ongs, editan periódicos, páginas webs, y forman agrupaciones culturales, deportivas y políticas.

Pero también el contexto de las ciudades, localidades, regiones o poblados donde arriba el inmigrante, tienen sus propias características políticas que pueden ser definidas en su mayoría por ser de derecha, centro, izquierda, democráticas, autoritarias, etc., y los niveles de participación política y electoral también presentan especificidades que de una u otra manera inciden en buena parte en la relación de acogida, indiferencia u hostilidad con el inmigrante y su influencia en la percepción y defensa de sus derechos políticos. En algunas circunstancias, muy escasas por cierto y de índole local, los inmigrantes pueden ejercer ciertos derechos como el de elegir a miembros de comunidades locales.

Los Estados receptores mediante diversas campañas y acciones intimidan a los inmigrantes para que no participen, opinen o se organicen políticamente. Me viene a la memoria el persistente discurso que el funcionario de la Secretaría de Gobernación encargado del Departamento de Asilados Políticos en México repetía en todas las entrevistas: “Ustedes pueden vivir en México siempre y cuando no se metan en política, no opinen de política, no se organicen para hacer política. Pueden hablar bien del gobierno de México por la ayuda que les ha otorgado, pero no aceptamos ninguna crítica ni cuestionamiento al gobierno. Pueden organizar fiestas, comidas, bailes, pero nada de política. Si no cumplen con ello, les podemos aplicar el artículo 33”. Este artículo de la Constitución mexicana le concede al Ejecutivo la facultad exclusiva de expulsar o hacer abandonar del territorio nacional, sin juicio previo, a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente.

El derecho de los migrantes a votar y ser votado en su país de origen es un derecho político que se niega de hecho, aunque no de derecho, pues la posibilidad de participar en elecciones nacionales, estatales, departamentales, municipales o regionales de manera general se encuentra condicionada a la presencia física en su país, y a previos trámites administrativos que de manera obligada tiene que realizar personalmente. Algunas excepciones como México, los inmigrantes, después de varias décadas de lucha, pueden participar en los procesos electorales para presidente de la República, en condición de electores, a partir de la elección presidencial del 2 de julio de 2006.2 Aún no tienen derecho de participación en elecciones de otros niveles, ni tampoco pueden los migrantes ser elegidos al Congreso de la Unión.

El derecho de los inmigrantes a votar y ser votados en las comunidades de residencia se argumenta en tanto que pagan impuestos, asumen las mismas obligaciones que los ciudadanos nacionales, y muchos de los inmigrantes documentados participan en la vida política y social del Estado receptor a través de sus clubes de migrantes, asociaciones, y ongs. Participan en varios asuntos de la vida pública del país y de las localidades de residencia lo que los constituye de facto en actores políticos. La inclusión de los inmigrantes en la vida política del país contribuye a su integración, a mayor identidad con el país y la sociedad receptores, y a la conformación de comunidades políticas legales.

2 El Instituto Federal Electoral (ife) calculó que 4,163,655 personas tenían la credencial de elector en usa (ife, mayo 2005). La votación no llegó a 500 mil.

Al respecto, la Asamblea de movimientos sociales reunida durante el ii Foro Social Mundial de Las Migraciones del 22 al 24 de junio de 2006, planteó: Las políticas migratorias no pueden estar al margen de los Derechos Humanos; éstos son patrimonio común de la humanidad y se debe asegurar su interdependencia, integralidad y universalidad. La ciudadanía universal es una necesidad para los procesos de convivencia.

Todas las personas que llegan a un nuevo país debemos tener todos los derechos que son inherentes a la condición de ciudadano sin vincularse a la nacionalidad, incluido el voto.

El no reconocimiento de los derechos de los migrantes ha generado en los países del norte amplios movimientos de ciudadanos inmigrantes que exigen sus derechos de humanos, de ciudadanía y de inmigrantes. Es una lucha pacífica activa contra las violencias cultural y jurídica-política de las que son víctimas en el país receptor. A final de cuentas, están luchando por tener el derecho de exigir y poseer derechos, sin que éstos sean restringidos a la nacionalidad, misma que sigue siendo el determinante del otorgamiento y reconocimiento de la condición de ciudadano.

En el nuevo milenio, en plena globalización y con las políticas más endurecidas contra los inmigrantes, se han presentado las movilizaciones más multitudinarias contra las políticas xenofóbicas, racistas y discriminatorias de los Estados contra los inmigrantes. El movimiento de los “sin papeles”, de los “ilegales”, de los “clandestinos” se manifiesta y lucha por el reconocimiento de sus derechos, en los países de residencia y en los de origen, por el derecho a tener derechos humanos, derechos políticos, sociales y civiles, contra la cacería de inmigrantes, contra las expulsiones y por el derecho de igualdad en el trabajo. Es decir, están reivindicando mejores condiciones de vida que les permitan tener mínimos de desarrollo humano, para lo cual tiene mucho que ver la libertad de las personas en el sentido de vivir donde se quiera y como se quiera.

A pesar de las manifestaciones y protestas pacíficas de los inmigrantes, así como de defensores de derechos humanos y de algunos países latinoamericanos, la Unión Europea aprobó la ley contra los inmigrantes llamada “Directiva retorno”; al mismo tiempo presiona a los países de América Latina a firmar “Acuerdos de asociación” que, en esencia, son Tratados de Libre Comercio al igual que los impuestos por Estados Unidos.

El Parlamento Europeo aprobó el 18 de junio de 2008 las nuevas normas para expulsar a los inmigrantes indocumentados.

Los “ilegales”, “los clandestinos”, “los sin papeles” podrán ser detenidos hasta por 18 meses antes de ser expulsados, y se contempla incluso la detención y expulsión de familias con menores y ancianos. Según las nuevas leyes, los indocumentados, una vez detectados por las autoridades, tienen un plazo de 30 días para abandonar voluntariamente el país, de lo contrario serán detenidos hasta por seis meses mientras procede la deportación.

Según la agencia de prensa Associeted Press, “la UE calcula que podría haber hasta 8 millones de indocumentados en las 27 naciones del bloque” (http://espanol.news.yahoo.com/s/ ap/080618/internacional/).

El Parlamento Europeo, con sus nuevas normas para expulsar indocumentados, se pasa literalmente por el arco del triunfo al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y a varias de sus leyes de extranjería. Con la detención y expulsión de familias y de menores de edad viola la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, ratificada por la mayoría de Estados miembros de la Unión Europea, en la cual en su preámbulo y algunos de sus artículos dice: Preámbulo: Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad, reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión.

Art. 7, numeral 1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.

Si son expulsados los padres junto con los hijos nacidos en el país receptor, se estaría expulsando a un nacional que tiene su nacionalidad por el simple hecho de haber nacido en ese país. Si son expulsados sólo los padres, se dejará a un hijo huérfano sin la protección y el cuidado de los progenitores y entonces se violará, además, el artículo 9: Numeral 1: Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño.

También se viola el art. 27, que en su numeral 2 dice: “A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño”.

Pero al autorizar el Parlamento Europeo detenciones incluso de la familia completa, se desconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos que en su artículo 16, numeral 3 dice: “La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”.

La Asamblea de movimientos sociales reunida durante el II Foro Social Mundial de las Migraciones (2006) y representados por 1,193 organizaciones de 84 países de todo el planeta, bajo el lema “Por una ciudadanía universal y los derechos humanos. Otro mundo es posible”, previendo las políticas de endurecimiento contra los inmigrantes, dice en su declaración final: Exigimos que los derechos humanos estén garantizados en todas las sociedades, más allá de la situación administrativa de las personas y en todas las etapas de los procesos migratorios —origen, tránsito, destino y retorno—. Exigimos que no se criminalice a las y los migrantes por el hecho de no tener papeles, que se deroguen las leyes de extranjería que contradigan el derecho internacional de los Derechos Humanos y que se garantice el derecho a la libre circulación.

En relación con la dimensión protocolaria de la jurisprudencia, el Foro dice: Exigimos la firma, ratificación y puesta en práctica de la Convención Internacional para los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias, del Convenio 143 de la Organización Internacional del Trabajo sobre las y los trabajadores migrantes y el Convenio 49 contra el Tráfico de Seres Humanos. Nos comprometemos a vigilar que los poderes públicos de todos los estados adopten las medidas que llevan a su ratificación. Exigimos especialmente a los sindicatos su compromiso en esta materia.

En todas las manifestaciones de los inmigrantes tanto en Norteamérica como en Europa ha estado presente el derecho a ser reconocidos como indocumentados y no ilegales. En las pancartas, volantes, y gargantas de los inmigrantes está el siguiente mensaje: “Nadie es ilegal, nadie es extranjero. Todos somos ciudadanos de un solo país: La Tierra”. Sin duda, es otra dimensión de entender el fenómeno migratorio, la globalización y la igualdad de derechos sociales, económicos, políticos y culturales.

En el Cuarto Encuentro Internacional sobre Migraciones: Causas y Consecuencias celebrado en España del 6 al 24 de noviembre de 2007, Alfonso Galindo plantea en el ámbito jurídico político, desde la academia y desde su actividad reivindicativa no gubernamental, la igualdad de derechos políticos: El derecho de los trabajadores (incluyendo a los que hoy se encuentran en situación irregular) a asociarse, reunirse, manifestarse, formar partidos políticos y sindicatos (no sólo afiliarse a los ya existentes).

El derecho de los extranjeros con residencia de hecho continuada al sufragio activo (voto) y pasivo (ser elegido) en todos los ámbitos territoriales, incluyendo el europeo.

El fomento de la libertad de expresión y la difusión de los puntos de vista de las ong y de sus socios y beneficiarios (Galindo, 2007: 12).

La justa lucha por los derechos políticos de los inmigrantes con o sin documentos, en sus países de origen y en los de destino, es un asunto que se soslaya por las necesidades inmediatas y primarias de índole económica, que en la mayoría de los casos los conduce a relaciones laborales y sociales denigrantes, lo cual conduce a la pérdida de la conciencia y de la vivencia de la libertad, en detrimento del desarrollo humano personal y familiar. Así lo expone Alberto del Real, doctor en Jurisprudencia por la Universidad de Granada: El individuo que ha permutado sus derechos por sobrevivencia llega a perder la conciencia de su propia libertad y de la propiedad de sus derechos, hasta acabar ignorando la existencia de ambos. Se desliga completamente de ellos. Es la ignorancia de ser propietario intemporal de derechos y de su propia libertad como titularidades imprescriptibles del ser humano lo que identifica a las situaciones de servidumbre voluntaria. Los contextos de servidumbre voluntaria devuelven al ser humano al status pre-moderno de ser simple multitud —extirpada la conciencia de su libertad y de los derechos—, a un estatus similar al existente antes de que la Revolución Francesa de 1789 lo proclamara ciudadano igual ante la ley y con derechos inalienables e imprescriptibles (del Real, 2004: 9).

Pero independientemente de la participación y acción social colectiva en el ámbito político que tengan o no los inmigrantes, la percepción que adquieren en sociedades con democracias diferenciales a las de sus países de origen, es importante en cuanto a la concepción, comprensión y conocimiento de determinantes políticos relacionados con la democracia, las libertades, la justicia, la paz, las elecciones, entre otras. En muchos casos confrontan culturas y prácticas políticas disímiles que sin duda inciden potencialmente en su conciencia de sujeto social con derechos humanos, sociales y políticos, que pueden ser reivindicados en su contexto de inmigrante o en su comunidad de origen.

Teniendo presente que los migrantes no constituyen poblaciones homogéneas, sino más bien de amplia heterogeneidad en todos sus aspectos, las percepciones, las pérdidas políticas, los cambios y la participación política es igualmente de una variedad y dinámica constantes que oscila entre los que asumen ser tratados como objetos cosificados política, racial, étnica, nacional y religiosamente, y aquellos que luchan por su condición de sujetos sociales con derechos en el mundo y en particular en el nuevo país.

En diversas localidades las remesas económicas se acompañan también de remesas y prácticas culturales y políticas que modifican significativamente las dinámicas de poder, autoridad y gobernabilidad.

Grupos de migrantes deciden contiendas electorales, establecen alianzas políticas mediadas por las remesas económicas, deciden de forma compartida o sin ella obras de infraestructura, participan a su manera en las fiestas cívicas, financian campañas electorales, y participan en cargos de elección popular. En no pocos casos se ubican en poderes reales de decisión por encima de los sacerdotes y los presidentes municipales.

Por último, anotamos que otra perspectiva del fenómeno expuesto y de gran importancia que amerita su profundo conocimiento y análisis, es el de la Unión Europea en condición supranacional que obligó a los Estados integrantes a modificar sus ordenamientos jurídicos para garantizarle el derecho a votar a los ciudadanos de la Comunidad Europea y a los residentes extranjeros.

Ello incide de manera significativa no sólo en los beneficiarios del derecho al voto, sino también en las dinámicas de la política y de los partidos en cada país.

Algunas conclusiones La migración es un fenómeno que acompaña a la historia de la humanidad. En nuestros tiempos beneficia tanto al migrante como al país receptor, permitiendo dentro de esa condición de paz imperfecta, desarrollo personal al inmigrante, y desarrollo económico, científico y tecnológico a los países de acogida. Las migraciones se engendran en las violencias directas e indirectas con grados superlativos de sufrimiento, que en muchos casos se transforma positivamente en condiciones enriquecedoras para los inmigrantes y para los nativos del país de acogida, mediante el mutuo reconocimiento en espacios de encuentro y de diálogo intercultural respetuoso, de prosperidad y de relaciones pacíficas.

En otra dimensión, los llamados Estados democráticos del Norte, que se supone tienen como principio político la igualdad de condiciones y de oportunidades a todos sus habitantes, criminaliza la inmigración indocumentada, no reconoce derechos políticos incluso a los residentes temporales documentados, ejerciendo una clara política de exclusión y desigualdad para con los grupos sociales de origen extranjero, dividiendo a la sociedad en ciudadanos e inmigrantes.

Desde la perspectiva de los derechos políticos, éstos constituyen un indicador que permite comprender, por un lado, el nivel de desarrollo humano en que se encuentran los inmigrantes, y, por otro, la calidad de los sistemas democráticos de los países expulsores y receptores de migrantes. Tiene que ver directamente con los derechos humanos, con los derechos de los migrantes, pero de manera puntual con la condición de ciudadanía y sus derechos políticos fundamentales en democracias formales y reales.

Los migrantes tienen diversidad de ejercicios de derechos políticos para con sus países de origen. Algunos lo han perdido todo, otros ejercen algunos derechos, otros estando en el exterior han obtenido el derecho al voto (México), y algunos han logrado incidir de manera directa en la política de sus microrregiones.

En los países receptores, los inmigrantes indocumentados de manera general carecen de todo derecho político y de ciudadanía.

La prioridad es la solvencia económica, seguida de la obtención de estatus documentado para acceder a condiciones mínimas de ciudadanía y de derechos políticos en la sociedad receptora.

Los inmigrantes documentados en la mayoría de los países receptores tienen reconocimientos sociales y económicos, pero escasos derechos para votar y más para ser elegidos. Una clásica exclusión de derechos políticos para inmigrantes, incluso para naturalizados, es la exigencia de “ser nacional por nacimiento”, siendo excluidos de la toma de decisiones públicas que directamente los afecta.3 En muchos casos los inmigrantes documentados e indocumentados obtienen mejores condiciones económicas y sociales a las de su origen; sin embargo, en dirección contraria marchan sus derechos políticos; es decir, de hecho hay restricciones y limitaciones al ejercicio de libertades políticas.

Diversos son los instrumentos internacionales y nacionales que han sido elaborados para la promoción y defensa de los derechos de los migrantes, basados en los contenidos de los derechos humanos. Resulta prometedora la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, ratificada por 22 Estados y 39 firmantes, entrando en vigor a partir del 1 de julio de 2003, como herramienta que posee la sociedad para defender los derechos humanos de los trabajadores migratorios.

La Convención referida es la base para incursionar en los derechos políticos de los inmigrantes, especialmente los de aquellos que se encuentran en la condición más crítica de la irregularidad administrativa, y que en perspectiva multicultural admita la ciudadanía sin el condicionamiento a la nacionalidad, lo que puede hacer una realidad el lema del ii Foro Social Mundial de las Migraciones: “Por una ciudadanía universal y los derechos humanos.

Otro mundo es posible”.

3 Algunos países como Dinamarca, Irlanda, Suecia, Bélgica y Luxemburgo reconocen el derecho de los residentes extranjeros a participar en elecciones
municipales.

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