BIBLIOTECA VIRTUAL de Derecho, Economía y Ciencias Sociales


RUMBO A LA DEMOCRACIA

José López



Esta página muestra parte del texto pero sin formato.

Puede bajarse el libro completo en PDF comprimido ZIP (220 páginas, 1.59 Mb) pulsando aquí

 

 

Capítulo 5. El desarrollo de la democracia

Si asumimos que la democracia es fundamental para la resolución de los problemas de la sociedad y que cuanto más desarrollada esté mayor probabilidad de mejorar las condiciones de vida de la mayor parte de la población, lo siguiente que se nos plantea es cómo puede mejorarse. El desarrollo de la democracia es actualmente uno de los grandes retos de la humanidad para su propia subsistencia.

Si admitimos que la democracia es en definitiva una forma de convivencia para resolver nuestros conflictos de manera pacífica, justa y eficaz, cada vez resulta más evidente que las “democracias” actuales tienen mucho que mejorar para conseguirlo. La democracia se basa fundamentalmente en el diálogo, en el respeto, en la participación del conjunto de la población en la toma de decisiones (el poder del pueblo) con el objetivo fundamental de la convivencia pacífica y justa. La democracia proporciona una METODOLOGÍA para encontrar soluciones a los problemas de una sociedad, independientemente de cuáles sean dichas soluciones. Dicha metodología se basa principalmente en el libre debate y en la posterior aprobación mayoritaria (del pueblo o de sus representantes) de las soluciones a implementar. En este sentido la democracia es la verdadera herramienta de transformación social. El fin último de la democracia es la garantía de los derechos humanos (cuya referencia legislativa es sin duda la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU).

La idea que subyace en el fondo tras el concepto de democracia es la “distribución igualitaria” del poder entre todos los ciudadanos, la idea de que el poder emana del pueblo porque cada uno de sus individuos tiene el mismo “peso” en las decisiones a tomar por el conjunto, todos los ciudadanos tienen “igualdad” de voto, aun siendo distintos. La igualdad es una de las bases fundamentales de la democracia y debe estar presente en todos sus aspectos. Uno de los grandes problemas de fondo de las democracias actuales es que esa igualdad existente a la hora de emitir el voto (a la hora de ejercer el poder, a la hora de decidir) no existe a la hora de su “preparación” (a la hora de crear las condiciones necesarias previas para que el ejercicio del poder se haga de acuerdo con unos requisitos adecuados mínimos para todos los ciudadanos, para que el ejercicio del poder se ejerza de forma correcta y responsable por todos).

Aunque todos los ciudadanos tengan igual “peso” para decidir, no tienen todos los mismos conocimientos ni aptitudes para hacerlo correctamente. No es lo mismo un voto inconsciente que uno consciente (aunque el resultado “político” sea el mismo). No tiene la misma capacidad de decisión una persona bien formada o bien informada (con una buena capacidad para elegir entre las opciones posibles), que una persona que apenas sabe leer o escribir (y por tanto más fácilmente manipulable). Es necesario extender la democracia a todas las facetas de la vida social, es necesario extender la igualdad para que la democracia cobre verdadero sentido, sin tampoco pretender una igualdad absoluta, por otro lado imposible y antinatural. La cultura y la educación juegan aquí un papel fundamental (a medio y largo plazo). Por consiguiente, la democracia tiene MUCHO “camino” por delante que recorrer.

Otra idea que subyace tras el concepto de democracia es por supuesto la libertad. La democracia aspira a fijar un marco de convivencia basado en las libertades.

Obviamente, la libertad nunca es absoluta (en ningún caso, siempre estamos condicionados por factores externos o internos a nosotros que nos condicionan, nunca podemos hacer lo que queramos al cien por cien), pero además, la convivencia impone límites imprescindibles. La libertad de uno acaba donde empieza la de otro.

Por otro lado, los distintos tipos de libertades interrelacionan unos con otros. Si falla un tipo de libertad, entonces fallan otras libertades. Por ejemplo, la falta de libertad de expresión de unos (de “emitir” ideas) afecta a la libertad de pensamiento de otros (de “recibir” ideas, lo que pensamos viene determinado, entre otras cosas, por las ideas que podemos llegar a conocer, nunca el pensamiento “parte de cero”). No puedo pensar libremente (o me costará mucho más) si no puedo acceder libremente a todo tipo de ideas (si éstas no “circulan” por la sociedad, si no existe libertad de expresión) para formar mi pensamiento. Y no sirve de nada tener libertad de pensamiento si luego no tengo libertad de expresión, si luego no puedo plantear mis ideas públicamente para que sean conocidas y por tanto haya alguna posibilidad de que se lleven a la práctica. La libertad de pensamiento y la libertad de expresión están indisolublemente unidas, son como la "gallina y el huevo" (¿Cuál es la gallina y cuál el huevo?). Teniendo en cuenta estas limitaciones, una sociedad democrática aspira a maximizar TODAS las libertades, especialmente la libertad de expresión y la libertad de pensamiento, éstas últimas son dos libertades “fundamentales” a las que debe poder acceder (en igualdad de condiciones) el conjunto de la sociedad. Desde este punto de vista, la democracia también tiene MUCHO “camino” por delante que recorrer.

Finalmente, tras el concepto de democracia también subyace la idea de la preponderancia de la mayoría sobre las minorías (pero a la vez el respeto de éstas).

Como decía Spock en una de las películas de la mítica serie de ciencia ficción Star Trek “El bienestar de la mayoría supera al bienestar de la minoría o de uno solo”.

Esta frase podría considerarse como la ley básica de supervivencia de cualquier sociedad. La democracia debe buscar el bienestar de la mayoría (por lo menos) de la sociedad, como garantía de supervivencia a largo plazo de ésta. El “sálvese quien pueda” es propio de la ley de la jungla, es la garantía de extinción, tarde o pronto, de una sociedad. Como dijo Aristóteles, la verdadera diferencia entre democracia y oligarquía es la pobreza y el bienestar. Los ricos son pocos y los pobres son muchos...cuando son los pobres los que gobiernan, eso es democracia. En este sentido la democracia también tiene MUCHO “camino” por delante que recorrer.

La democracia no sólo se tiene o no se tiene, se tiene en mayor o menor grado. Desarrollo democrático significa que la democracia no debe ser algo estático e inamovible, sino que por el contrario debe ser algo dinámico y en continuo proceso de evolución en el tiempo, mediante una sucesión de reformas prácticas, mediante una evolución de su modelo teórico (de cómo llevarla a la práctica con mayor eficacia e intensidad), con el fin de corregir sus defectos, con el fin de adaptarse a los tiempos, con el fin de avanzar. Así como la sociedad cambia, también debe hacerlo la democracia (no tanto sus principios básicos, no tanto su filosofía fundamental, pero sí sobre todo su puesta en práctica). Salvo honrosas excepciones, en la mayor parte de los países que se declaran “democráticos”, el desarrollo democrático está completamente estancado, cuando no en claro retroceso. El desarrollo de la democracia es PRIMORDIAL para la humanidad. Estamos en un momento crítico de nuestra historia en el que se hace urgente el desarrollar métodos eficaces y justos que permitan por un lado resolver los conflictos existentes y por otro un desarrollo equilibrado de todos los seres que habitamos el planeta Tierra (un desarrollo con tantos desequilibrios como el actual es intrínsecamente inestable y por tanto peligroso para nuestra propia subsistencia como especie).

El desarrollo de la democracia debe tener lugar, por un lado en cuanto a la “técnica” aplicada para la toma de decisiones en cualquier grupo humano y por otro lado en el ámbito de aplicación de la misma (en qué tipos de grupos humanos aplicarla). Dependiendo del tipo y sobre todo del tamaño del grupo humano, tendrá más sentido aplicar una técnica u otra. A su vez, el desarrollo tiene una componente teórica (es necesario desarrollar los modelos teóricos de democracia) y una componente práctica (es necesario llevar a la práctica dichos modelos de forma eficaz). Ambas componentes (teórica y práctica) están obviamente relacionadas y necesitan “realimentarse” mutuamente mediante la práctica del “método científico”. Por otro lado, el espíritu democrático del pueblo debe fomentarse no sólo aplicando las reglas “técnicas” de la metodología democrática, sino que sobre todo mediante una educación basada en el respeto, el debate, el análisis, el espíritu crítico y libre, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión. La educación es el elemento clave para que la democracia se vaya implantando en la sociedad y tenga un futuro asegurado, permitiendo no sólo adquirir los conocimientos básicos necesarios (capacidad de elección entre distintas opciones con pleno conocimiento, pensamiento pluralista, capacidad de entender las ideas y de expresarlas correctamente, etc.) para desenvolverse en una sociedad donde la participación debe ser la norma, sino que también para adquirir los principios básicos filosóficos sobre los que se asienta la democracia (tolerancia y respeto a los derechos humanos fundamentalmente).

Evidentemente las ideas que se resumen en este artículo son más o menos utópicas (más o menos viables en las condiciones actuales), son discutibles (algunas más que otras) y en muchos casos son desarrolladas con mayor profundidad en diversos trabajos de otros autores como Francisco Badarán en su libro La Democracia en España: Engaño y Utopía que se centra en el desarrollo de la democracia representativa (particularmente en España), como Marno Ridao en su ensayo La Democracia Digital que plantea un modelo de democracia directa electrónica basada en Internet, como David Schweickart en su ensayo Democracia Económica que plantea un modelo de democracia en la empresa, es decir en el ámbito de la economía, como Armando Fernández Steinko en su ensayo Herramientas para un chequeo de la dinámica democrática donde se amplía el concepto de democracia a todos los ámbitos de la vida en sociedad y donde se habla de un proceso de democratización equivalente a lo que se plantea aquí como desarrollo democrático.

Todos estos trabajos son de lectura muy recomendable para quienes quieran profundizar en dicho proceso de desarrollo. En este artículo se pretende dar una visión global y resumida de lo que puede ser el desarrollo de la democracia y se aportan también ciertas ideas y opiniones propias como contribución al imprescindible debate para, entre todos, conseguir avanzar en democracia.

1) Desarrollo de la “técnica” democrática

El desarrollo de la “técnica” democrática tiene como objetivo básico aumentar y mejorar la participación del conjunto de personas que forman el grupo humano y hacer que dicha participación sea más eficaz aumentando y mejorando el control de los asuntos públicos del grupo.

a) Democracia representativa

En este tipo de democracia las personas que conforman el grupo eligen cada cierto tiempo a sus representantes y éstos son los encargados de ejecutar cierta política (de llevar a la práctica ciertas decisiones en nombre del grupo). La política a ejecutar es la que previamente han explicado a sus electores y por la que se han comprometido en caso de ser elegidos. Este modelo es aplicado en grandes grupos de personas, es decir en el ámbito de la política de un país, una región o una ciudad. A día de hoy para grupos humanos de cierta envergadura es el único modelo que se ha podido llevar a la práctica. Tiene la ventaja de facilitar la gobernabilidad pero el grave inconveniente de reducir a la mínima expresión la participación del conjunto de la población del grupo. Además los pilares teóricos sobre los que se sustenta este modelo no se cumplen o se cumplen insuficientemente en muchos casos, convirtiendo de hecho a estas “democracias” en puramente simbólicas y vacías de contenido. Es por tanto necesario desarrollar esta técnica democrática por doble motivo: porque es el modelo usado en la actualidad y por ahora el único posible en grandes grupos humanos y porque la mayor parte de sus defectos viene del hecho de la no aplicación de sus principios teóricos (mayoritariamente perfectamente desarrollados y conocidos). En este caso se trata sobre todo de un desarrollo práctico más que teórico, por lo que su viabilidad es, en principio (y al margen de voluntades políticas), más a corto plazo.

Los pilares teóricos de la democracia representativa son la elección mediante sufragio universal de todos los cargos públicos, la separación e independencia de todos los poderes y el control público de todos ellos.

El desarrollo de la democracia representativa en el ámbito de un país (democracia política) debe incluir, entre otros, los siguientes aspectos:

1.

La forma de Estado más democrática debe ser indudablemente una república donde TODOS los ciudadanos sean iguales ante la ley. Es preferible una república semipresidencialista para evitar concentrar demasiado poder en una sola persona, en la que el jefe de Estado tiene algunos poderes ejecutivos (política exterior) y nombra (y cesa) al primer ministro o jefe de gobierno. Éste está sometido al control parlamentario y puede ser cesado mediante moción de censura (sin necesidad de presentar un nuevo candidato a primer ministro). Así se evita que el poder ejecutivo domine al legislativo. El presidente de la república podrá disolver las cámaras parlamentarias previa consulta con el primer ministro y con los presidentes de dichas cámaras (siempre que la moción de censura haya prosperado).

2.

Una Constitución que garantice los pilares de la democracia (separación de poderes, elección de los cargos públicos, etc.) y sobre todo que garantice los derechos humanos, estableciendo límites a los mismos para poder compatibilizarlos, haciendo especial hincapié en dar prioridad a los derechos más básicos. Si es evidente que hay necesidades humanas más básicas que otras y es evidente que los derechos humanos tratan de garantizar la satisfacción de dichas necesidades, entonces es evidente que hay derechos más básicos (más importantes) que otros. Muchas democracias actuales dan una preponderancia exagerada a ciertos derechos (a los que normalmente sólo puede acceder una minoría privilegiada) en detrimento de otros derechos más básicos de la mayoría de la población. Debe llegarse a un “equilibrio” para garantizar un mínimo cumplimiento de todos los derechos pero a su vez para dar prioridad a ciertos derechos fundamentales sobre otros más “secundarios”. Los derechos básicos relacionados con la subsistencia o las libertades fundamentales deberían estar siempre garantizados (derecho a la alimentación, a la vestimenta, a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la sanidad, a la justicia, a la seguridad, a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento, a la libertad de reunión, a la información, etc.) y tener la máxima prioridad. Por ejemplo, el derecho a la propiedad privada (aun siendo reconocido) no debe eliminar o limitar excesivamente otros derechos más fundamentales, el Estado debe establecer una “jerarquía” de derechos para garantizar sobre todo (aunque no sólo) los más importantes. Un derecho es más importante cuando tiene que ver con la satisfacción de las necesidades (físicas o psicológicas) más básicas y cuando afecta a muchas personas. No es posible que los derechos “secundarios” de unos pocos se impongan sobre los derechos básicos de la mayoría. No es justo ni lógico. Contradice uno de los principios básicos de la democracia como es la preponderancia (no confundir con la falta de respeto) de la mayoría sobre las minorías. Por ejemplo, la libertad empresarial de unos pocos no debe contradecir los derechos laborales de la mayoría. Como dijo Benjamín Constant, El objetivo es la seguridad en el goce privado, la libertad es la garantía dada por las instituciones para ese goce.

La libertad de uno acaba donde empieza la de otro. Este principio sólo puede llevarse a la práctica mediante la igualdad de oportunidades. Si no PUEDO elegir, si no tengo OPCIÓN, entonces realmente no ELIJO (aunque quiera) y por tanto no soy libre (o soy mucho menos libre que otro que sí tiene más opciones, su libertad no acaba donde empieza la mía porque la mía simplemente no empieza, su libertad traspasa el límite de la mía). Igualdad y libertad son dos caras indisociables de los derechos del hombre. La libertad debe estar “equitativamente distribuida” entre los individuos de una sociedad. Como dijo Noam Chomsky, Una libertad sin opciones es un regalo del diablo.

Por tanto, además de compatibilizar unos derechos humanos con otros, hay que “democratizarlos” para que TODOS los ciudadanos tengan las mismas oportunidades reales de tener acceso a ellos (los derechos humanos son universales y se reconocen por igual para todos). Se trata de cumplir en la práctica los principios de la declaración de los derechos del hombre. Se trata por tanto de dar la importancia adecuada a cada derecho humano (respecto del resto de derechos) y de garantizar las mismas oportunidades de acceso a cada derecho. Este doble desafío es ahora mismo totalmente utópico, pero la utopía es necesaria. No debemos consentir que se nos venda la idea de que libertad implica inevitablemente desigualdad porque es justo lo contrario. No puede existir libertad (en la vida en sociedad) sin igualdad de oportunidades. Las grandes desigualdades sociales son realmente consecuencia del libertinaje (de la desigualdad de oportunidades, de la preponderancia de unas libertades “secundarias” de una minoría sobre las libertades “básicas” de la mayoría, del “acaparamiento desigual” de las libertades). Admitiendo que la igualdad absoluta es imposible (y también injusta), es antinatural, la desigualdad excesiva tampoco es lógica ni justa ni natural. No todos tenemos las mismas capacidades, no todos debemos ganar igual, pero nadie puede trabajar cientos (ni siquiera decenas) de veces lo que otros y por tanto tampoco debería ganar cientos (ni decenas) de veces lo que otros (no digamos ya el caso de unos pocos que se enriquecen con el trabajo ajeno). Es lógico que haya ciertas desigualdades (debido a nuestra desigualdad “natural”) pero no es lógico que sean excesivas (debido a las desigualdades “antinaturales”). Los seres humanos somos distintos pero tampoco demasiado distintos. Es necesario que la sociedad vuelva a ser “natural”. Si no, la sociedad está condenada, tarde o pronto, a su extinción, no se puede ir contra-natura.

Una Constitución no debe imponer soluciones concretas (y susceptibles de discrepancia) a los problemas de una sociedad. Por ejemplo, no debe imponer la unidad nacional de un país (en democracia la soberanía popular supera la soberanía nacional, el concepto de pueblo está por encima del concepto de nación, la nación debe someterse al pueblo y no al revés, la Constitución puede establecer una estructura territorial determinada, pero ésta siempre debe estar abierta y susceptible de ser cambiada democráticamente), no debe imponer un modelo económico concreto (la economía de libre mercado o la economía estatalizada), etc. De lo que se trata es de articular la democracia, de establecer el marco político adecuado para poder resolver los problemas de forma democrática (independientemente de la solución final adoptada para los mismos por el conjunto de la sociedad). La democracia fija la METODOLOGÍA para convivir y resolver los problemas, para decidir las soluciones a los problemas, no debe fijar nunca las propias soluciones, no debe fijar nunca los fines (los únicos fines fijados deben ser los derechos humanos).

Por otro lado, para evitar el estancamiento y posibilitar el avance (necesario siempre en toda sociedad) es imprescindible relajar las condiciones para permitir reformas de la Carta Magna, por ejemplo debería ser suficiente con ser aprobada la reforma por la mayoría absoluta de los parlamentos y siempre que dicha propuesta de reforma haya sido presentada por 3 grupos parlamentarios como mínimo (sin olvidar la aprobación definitiva por parte del pueblo mediante referéndum).

En suma, el Estado debe velar por el cumplimiento de los derechos humanos para TODOS los ciudadanos, debe llevarlos a la práctica (en este sentido se ha propuesto la creación de una renta básica universal como forma de garantizar la libertad individual, idea aparentemente utópica pero que cada vez gana más adeptos y no dista mucho de ciertas ayudas existentes en el Estado de Bienestar, pero dicha renta básica universal no debe ser impuesta constitucionalmente porque es una solución concreta, como hemos dicho, la Constitución debe garantizar la satisfacción de los derechos humanos pero no debe imponer la forma de hacerlo), el Estado debe ser el “regulador” de la sociedad. El “desmantelamiento sesgado” del Estado (en realidad su “secuestro” por parte de la minoría dominante) sólo puede producir la “degeneración” de la sociedad, sólo puede conducir al desastre, al caos, a la “ley de la jungla”. Otra cosa muy distinta sería tender progresivamente a una sociedad sin Estado (si es que eso es posible) si la mayoría de la sociedad lo decidiera libremente así, como resultado de una evolución natural de la sociedad, como resultado de una emancipación total del conjunto de la sociedad. El Estado nunca debe convertirse en el instrumento de una minoría (ya sea económica o política) para someter a la mayoría (va contra el principio básico de supervivencia de toda sociedad, el bienestar de la mayoría), y por ahora, no es posible la sociedad sin el Estado. Por tanto, una sociedad más democrática necesita reforzar el papel del Estado (pero garantizando su servicio al conjunto de la sociedad y evitando que sea justo al revés), necesita desarrollar el Estado de Bienestar (no el Estado policial o represor).

3.

Una cámara de diputados (no territorial) y una cámara de senadores (territorial) claramente diferenciadas y con competencias complementarias. El Congreso debe representar a los ciudadanos y el Senado a los territorios.

De todas formas, habría que replantearse si realmente es necesario el Senado, pero lo que está claro es que, si existe, debe tener funciones distintas y complementarias al Congreso, relacionadas con su razón de ser: la relación de los distintos territorios entre sí y con el Estado central.

4.

La elección de cualquier cargo público (de cualquier representante de un grupo humano) debe ser siempre libre, directa y secreta (tanto en el caso de un representante del pueblo elegido por sufragio universal como en el caso de un representante interno de un organismo determinado, como un parlamento, un comité de empresa, etc.). El que sea la votación secreta garantiza la libertad de voto (evita por ejemplo la disciplina de voto impuesta por los partidos políticos en los parlamentos, el mandato imperativo debe ser para con la ciudadanía y no para con los partidos). El anonimato es casi siempre el mejor salvoconducto de la libertad.

5.

Una ley electoral que permita que el voto de todos los ciudadanos valga igual y que busque un equilibrio entre gobernabilidad y representatividad (intentando dar prioridad a ésta última). Para mejorar dicho equilibrio, deberían crearse nuevos métodos (o mejorarse los existentes) para repartir los escaños a partir de los votos emitidos. Hasta que no se encuentre un método más eficiente, el sistema D´Hondt podría ser sustituido por el método Sainte- Laguë, que no favorece tanto a los partidos mayoritarios y por tanto mejora la representatividad. Por otro lado, debería haber circunscripción electoral única en todo el Estado para la elección de diputados y circunscripciones territoriales para la elección de senadores (junto con mecanismos que garanticen la representatividad de todos los territorios) con sistema de elección mayoritario plurinominal (donde el elector elige varios candidatos a senador para su circunscripción). El Congreso debe ser una cámara de representación de los ciudadanos (independientemente de su situación geográfica) y el Senado debe ser una cámara de representación de los territorios (teniendo en cuenta por supuesto el “peso” de cada uno de ellos y procurando una mínima representación de todos los territorios por ejemplo mediante elección de ciertos senadores por los parlamentos regionales). En estos tiempos donde los medios de comunicación acercan a las personas, la proximidad física de los candidatos a los electores es irrelevante (sobre todo para la elección de representantes en organismos estatales, otra cosa son los organismos locales como los ayuntamientos), lo importante es que los candidatos (y sobre todo sus programas) sean conocidos por los electores. Además debe permitirse que cualquier persona pueda presentarse como candidato a cualquier cargo público, independientemente de si pertenece a un partido político o no (cumpliendo los mismos requisitos que los partidos en cuanto a la defensa de ideas que no atenten contra los derechos humanos). En caso de que se presente a través de un partido político, las listas deben ser abiertas para aumentar el margen de elección del electorado (el elector elige no sólo su partido, sino también su candidato favorito dentro de ese partido, es decir el orden de importancia de los candidatos de un partido lo determina el electorado en vez del propio partido). Cada sistema tiene sus ventajas y sus inconvenientes, las listas abiertas aumentan el margen de elección de los electores pero pueden provocar tensiones dentro de los partidos, además existen diferentes sistemas de listas abiertas. A este respecto, se deberían desarrollar en el futuro métodos que vayan aumentando el margen de elección de los electores y eviten los inconvenientes detectados.

6.

La financiación de los partidos políticos debe ser totalmente transparente y controlada por el Estado. Los partidos deben autofinanciarse a través de sus militantes exclusivamente mediante un sistema de cuotas cuya cuantía debe estar claramente limitada por ley. Nunca debe permitirse la financiación por personas jurídicas, siempre deben ser personas físicas. No debe haber financiación externa de ningún tipo (ni pública ni privada).

La ayuda del Estado debe ser secundaria y en materia fiscal o para paliar gastos electorales o facilitar el acceso a los medios de comunicación, y debe “premiar” a los partidos más austeros y “castigar” el despilfarro. Dicha ayuda puede ser proporcional a los resultados electorales anteriores pero, siendo secundaria, no debe ser excesivamente importante (ni excesivamente proporcional a dichos resultados) y debe permitir a otras fuerzas minoritarias darse a conocer (aquí puede introducirse otro factor que determine la proporción de las ayudas estatales a nuevas fuerzas políticas: el número de afiliados de un partido), debe intentar tender a que las distintas fuerzas políticas puedan “competir” en igualdad de condiciones por acceder a las instituciones (o por lo menos con una desigualdad “razonable”, no excesiva, tampoco es posible que TODAS las fuerzas políticas puedan presentarse en sociedad de la misma manera, no habría ni recursos ni tiempo para ello). Si no es así se tiende inevitablemente a un bipartidismo excesivamente “estático” y a una democracia excesivamente “estancada”. Así como el Estado debe “redistribuir riqueza” mediante impuestos progresivos para, al menos en teoría, tender hacia una igualdad social, debe hacer lo propio con las ayudas a los partidos políticos para tender hacia una “igualdad democrática” razonable.

Tampoco se puede pretender que todas las ideas se reflejen en las instituciones, sería imposible y provocaría ingobernabilidad. Siempre la democracia representativa se basa en la “agregación” de ideas. Se trata de llegar a un “equilibrio” para por un lado conseguir gobernabilidad (“agrupando ideas”) y por otro conseguir representatividad (no “agrupando” demasiado las ideas, evitando que en dicha agregación excesiva se pierda pluralidad). Una idea no es más válida (ni más certera) porque sea más mayoritaria (además si es mayoritaria y “juega con ventaja” lo será cada vez más) y por tanto no debe ser “privilegiada” en exceso. Todas las ideas (siempre que sean respetuosas con la democracia, es decir con los derechos humanos) deben ser respetadas, pero también deben tener las mismas oportunidades (deben poder defenderse en igualdad de condiciones). Siempre la igualdad (de oportunidades) debe estar presente en la filosofía democrática. Ante unas elecciones, el pueblo tiene derecho a conocer las propuestas de todos los principales partidos, es decir de aquellos que ya existen en las instituciones, pero también de aquellos que no existen aún en ellas pero tienen un número de militantes que rebase cierto umbral (esto fomentaría la “circulación” de partidos en la sociedad y la participación política de los ciudadanos).

Los gastos electorales de un partido deben ser financiados únicamente mediante sus activos, no pudiendo nunca acceder a créditos de ningún tipo. De esta manera se evita la dependencia del poder político respecto del poder económico. Los partidos políticos no necesitan realizar tantos gastos, debe haber una reducción drástica de los gastos en las campañas electorales. En éstas los partidos políticos deben explicar sus programas electorales y para ello el Estado debe poner gratuitamente a disposición de los mismos todo tipo de medios de comunicación y además esto debe hacerse no sólo durante las campañas sino que durante toda la legislatura (por supuesto de manera menos intensa) para incrementar la información y la cultura democrática del pueblo.

7.

Los partidos políticos deben funcionar obligatoriamente de forma estrictamente democrática (a todos los niveles) y perfectamente estipulada por ley. En particular, debe obligarse a la realización de elecciones primarias para que los militantes de los partidos sean los que elijan a sus candidatos. Una organización que defienda ideas antidemocráticas (es decir que atenten contra los derechos humanos) o bien que defienda sus ideas (sean cuales sean éstas) de forma antidemocrática (es decir irrespetuosa o violenta) nunca puede obtener el status de partido político. En democracia no se pueden consentir partidos políticos antidemocráticos aunque sí organizaciones antidemocráticas (que defiendan cualesquiera ideas pacíficamente o bien cuyo funcionamiento interno no sea democrático) a las que pueda pertenecer o no libremente cualquier ciudadano, pero en este caso el Estado tiene la obligación de advertir a la ciudadanía del incumplimiento de los derechos humanos, así como la obligación de impedir que dichas organizaciones puedan llegar a eliminar la propia democracia si acceden al poder. Los únicos limites de la democracia son los derechos humanos, son los principios básicos democráticos. Si admitimos que los derechos humanos son irrenunciables, entonces la democracia (cuyo objetivo fundamental es su cumplimiento) también es irrenunciable y debe protegerse. No se puede eliminar la democracia, ni siquiera democráticamente. Esto no significa que la forma de implementarla sea única e intocable (lo que debe ser intocable es su filosofía, sus principios elementales).

8.

El poder ejecutivo (presidente de la república) y el poder legislativo (diputados y senadores) deben ser elegidos directamente por el pueblo mediante elecciones separadas (presidenciales y legislativas). De esta forma el poder ejecutivo es independiente del poder legislativo y ambos dependen directamente del pueblo. El presidente de la república debe ser elegido mediante sufragio universal directo por mayoría absoluta (en primera vuelta o en segunda entre los dos candidatos más votados en la primera). En el caso de elecciones presidenciales debe haber una circunscripción electoral única en todo el Estado.

9.

El poder judicial no debe ser designado por el poder político. Para ello podría plantearse, como mínimo, que sus órganos directivos sean elegidos democráticamente por el propio poder judicial. Pero Francisco Badarán plantea además que el poder judicial debe tener un órgano colegiado de carácter estatal constituido por personas electas directamente por el pueblo (personas que pueden ser cualesquiera ciudadanos no pertenecientes a ningún partido político) y un órgano de juristas asociado (elegido democráticamente por el pueblo o por los jueces) para asesorar al órgano popular anterior (dado el carácter eminentemente técnico del poder judicial). Es especialmente importante que las personas elegidas en dichos órganos no pertenezcan a ningún partido político (el derecho de asociación se limita mediante un régimen de incompatibilidades para garantizar la separación de poderes). Es decir, se deben implantar unas elecciones judiciales separadas de las elecciones presidenciales y legislativas. Además, el poder judicial debe tener autonomía financiera respecto del poder político. De esta manera el poder judicial es independiente del resto de poderes y es controlado directamente por el pueblo. En el caso de España los miembros del Tribunal Constitucional serían elegidos entre ciudadanos independientes (nunca de un partido político) por el pueblo, los miembros del Consejo General del Poder Judicial serían elegidos entre candidatos juristas (nunca militante de un partido político) por el pueblo o por los jueces y el fiscal general del Estado (nunca militante de un partido político, una vez más) podría ser elegido por el Consejo General del Poder Judicial. Por otro lado, dado que el derecho a la justicia es un derecho básico, no está de más plantear su socialización como forma de garantizar dicho derecho a todos los ciudadanos por igual (desde luego como mínimo debería eliminarse el concepto de fianza que hace que los que tengan dinero sean tratados de forma distinta a los que no lo tienen). Francisco Badarán propone a este respecto una “Seguridad Social Jurídica” y además plantea universalizar el principio de la unidad jurisdiccional, eliminando sin excepciones la jurisdicción militar.

10. No deben existir tribunales de excepción permanentes (sólo tendrían sentido dichos tribunales en situaciones excepcionales transitorias como las guerras). En el caso de España debería eliminarse la Audiencia Nacional. En democracia todos los ciudadanos deben ser iguales ante la ley y cualquier idea debe ser respetada siempre que esté acorde con los derechos humanos y se defienda respetuosa y pacíficamente. Toda idea que cumpla los requisitos anteriores (aunque defienda un cambio de régimen político o un cambio en la estructura territorial del país) tiene derecho a ser expuesta y discutida públicamente por lo que no debe ser reprimida ni criminalizada. Además deben establecerse medidas preventivas para evitar los abusos policiales y medidas correctoras contundentes que los castiguen ejemplarmente. El Estado debe garantizar el Estado de Derecho así como la seguridad de todos los ciudadanos (como el resto de derechos humanos, especialmente los básicos).

11. El poder sindical no debe ser subvencionado por el poder político. Como en el caso de los partidos políticos, los sindicatos pueden recibir ayudas fiscales, ayudas para las elecciones sindicales, etc. Y deben autofinanciarse de forma similar a los partidos políticos por sus afiliados y nunca por personas físicas o jurídicas externas. Lo mismo puede decirse respecto de su funcionamiento interno que debe ser estrictamente democrático. De esta forma el poder sindical es independiente del poder político y del poder económico.

12. Es imprescindible evitar (o por lo menos minimizar) la dependencia del poder de la prensa respecto del poder económico. Debe haber leyes que impulsen la libertad de expresión para que ésta exista de verdad (debería estar prohibido por ley la censura de todo tipo, debería estar prohibido el reservarse el derecho de publicación de una opinión, por lo menos en las versiones electrónicas de los diarios, debería protegerse al periodista para que pueda ejercer su trabajo con la máxima libertad posible, etc) y debe haber organismos que vigilen escrupulosamente su cumplimiento. Deben delimitarse claramente los límites de la libertad de expresión, debe delimitarse claramente donde acaba la crítica y donde empieza el insulto, debe establecerse claramente cuándo se atenta contra la dignidad o la intimidad de las personas, pero también debe evitarse que bajo la excusa de la “injuria” o de una intimidad “exagerada” se camufle el intento de evitar la crítica (que siempre es legítima en democracia, ya sea verídica o no, mientras se haga desde el respeto y las buenas formas). Obviamente en democracia nadie (que ejerza alguna responsabilidad pública) debe estar libre de crítica, en democracia nunca debe existir ningún tema tabú (se debe poder hablar de todo, la única condición es que se haga respetuosamente). Deben establecerse mecanismos que velen por la veracidad y pluralidad de las informaciones publicadas y por la publicación de noticias o eventos que la ciudadanía tiene derecho a conocer. Por ejemplo, el ciudadano tiene derecho a conocer la actividad diaria de su ayuntamiento, de su parlamento regional, de su parlamento nacional. La prensa debería hacer un seguimiento diario (no sólo una vez al año en el debate del estado de la nación) de las actividades de los representantes de los ciudadanos en las distintas instituciones, informando sobre qué se habla, qué se propone, qué se aprueba, qué se rechaza, etc. Los medios deberían publicar diariamente una “agenda política” informando sobre todo ello. Por ejemplo, el ciudadano tiene derecho a conocer todos los eventos o manifestaciones públicas que se han producido o que van a producirse en su ciudad. No hay ninguna excusa por “causas técnicas” que justifique en estos tiempos (con tantos medios tecnológicos) que no se pueda incluir en todos los diarios una relación de las manifestaciones/eventos (una especie de “agenda social”) que se han producido el día anterior y de las manifestaciones/eventos que están convocados para el día siguiente en cada ciudad, ni que justifique que no se pueda publicar en las versiones de Internet (por lo menos) de todos los diarios todas las opiniones enviadas por los ciudadanos que así lo deseen. Para evitar tener una democracia "estancada" debe haber leyes que obliguen a los medios de comunicación (en especial a la televisión pública) permitir el acceso a partidos/organizaciones de todo tipo (no sólo a las mayoritarias) para exponer sus ideas (hay que romper el actual "monopolio" de ideas que impide que haya "circulación y renovación" de ideas y de partidos). Tenemos un sistema donde no hay un "mercado libre de ideas" y eso produce estancamiento. Dicho en términos mercantiles hay que "liberalizar el mercado de ideas" obligando a los medios de comunicación a ejercer de "distribuidores" de ideas. Es necesario canalizar la participación ciudadana en los medios. Los medios de comunicación, aun siendo en muchos casos privados, proporcionan un servicio público con una enorme responsabilidad y por tanto es imprescindible que la sociedad exija un servicio de calidad y sobre todo mínimamente fiable, objetivo y digno. El derecho a la información (plural y veraz) es un derecho inalienable de todo ciudadano y deben establecerse mecanismos que lo garanticen. El derecho que tiene todo ciudadano o grupo de ciudadanos a poseer un medio de comunicación con cierta línea editorial ideológica no debe anular o limitar seriamente el derecho de la ciudadanía en general a la información y a la libertad de expresión (hay que democratizar ésta para que no sea un privilegio de unos pocos). Es imprescindible regular perfectamente la prensa para que el ciudadano pueda distinguir claramente entre la opinión y la información.

Deben establecerse mecanismos de control internos y externos de los medios (especialmente de la televisión). El Estado debe fomentar debates serios y verdaderamente plurales (especialmente en la televisión), debe evitar cualquier discriminación y debe proporcionar ayudas de tipo fiscal a los medios de comunicación con pocos recursos. Asimismo se debe impedir la peligrosa concentración de muchos medios de comunicación en pocas manos (que afecta directamente a la pluralidad), es decir, se deben evitar los monopolios (u oligopolios) tanto en los medios de “distribución final” de noticias (los medios de comunicación, a los que acceden los ciudadanos) como en los medios “proveedores” de noticias (las agencias de noticias a las que acuden los medios de comunicación). Se debe imponer máxima transparencia a todos los niveles: financiación, relación entre medios, fuentes de todas las noticias (sin atentar contra el secreto profesional de la fuente original en caso de necesidad pero por lo menos indicando la agencia de noticias, a este respecto es necesario regular con sumo cuidado el secreto profesional periodístico para por un lado respetar el anonimato de la fuente original en caso de necesidad y por otro lado evitar el uso de una sola agencia de noticias por la mayoría de medios), etc. Se debe establecer un régimen de incompatibilidades que garantice la independencia de la prensa

(prohibiendo relaciones directas o indirectas con el poder político, con empresas de sectores relacionados con él, con el poder económico, es decir con la gran banca, con las empresas industriales, etc.). Se debe regular perfectamente la publicidad para que ésta no influya en los contenidos de los medios, etc, etc. En definitiva, se trata de poner un poco de orden en el caos en el que está sumida la prensa, se trata de recuperar el código deontológico del periodismo, se trata de evitar la degeneración de la prensa y por tanto de la democracia. Es indudable que dicha degeneración es también consecuencia de la precarización del empleo en el sector, de la obsesión por el beneficio sobre cualquier otro criterio (aspectos que afectan en general a toda la población), pero quizás debería protegerse un poco más a los profesionales del cuarto poder (que en realidad es el primero), así como también se protege a los “profesionales” del poder político. Contrasta enormemente la sobreprotección de los políticos (de los cargos del poder ejecutivo, legislativo o judicial) y la precariedad de los periodistas. Hay que equiparar el cuarto poder con los tres poderes tradicionales (reduciendo la excesiva “protección” de estos tres y aumentándola en el cuarto), hay que “reequilibrar” todos los poderes además de separarlos.

Si con las medidas indicadas hasta ahora no es suficiente, no debería descartarse una posible socialización de la prensa (potenciando un sector público fuerte de la prensa y permitiendo un pequeño sector privado pero con las limitaciones expuestas, en particular evitando grandes concentraciones empresariales). No es tan descabellado pensar que si los tres poderes tradicionales son públicos (el Estado tiene su “monopolio”) lo sea también el llamado cuarto poder. No es tan descabellado pensar que si se tiene un sector de salud público para garantizar el derecho a la salud de todos los ciudadanos, se tenga una prensa pública para garantizar el derecho a la información (y por tanto a la libertad de pensamiento, el pensamiento es “modelado” por la información que recibe nuestro cerebro) y sobre todo a la libertad de expresión de todos los ciudadanos. Así como no se debe jugar con la salud de las personas, tampoco se debe hacer con la “salud mental” de la sociedad (que es lo que hace la prensa), con la “salud democrática”. En cualquier caso, es muy importante que el sector público de la prensa sea independiente del poder político garantizando su autonomía respecto del gobierno de turno. Dicha prensa pública (que debería estar presente en todos los medios: televisión y radio, como hasta ahora, pero también en prensa escrita y electrónica) debe fomentar el periodismo de calidad, la pluralidad y la participación activa de toda la ciudadanía (de todos los estratos e ideologías), en definitiva debe fomentar la democracia activa y real. Por otro lado, frente al argumento de que con la socialización de la prensa se restringe el derecho de un ciudadano a crear un medio para difundir sus ideas (aun así podría llegarse a un “equilibrio” para permitir también cierta prensa privada limitada), se puede argumentar que si nadie tiene la propiedad de ningún medio de comunicación, y simultáneamente, se garantiza por ley el separar claramente la información de la opinión, la libertad de expresión mediante la obligación de publicar todas las opiniones (por lo menos en los medios electrónicos) y la independencia de la prensa, nadie tiene más oportunidad de expresar sus opiniones que los demás, se democratiza la libertad de expresión, todos los ciudadanos pueden difundir sus ideas en IGUALDAD DE CONDICIONES. Esto sería la auténtica “semilla” de la verdadera democracia. Puede sonar muy utópico ahora mismo, pero quién sabe “la utopía de hoy puede ser la realidad de mañana” (en el pasado volar no parecía utópico, parecía imposible). Si no hay ideas nunca habrá posibilidad de llevarlas a cabo. Es la PRIMERA condición necesaria para llevarlas a la práctica (luego hace falta voluntad, medios, etc.). No debemos renunciar a la utopía, si ya en la teoría renunciamos a lo que nos dicta la razón o el sentido común, a lo que es lógico y necesario para que las cosas mejoren o funcionen, entonces es imposible que se puedan llevar a la práctica, es imposible cambiar las cosas. Si ni siquiera podemos saber cómo PODRÍAN hacerse las cosas entonces nunca PODRÁN hacerse. “Del dicho al hecho hay un trecho, pero si ni siquiera hay dicho entonces nunca habrá hecho, será imposible, no utópico”. Como dijo Noam Chomsky, Si supones que no existe esperanza, entonces garantizas que no habrá esperanza. Si supones que existe un instinto hacia la libertad, entonces existen oportunidades de cambiar las cosas.

En resumen, se trata de conseguir acercarnos lo más posible al ideal de unos medios de comunicación libres, imparciales y abiertos a la participación de toda la ciudadanía.

En la actualidad ya existen iniciativas internacionales para intentar recuperar el periodismo de calidad. El organismo Media Watch Global (Observatorio Internacional de Medios) cuestiona y reprende a los medios basándose en la ética, denuncia las faltas de honestidad mediática a través de informes, investigaciones y estudios que elabora periódicamente y distribuye. No sanciona, pero sus informes crean dudas sobre la credibilidad de un determinado medio y le ofrecen la oportunidad de corregirse. Este organismo pretende crear lo que se ha denominado un quinto poder como contraposición al cuarto poder tradicional, como forma de recuperar un espacio de lo público en el periodismo. Sin embargo, queda por ver si con este tipo de medidas “morales” se consiguen evitar los numerosos y graves problemas de la prensa, aunque es un intento muy interesante, puede resultar insuficiente, el tiempo lo dirá.

13. Debe haber leyes que impongan máxima transparencia y responsabilidad a los cargos electos de cualquier institución pública acerca de sus actividades, de su patrimonio, etc. El pueblo tiene derecho a saber con exactitud a qué se compromete un candidato a un cargo público antes de votarlo, a qué se dedica una vez que ha sido elegido y a pedir responsabilidades políticas (además de jurídicas) por sus actos. Deben establecerse mecanismos (por ejemplo referéndum revocatorio) para dar al pueblo la posibilidad de revocar el mandato de cualquier cargo electo en caso de incumplimiento de programa o de decisiones tomadas en contra de la opinión pública general (mandato imperativo). Esto es un reto muy importante para la mayor parte de las “democracias” actuales para avanzar hacia mayores grados de participación ciudadana. Mientras los cargos electos no respondan de sus actos ante el pueblo que los eligió, las democracias estarán prácticamente vacías de contenido porque el voto representa simplemente un “cheque en blanco” carente de significado, porque va contra el principio básico de soberanía popular. En una democracia, el voto (libre) debe ser la MÁXIMA (que no única) expresión de la soberanía popular y ello implica la OBLIGACIÓN por parte de los cargos electos a someterse a la misma.

Adicionalmente, e independientemente de lo anterior, es necesario limitar por ley la duración máxima de los mandatos de todos los cargos públicos electos (es decir, de todos los cargos públicos de máxima responsabilidad, recordemos que éstos deben ser siempre elegidos democráticamente). Por ejemplo, parece razonable que cualquier candidato a cualquier cargo público no pueda presentarse más de dos veces a las elecciones correspondientes, es decir que cualquier cargo público no pueda estar en el puesto más de dos mandatos (salvo quizás casos excepcionales como alcaldes de localidades con muy pocos habitantes). Por otro lado, deben establecerse mecanismos que impongan la incompatibilidad entre cargos públicos y cargos en la empresa privada (no sólo durante el mandato ejercido en el poder político sino que también por lo menos en los años inmediatamente posteriores) para evitar el clientelismo, para evitar el uso de cargos públicos con fines de lucro personal, para evitar la subordinación del poder político al poder económico. No se trata tanto de prohibir la vuelta al sector privado de antiguos cargos públicos (aunque no debería descartarse esta medida más “contundente” en caso necesario), sino que se trata más bien de limitarla (evitando el acceso a ciertos cargos de responsabilidad en la empresa privada relacionados con el trabajo desempeñado en el poder político, fomentando la incorporación a la administración pública en vez de a la empresa privada, etc.).

14. El Estado debe ser laico y separado de todas las iglesias. No debe financiar a ninguna iglesia ni directa ni indirectamente. Esto implica, entre otras cosas, una enseñanza oficial pública gratuita y laica y una necesaria “convalidación” de toda enseñanza privada (religiosa o no).

15. Deben desarrollarse mecanismos que aumenten la participación directa del pueblo en cuestiones fundamentales promoviendo el uso del referéndum (que por supuesto debe ser vinculante, debe OBLIGAR siempre al poder político a ejecutar la decisión adoptada por el pueblo). Deben establecerse mecanismos que estipulen claramente cuándo es OBLIGATORIO convocar un referéndum (por ejemplo cuando se trate de decisiones relacionadas con leyes y derechos básicos) y qué requisitos técnicos se necesita para que mediante iniciativa popular el poder político esté OBLIGADO a convocar un referéndum (en particular el número de firmas necesario debería ir disminuyendo a medida que las posibilidades técnicas permitan agilizar y abaratar los referendos). Asimismo deben estipularse qué mayorías se necesitan para conseguir aprobar los asuntos consultados (cuanto más básicos sean éstos, más amplias deberían ser dichas mayorías). Debe promocionarse el uso de la iniciativa legislativa popular intentando garantizar que ésta no se quede en papel mojado, intentando evitar que se convierta en un simple trámite que luego es rechazado por el parlamento de turno, ampliando las materias sobre las que se puede tratar, dando más poder de seguimiento a la misma por parte de sus promotores e incluso dando a éstos la posibilidad de defenderla directamente en el propio parlamento. Se trata de encontrar fórmulas eficaces para que poco a poco la ciudadanía pueda ir participando directamente en la labor del legislativo (no sólo en la elaboración de la agenda de asuntos a tratar sino que también en la búsqueda de soluciones a los mismos).

16. Deben desarrollarse los mecanismos necesarios para que los problemas nacionalistas puedan resolverse de manera pacífica, justa y eficaz. Y para ello es imprescindible reconocer el derecho de autodeterminación de todos los pueblos (el de todas las personas hoy por hoy resulta mucho más utópico), haya o no haya razones históricas o culturales o de cualquier otra índole (no se puede obligar a una comunidad de personas a permanecer unida a otra comunidad en contra de su voluntad, no es ético ni lógico). Como dijo Anthony Carty, catedrático de derecho público en la Universidad de Aberdeen, el derecho de autodeterminación es un derecho humano, es un derecho de participación política fundamental que tienen los individuos, en tanto que miembros de una comunidad, para que puedan ejercer el resto de derechos que les corresponden. Sin el derecho de formar una nación, también se resiente el resto de derechos individuales. En este sentido un Estado Federal puede ser la mejor manera de articular un país con fuertes contrastes culturales o nacionales que permita por un lado la libre elección de sus Estados miembros de permanecer unidos o no y por otro lado una unión basada en una distribución equitativa de las competencias entre los Estados que deseen permanecer unidos. En todo caso, debe ser siempre el pueblo el que decida sobre la estructura territorial de su Estado. En el caso de los separatismos sólo tiene sentido que se pronuncien los habitantes de la región secesionista (derecho de autodeterminación), pero siempre garantizando que se haga de forma plenamente democrática (donde todas las opciones, tanto la separatista como la unionista, puedan darse a conocer públicamente en igualdad de condiciones) y dando opción de pronunciarse también a los habitantes de dicha región que, por razones políticas, hayan tenido que abandonarla en el pasado (siempre que se demuestre que lo hicieron por causas políticas, por la existencia de acoso o persecución o discriminaciones de raíz política, cultural, lingüística, etc.).

17. Aun siendo el presidente de la república el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, cualquier actividad relacionada con un conflicto armado deberá ser aprobada por el parlamento (con una mayoría muy amplia). Además debería tenderse progresivamente a que sea el propio pueblo el que decida directamente sobre la declaración o no de una guerra (así probablemente la guerra pasaría a la historia).

18. Es necesario potenciar la figura de un defensor del pueblo al que pueda acudir cualquier ciudadano. Y para ello es necesario dotarle de las competencias y de los recursos adecuados para que su cargo no sea simbólico y debe ser elegido directamente por el pueblo mediante sufragio universal.

Evidentemente se deben establecer mecanismos que garanticen la aplicación de la ley. Es importante que las leyes estén bien hechas, pero también lo es que se lleven a la práctica, para lo cual debe haber una vigilancia escrupulosa de su cumplimiento.

A medida que la sociedad tiene mejores medios técnicos (que agilizan y abaratan los procesos electorales) y a medida que se racionalizan los costes electorales evitando despilfarros innecesarios, se hace cada vez más viable la posibilidad de realizar más consultas directas al pueblo (elecciones presidenciales, legislativas, judiciales, regionales, municipales, referendos, etc.), lo cual permite mayor separación de poderes y mayor participación de la ciudadanía.

Indudablemente, algunas de las medidas mencionadas son más viables que otras (aunque ninguna es imposible de llevar a cabo). Tampoco se trata de acometer todas las medidas simultáneamente, se puede seguir un proceso progresivo para ir implantando poco a poco las mismas. Lo más importante es desbloquear el “estancamiento” actual e iniciar un camino de reformas continuo.

Los costes adicionales para el Estado que suponen algunas de estas medidas (más procesos electorales, posible socialización de la Justicia, etc.) pueden ser compensados con una mayor racionalización de otros gastos (a través de una mejor gestión “impuesta” por un mayor control y por una mayor transparencia), con una lucha eficaz y determinante del fraude fiscal (centrándose en las grandes fortunas, en las profesiones liberales, en definitiva en aquellos sectores de la economía donde todo el mundo sabe que hay grandes cantidades de dinero negro, etc.), con un ahorro de costes evitando duplicidades de competencias (por ejemplo entre Congreso y Senado, entre los distintos cuerpos de seguridad del Estado, entre las distintas administraciones estatales, regionales y locales, etc.). Muchas veces el problema de los recursos financieros del Estado tiene que ver más con su gestión y distribución que con la necesidad de mayor recaudación. Aun así, siempre queda la posibilidad de aumentar los impuestos a las clases privilegiadas (es decir a aquellas personas a las que les sobra más dinero).

Es especialmente importante desarrollar la separación del poder de la prensa respecto del poder político y sobre todo del poder económico. Este es uno de los grandes retos de las democracias representativas (la progresiva dependencia del poder de la prensa respecto del resto de poderes es una de las principales causas de la degeneración democrática). En este caso la teoría no está suficientemente elaborada (no hay que olvidar que dicha teoría se desarrolló fundamentalmente alrededor de la Revolución francesa, y en esa época la prensa no estaba tan desarrollada como en la actualidad). Evidentemente las teorías deben evolucionar para corregir los errores detectados en su aplicación pero también para adaptarse a las nuevas circunstancias puesto que la sociedad cambia continuamente. TODOS los poderes deben ser independientes e igualmente “poderosos” y robustos para que sea efectivo su mutuo control. Todos los poderes deben controlar al resto de poderes y deben a su vez ser controlados por el resto de poderes. Un poder debilitado (aunque incluso sea independiente) no puede controlar a los otros, no digamos ya si no es independiente. La prensa está ahora mismo completamente subordinada al resto de poderes (y lo preocupante es que cada vez más) y sus profesionales están en una situación de precariedad que contrasta enormemente con la sobreprotección de los profesionales de los otros poderes (inmunidad, inviolabilidad, etc.). Es necesario, por un lado disminuir la excesiva “protección” de los componentes del poder político (aun admitiendo que sea necesaria cierta “protección”, habría aun así que reconsiderar dicha necesidad, no se pueden justificar en una democracia ciertos privilegios exagerados) y por otro lado mejorar la “protección” de los profesionales de la prensa (proporcionándoles por lo menos cierta seguridad laboral y desde luego garantías de que puedan ejercer su trabajo con total libertad, hay que recuperar la libertad de expresión de los periodistas como base de la libertad de prensa). Todos los profesionales de todos los poderes (ejecutivo, legislativo, judicial, prensa) deben tener un NIVEL de “protección” similar (esto no significa que tengan el mismo TIPO de “protección”, por ejemplo, en el caso de un periodista probablemente no tiene sentido la inmunidad) que les garantice realizar su trabajo en mínimas condiciones de independencia y efectividad. La prensa, como el resto de poderes, debe ser independiente pero también debe ser controlada (que no sometida), en este caso por el poder político, mediante una legislación (y un control escrupuloso de su aplicación) que garantice los derechos de los ciudadanos de acceso a información plural y veraz así como de participación activa, llevando a la práctica la libertad de expresión de TODOS los ciudadanos. Del logro de este importantísimo reto depende la “salud” de cualquier democracia.

Como se ve, lejos de haber llegado a un punto de perfección, la democracia representativa tiene aún mucho margen para ser mejorada, y dado que es un modelo que ya está implantado y funcionando (más o menos, bien o mal), es técnicamente más factible mejorarlo a corto plazo que aplicar y probar nuevos modelos de democracia (que siempre necesitarán más tiempo para desarrollar sus teorías e ir poniéndolas en práctica). Esto no significa que haya que renunciar a evolucionar el modelo de democracia representativa hacia modelos más avanzados.

El desarrollo de la democracia representativa implica sobre todo la puesta en práctica de sus postulados teóricos conocidos y “tradicionales”, pero también la búsqueda de soluciones teóricas que la mejoren (en particular la adaptación de sus postulados “tradicionales” a los tiempos actuales, como la separación efectiva de todos los poderes, en especial del cuarto poder, y la mejora del equilibrio representatividad-gobernabilidad para sin impedir la segunda mejorar la primera). El desarrollo de la democracia representativa debe implicar siempre dar prioridad a la mejora continua de la representatividad.

b) Democracia participativa y democracia deliberativa

Según se describe en la Wikipedia, la democracia participativa o semidirecta es una expresión amplia, que se suele referir a formas de democracia en las que los ciudadanos tienen una mayor participación en la toma de decisiones políticas que les otorga tradicionalmente la democracia representativa. Puede definirse con mayor precisión como un modelo político que facilita a los ciudadanos su capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que puedan ejercer una influencia directa en las decisiones públicas. Se manifiesta usualmente por medio de referendos por los que los representantes consultan a la ciudadanía o por medio de iniciativas de consulta que los ciudadanos presentan a los representantes.

El problema básico del concepto de democracia participativa es la disyuntiva de cómo reconciliarlo con el gobierno de la mayoría. Sir Arthur Lewis, laureado con el Premio Nóbel, señaló en una de sus obras (Politics in West Africa (W. Arthur Lewis), págs.64-65; George Allen & Unwin, Londres, 1965) que todos aquellos afectados por una decisión deben tener la oportunidad de participar en el proceso de tomar esa decisión, ya sea en forma directa o mediante representantes electos. Esto implica que en esa "oportunidad de participar" se tomen decisiones mayoritarias dentro de un concepto de consenso nacional en cuestiones relativas a principios básicos y derechos humanos. Esto no excluye el pluripartidismo sino que busca en la diversidad y el debate una política consensual con pleno respeto a las minorías.

Una de las razones fundamentales para promover la democracia participativa consiste en que tal sistema ofrece al ciudadano una capacidad de participar en decisiones orientadas a desarrollar una economía socialmente justa y humanista. Esto promueve un ambiente de cooperación porque se aprecian directamente las consecuencias de tales decisiones para todos y cada uno de los miembros de la sociedad. La democracia participativa auténtica hace énfasis muy especial en dar voz a los individuos y a las comunidades, cuyas opiniones, anhelos y aspiraciones rara vez hallan eco o atención en los mecanismos tradicionales de la democracia representativa.

Este es un proceso de transformación (que ya está en marcha en muchas sociedades democráticas) que debe apuntar a promover mecanismos prácticos de participación, medios transparentes de información e investigación, adiestramiento desde la escuela en las técnicas de participación y un programa político estable que defina claramente sus metas destinadas a generar una energía social de participación en las comunidades orientada a la vida y decisiones del barrio, del municipio, de la provincia y de la nación, con el consecuente resultado de concertación, tolerancia y colaboración que necesariamente desemboque en una evidente mejora de la calidad de vida.

La participación que se desarrolla por diversos medios en muchas democracias modernas está comenzando a consolidarse dentro del ámbito de la democracia representativa como una nueva manera de hacer las cosas. La participación no ha de limitarse, sin embargo, a que las autoridades locales y otros organismos públicos informen a la población de sus actividades y decisiones o inviten a los ciudadanos a presenciar sus debates, sino que implica escuchar a la población en la formulación de sus propios problemas y en la búsqueda de oportunidades y mejoras. Además, es indispensable proporcionarles los medios para encausar una acción política, social o económica y participar en las decisiones públicas con propósitos de cambio. Todo esto tiene que calibrarse con mucho cuidado para que, cuando se implemente, no se caiga en una fatiga improductiva de comunidades abrumadas de consultas y debates. Por lo tanto, tiene que haber un mecanismo representativo intermediario.

Las iniciativas de democracia participativa no deben orientarse a organizar una utópica democracia directa sino a promover al grado más alto y amplio posible la participación en un bien articulado entorno institucional. Si se hace bien, esta oportunidad de participación provocaría entusiasmo, energía social y un sentido de propósito y de satisfacción. En el Dictionary of Sociology se comenta que la democracia participativa para un acuerdo general puede ser efectiva con grupos de 500 o menos miembros y también referidos a movimientos sociales.

Hay buenas razones por las cuales la democracia participativa debiera funcionar:

• Aprovecha las experiencias y la capacidad de todos: la sociedad funciona mediante una red que interrelaciona al gobierno, las diversas comunidades, los grupos de intereses, los sectores y las instituciones. Además, los ciudadanos tienen un conocimiento mucho más íntimo a nivel local de las necesidades de la población que ningún grupo de políticos desde un gobierno altamente centralizado.

• Promueve la legitimidad: las instituciones, los organismos sectoriales, las empresas y los gobiernos acabarán por apreciar que tienen mucho que ganar en confianza, apoyo y colaboración de parte de los ciudadanos si los incluyen de alguna forma en sus decisiones. Los propios ciudadanos tienen una mayor facilidad de promover iniciativas destinadas a hacer más eficaz el medio en que se desenvuelven.

• Desarrolla nuevas capacidades: la participación desarrolla la capacidad de las personas de trabajar en colaboración con los demás, de identificar prioridades y de lograr que las cosas se hagan y los proyectos se realicen. La actividad participativa los convierte así en mejores ciudadanos.

• Mejora la calidad de vida: estudios realizados por economistas, sociólogos y psicólogos han demostrado que las personas que participan en la toma de decisiones son más felices que los que se limitan a aceptar o aplicar las decisiones de otros, debido a que se sienten responsables del mejoramiento de su calidad de vida. Además, la participación brinda al ciudadano una oportunidad de mayor eficacia en la colaboración.

La democracia deliberativa, también llamada a veces democracia discursiva, es un término utilizado por algunos politólogos como Jürgen Habermas o Jon Elster, para referirse a un sistema que, partiendo de los parámetros básicos de la democracia representativa, hace hincapié en un proceso de toma de decisiones consensuadas. En contraste con la teoría tradicional de la elección racional proveniente de la economía, que enfatiza el acto de votar como institución central de la democracia, los teóricos de la democracia deliberativa argumentan que las decisiones sólo pueden ser legítimas si llegan como consecuencia de una deliberación pública por parte de la ciudadanía.

El proceso de deliberación se caracteriza por los esfuerzos para incluir en el mismo a grupos marginales que suelen ser ignorados en otros procesos de decisión, así como la documentación exhaustiva no sólo de los puntos de consenso sino también de los puntos de desacuerdo. La democracia deliberativa pone tanto énfasis en el proceso de deliberación como en las decisiones resultado de dicho proceso.

Esta forma de democracia (de forma similar a otras formas recogidas bajo la idea de democracia participativa) pone de manifiesto un conflicto de intereses entre los ciudadanos participantes del proceso, que son los afectados por las decisiones que se toman, y el grupo que organiza la decisión.

En definitiva, la democracia participativa y la democracia deliberativa pueden considerarse como una evolución natural de la democracia representativa donde el grupo de humanos donde se aplica tiene mayor participación en la toma de decisiones (no sólo en la elección de las soluciones sino que también en el proceso de elaboración de las mismas, así como en el planteamiento de los problemas a resolver).

Es obvio que este tipo de democracia es muy difícil de aplicar en grandes grupos, por lo que su ámbito de aplicación debe ser los grupos humanos de menor envergadura (más cercanos a las problemáticas inmediatas de cada ciudadano). En este caso el desarrollo de esta técnica democrática debe ser tanto teórico como práctico (en algunos países ya se está llevando a la práctica en la actualidad).

c) Democracia directa

Según se describe en la Wikipedia, la democracia directa, también denominada democracia radical o democracia cara a cara, es un mecanismo en el que cada una de las personas asociadas a determinada agrupación pueden exponer en igualdad de condiciones sus puntos, iniciativas y propuestas actuando directamente sobre ella y dirigiéndola en equipo. Hace énfasis en la decisión y el cumplimiento común de acuerdos mutuos, siendo entonces una forma de democracia en la que los miembros de una asociación (laboral, empresarial, ciudadanía local) participan directamente en el proceso de toma de decisiones políticas, cada asociado representándose a sí mismo en igualdad de derechos y obligaciones.

Por lo tanto es una democracia sin representantes, que no está esmerada en elegir gobernantes o dirigentes sino en los mismos asociados o ciudadanos elegir o construir propuestas y desarrollar su potencial. Cada persona perteneciente a una asociación, debería estar allí por su propia causa o su propio interés, por lo que no tiene necesidad ni sentido ser representado por otros. Al oponer democracia directa a democracia representativa, se rechaza a todo representante que pretenda hablar en nombre de otros, actuar en su lugar o peor aún en su interés. Algunos métodos de democracia directa pueden dar a los ciudadanos poderes legislativos y ejecutivos a la vez, aunque la mayoría propuestos o practicados dan a los ciudadanos la dirección del proceso legislativo, dejando la función ejecutiva a delegados sin mayor poder deliberativo que el de asociados, es decir como encargados y no como autoridades.

La democracia directa, en un sentido moderno, consta de tres pilares concretos:

1. La asamblea como manifestación de la iniciativa popular La reunión asamblearia es la denominación dada a las reuniones participativas o asambleas generales donde todos los involucrados por un determinado asunto o miembros de una misma organización sobre todo asunto que concierna a la vida de dicho colectivo, pueden dar su opinión o decidir sobre un tema directamente representándose cada uno a sí mismo. Según la asociación y la circunstancia en este tipo de asambleas puede preferirse o la decisión por consenso para llegar a acuerdos mínimos aceptables para todos los implicados o la construcción colaborativa de propuestas. Las votaciones se reservan para los casos en los que no hay acuerdo posible y/o para situaciones ordinarias que deberían no tomar demasiado tiempo por su relativa relevancia, en tales casos se prefiere la mayoría simple, dejando para situaciones más delicadas o comprometedoras aún, mayorías de 3/4 o de 2/3 por ejemplo, para que necesiten una contundente legitimación.

La democracia directa, al provenir de la asociación voluntaria e igualdad de poder de los asociados, no puede hacer que la asamblea obligue a los individuos en desacuerdo a formar parte de una decisión cuando éstos así lo han manifestado abiertamente, y al contrario, por respeto a las decisiones de los adherentes la asamblea, obliga (mutuamente) a quienes hayan aceptado abiertamente una resolución, indistintamente si han estado a favor o en contra de ella, a cumplir su compromiso.

La asamblea es la que aprueba las normativas consensuadas bajo las que se regirán los participantes o se tomará determinada acción, y ella sólo es soberana en la medida en que refleja directamente la voluntad de cada asociado por sí mismo representado. Solo así, los acuerdos mutuos y la acción colectiva se convierten en ejercicio de la libertad.

2. La delegación revocable Cualquier delegado puede ser removido de su cargo en cualquier momento, es decir carece de privilegios o inmunidades. Parte del principio del derecho libertario, del derecho de revocación, de que siempre hay la posibilidad de cuestionar cualquier situación y cualquier compromiso en el momento que se estime que éstos se inscriben en una lógica opresiva o que pueden mejorarse sustancialmente. Pueden existir varios mecanismos para hacer recaer la responsabilidad por las consecuencias de la revocación tanto de un mandato como de una normativa en quienes así la han decidido.

3. El mandato imperativo El delegado carece de poder deliberativo especial además del que tiene como persona integrante de un colectivo. Puede, si así es decidido por la asamblea, tener poder ejecutivo o atribuciones de autonomía responsable; pero no puede adoptar decisiones diferentes a aquellas para las que ha recibido mandato por parte del colectivo que lo delega.

La democracia directa es entendida como "gobierno directo" mediante consultas y/o asambleas de asociados. Tienen ellos el derecho a proponer, aprobar o vetar leyes y son quienes de derecho y de hecho detentan el poder colectivamente, así como pueden retirar el apoyo a un delegado en cualquier momento. En el aspecto operativo, cada asociación de democracia directa, para funcionar de la mejor manera, tendría que ser lo más cercana posible a sus miembros, con dirección autónoma y entre grupos relativamente ligeros. La coordinación entre asociaciones de democracia directa requiere una estructura confederal o federalista.

La democracia directa, tal como fue establecida en esencia por la polis de Atenas, es un sistema de gobierno aplicado hoy en día, tan sólo en 3 cantones suizos: Appenzell, Glaris y Unterwald. El primero dividido en los semicantones de Rodas Exteriores y Rodas Interiores, y Unterwalden a su vez, dividido en los semicantones de Obwald y Nidwald. Se llama Landgemeinde, porque el pueblo se reúne en la plaza pública de la ciudad o en una pradera una vez al año, donde aprueban las leyes, el presupuesto y también las reformas constitucionales.

La objeción más importante que se suele achacar a la democracia directa se refiere a su practicidad y eficiencia. Decidir sobre todos o casi todos los temas de importancia pública mediante referéndum puede ser lento y costoso, y puede provocar en los ciudadanos apatía y fatiga. Los defensores actuales de la democracia directa suelen sugerir que la democracia electrónica (con herramientas como los wikis, los foros o la televisión) puede paliar esos problemas. También, dado que las preguntas deben ser cortas, con una respuesta de sí o no, los votantes podrían elegir políticas incoherentes. Por ejemplo, una mayoría podría votar a favor de reducir los impuestos mientras una mayoría podría también votar por un incremento del gasto público en educación. La respuesta común a esta crítica es que el problema de las decisiones inconsistentes no es exclusivo de esta forma de democracia. Algunos estudiosos utilizan el término democracia semidirecta para describir sistemas de democracia directa que cuentan con mecanismos para proteger las libertades civiles así como para proteger de la mayoría los intereses de las minorías. Sin embargo, dado que la democracia directa suele funcionar siempre de esta forma, la necesidad de dicho término no está del todo clara. La puesta en práctica de la democracia directa suele traducirse en un proceso de confrontación, en el que la ciudadanía discute y elige dos opciones definidas por expertos. Este proceso se caracteriza por una falta de deliberación orientada hacia el consenso. El modelo canadiense de asamblea de ciudadanos sortea muchas de las desventajas de la democracia directa a través de un proceso basado en la deliberación y el consenso, bastante diferente del caracterizado por las iniciativas y los referendos. En diversas partes del mundo, existen propuestas de aplicación de democracia directa, en España Democracia Directa Activa, en Uruguay, Democracia Directa Informatizada y recientemente en Venezuela Democracia Participativa.

La democracia directa se presenta pues como el ideal utópico de la democracia (hacia el que debería evolucionar ésta). Hoy por hoy es muy difícil aplicarla a grandes grupos humanos, aunque el uso de los medios de comunicación modernos (como Internet) pueden hacer viable progresivamente la democracia directa a grupos humanos de cada vez mayor envergadura. Pero por lo pronto nada impide ser aplicada ya a pequeños grupos humanos (ámbito local), como ya se está empezando a hacer. Las experiencias prácticas reales de democracia directa en países como Suiza o Canadá pueden proporcionar antecedentes muy interesantes para su desarrollo a nivel mundial. En este caso también el desarrollo de esta técnica democrática debe ser tanto teórico como práctico.

2) Desarrollo del ámbito de aplicación

Si admitimos que la democracia es el mejor método de convivencia de cualquier grupo de personas, es inevitable llegar a la conclusión de que debe ser aplicada en TODOS los grupos posibles. En este sentido cabe distinguir entre dos tipos de grupos humanos: aquellos que tienen que ver con la obligación de convivencia (es decir donde el individuo pertenece inevitablemente a un grupo no por voluntad propia sino que por necesidad o por imposición “externa”, como por ejemplo un país, una región, un municipio, una empresa, una comunidad de vecinos) y aquellos que tienen que ver con la (más o menos) libre elección del individuo de pertenecer a ellos (un club privado, un grupo religioso, una sociedad mercantil, etc.). En el primer caso, dado que el individuo está obligado a pertenecer al grupo, es imprescindible que éste se rija democráticamente y en estricto cumplimiento de los derechos humanos, en el segundo caso si el individuo no está de acuerdo con las normas de funcionamiento (y el Estado debería aquí advertir de qué derechos humanos se incumplen) siempre puede no pertenecer a él . En definitiva, se deben garantizar los derechos humanos pero no se puede obligar a asumirlos en caso de libre elección, siempre que esto no afecte a los de otras personas que no deseen renunciar a ellos. En principio, quedan descartadas aquellas organizaciones donde no tiene sentido aplicar la democracia por cuestión de eficacia operativa (ejércitos, tripulaciones de aviones o barcos, etc.).

Aunque tampoco habría que descartar ir implantando progresivamente la democracia en aquellas partes de dichas organizaciones donde sea posible hacerlo. Por ejemplo, no hay razón para pensar que un ejército no se pueda dirigir mediante un sistema democrático de elección de oficiales y mandos por los mismos soldados. En este caso, tendríamos un sistema “mixto” donde los mandos se elegirían de forma democrática pero donde éstos, una vez elegidos, ejercerían su autoridad mediante la disciplina castrense “tradicional” (es decir, no democrática). La democracia debe extenderse del ámbito político, al económico, al social, al cultural, etc. De hecho, ya existen empresas autogestionadas democráticamente (cooperativas, comunas) y han resultado ser en muchos casos más eficaces que las empresas capitalistas tradicionales equivalentes. Es justo, es posible y probablemente produciría un desarrollo económico más equilibrado y sostenible que el actual modelo capitalista (basado en la “tiranía” empresarial, en la inexistencia de democracia dentro de la empresa). El “atasco” en el desarrollo democrático (que contrasta enormemente con el desarrollo tecnológico y científico por ejemplo) probablemente sea una de las causas de un desarrollo económico con altibajos tan pronunciados como el que tenemos actualmente (desarrollo un tanto artificial, basado sobre todo en la sobreexplotación, en una política agresiva de “quemar” todos los recursos, materiales y humanos, en un mercado que lejos de ser libre está dominado por los poderosos (que se han hecho poderosos muchas veces por subvenciones estatales, es decir, al margen de la libre competencia), ahogando las posibilidades de verdadera competencia al imposibilitar la igualdad de oportunidades, en la especulación, etc.) e incluso sea una de las causas de cierta ralentización del desarrollo científico y tecnológico (seguramente no es casualidad que los importantes avances que se produjeron en el siglo XIX coincidieran con una época de importantes cambios políticos y sociales, con una auténtica eclosión ideológica como la que se produjo en dicho siglo, como consecuencia de la Ilustración y la Revolución francesa del siglo anterior). La reactivación del proceso democratizador puede suponer el “catalizador” de un verdadero desarrollo humano más sólido y estable (y por supuesto más justo y equitativo).

Es más, como bien expresa Armando Fernández Steinko, para conseguir plena democracia, para conseguir democracia total, es imprescindible que se aplique en TODOS los ámbitos de la sociedad (en el político, en el económico, en el acceso al saber y a la información, en el medio ambiente). La democracia en un ámbito no puede existir si no existe en todos los demás (en todo caso sólo puede existir parcialmente o escasamente). La democracia es un todo indivisible.

Por tanto, cuando hablamos de desarrollo del ámbito de aplicación, nos referimos a llevar la democracia a los distintos TIPOS de grupos humanos (políticos, económicos, sociales) por un lado y a grupos humanos de distintos TAMAÑOS (comunidades de vecinos, asociaciones de barrio, municipios, regiones, países, organismos internacionales) por otro. La democracia debe existir desde el ámbito más local al más internacional. La democracia, como “herramienta” de convivencia, tiene que existir allá donde haya convivencia. Es necesaria una “globalización democrática”, la democracia debe ser universal (como universales son los derechos humanos). La democracia debe llegar también al ámbito internacional. Es necesario desarrollar la Declaración Universal de los Derechos Humanos para corregir los flancos abiertos (faltas de concreción, posibles contradicciones, etc.) y para actualizarla. Es necesario que dicha declaración tenga carácter de ley de obligado cumplimiento para que deje de ser una mera declaración de principios que finalmente se queda en “papel mojado”. Y a su vez es imprescindible que los organismos internacionales de todo tipo funcionen de forma escrupulosamente democrática. En particular, la ONU debe democratizarse (impidiendo la existencia de países con más voz y voto que el resto, es decir eliminando de su Consejo de Seguridad el carácter permanente y el derecho a veto de ciertos países poderosos, etc.), debe potenciarse dicho organismo para que sea el árbitro efectivo en todos los conflictos y problemas internacionales, para garantizar la paz y el bienestar mundial (potenciando el poder del Tribunal Internacional de Justicia, potenciando sus fuerzas de paz, etc.).

Es fundamental democratizar el acceso al saber y al conocimiento. La experiencia ha demostrado que la supuesta “vanguardia intelectual” de la sociedad, lejos de servir a ésta, ha servido en demasiadas ocasiones al poder. No se debe delegar el conocimiento del pueblo en una élite que lo controle (o ayude a controlarlo). El propio pueblo debe poseer dicho conocimiento. El pueblo debe pensar por sí mismo, es la mejor garantía de evitar su control, su alienación. En esto está la clave de la verdadera emancipación de la humanidad, emancipación que es en el fondo el fin último de la verdadera democracia, de la democracia hasta sus últimas consecuencias. Se puede necesitar cierto liderazgo, pero éste debe ser limitado y transitorio. Por consiguiente, el desarrollo democrático debe hacerse sin excesivos protagonismos personales, sin excesivos liderazgos, debe ser sobre todo un movimiento popular coordinado y organizado a nivel mundial (aunque enraizado en movimientos locales).

Evidentemente sería pecar de ingenuos pensar que esto se va a conseguir de la noche a la mañana, se necesitará una progresiva democratización del propio proceso de democratización, inicialmente deberá ser un movimiento inevitablemente liderado por una minoría “vanguardista”, pero ésta deberá tener claro que su papel debe ser transitorio, que no deberá suplantar al pueblo, que deberá intentar contar con él siempre que sea posible. Esto que puede parecer utópico, de hecho ya está empezando a ocurrir, ya hay organismos internacionales que propugnan el desarrollo de la democracia mundial.

Dicha democratización del saber debe hacerse mediante la potenciación de unos medios de comunicación de calidad (permitiendo el acceso de todo tipo de ideas, es decir la democratización de los medios, fomentando la cultura, los debates, la difusión del saber), mediante un sistema educativo accesible a toda la población (con una enseñanza gratuita y de calidad, no sólo en las primeras etapas de la educación de las personas, sino que hasta el final, hasta la universidad, enseñanza que dé prioridad a la calidad frente a la cantidad, que permita aprender a razonar y pensar bien más que a memorizar datos, que permita aprender una actitud de duda metódica, de método científico, que fomente la curiosidad en vez de reprimirla), mediante la potenciación de la política cultural (buscando una actitud activa del individuo, buscando más su “producción” cultural que su simple “consumo” pasivo), mediante la potenciación de las bibliotecas públicas (fomentando su uso, aumentando sus recursos, permitiendo acceder a todo tipo de ideas), mediante la potenciación del acceso a Internet (facilitando la alfabetización digital, promocionando páginas web especialmente interesantes para el saber, promocionando los foros de debate, promocionando prensa alternativa), etc. En definitiva, potenciando la libertad, la participación activa, la curiosidad, la actitud crítica, la filosofía democrática en todos los ámbitos de la sociedad, especialmente en aquellos relacionados con la educación y la cultura.

La democratización del saber y del conocimiento no sólo debe proporcionar la “semilla” con la que la democracia debe arraigar, sino que además puede suponer la aceleración del desarrollo humano global (en todo los frentes, en la ciencia, en la tecnología, en la economía, etc.). ¿Cuántos “Einsteins” habrán sido desaprovechados a lo largo de la historia por la falta de las necesarias condiciones económico-sociales para que surjan, por la falta de igualdad de oportunidades? ¿Cuántos genios no habrán podido “fructificar” por la imposibilidad de salir de una existencia centrada exclusivamente en la supervivencia, en la satisfacción de las necesidades básicas? La democratización del saber puede suponer para la humanidad el paso de la adolescencia a la edad adulta (en todos los aspectos) puesto que implica la “democratización de la inteligencia” (nacemos con más o menos inteligencia, pero ésta se desarrolla más o menos mediante la educación y el aprendizaje continuo, siempre que nuestras necesidades básicas estén satisfechas y podamos dedicarnos a ello). El desarrollo democrático puede suponer el desarrollo de la “inteligencia potencial” de la humanidad (al aumentar el número de “cerebros” que pueden trabajar conjuntamente, como ocurre en una red de ordenadores con muchas máquinas que trabajan coordinadamente y aumentan la capacidad neuronal global de la misma), y a su vez, el desarrollo de la “inteligencia aplicada” al fomentar la creatividad (al fomentar la expresión de las ideas, su “exteriorización”, su intercambio) por el aumento de libertad que supone.

Conclusiones

La democracia debe ser dinámica (como la sociedad misma), debe aumentar tanto en intensidad (desarrollando la “técnica” democrática, es decir el cómo aplicarla y el cuánto aplicarla) como en universalidad (desarrollando el ámbito de aplicación, es decir donde aplicarla). Hay que salir de la situación de estancamiento (o retroceso) actual, del “subdesarrollo democrático”. Hay que recuperar el “rumbo”. En función del ámbito de aplicación (sobre todo del tamaño del grupo de personas) se puede emplear o desarrollar la técnica más adecuada. Por ejemplo, es posible en pequeños grupos humanos implantar modelos de democracia más avanzados como la democracia participativa, deliberativa e incluso directa (de hecho ésta ya existía, con ciertas limitaciones, en muchas sociedades primitivas). La tecnología incrementa cada vez más las posibilidades de ir implantando estos modelos avanzados a grupos de mayor envergadura. Probablemente en el futuro se llegará a soluciones mixtas donde a nivel local se tenga democracia directa, a niveles intermedios democracia participativa y a niveles más globales (nacionales o internacionales) democracia representativa. Por esto es muy importante que todos estos modelos no se vean como mutuamente excluyentes y se desarrollen en paralelo (tanto en su vertiente teórica como en su vertiente práctica). Así como es fundamental fomentar los valores democráticos en la educación y en los medios de comunicación, también es fundamental democratizar el acceso al saber y a la información, estos aspectos son la “semilla” de la democracia del futuro.

Una posible “hoja de ruta” hacia la plena democracia sería, por un lado empezar a practicar en organizaciones de tamaño reducido los modelos avanzados de democracia (como ya se está haciendo, aunque tímidamente), y por otro lado “forzar” a la clase política internacional a desarrollar el modelo de democracia representativa (denunciando claramente sus carencias, concienciando sobre la posibilidad y necesidad de mejorarla, y dejando de colaborar “ciegamente” con ella hasta que no se produzcan mejoras sustanciales). El camino será largo y difícil pero por lo menos sabemos que “técnicamente” es posible ir, sabemos a donde queremos ir y sabemos cómo ir. Como tantos problemas, la principal dificultad es la VOLUNTAD, la resistencia de los grupos poderosos que controlan las democracias actuales a perder dicho control y la PASIVIDAD de la mayoría de la gente. Pero no hay que olvidar que dicho control es imposible sin la complicidad (consciente o inconsciente) del pueblo. El desarrollo democrático debe ser un proceso dinámico, flexible, abierto y progresivo (paso a paso). Habrá que ir refinando dicho desarrollo, modificando las teorías a aplicar en función de los éxitos o fracasos de su implementación (como se hace con otras disciplinas científicas, económicas o sociales). Hay que huir de dogmatismos y hay que ser pragmáticos (aunque sin renunciar nunca a los principios básicos de la democracia).

Así como la humanidad se ha esforzado tanto por desarrollarse científica y tecnológicamente, es imprescindible que también lo haga social y políticamente. No nos sirve de nada un desarrollo económico que genera más riqueza si ésta no se distribuye, si sólo la disfrutan unos pocos, si no la disfruta el conjunto de la sociedad, si la riqueza de unos pocos es a costa de la pobreza (o del “estancamiento”) de la mayoría. No nos sirve de nada tener más tecnología, más medios, si no nos hace más felices, si no nos hace más libres (si al contrario nos aliena más), si no somos capaces de convivir en paz. No debemos confundir los medios con el fin. La verdadera libertad (no se puede ser absolutamente libre pero se puede tener más o menos libertad), es condición necesaria (aunque no suficiente) para conseguir la auténtica felicidad, y dicha libertad (dentro de la vida en sociedad) no puede existir sin justicia, sin igualdad de oportunidades. No puede haber felicidad sin paz, en todos los ámbitos, sin paz individual (sin paz interior), sin paz social (no confundir con paz aparente o con “guerra social” pospuesta, la lucha de clases es un tránsito hacia una situación de paz social), sin paz entre los pueblos, sin paz entre los estados, etc. Y no puede haber paz sin justicia. Como dijo Eugenio Pacelli, la paz es obra de la justicia. En definitiva, hay que “democratizar la felicidad”, todos tenemos derecho a intentar ser felices (además de a poder sobrevivir en condiciones dignas), pero para eso necesitamos que se den las condiciones prácticas para que sea posible (el desarrollo democrático).

Todo esto que ahora nos suena a utopía quizás algún día no lo sea, es más, es necesario que no lo sea, porque sino los seres humanos (y probablemente el resto de los seres vivos) tenemos los días contados en este planeta. El ocaso de las ideas, de las ideologías (ocaso realmente deseado por los que no desean perder sus privilegios, por los que quieren evitar perder el control, por los que quieren evitar el desarrollo de la democracia, por los que fomentan su degeneración, su “desnaturalización”), sólo puede llevar al ocaso de la civilización. Nos enfrentamos al peligro de nuestra autoextinción y la única salida con futuro que nos queda es el desarrollo democrático. Es muy peligroso el contraste actual entre el desarrollo tecnológico y científico por un lado, y el (“subdesarrollo”) social y político por otro. En un momento en que nuestra tecnología es capaz de destruir nuestro planeta varias veces, se hace urgente aprender a convivir en paz, en un momento en que nuestra especie tiene una población tan numerosa y un desarrollo económico tan “agresivo”, se hace urgente un desarrollo equilibrado, estable, justo y sostenible. Hay que evitar nuestra autodestrucción (ya sea repentina y definitiva mediante un holocausto nuclear, peligro que sigue latente, ya sea “lenta” o progresiva, como ya lo está siendo casi sin darnos cuenta), y esto sólo es posible mediante el desarrollo de la democracia. Redirijamos nuestra inteligencia y voluntad hacia este objetivo prioritario para nuestra subsistencia y para la del resto de los seres vivos de la Tierra, es nuestra responsabilidad, de todos nosotros depende. Como dice aquel famoso lema de mayo del 68 (frase que también se atribuye al Che) Seamos realistas, exijamos lo imposible.


 

Grupo EUMEDNET de la Universidad de Málaga Mensajes cristianos

Venta, Reparación y Liberación de Teléfonos Móviles
Enciclopedia Virtual
Biblioteca Virtual
Servicios
 
Todo en eumed.net:

Congresos Internacionales


¿Qué son?
 ¿Cómo funcionan?

 

15 al 29 de
julio
X Congreso EUMEDNET sobre
Turismo y Desarrollo




Aún está a tiempo de inscribirse en el congreso como participante-espectador.


Próximos congresos

 

06 al 20 de
octubre
I Congreso EUMEDNET sobre
Políticas públicas ante la crisis de las commodities

10 al 25 de
noviembre
I Congreso EUMEDNET sobre
Migración y Desarrollo

12 al 30 de
diciembre
I Congreso EUMEDNET sobre
Economía y Cambio Climático

 

 

 

 

Encuentros de economia internacionales a traves de internet


Este sitio web está mantenido por el grupo de investigación eumednet con el apoyo de Servicios Académicos Internacionales S.C.

Volver a la página principal de eumednet