BIBLIOTECA VIRTUAL de Derecho, Economía y Ciencias Sociales


CONSIDERACIONES TEÓRICAS ACERCA DE LA ECONOMÍA INFORMAL, EL ESTADO Y LA GERENCIA

Alexei Ernesto Guerra Sotillo



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2.3 Las Microfinanzas

El Decreto con Fuerza de Ley de Creación, Estímulo, Promoción y Desarrollo del Sistema Microfinanciero, (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.164 del 22 de marzo de 2001), también conocido como “Ley de Microfinanzas” plantea en su exposición de motivos, que el mismo

(...) tiene como objeto crear, estimular, promover y desarrollar el sistema microfinanciero orientado a facilitar el acceso a los servicios financieros y no financieros, en forma rápida y oportuna, a las comunidades populares y autogestionarias, las empresas familiares, las personas naturales autoempleadas o desempleadas y cualesquiera otras formas de asociación comunitaria para el trabajo, que desarrollen o tengan iniciativas para desarrollar una actividad económica, a objeto de integrarlas en las dinámicas económicas y sociales del país.

En relación a la sostenibilidad y sustentabilidad como aspecto válido quizá no solo como finalidad a lograr en los microempresarios o público objeto de atención de la política, sino también de la gestión, aplicación y administración de los recursos que alimentan dicha política en cuanto tal, vale mencionar lo planteado por Iranzo (1995) en cuanto a que

(...) Se puede dejar de una vez establecido que hasta en la aplicación de programas crediticios por parte del Estado, en la práctica, independientemente de su naturaleza, la concepción que se maneja es más de distribución de los recursos que de inversión, por lo que es insignificante el esfuerzo que se hace por recuperar los fondos concedidos como préstamos.

Ante esta afirmación resulta pertinente hacer referencia al artículo 3 de la Ley de Microfinanzas, el cual estipula que, “los entes u organizaciones públicas y privadas que integren el sistema microfinanciero deben ser diligentes en el retorno y la recuperación de los recursos económicos y la sustentabilidad del sistema en forma eficiente y oportuna”.

Otro de los elementos presentes en el discurso y praxis de la actual gestión gubernamental como un mecanismo de fomento de esa economía popular o alternativa, lo constituye el modelo cooperativo de organización.

Hay quienes sostienen que las asociaciones cooperativas constituyen uno de los ejemplos más claros de cómo la acción grupal organizada y mancomunada, siguiendo valores como la solidaridad, cooperación, decisiones consensuales y colegiadas y participación, pudieran concretarse en dicho modelo de organización como una alternativa de desarrollo social y económico. En esa dirección, por iniciativa del Poder Ejecutivo, la legislación nacional en materia cooperativa sufrió una reforma y actualización, a través del Decreto con Fuerza de Ley Especial de Asociaciones Cooperativas (Gaceta Oficial Nº 37.285 del 18-09-2001.)

No obstante, pese a las reformas legislativas, y a los recursos financieros destinados a la promoción de cooperativas por parte del gobierno nacional a través de sus órganos respectivos, está latente el riesgo que significa concebir al cooperativismo como una fugaz moda, o como un utópico y aislado mecanismo para solucionar la aguda situación socioeconómica de la población, como parte de una visión limitada y sesgada que se reduce a preocuparse quizá del número de cooperativas creadas, y no de su sostenibilidad, viabilidad, y adecuación a los deseos, objetivos e intereses de quienes eventualmente puedan conformarlas.

Estos hechos, así como la creación del Banco del Pueblo Soberano, Banco de la Mujer, y el establecimiento, vía decreto presidencial, de un Ministro de Estado para la Economía Social , constituyen elementos de un entorno que, en términos jurídicos, financieros e institucionales, ha materializado un relativo apoyo a las organizaciones e individuos inmersos en este espacio productivo.

Sin embargo, el clima de enfrentamiento y polarización política entre el gobierno nacional y el sector empresarial privado, plantean la posibilidad o sospecha, de acuerdo al discurso oficial, en el sentido de la utilización de este instrumental normativo-presupuestario con fines demagógicos, electorales y, más que al apoyo a la economía popular, al desestímulo de la iniciativa privada a gran escala.


 

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