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ELEMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL EN CUBA

Elier Jesús Méndez Delgado y María del Carmen Lloret Feijóo



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1.3 Antecedentes y etapas del desarrollo territorial y local en Cuba.

El desarrollo territorial en Cuba parte de las grandes deformaciones y desigualdades socioeconómicas previas al triunfo de la revolución en enero de 1959, y por tanto de la necesidad impostergable de encaminar los esfuerzos hacia el ordenamiento de los territorios en aras del desarrollo demandado por el proceso revolucionario en auge.

Los orígenes y rasgos del diseño territorial y local en la isla se remontan al pasado colonial y se extienden al período republicano previo al triunfo revolucionario; con la constitución de 1901 se dan los primeros pasos relacionados con las estructuras y poderes locales. Más tarde, en la constitución de 1940, entonces una de las más avanzadas del continente, se asentó la necesidad de fortalecer la actividad de las localidades o municipios. Hacia mediados de siglo, Cuba contaba con “126 municipios distribuidos irregularmente en las seis provincias existentes, por ejemplo, 26 en La Habana contra sólo nueve en Camagüey”.

El Desarrollo Territorial puede verse como un proceso localizado de cambio social sostenido que tiene como finalidad última el progreso permanente del territorio, la localidad, la comunidad y de cada individuo residente en ella; además de estar vinculado estrechamente a un proceso de crecimiento económico, el Desarrollo Territorial requiere de las siguientes condiciones.

1. Un proceso de autonomía para emprender un estilo propio de desarrollo y aplicar políticas autóctonas.

2. Capacidad del territorio de apropiarse de una parte de los ingresos para reinvertirlo en el proceso, lo que permite superar en forma paulatina las estructuras de producción obsoletas y promover la diversificación de la base económica; esto posibilita un desarrollo sustentable, pues ofrece cimientos más sólidos.

3. Protección ambiental y uso racional de los recursos naturales.

4. Propiciar el incremento del nivel de vida de la población.

5. Identificación plena de la población con su territorio; lo que da sentido de pertenencia e identidad al Desarrollo Territorial; esto se vincula a la historia, psicología, lengua, tradición y arraigo socio - cultural de la población con ese Territorio; por lo que deberá predominar un verdadero sentido de pertenencia que desarrolle la cohesión y al final posibilite la motivación de cada uno de los individuos.

6. Necesidad de lo cotidiano y aquí está la unidad, como requisito indispensable para ejercer las diferentes actividades del individuo en la sociedad. Lo cotidiano posibilita la comunicación y el diálogo que es lo que permite adentrarse en los problemas del territorio.

7. Producto del significado social de este proceso, es fundamental que el ingreso se reparta entre la población con justicia y equidad; además de garantizar la participación constante de ésta en la toma de decisiones.

8. Protagonismo como requisito indispensable para este proceso, entendido este como el liderazgo de los gestores del Desarrollo Territorial.

9. Coordinación entre los agentes del desarrollo.

1ra. Etapa. Comprendida entre los años 1959-1975.

En 1959 las deformaciones de la economía cubana ya habían agravado las desproporciones territoriales del país; las relaciones de producción imperantes dificultaban el desarrollo de las fuerzas productivas y además existían diferencias socioeconómicas significativas entre los territorios del occidente (sin considerar a Pinar del Río) y los territorios del oriente del país, donde existía mayor atraso socioeconómico.

Las características del territorio y el sistema de asentamientos humanos correspondiente expresaban la forma en que se desarrollaron las fuerzas productivas en el capitalismo, pero en los primeros años de la revolución la economía cubana navegó sin un rumbo determinado, por la carencia de controles económicos de la sociedad en este período; en palabras de Fidel Castro, “cuando nosotros iniciamos la vida revolucionaria y los problemas concretos se reducían a derrocar la tiranía, tomar el poder y erradicar el injusto sistema social existente en el país, las tareas ulteriores en el campo de la economía nos parecían más sencillas. En realidad éramos considerablemente ignorantes en este terreno”. En estos años hay considerables prioridades y en esencia se caracterizan por el reordenamiento de las fuerzas productivas y el inicio de nuevas relaciones de producción, con el predominio de la propiedad estatal de los medios de producción. Así se inició el proceso de transformaciones en la economía cubana para atenuar en lo fundamental las grandes desproporciones entre las provincias existentes en aquel entonces en el país, pero los problemas principales se centraban en tres aspectos medulares.

1. La organización territorial de la actividad política y administrativa del partido y el estado revolucionario.

2. La estructuración territorial de las unidades de producción agropecuaria estatal.

3. La racionalización y el fortalecimiento de las relaciones agroindustriales en el sector azucarero.

La situación crítica del país forzó la consolidación de un fuerte aparato estatal que concentró las facultades legislativas, ejecutivas y administrativas. Pese a la ausencia de instituciones gubernamentales consolidadas, en estos años se adoptaron un conjunto de medidas encaminadas a la reestructuración profunda de la economía, por ejemplo.

El 11 de marzo de 1960 se creó la Junta Central de Planificación (JUCEPLAN) , como organismo rector de la planificación económica, cubriendo así un espacio en los estudios y análisis económicos territoriales, como complemento del aspecto físico o especial que constituye su objetivo principal (estudio de micro localización de inversiones, urbanización, asentamientos, demografía, fuerza de trabajo, etc.).

El 19 de mayo de 1960 se creó el Grupo de Planificación Física, formando parte del Ministerio de Obras Públicas, el que se convirtió posteriormente en 1965 en el Instituto de Planificación Física (IPF), creándose las bases fundamentales para desarrollar los proyectos de planeamientos encaminados a revertir la situación socioeconómica existente y este mismo año el economista polaco Michel Kalecki, elaboró una proyección global del desarrollo de Cuba para 1961- 65, que ofreció, aún cuando fue con un alto nivel de agregación, un modelo totalmente estructurado de desarrollo económico.

Las direcciones provinciales de planificación física se iniciaron en los primeros años de la década del sesenta y las mismas desempeñaron un papel protagónico en los estudios y propuestas de carácter territorial.

En 1961 se elaboró el primer plan anual referido al siguiente año y la proyección del cuatrienio 1962–1965, constituyendo el primer intento de planificación perspectiva derivándose acciones tendentes a encausar el desarrollo social, configurando programas inherentes a la educación, la salud y la construcción de viviendas, entre otros.

En 1964 la Junta Central de Planificación se reestructura y, entre otros aspectos, dirige esfuerzos para organizar los trabajos de elaboración del plan perspectivo 1965-1970. Estos trabajos partían de un análisis integral de la economía desde 1959-1964, realizando un diagnóstico para definir los principales problemas a solucionar.

Se revisan en ese año las funciones de la Junta Central de Planificación y se retoma la elaboración de indicadores macroeconómicos y de los trabajos de mediano plazo, activando las tareas de un grupo de planificación perspectiva creado en 1969.

En julio de 1972, con el ingreso de Cuba al Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) integrado por los países de la comunidad socialista, las proyecciones a largo plazo se realizaron teniendo en cuenta los programas de colaboración externa, que propiciaba un alto nivel de certidumbre dado por el aseguramiento de un conjunto de recursos básicos: combustibles, materias primas, máquinas, etc. En 1973 se inicia sobre la base, la elaboración del plan de desarrollo económico 1976-1980.

A partir del Primer Congreso del PCC (1975) se crean las condiciones organizativas y económicas que permiten incorporar e integrar la planificación territorial a la metodología, procedimientos y funciones del órgano de planificación. Se destaca como premisa fundamental que propician este nuevo enfoque la implantación del SDE, la creación de los OPP y la nueva DPA. El IPF se entrega al sistema de planificación y se subordina metodológicamente a la JUCEPLAN.

Las transformaciones en el agro se apoyan básicamente en las leyes de reforma agraria en mayo de 1959, cuya ejecución dio origen al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), y la de octubre de 1963, que expropió las propiedades rurales mayores de cinco caballerías.

El INRA creó las zonas de desarrollo agrario (ZDA), primeros órganos oficiales locales que, además de apoyar la reforma agraria, contribuyeron a formar cooperativas y desarrollar la producción agropecuaria en general. Las ZDA no podían actuar como órgano de gobierno, aunque llenaron el vacío de poder político, por lo que se tornó necesario sustituir al consejo provincial y de gobierno municipal existente durante el capitalismo. En el año 1961 se instituyó la Junta de Coordinación e Inspección (JUCEI), con la tarea básica de coordinar los trabajos de los organismos administrativos, políticos y sociales. En las JUCEI aparecieron los primeros brotes de descentralización, aunque de manera todavía insuficiente por la gran cantidad de actividades centralizadas a su nivel.

En 1966 las JUCEI fueron remplazadas por el denominado poder local, un proyecto de descentralización administrativa más ambicioso; sin embargo, éste tuvo corta vida como entidad municipal mediada por elecciones, al tener en contra la división político-administrativa, la escasez de recursos para atender necesidades de los vecinos y la falta de instituciones representantes de sus intereses. En esa etapa surgieron varios elementos que dieron un carácter propio a la actividad territorial, como la creación de granjas estatales, la ampliación de la red vial, la construcción de pueblos, la orientación de las inversiones industriales, y el equipamiento escolar. La planificación física desempeñó un papel importante en dos sentidos: contribuyó a transformar el entorno para la nueva vida social, proporcionando un poderoso instrumento de acción política e ideológica para la transmisión de los nuevos valores, y estableció en escala regional, por lo menos en términos funcionales, la coordinación y la convergencia de planes y programas sectoriales para el desarrollo territorial.

Las dificultades y limitaciones para la planificación física provenían básicamente del alto grado de incertidumbre en la formalización de los planes a causa del carácter todavía abierto de la economía y los efectos del bloqueo estadounidense. Ello impidió establecer programas socioeconómicos de mediano y largo plazos, por lo que los planes de inversiones se circunscribieron a los sectores, con un marcado sesgo coyuntural. A dichos factores se sumó la aguda escasez de personal técnico calificado. Hacia mediados de los sesenta, “así, los dos sistemas de dirección planificada de las empresas estatales presentaron un conjunto de deficiencias en su funcionamiento [por el uso limitado] de los mecanismos económicos de dirección y control, incluido el de las relaciones monetario-mercantiles. En este mismo sentido, la planificación como método fundamental de dirección de la economía nacional presentó debilidades. También por la pobre aplicación de dichos mecanismos, que no pudieron actuar como poderosos resortes de influencia, como métodos directos de control de la conducción de la economía de las empresas, estimulándolas, mediante el interés material por los resultados de su gestión, a un uso más eficiente de los recursos a su disposición, asegurando así el cumplimiento eficiente de los planes establecidos.”

A finales de 1961 el gobierno revolucionario asumió la tarea de la planificación de la economía y el trabajo en todos los niveles. Como parte de las acciones correspondientes, se reestructuró la JUCEPLAN y se le encomendó la elaboración del primer plan cuatrienal de fomento económico para el período 1962-1965. Merced a la reforma agraria, se establecieron las granjas del pueblo, lo que impulsó la concentración y la especialización de la actividad productiva. Con la reorganización de la agricultura esas granjas se integraron con las cañeras y ello dio origen a la agrupación estatal, esqueleto económico de la reestructuración político-administrativa de Cuba.

El Instituto de Planificación Física (IPF) fue el principal responsable de la planificación territorial con base en los planes sectoriales hasta 1975. La creación de los sectores económicos globales en las provincias en 1972, sin embargo, representó uno de los primeros indicios de un nuevo enfoque territorial en el plan económico nacional, con base en los informes de las delegaciones provinciales de los organismos, aunque no se puede afirmar que en aquellos años había planificación territorial; cabe destacar, sin embargo, el fortalecimiento de los organismos, las organizaciones de masas y la administración del Estado, lo cual abrió paso a un proceso de institucionalización que contribuyó al desenvolvimiento de la planificación territorial. Como ejemplo se puede citar la constitución de los órganos del poder popular (OPP), aunque de modo experimental, en la provincia de Matanzas.

2da. Etapa. Comprendida entre los años 1975-1885.

En esta fase se sentaron las bases para un desarrollo cualitativamente superior, más acelerado y completo de la planificación territorial en Cuba con base en la nueva división político-administrativa, el establecimiento de los OPP en todo el país y la implantación el Sistema de Dirección y Planificación de la Economía (SDPE). La nueva división político-administrativa fue necesaria por las notorias deficiencias de la estructura anterior con tres eslabones intermedios (provincia, región y municipio), en detrimento de las tareas de dirección, organización y control de la gestión política y social. Además, la estructura no respondía a las exigencias del nuevo modelo de desarrollo planificado y de mejoramiento de las instituciones estatales.

Antes del referéndum popular que en febrero de 1976 aprobó la actual carta constitucional, en Cuba “existían seis provincias, 58 regiones territoriales y 407 municipios, lo cual no resultaba racional ni funcional. Tras un detallado estudio se llegó a la conclusión de que era necesario suprimir el eslabón regional; además, sobre la base del criterio de relativa uniformidad en cuanto a área, población, actividades productivas y otros aspectos, era imprescindible reducir el número de municipios y aconsejable crear un número mayor de provincias. Así, la nueva división contemplaba 14 provincias y 169 municipios. La Isla de la Juventud quedaría como un municipio especial atendido directamente por las instancias centrales de la nación.” La creación de los OPP amplió las funciones y facultades de las provincias y fortaleció la autoridad e importancia económica de los municipios, los cuales asumieron la administración de miles de unidades antes atendidas por los órganos centrales. Con base en esa nueva organización se confirió a los nuevos niveles territoriales las características idóneas para facilitar la planificación y administración de las actividades económicas y sociales, en congruencia con la adecuada relación que debe existir entre la centralización y la descentralización de las decisiones en aras del desarrollo.

La institucionalización permitió también perfeccionar y desarrollar la democracia, al igual que la participación directa de los trabajadores en las decisiones políticas del país, los asuntos del Estado y la gestión de la economía. El SDPE se instituyó para ofrecer respaldo institucional a la actividad económica, así como amplitud y complejidad en los diferentes niveles de dirección; en tal sentido se crearon los Gobiernos Provinciales y Municipales a los que se les subordina la administración local, denominadas Consejo de Administración Provincial (CAP) y Municipal (CAM) quienes dirigen las entidades económicas de producción y de servicios locales con el propósito de satisfacer las necesidades sociales, de salud, educación, deporte y recreación de la colectividad del territorio. Su papel consiste en diseñar estrategias que se traduzcan en acciones para el desarrollo del territorio y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, las que son conciliadas con los organismos ramales. En estas instancias son creadas las Direcciones de Economía y Planificación, las que mantienen una doble subordinación: al Órgano de Gobierno de la localidad en lo ejecutivo y administrativo, y al Ministerio de Economía y Planificación en cuanto a su conducción metodológica.

En el plan quinquenal 1976-1980, aprobado por el Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), se incluyó un capítulo dedicado especialmente a la distribución territorial de las fuerzas productivas. En él se asentó que “el desarrollo de la economía nacional […] deberá realizarse teniendo en cuenta una acertada distribución de las fuerzas productivas en las distintas zonas del país, particularmente en lo relativo a la localización de las nuevas inversiones”.

Hacia julio de 1978 se celebró una importante reunión del PCC con el Consejo de Ministros para elaborar la estrategia de desarrollo económico y social hasta el año 2000. El esfuerzo por orientar la economía a largo plazo fortaleció el papel de la planificación territorial. Fruto de esa labor fue un conjunto de documentos que brindó, por primera vez, una visión integral del desarrollo territorial basado en la política orgánica de desarrollo económico y social. Durante ese período se profundizó en el contenido y los alcances de la planificación territorial, con base en un mayor orden económico en cada provincia y en la consolidación institucional de las estructuras administrativas. Enriquecer los mecanismos, métodos y procedimientos aplicados, sin embargo, resultaba fundamental para conjugar los objetivos en el corto, mediano y largo plazos. Para ello se emprendieron estudios con miras a perfeccionar la metodología de la planificación territorial. En 1983 el PCC aprobó un texto normativo del alcance y los objetivos de la actividad, con la recomendación de que “la Junta Central de Planificación a partir de las líneas de trabajo recogidas en el presente documento continúe el perfeccionamiento de la planificación territorial como parte integrante del Sistema de Dirección y lanificación de la Economía” . Con tal propósito se organizaron grupos de trabajo para examinar los mecanismos vigentes, así como las experiencias y perspectivas de la planificación territorial. Los resultados de los estudios sirvieron para elaborar un nuevo capítulo sobre la planificación territorial, que se incorporó al anteproyecto de Indicaciones Metodológicas del Plan de la Economía Nacional.

Si bien en esta segunda etapa se crearon la base organizativa y las condiciones necesarias para el desarrollo de la planificación territorial, no se alcanzaron todas las metas, pues el trabajo se limitó a organizar, planificar y controlar las tareas orientadas por los OPP en todos los niveles.

Apenas en 1982 se realizaron las primeras reuniones de análisis por territorios, en las que se discutieron las propuestas desde el punto de vista socioeconómico. Con estos encuentros se buscó evaluar los criterios territoriales para dar un uso más racional a los recursos, conforme a las prioridades y los volúmenes de producción previstos; asegurar el cumplimiento de las exportaciones; garantizar la documentación técnica y demás aspectos de ejecución del proceso inversionista; alcanzar la máxima eficiencia en la economía provincial; evaluar el aprovechamiento de las capacidades instaladas, como la tierra, los recursos hidráulicos, etcétera, y elevar la calidad de vida de la población.

3ra. Etapa. Comprendida entre los años 1886-2008.

Durante el quinquenio 1986-1990 la discusión del plan económico se trasladó a las asambleas municipales y provinciales, donde se analizaron problemas de su competencia y se trasladaron a los organismos centrales los que exigían decisiones de otra instancia; no obstante, diversos factores impidieron la integración territorial del plan económico. Entre ellos sobresalió la falta de cooperación entre los organismos de un mismo territorio, lo cual dificultó un mejor aprovechamiento de los recursos y las potencialidades de cada zona; otro fue la ausencia tanto de un procedimiento y una organización estable en la elaboración de los planes cuanto de cifras y estadísticas adecuadas.

La resolución en torno al perfeccionamiento del SDPE, aprobada por el Tercer Congreso del PCC, planteó que “la planificación territorial pasará a una etapa superior a fin de garantizar la proporción debida en el desarrollo económico y social de los territorios. Esta permitirá, a su vez, una participación más activa de los órganos locales del Poder Popular en la dirección de la economía nacional. Se garantizará que las decisiones que tomen las provincias respondan totalmente a los objetivos de desarrollo previstos en el plan”.

Para mejorar la planificación territorial se solicitó la cooperación del profesor Horst Kummel, mediante el Comité Estatal de Planificación de la entonces República Democrática Alemana .

De septiembre a diciembre de 1988 el especialista germano oriental, catedrático de la Escuela Superior de Economía Bruno Leuschner, colaboró con la JUCEPLAN, organismos nacionales, direcciones de planificación provinciales y otras instituciones. La cooperación se realizó por medio de trabajos y conferencias encaminadas a mejorar lo desarrollado hasta entonces. En 1989 se iniciaron los trabajos para instrumentar, de forma experimental, la planificación continua en la provincia de Matanzas, lo cual se extendió después a las provincias de Villa Clara, Granma y Holguín; dicha experiencia se amplió aún más en el plan del año siguiente. En 1991 se aplicó la planificación en escala reducida, que contribuyó a hacer menos voluminoso el trabajo de representación del plan, con el consiguiente ahorro de modelos y tiempo.

Al inicio de la década de los años 90 el país se vio obligado a enfrentar una contracción de su economía, la que estuvo acompañada de la desaparición del campo socialista en Europa y el recrudecimiento del bloqueo que ejerce los Estados Unidos; algunos aspectos que caracterizaron esos años de crisis, son:

1. Caída del Producto Interno Bruto en un 35% entre 1989-1993.

2. Reducción de las importaciones a precios corriente en un 75% en esos cuatro años (de 8000 a 2000 MMP).

3. Pérdida acelerada de mercados tradicionales, de precios, tarifas y créditos preferenciales (blandos).

4. Déficit del Presupuesto Estatal en un 33% del PIB en 1993 (5000 MMP).

5. Desbalance comercial externo.

6. Exceso de liquidez en las finanzas internas (11.0 MMP en 1993).

7. Utilización de las capacidades productivas en un 30% como promedio.

8. Insuficiencia de alimentos, energía, insumos, inversiones, equipos (medios fundamentales de producción y consumo).

9. Descenso de la eficiencia, caída de la motivación laboral e incremento del subempleo.

Al enfrentar el Período Especial y debilitarse la planificación como instrumento regulador del funcionamiento de la economía, pierde igual vigencia la planificación territorial a nivel central y en las provincias (se mantienen solo prácticamente la atención a la subordinación local y llega a desaparecer el área funcional independiente en la estructura del órgano central de planificación). Sin embargo la economía local y territorial juega un rol ante tal situación económica. En esas condiciones, necesariamente hubo que concentrarse en la solución de los problemas más inminentes y postergar por un tiempo la visión a largo plazo. Para algunos, parecía que era casi imposible elaborar previsiones sobre el futuro ante un entorno difícil y hostil y en condiciones de elevada incertidumbre. Con la evolución de las transformaciones económicas puestas en marcha desde inicios de los años 90, pero más aceleradamente desde 1993, se introdujo un conjunto de factores de cambio en la planificación en general, que pueden sintetizarse seguidamente.

1. Cambios en las relaciones de propiedad: aparición de nuevas formas de propiedad y nuevos actores económicos (empresas mixtas, UBPC, trabajadores por cuenta propia).

2. Modificación a la forma de ejercer el monopolio del comercio exterior; descentralización de la gestión económica externa.

3. Reestructuración de los OACE (nuevas estructuras y funciones); mayor autonomía empresarial.

4. Modificación de las formas organizativas de propiedad estatal (nuevos tipos de empresas estatales, como las corporaciones y otras).

5. Surgimiento de esquemas de autofinanciamiento en divisas (posteriormente ampliados paulatinamente y que evolucionaron hacia los Presupuestos de Ingresos y Gastos en Divisas), ante la inviabilidad del sistema de balances materiales por falta de sustentabilidad financiera.

6. Cambios en la forma de operar los recursos (son los consumidores los que reciben el recurso y no los productores; esto implica que lo pueden emplear donde sea más eficiente y por tanto obliga a mayor competitividad en los productores nacionales).

7. Diferente correlación plan-mercado: ampliación de las relaciones monetario-mercantiles (mercado agropecuario, mercados industriales, mercado de trabajadores por cuenta propia).

8. Legalización de la tenencia y circulación de divisas; vía de acceso a ingresos no vinculada al trabajo (remesas); creación de mercados en divisas; funcionamiento de economía monetaria dual.

9. Proceso de saneamiento financiero interno que modifica formas de gestión, de distribución y de consumo.

Según se fueron enfrentando estos cambios, que como es lógico comenzaron por el Plan Anual, se hizo evidente la necesidad de trabajar con un horizonte temporal a mediano plazo ante la insuficiencia de los planes anuales. La visión a mediano plazo se necesita para sustentar la toma de decisiones en términos de estrategia, de política económica y de sistema de dirección.

En las nuevas condiciones es muy importante el cambio de enfoque para acometer los trabajos de mediano y largo plazo; de tal forma, las premisas en que se asienta la planificación para dicho horizonte temporal pueden resumirse en:

1. Pérdida de las condiciones de aseguramiento que había en los Planes Quinquenales.

2. Considerar el mayor nivel de incertidumbre que se presenta a mediano y largo plazo.

3. Tomar en cuenta los cambios en el marco organizativo e institucional.

4. Diversidad de agentes económicos, asociada a la coexistencia de diferentes formas de propiedad. Se reconoce que la espontaneidad es posible.

5. Restricciones externas activas, dadas por la complejidad del entorno mundial y por la particular situación de Cuba por estar bloqueada.

Se modifican también los principios de trabajo: no se parte ya de enmarcamientos, sino de potenciales, restricciones y alternativas de cada esfera, para después construir variantes compatibles; se somete a análisis la viabilidad financiera de las proyecciones ramales, en función de la nueva forma de asignar los recursos; se emplean análisis de sensibilidad; los cambios organizativos e institucionales pasan a formar parte de la propia proyección; se concibe la elaboración de variantes en cuanto a logros posibles, decisiones y factores externos; se elaboran estrategias respecto a los factores externos y los agentes económicos.

Todo lo anterior exigió un cambio en los métodos de trabajo que prevalecieron hasta finales de los años ochenta, consistente fundamentalmente en la proyección o pronosticación empleando enfoques de tipo genético, y pasar a emplear métodos adecuados a las nuevas condiciones.

En este sentido, se considera la metodología de escenarios, basada en los conceptos de la prospectiva estrategia, como integradora de los nuevos principios. En ella puede encontrarse un enfoque proactivo, con cierto balance entre extremos: se reconoce que hay elementos de incertidumbre, de espontaneidad; pero que al propio tiempo hubo capacidad de actuar, de diseñar el futuro, empleando para ello diversos métodos.

Las medidas que se adoptan para lograr establecer los principales equilibrios macroeconómicos, comienza con un proceso de recuperación de la economía en 1994, replanteándose la necesidad de rediseñar la metódica para la elaboración de planes anuales.

Con la reorganización de los Organismos de la Administración Central del Estado se crea el Ministerio de Economía y Planificación (MEP) en 1996) quien asume las funciones de la Junta Central de Planificación. A partir de 1997 se revitaliza el trabajo de planificación territorial tanto nacional como local, rescatándose el papel de las Direcciones Provinciales de Economía y Planificación como estado mayor de la economía en el territorio.

A mediado de 1996 se retoman las proyecciones a mediano plazo con la elaboración de los Escenarios Económicos y Sociales hasta el año 2000; que cubre el espacio que en los trabajos de predicción desempeñaron los planes quinquenales. Paralelamente, esta técnica se trasladó de forma experimental a un grupo de territorios seleccionados, tomando como pivote los trabajos de ordenamiento territorial de planificación física, lo que se conjugó con la aplicación de métodos de prospectivas, en la búsqueda de alternativas tendente a encauzar el desarrollo de forma planificada, propiciando un desarrollo económico social desde la base.

Por otra parte el Ministerio de Economía y Planificación trabaja en la configuración de los Escenarios Económicos y Sociales hasta el 2010, así como en la elaboración de 13 Programas Estratégicos de Desarrollo Económico que abarcan un grupo de actividades que resultan determinantes para un avance progresivo hacia la solución en el mediano y largo plazo de los problemas fundamentales de la economía y de este modo propiciar una trayectoria de desarrollo estable y sostenida. Estos programas a su vez se expresan espacialmente en aras de continuar la gradual reducción de las desproporciones entre los territorios.

La situación económica de Cuba en los últimos años y en especial en el 2008, está marcada en lo fundamental por la incertidumbre económica que caracteriza la situación internacional que tuvo su origen en la crisis financiera, y derivó en la actual crisis económica, por los gastos en resarcir los daños ocasionados por los tres huracanes que afectaron al país (Gustav, Ike y Paloma) durante el 2008, lo cual motivó desembolsos por una cuantía aproximada de 10 mil millones de dólares, a esto suma la subida de los precios de los combustibles y alimentos, así como la caída del precio de productos básicos de exportación como es el níquel y el azúcar, todo lo cual hace que en el 2008 el saldo de las exportaciones y la sustitución de importaciones, no logran atenuar, ni el descuadre en la balanza comercial, ni las tensiones financieras que el país enfrenta.

En esta última etapa y sobre todo del 2000 y el 2008 han incidido significativamente los siguientes elementos.

1. Las relaciones de intercambio con Venezuela en el marco una nueva concepción que se materializa con la ALBA.

2. La ampliación de relaciones económicas y comerciales con China.

3. El crecimiento de capacidad de crédito del país.

4. Los niveles de producciones de petróleo y gas alcanzados.

5. La alta producción de níquel favorecida con los precios que se han visto afectado a finales del 2008.

6. Crecimiento del arribo de turistas.

7. Incremento de los ingresos del sector del turismo unido a una mayor eficiencia en el sector.

8. Incremento de las exportaciones de productos biotecnológicos y medicamentos.


 

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