BIBLIOTECA VIRTUAL de Derecho, Economía y Ciencias Sociales


GÉNERO, SOCIEDAD Y CULTURA

Coordinador: Ángel Christian Luna Alfaro



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Capítulo 2. Género, salud e interculturalidad: Disertaciones preliminares para la comprensión de las prácticas de salud sexual y reproductiva

Por: Luís Antonio Blanco Cebada y

Sara E. Sanz Reyes

Introducción

El espectro de los estudios de género se torna cada vez más amplio dado que ya no sólo implica el estudio de las condiciones de vida de las mujeres, sino también a las de los hombres y, en suma, al análisis de la construcción social de la diferencia sexual. Además, hoy ya existen investigaciones que privilegian el estudio de las masculinidades, las sexualidades, la salud sexual y reproductiva (SSR) como es el caso – la participación ciudadana, etc. No obstante, la característica que distingue a estos estudios no sólo es su marcado enfoque de género, tampoco sus métodos de investigación (en su mayoría vinculados a técnicas de investigación cualitativa) sino que los sujetos de estudio son los marginales, es decir, los desprotegidos del sistema económico, del sistema jurídico- legal y en suma los condicionados por las propias reglas sociales.

Si bien estos trabajos han aportado argumentos para la construcción de una agenda democrática, donde se priorice la igualdad de condiciones para la toma de decisiones en todos los niveles, público y privado, también es cierto que han descuidado el estudio de las representaciones de los actores sociales responsables directos de la toma de decisiones en el ámbito de gobierno, que es el espacio donde se diseña e instrumenta la aplicación de los programas que, directa o indirectamente, afectan a la sociedad.

En el campo de los estudios de género, eminentemente antropológico, consideramos que se hace necesaria una revalorización – recuperación de la conceptualización de la salud reproductiva no sólo a partir del análisis del ciclo de la política pública (cuantitativo), que incluye sus impactos, sino tomando en cuenta al cúmulo de representaciones de los actores sociales directamente involucrados en la toma de decisiones en torno a la SSR, ya que son éstos los que, en última instancia, movilizan en buena medida a la agenda pública. Ambos estudios, los antropológicos y los de la política pública son diferentes, pero complementarios.

Aproximaciones al estudio de la SSR

El estado del arte de los estudios sobre salud, demuestran que los trabajos se pueden agrupar sobre tres enfoques, en primer lugar el biomédico en el que se encuentran trabajos como el de Mckeown y Lowe (1989). Los de enfoque social pero con metodología cuantitativa como López Acuña (1989) y Elu (1990) y lo que siguiendo a Oliveira y Ariza (1999) a penas emergen que involucran el enfoque de género y optan por metodologías cualitativas, como Ojeda (1999), Szasz (2005) y en el contexto regional, Richardson (1995).

Otro enfoque para acercarse al tema de la SSR es en cuanto que forman parte de las discusiones de la agenda pública, ya sea desde los derechos humanos, ya sea como parte de su incorporación a las políticas públicas. Y sobre este punto, por el momento, queremos centrarnos.

Al respecto, Bonan (2004) hace una revisión histórica sobre los momentos que han pasado los movimientos feministas en la incorporación de los Derechos sexuales y reproductivos en Chile y Brasil. Indaga sobre las concepciones y discursos simbólicos que condicionan la normatividad y la fuerza política dentro y fuera del Estado que sustenta la agenda de género.

El origen de la participación de las mujeres en el debate político está vinculado con la búsqueda de la ciudadanía a través del sufragio; cuyas repercusiones en Latinoamérica vieron los primeros resultados en los años treinta y cuarenta en el cono sur, y en México hasta los años cincuenta. Una vez conseguido el derecho al sufragio, los movimientos de los setentas y ochentas, llaman la atención sobre la participación de las mujeres en la vida pública, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos, en medio de dictaduras, y estados cuiasidemocráticos.

El proceso de institucionalización es más reciente. Por institucionalización se entiende que ciertos conceptos logran estabilidad en el gobierno a través de normas y reglas que les confieren cierta autonomía respecto a posibles cambios o voluntades de las personas. Este proceso se encuentra mediado por los mecanismos internacionales que han insistido en la incorporación de las mujeres en la planeación de las políticas nacionales, como han sido la Convención contra todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, 1979), las Conferencias de las Naciones Unidas (Primera en México, 1975, en Nairobi, 1985, Beijing, 1995), la convención de Belem do Pará, 1995 y la incorporación de la perspectiva de género en los Informes de Desarrollo Humano (IDH) desde 1995, en los Objetivos del Milenio (ODM), 2000 y su evaluación parcial en el 2005.

Según Virginia Guzmán (2001) la creación de las instituciones al interior de los Estados es resultado de procesos históricos ocurridos en momentos extraordinarios. En el caso de México, podemos localizar dos momentos. En 1996 la creación del Programa Nacional de las Mujeres al interior de la Secretaría de Gobernación se dio después de la conferencia de Beijing en 1995. En el año 2000 la creación del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) estuvo vinculada con en el cambio de partido político en el poder después de más de 70 años.

Si como menciona Guzmán (2001: 26) “Las instituciones constituyen un importante factor de orden y estabilidad en la medida que liberan a las políticas del vaivén inmediato de los movimientos sociales y de las correlaciones fuerzas coyunturales, reduciendo de esta manera el carácter caótico de las competencias y confrontaciones”, se puede explicar la insistencia para crear oficinas ad hoc a las demandas de los tiempos; incluso, actualmente se observa el interés para que se transversalice el enfoque de género en todas las dependencias: ejecutivas, legislativas y judiciales.

No obstante, la incorporación específica del enfoque de género en los programas de salud de gobierno ha sido lenta, por el siguiente principio: la enfermedad no tiene sexo, sobre todo si se piensa que “las instituciones no están constituidas sólo por reglas, sino también por creencias, códigos culturales y saberes que rodean, sostienen, elaboran y contradicen los roles y rutinas institucionales (Muller y Surel, 1998, En Guzmán, 2001). A esta serie de creencias es lo que llamamos Condicionantes.

Siguiendo a Guzmán (2001) los Condicionantes pueden ser de tres tipos: Institucionales, Políticos y Simbólicos, los cuales intervienen en la formación del Campo Político de la SSR, y se observan en las normatividades propias de las instituciones, en los discursos de los actores que las integran, y en las relaciones políticas que establecen.

Los Condicionantes Institucionales se refieren a los mecanismos legales que se han establecido para regular las políticas públicas y pertenecen al campo del derecho (Guzmán, 2001); verbigracia las disposiciones constitucionales sobre SSR, los tratados internacionales suscritos, las funciones de las oficinas para la mujer y los programas específicos de género al interior de las dependencias de gobierno.

Los Condicionantes Políticos son los que definen los espacios de interacción e interlocución, los recursos, visibilidad y fuerza de los diferentes agentes, su organización y las características de sus liderazgos; por ejemplo, la adscripción política, social o religiosa de los actores participantes, los vínculos institucionales de los movimientos feministas en México, el proceso de discusión para impulsar la agenda de género en las políticas públicas.

Los Condicionantes Simbólicos atienden al nivel cultural, a las estructuras de pensamiento subyacentes a las maneras de ser en el mundo, que se identifican con procesos históricos contextuales, como pueden ser patrones conservadores, discriminatorios, o progresistas. El condicionante simbólico es comparable a lo que Bonan (2004:11) llama marcos cognitivos, que son “estructuras de significados y sentidos compartidos por colectividades y componen su modo de interpretar el mundo. Ellos están en la base de cualquier acción colectiva”.

Como las instituciones, están representadas principalmente por personas y sus normas, es necesario atender tanto a las reglas establecidas como a los actores que las representan. Los discursos que intervienen en la conformación de la SSR están mediados por el derecho y por la interpretación que las personas hacen de él. Toda interpretación esta ligada al contexto histórico, social, económico y político en el que se efectúa.

Condicionantes nacionales de la SSR

Un ejercicio de revisión histórica de los condicionantes que han incidido en la SSR en México muestra que semejante a lo ocurrido en otras partes de Latinoamérica, las políticas de atención a la salud de la mujer, priorizaron la planificación familiar a partir de los años setentas, como política demográfica, en respuesta a la Conferencia mundial de población de Bucarest en 1974.

Tal era la emergencia de controlar el crecimiento demográfico que a finales de los setentas, contábamos con un Plan Nacional de Planificación Familiar, una Ley de Población y un Consejo Nacional de Población (CONAPO). La implementación de toda esta normatividad, como condicionante institucional, obedece al marco simbólico de la corriente (neo) maltusiana “que asocia el desarrollo socioeconómico de un país con la reducción de las tasas de crecimiento demográfico” (Richardson, 1995: 191). La meta de disminución de crecimiento demográfico en el gobierno de José López Portillo en los años 80s, era de 2.5 (López, 1989: 29).

A nivel político se puede observar que los grupos feministas en México, han tenido como prioridad desde los años setenta la defensa de los derechos reproductivos de las mujeres y en particular el tema del aborto (Álvarez, 2006: 2). También, grupos de mujeres prepararon documentos para la Conferencia del año internacional de la mujer celebrado en México en 1975 que intenta cambiar el discurso para conseguir un mayor control sobre su cuerpo y responsabilizar a los hombres en materia de anticoncepción.

Al respecto, en el Artículo 4 Constitucional después de reconocer la igualdad de varón y mujer ante la ley, se establece que “Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos” (2001: 4) Pero ¿Qué implica garantizar el acceso a los servicios de salud? ¿Cuáles son las necesidades más urgentes?, ¿hasta dónde se extiende este derecho?

La respuesta a estas preguntas es muy complicada si tomamos en cuenta los esfuerzos por relevar el tema a nivel internacional y provocar en los Estados cambios fundamentales. Como en la Primera Conferencia sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Teherán en 1968 se sostuvo que “los padres tienen derecho a determinar libremente el número de hijos y los intervalos entre los nacimientos”.

Otro condicionante institucional es la suscripción de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, 1979) que en su artículo 12 sostiene que:

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia.

Por su parte la Conferencia sobre Población y Desarrollo en el Cairo (1994), comprometía en su programa de acción a “promover la equidad y la igualdad de los sexos y los derechos de la mujer, así como a eliminar la violencia de todo tipo contra la mujer y asegurarse de que sea ella quien controle su propia fecundidad. Estos principios son la piedra angular de los programas de población y desarrollo” (Torres, 1999:13)

En los trabajos previos a la conferencia se identificó un eje de trabajo en común que ha logrado mantener una continuidad para impulsar diversas acciones orientadas a incluir en las políticas públicas el tema de SSR. Para Alvarez (2006) algunas agrupaciones feministas que se incluyeron son Grupo de Información en reproducción Elegida (GIRE), Salud Integral para la Mujer (SIPAM), Acción Popular de Integración Social (APIS), Católicas por el derecho a Decidir, y Asociación Mexicana contra la Violencia hacia las Mujeres (COVAC) (2006:5) y en 1993 crearon la Red por la Salud de las Mujeres, instancia que surgió como un espacio amplio de integración de distintas organizaciones con actividades y esfuerzos encauzados en distintos niveles y modalidades a esta área de atención.

Para la preparación de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), la experiencia se ve reflejada en los avances a nivel político de los movimientos feministas que se dan cuenta que no sólo se debe incidir en la ley sino también en los instrumentos de aplicación. De tal forma que en la formación del Programa Nacional de la Mujer en 1996, se prioriza la trasversalización de la atención hacia las mujeres en las dependencias de salud y justicia, un ejemplo de esto es el cambio en las normas técnicas de atención a víctimas de violencia sexual en la Secretaría de Salud (SSA), y la creación de las Agencias especializadas para los delitos sexuales y familiares, donde son sensibilizadas las Agentes del Ministerio Público y su personal para atender estas problemáticas y brindar no sólo auxilio jurídico sino también psicológico.

A esta incidencia se suma la participación feministas en los Programas Nacionales de Salud, y en las iniciativas de leyes contra la violencia intrafamiliar. En el 2005 se intensifican los programas de preventivos contra el cáncer cervicouterino y de mama, a través de la Dirección General de Salud Reproductiva de SSA, que coordina una académica feminista, la insistencia en llevar a comunidades marginadas de manera gratuita la vacuna contra el papiloma humano, principal detonante de cáncer en las mujeres y la inclusión de la píldora del día siguiente en el cuadro básico de salud en el 2005, a pesar de la oposición de grupos conservadores al interior del gobierno.

Finalmente, es interesante que el año pasado se haya despenalizado el aborto en el Distrito Federal. Después de un largo proceso de inconstitucionalidad promovido por los sectores conservadores del gobierno y la sociedad, institucionalizados en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la Justicia, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fuera resuelto a favor de la Asamblea Legislativa del D.F. y ahora dejen de morir miles de mujeres al recibir atención médica adecuada para realizarse un aborto voluntario hasta las doce semanas de gestación.

Condicionantes Municipales de la SSR

En este trabajo se ha mencionado la necesidad de incluir en las agendas públicas el enfoque de género, pero ¿qué es el enfoque de género? y ¿Qué son las agendas públicas?

Para el primer concepto, género, si bien no es objetivo de esta investigación discutir todas sus aristas, por el se entenderá que se refiere a:

… las representaciones y valoraciones de lo femenino y lo masculino, las normas que regulan sus comportamientos, las atribuciones a cada sexo y la división sexual del trabajo, que son producto de complejas construcciones sociales y culturales que se elaboran a partir de las diferencias sexuales y que constituyen modos de significar relaciones de poder y estructurar relaciones sociales en sus planes simbólicos, normativos, institucionales así como la subjetividad individual (Vargas, 2008).

La inclusión de una reflexión semejante en los mecanismos de las dependencias gubernamentales, haciendo visibles los procesos de desigualdad y la búsqueda de acciones afirmativas, es lo que llamaríamos enfoque de género.

En cuanto a las agendas públicas, “están integradas por todos los asuntos que los miembros de una comunidad política perciben como asuntos de legítima preocupación, y merecedores de la atención pública” (Guzmán, 2001:11) y deben diferenciarse de la agenda institucional, que “está constituida por el conjunto de problemas, demandas y asuntos, explícitamente aceptados, ordenados y seleccionados por parte de los encargados de tomar decisiones, como objetos de su acción” (Guzmán, 2001: 11)

Consideraciones previas

El trabajo aún no se encuentra concluido, de tal forma que intentaremos avanzar con algunas reflexiones sobre el camino recorrido:

1) Los mecanismos de mujeres a nivel municipal aún se encuentran en una fase de comprensión de su quehacer, es necesaria su sensibilización y capacitación sobre la importancia del enfoque de género en sus actividades. Aunado a esto, la institucionalización de género es producto de invitaciones o presiones burocráticas (quizá como condicionantes para proporcionarles ciertos recursos económicos) pero no surgen como una necesidad de un movimiento político o social, lo que dificultará aún más su desarrollo con un carácter emancipatorio o progresista.

2) Los beneficios a largo plazo que pueden obtenerse de esta investigación son:

- Contribuir a la actualización de la información en torno al tipo de prácticas y procedimientos vinculados a la salud de las mujeres.

- Enlazar la concepción comunitaria de la salud con la medicina oficial

- Crear conductos que permitan la comunicación efectiva entre las instituciones del sistema de seguridad social y la comunidad.

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