PROGRESO Y BIENESTAR

CAPITULO VII. ES INDISPENSABLE SEPARAR LA POLÍTICA DE LA ECONOMÍA

“Han quedado atrás los tiempos en donde los actos de delincuencia podían ser considerados como desviaciones aisladas, compuestas de acciones bastante identificables y fácilmente imputables”, comenta un magistrado italiano, especialista actualmente en la lucha anti-mafia, Alberto Perduca. Los crímenes organizados, continúa, se encuentran actualmente “íntimamente mezclados, en profundidad, con la realidad política, institucional y económica de nuestro tiempo”

Jean de MAILLARD

Poco se haría si solamente nos quedáramos en la instalación de las vigas maestras que facilitan el desarrollo del sector 2 de una economía de mercado de interés general. El intento de transformación, una vez más caería en el descrédito y el fracaso, porque estaríamos desconociendo la fuerza de los hábitos y costumbres nefastas incrustadas en la política y la economía durante diez mil años de dominio de la repartición individualista.

Es indispensable separar política y economía. La salud pública, el desarrollo eficiente de la economía, y el ejercicio limpio y noble de la política, lo exigen. Es un acto que por la primera vez se realizaría. Algún país debe comenzar a ejecutarlo, para lo cual es necesario contar con los criterios de separación, y que éstos se sustenten en bases sólidas.

Pero la pregunta es: ¿cómo separarlos? Este es el segundo gran reto de nuestro tiempo: separar la economía de la política. Para resolverlo, como ejemplos prácticos, haremos uso de tres casos de figura: la educación nacional, la defensa nacional y la justicia.

A. LAS PERVERSIONES DE LA INTERVENCIÓN DE LA POLÍTICA EN LA ECONOMÍA

Si uno analiza la política fiscal de los países desarrollados lo primero que sorprende es que el gasto público en ningún caso es menor al 35% del PIB, rango en el que se sitúan (hasta el 40% del PIB) Australia, EEUU, Suiza, Japón, Canadá y España. El rango superior, más del 55% del PIB, lo encabeza Suecia, seguida de Dinamarca y Francia. Entre ambos se sitúan Reino Unido, Noruega, Alemania, Italia, Austria, Bélgica y Holanda.

Además, en el caso de Suecia, por ejemplo, en donde solamente por el concepto de impuestos, su presupuesto consumió el 49.8% de PBI en 2006. En la época de los 30 gloriosos (1945-1975) el porcentaje supera fácilmente el 80%. Una magnitud nada despreciable. Si a ello le agregamos el hecho de que casi todos los jefes de Gobierno, con sus respectivos amigos, se encuentran inmersos en la corrupción, el cuadro es catastrófico.

La mal llamada “política” tiene a su servicio herramientas que le permiten centralizar el poder en todos los ángulos los más importantes. Así tenemos, el centralismo económico, político, judicial, mediático y militar. Además, los vicios de la Hacienda Pública dominada por la política generan un comportamiento malsano de sumisión total de los ciudadanos.

a. El centralismo económico, político, judicial, mediático y militar

Una de las herramientas del jefe de Estado es la centralización de todos los poderes del Estado. Esto se concretiza a través de un presupuesto público nacional que dispone de una caja única, de una organización política, judicial y mediática centralizada, y del mando sobre las fuerzas armadas y policiales. Con estos instrumentos a su servicio, el “político de turno” ejerce un control casi total sobre los habitantes y los bienes de la Nación.

i. El presupuesto público nacional y la caja única

El presupuesto público es una herramienta que se encuentra autorizada por el nivel más alto en materia legal: la Constitución. En ella se faculta a los políticos a crear impuestos para sufragar gastos de un ejercicio dado, generalmente un año.

El sistema representativo de la democracia otorga a los políticos proponer, discutir, aprobar, divulgar y hacer cumplir los impuestos que ellos acuerden. No existe prácticamente ningún medio legal, sino es la fuerza de la rebelión, para impedir que un impuesto abusivo se cumpla. Incluso el Consejo Constitucional y la Contraloría General de la República, instituciones autorizadas por la Constitución a emitir opinión sobre estos temas, se someten al poder central dado que sus miembros son designados por él, y sus presupuestos de gastos autorizados igualmente por ellos.

Así como los “representantes” de la Nación tienen el sartén por el mango para autorizar impuestos, lo tienen también para subrogarlos cuando lo estimen necesario. Los “políticos de turno” tienen todas las autorizaciones legales para hacer un comercio de la política. En unos casos dan y en otros quitan, en función de quién da más. De esta forma, la mayoría de la población se encuentra marginada en el manejo presupuestal. Si no existiera una relación de fuerza que se practica en las calles, estarían completamente olvidados hasta que se presente una nueva campaña de elecciones “democráticas”.

El resto es fácil de imaginar. Uno de tantos ejemplos. El Consejo Constitucional en el Perú, acaba de inhibirse (diciembre 2008) en un caso en apelación. Con esta decisión interina la absolución de crímenes de lesa humanidad cometidos en su primer gobierno por el actual presidente Alan García Pérez. Así, queda impune el asesinato de decenas de personas, a sangre fría, en el penal “El Frontón”. Un ejemplo de un país “emergente”, pero que no exime en ningún caso a los gobiernos de los países altamente desarrollados, en donde se cuecen las mismas habas.

ii. Una organización política centralizada

En todos los países del planeta existe una tendencia a la desconcentración y descentralización del poder. Es indudable que esta política no viene animada por nuestros “representantes” sino por las protestas callejeras. Pero más que descentralización es desconcentración la que se practica. Nuestros representantes no quieren, de ninguna manera y de buena gana, soltar la mamadera. Mientras que la descentralización significa soltar el mando sobre los ingresos y los egresos, la desconcentración no es más que una delegación de funciones administrativas a niveles inferiores.

En todos los intentos de descentralización que la mayoría de los países del Norte como del Sur practican, no hacen más que complicar el árbol frondoso de la administración. Su rechazo a perder piso conduce a nuestros “representantes” a imaginar formas de “descentralización” que no conllevan en el fondo, una verdadera descentralización. Es así cómo nuestras organizaciones políticas locales, departamentales y regionales se encuentran completamente maniatadas por el gobierno central a través del presupuesto público nacional y, sobre todo, de la decisión central de crear ingresos y decidir gastos.

iii. El mando sobre las fuerzas armadas y policiales

El mando sobre las fuerzas armadas y policiales es directo. El jefe de Estado se encuentra autorizado por la Constitución a nombrar a los oficiales de más alta graduación, y ubicar en todos los puestos estratégicos del aparato militar a los amigos del gobierno.

Las fuerzas armadas y policiales no defienden, como señala la Constitución, los intereses del país, sino los del gobierno. Una de las funciones más importantes para lograr la cohesión del país ha sido desvirtuada por los apetitos personales, primero, de los “representantes” del país en los puestos políticos más importantes y, segundo, por los militares y policías que no hacen que copiar el molde impartido y servirse a manos llenas del presupuesto público y de las ventajas que otorga la función.

Estando concentrado en la alta dirección, todos los poderes del Estado, se fomenta un espíritu de cuerpo y de opacidad de la función, de tal forma que casi ninguno ha sido, es o será responsable de sus actos criminales, por lo menos hasta ahora.

iv. La justicia al servicio del poder central

En los juicios por actos de corrupción, tanto de los jefes de Estado como de los políticos elegidos en cargos de alta responsabilidad, se puede observar con claridad para quien se inclina la balanza de la justicia. Han tenido que pasar varios siglos de “democracia” para que se enjuicie a dignatarios de alta responsabilidad e incluso jefes de Estado. Y solamente enjuiciar porque, hasta la fecha, ellos han encontrado formas de salir del paso: ya sea por “prescripción” del delito cometido, en la mayoría de veces, o fallos judiciales que no tenían nada que ver con la “justicia”. La prescripción es la modalidad más simple consistente en hacer “dormir” el expediente por un tiempo suficiente señalado por la ley, a fin de que el caso sea definitivamente archivado.

v. El control de los medios de comunicación

El cordón umbilical entre los medios de comunicación y los gobiernos se encuentra generalmente en el financiamiento. La mayoría de los medios de comunicación sucumben a los jugosos avisos publicitarios y, sobre todo, al financiamiento oculto. Casi no existen los medios de comunicación que pueden sobrevivir con el prestigio de la pluma de sus periodistas. La mayoría deben plegarse a los gobiernos para beneficiar de su protección.

A ello debe agregarse el imperio de las grandes empresas transnacionales que organizan campañas publicitarias multimillonarias. Pocos son los medios de comunicación que se resisten a este flujo de dinero sin el cual es difícil redondear el fin de mes. De esta forma, dichas empresas tienen en jaque a gobiernos que, por ejemplo, planean imponer medidas drásticas contra el tabaquismo o el alcoholismo. De nada sirven los informes médicos, los gastos inmensos en desintoxicación y cura, y los efectos perversos incluso para los que ni fuman ni beben licor. Dada las circunstancias, los gobiernos corruptos prefieren pasar acuerdos con las transnacionales para financiar su próxima reelección.

b. Los vicios de una Hacienda Pública dominada por la política

“El caso más notable de corrupción generalizada de un gobierno en los últimos años en América Latina, se ha dado en el Perú, durante los años 90s. Así, el gobierno que presidió el Sr. Alberto Fujimori, […] terminó siendo considerado como uno de los gobiernos más corruptos de la historia peruana y latinoamericana,” señalan Baudassé e Hinojosa Pérez.

La liberalización de capitales desde 1979 ha favorecido el desarrollo de los paraísos fiscales. En medio de los años 1970 se contaba 25 paraísos fiscales, en 2005 llegan a 73. Se estima que más del 50% del comercio mundial transita por los paraísos fiscales, aun cuando esos territorios representan solamente el 3% del producto bruto mundial. Entre 1970 y 1996, la fuga acumulada de capitales privados provenientes de los 30 países los más endeudados del África subsahariana representa el 170% del producto bruto de la región. Por cada dólar de ayuda oficial que se envía al África, un mínimo de cinco dólares de origen africano son depositados en cuentas offshore.

i. La historia malsana de las privatizaciones

En el proceso de privatización de las empresas públicas no solamente se cometen dos errores de apreciación, sino que permite observar para quién gobiernan nuestros jefes de Estado y nuestros “representantes”. A fin de redondear la idea pondremos el ejemplo de un Alain Juppé, primer Ministro de la República de Francia, que quiso privatizar una multinacional francesa a “un franco simbólico”.

1. El doble error de apreciación

El primer error es suponer que el sector público ha suplantado a la iniciativa privada. Los hechos muestran que el Estado (es decir, todos los contribuyentes), ha debido soportar financieramente la ejecución de obras públicas, como carreteras, hospitales, centros educativos, etc., porque la iniciativa privada no ha tenido el menor interés en participar en dichos sectores.

Después de las dos grandes guerras mundiales es el Estado quien tuvo que reflotar la economía. Se encontró en la obligación de efectuar “obras públicas”. Y en su mayor parte, las obras servían para facilitar el desarrollo de las empresas privadas.

Segundo error. Es cierto, en una economía de mercado, ninguna empresa debe encontrarse bajo el dominio del Estado. Es cierto que la totalidad de gobiernos administran la economía dentro de un cuadro de nepotismo, clientelismo y corrupción generalizada. Es cierto que, con escasas excepciones, las empresas públicas no son rentables. Pero, de allí a concluir que deben pasar al sector privado, sin mayor precisión, es otro error.

Los que exigen la “privatización” apuntan solamente a las empresas que son la columna vertebral de la economía. ¿Para quién gobierna, entonces, el jefe de Estado privatizador?, se pregunta el economista Edgardo Cruzado en su artículo sobre los puertos en el Perú . “El Puerto de Paita es el segundo en importancia a nivel nacional en el Perú, con una carga en TM en constante crecimiento desde hace diez años […]. Es necesario entonces adaptar el Terminal a las nuevas exigencias para apoyar las actividades de exportación.”

El gobierno de Alan García aumenta la presión para agilizar la privatización del Terminal. Cruzado se exalta. “Nadie puede estar en contra de la modernización de nuestros puertos. Pero, ¿quién le ha dicho al gobierno que esto pasa por privatizar el puerto? A los puertos regionales les falta mucho más que un dueño.”

2. Un Alain Juppé que quiso privatizar por un franco simbólico la multinacional francesa Thompson S.A.

En 1996, Jacques Chirac, presidente de la República francesa, declara que es necesario reestructurar la industria de la defensa militar. Los dados están echados. Enseguida, Alain Juppé, primer Ministro, declara lo siguiente: “Thomson no vale nada, Thomson vale 14 mil millones de deudas, justo un franco simbólico.” 16 centavos de dólar. Es a este precio que había acordado ceder la multinacional francesa a la empresa Daewoo de Corea del Sur.

Thomson S.A., a la época, estuvo conformada de un sector electrónica de defensa, Thomson CSF, y de otro sector electrónica de consumo popular, Thomson Multimédia. Thomson S.A. es propietaria del 58% de Thomson-CSF, la cual es cotizada en la Bolsa de Valores como una empresa de alto prestigio en la electrónica de aviones, de misiles teleguiados y sistemas de control de vuelos. Ella tiene una alta rentabilidad. Thomson también posee Thomson Multimedia quien fabrica la serie de televisores bajo la marca de RCA y General Electric.

El 76% de Thomson S.A. pertenecía al Estado francés y el 20% a France Telecom, empresa igualmente del gobierno francés. Ante la propuesta del primer Ministro, la población se subleva. La privatización se paraliza. En julio del 1997, Lionel Jospin, sucesor de Alain Juppé en el cargo de primer Ministro, anula todas las gestiones tendientes a la privatización de Thomson.

Ahora, Thomson es una empresa próspera. Estimada en un franco simbólico por el visionario Alain Juppé, el grupo Thomson Multimedia pesa en adelante cerca de 100 mil millones de francos en la Bolsa de Valores (junio 2000), después de haber abierto su capital a cuatro socios estratégicos: Alcatel, Microsoft, Nec y Direct TV. En 2003, es la sección electrónica de consumo doméstico de Thomson que se fusiona con el grupo chino TCL y se convierte en el mayor fabricante de televisores a nivel mundial.

ii. Los representantes del pueblo y la comercialización de la política

A nadie escapa que la “política” se ha comercializado, y que para los ganadores es haberse sacado la lotería. Las elecciones no tienen por objeto elegir al mejor candidato para enrumbar los destinos del país, de la región o de la localidad. Ella tiene por objeto posicionar a los que mejor han sabido “marquetearse”, pagar a los medios de comunicación, hacer regalos y ofrecimientos a los electores y, por supuesto, a los miembros corruptos del Jurado Nacional de Elecciones y de las fuerzas policiales. Pero ¿de donde viene ese dinero y con qué objeto?

Tal como lo señaló magistralmente Rudiger Dornbush, el fallecido economista del Massachussets Institute of Technology (MIT), cuando le preguntaron durante una visita a la Argentina por qué motivo ese país tenía tantas dificultades. “Los países desarrollados tienen normas flexibles de cumplimiento rígido. Ustedes tienen normas rígidas de cumplimiento flexible.”

Existen dos formas de ganar las elecciones: por las buenas o por las malas. Y esto, se practica ya sea en los países del Norte como del Sur. Por ejemplo, recientemente (2000) Mr. George W. Busch ganó las elecciones presidenciales americanas corrompiendo a funcionarios de la administración encargada de vigilar el normal funcionamiento de las elecciones, corrompiendo al personal de informática encargada del normal conteo de votos, y en complicidad con los responsables políticos del Estado, encargados de supervisar que todas las personas tengan una igualdad de acceso a las urnas para ejercer su derecho al voto.

“Un lobby es como una flor nocturna. Florece en la oscuridad y muere bajo el sol”, decía alguien. Todo el mundo tiene su lobby o grupo de presión: China, Taiwán, los sindicatos, las empresas petroleras, las farmacéuticas, las de transporte ferroviario, etc. En total, en el área metropolitana de Washington hay 30 mil compañías especializadas en influir sobre el poder político, esencialmente el Congreso; o sea, 56 por cada legislador.

Dentro de las “víctimas” tenemos al ex presidente de la Cámara de Representantes Tom DeLay. El tiene su carrera política liquidada y puede acabar en la cárcel por sus tratos con Jack A. Abramoff, uno de los lobbyistas más importantes, quien fue sentenciado principalmente por fraude, evasión fiscal, y corrupción de miembros del Congreso americano. Igualmente, el asesor de Bush, David H. Safavian, fue condenado a año y medio de cárcel por obstruir la investigación del caso Abramoff.

El representante al congreso americano, Randy Cunningham, héroe de Vietnam en el que se basa el personaje de Maverick, que lanzó a la fama a Tom Cruise en la película Top Gun, fue condenado en marzo a ocho años de cárcel por recibir, por lo menos, 2.4 millones de dólares de empresas del sector de defensa, y por evasión fiscal, entre otros cargos.

El lobby es, de hecho, una jubilación dorada para todo político. Es el caso de Bill Clinton y su lista de “donantes” a nivel mundial; o Bob Livingston, ex presidente de la Cámara de Representantes en 1999 y fundador del The Livingston Group. Se ha convertido en uno de los mayores grupos de presión de Washington, obteniendo en sus seis primeros años de existencia, por lo menos 45 millones de dólares de beneficios.

Otro excelente ejemplo es el candidato demócrata a las elecciones de 2004, John Kerry, quien recibió “más de 30 millones de dólares para sus campañas, y la mayor parte procedente de empresas financieras y de telecomunicaciones - a las que regulan los comités del Senado de los que él forma parte - y de abogados que representan a esas compañías.”

Bruxelles, el centro de operaciones de la Unión Europea, no se escapa de esta peste. En abril 2008, 8 empresas españolas, de una lista de 28 compañías, estarían implicadas en corrupción. Según dicha lista las empresas serían Iberdrola, Leche Pascual, BBVA, Prosolia, Real Madrid, Telefónica, Vega Sicilia-Eulen e Ideatur. Todas están o han estado vinculadas con el European Business and Parliament Scheme: una asociación que como todo lobby se dedica a tejer contactos entre sus asociados (cuyos intereses defiende) y el poder legislativo. Existe igualmente el “think tank”, un comité de expertos. Que un think tank esté libre de influencia de sus donantes es imposible.

Visto así, los jefes de Estado y los congresistas no son elegidos para servir al país sino a los grupos de poder. Por su parte, los jefes de Estado y congresistas, a su vez, realizan el clientelismo para entornillarse en el poder.

El control de los sindicatos, en los Estados Unidos, estuvo asociado durante la mayor parte del siglo XX a formas muy marcadas de clientelismo. Ejemplos de clientelismo explícito. El primer Ministro peruano, Jorge Del Castillo, afirmó que se atenderán preferentemente las necesidades de las poblaciones que apoyaron electoralmente al Partido Aprista Peruano, partido en el gobierno desde julio de 2006. “En 1985, el gobierno del Sr. Alan García Pérez, como una de sus primeras medidas de política agraria, otorgó créditos a una tasa de interés cero, con la finalidad de reactivar el agro en una zona denominada el “Trapecio Andino” (…),” préstamos que nunca fueron rembolsados porque, había un acuerdo tácito: voto contra préstamo y posterior anulación de la deuda.

En el clientelismo, los bienes públicos no se administran según la lógica imparcial de la ley. Bajo una apariencia legal, esos bienes son utilizados discrecionalmente por los detentadores del poder político. Normalmente se infringen figuras penadas jurídicamente como prevaricación o corrupción. Sin embargo, existen pocos incentivos para que los participantes busquen acabar con el sistema de clientelismo, puesto que este se halla institucionalizado como modelo regular de interacciones, practicado y aceptado por los actores, nos dice Guillermo O’Donnell.

Igualmente, las “obritas” y el 10% no es solamente un caso de los países del Tercer Mundo, sino pregúntenle a Jacques Chirac, presidente de la República Francesa y Alcalde de la municipalidad de París. Según este vicio, la mayoría de licitaciones tienen un anticipado ganador quien, ya acordó entregar al jefe de la administración licitante, por lo menos, el 10% del monto de la obra licitada. Y todo ello a pesar de que existe un voluminoso y bien estructurado Código de Licitaciones Públicas.

c. Papá Estado: un comportamiento de sumisión total

El centralismo económico, político, judicial, mediático, militar, y la comercialización de la política tienen un efecto negativo mayor. Los electores sintiéndose defraudados, una y otra vez, se alejan completamente de la gestión gubernamental. De esta forma, adquieren un comportamiento de sumisión total.

A pesar de que se ha creado un “presupuesto participativo”, los ciudadanos no se sienten comprometidos. Primero, porque el dicho presupuesto participativo continúa siendo decidido, en última instancia, por las autoridades en los niveles respectivos. Segundo, porque la mayor parte de “obras” se orientan a la búsqueda de clientes para asegurar las elecciones futuras. El “timing” de su aprobación y ejecución concuerda perfectamente con los períodos electorales.

En esas condiciones, las dos partes del ejercicio presupuestal, decidores y contribuyentes, entran a un juego vicioso. Los unos, aseguran sus votos de reelección; los otros, creen asegurar la ejecución de “sus” obras. Sin embargo, es necesario precisar que la reelección no se encuentra asegurada. Una parte del juego morboso consiste en aceptar el “regalo” y luego, votar por alguien que ofrece nuevas “obras”.

Por consiguiente, las inversiones no cuentan con ninguna real supervisión ni técnica ni presupuestal. El egreso público no tiene ningún criterio de inversión. Es simplemente un “gasto”. Dicho instrumento de desarrollo es visto como un maná que cae del cielo. Su expresión degenerativa es la imagen que las personas se hacen de las rentas y, muy particularmente, del canon minero: un “regalo de Dios” por el cual se debe pelear para conseguir lo máximo posible. Se pierde la noción de riqueza nacional y el buen uso de sus recursos.