ELEMENTOS PARA ENTENDER LA CRISIS MUNDIAL ACTUAL

7. Las consecuencias de la precarización del empleo

De acuerdo a la ENE del INEGI entre 1993 y 2000 los trabajadores que ganan de 0 a 3 salarios mínimos pasaron de 25.13 millones a 28.37 millones.

En el mismo periodo, la población ocupada que no contaba con seguridad social pasó de 21.85 millones a 25.39 millones.

La que no cuenta con prestaciones (además de no tener ISSSTE o IMSS, no recibe aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, crédito a la vivienda, utilidades, etc.) aumentó de 20.90 a 23.87 millones.

Los trabajadores que laboraban de 40 a más de 56 horas pasaron de 19.62 a 25.68 millones; llegando al 66.2% del total de ocupados.

Además, sólo el 49% de los ocupa dos está contratado por tiempo indeterminado o base y el 90.9% de estos gozan de seguridad social y prestaciones (Juárez, 2002).

Hay que agregar que la privatización de las pensiones y la descapitalización de las instituciones de seguridad social son formas de reducción del salario social, porque el trabajador debe procurárselas con sus magros ingresos, recurriendo a la sobrecarga de trabajo.

Los trabajadores recurren a estrategias de supervivencia, como emplearse en la economía informal, emigrar a los EUA, emplearse en la maquila de exportación, cambiar sus hábitos alimenticios, trabajar más tiempo y/o más miembros de la familia, trabajar a destajo, a domicilio y contratarse sin prestaciones.

Estas estrategias y las malas condiciones de trabajo traen como consecuencia el deterioro de la salud del trabajador y de su familia.

Los daños más frecuentes se relacionan con enfermedades propiciadas por un entorno insalubre (infecciones gastrointestinales y de las vías respiratorias), con el alcoholismo y las depresiones.

El INEGI informa que los suicidios aumentaron en 307.1% de 1980 al 2000, pasando de 672 a 2,736.

De los 1,619 suicidios ocurridos en el 2000, 576 eran artesanos u obreros; 388 trabajadores agropecuarios; 245 comerciantes y dependientes; 202 oficinistas; 46 de protección y vigilancia; 38 operadores de transporte; 36 trabajadores de servicios públicos; 20 profesionistas; 15 trabajadores de la educación; 12 trabajadores del arte; 11 técnicos; 11 ayudantes y similares; 6 trabajadores ambulantes; 6 trabajadores domésticos; 3 funcionarios y directivos; 2 coordinadores y super visores administrativos y 2 operadores de maquinaria fija (Juárez, 2002).

Estos datos echan por tierra el mito de que son los ricos quienes se suicidan.

Después de la insalubridad el factor que más degrada la calidad de vida de los trabajadores es la insuficiente y mala calidad de su dieta, que adopta “…el patrón alimentario hegemónico proveniente de los países desarrollados, consistente en privilegiar el consumo de carne de res, puerco y aves; leche y sus derivados; un bajo consumo de verduras y ce reales; algunas frutas y verduras frescas, bebidas alcohólicas y edulcorantes; en detrimento del consumo de semillas, cereales, leguminosas y oleaginosas”.

Esta modificación de la dieta no es motivada por cambios en las preferencias, “sino por el nivel de ingreso de la población y por el mercado, que dirigido por las grandes empresas transnacionales agroindustriales, imponen una oferta industrial de bienes que se adecúan (a sus necesidades productivas y) a las nuevas formas de vida de las familias, homogeneizando su consumo, tanto en el medio rural como en el urbano…” (Juárez, 2001).

La injusta distribución del ingreso determina la restringida e insuficiente dieta de la mayoría de la población.

Los trabajadores modifican su dieta para ajustarla a su magro poder adquisitivo y padecen el incremento de los precios de los alimentos, por lo que se ven obligados a reducir la calidad y cantidad de consumo de ciertos productos o de plano los descartan de su dieta.

Según el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM 46.8 millones de personas (50% de la población en 1996) no cubrían por completo sus necesidades alimentarias, por lo que padecían desnutrición o malnutrición.

En las zonas urbanas el porcentaje de población sin recursos para alimentarse adecuadamente era de 40% y en las rurales asciende a 80% (Juárez, 2001).

Se trata de un proceso de desnutrición acumulada y progresiva que afecta a sectores cada año más amplios.

La Secretaría de Desarrollo Social, en un documento titulado "Medición de la pobreza.

Medición del desarrollo", estableció que los trabajadores mexicanos padecemos tres ni veles de pobreza: de patrimonio; de capacidades y alimentaria.

El gobierno federal reconoció que 53.7 millones de personas viven en “pobreza de patrimonio”, ya que no alcanzan a cubrir sus necesidades de alimento, salud, educación, vestido, calzado, vivienda, transporte y otros bienes y servicios, pues sus ingresos eran de apenas $41.8 diarios en zonas urbanas y de $28.1 en las rurales; que la "pobreza de capacidades" afectaba a 31.9 millones de mexica nos, cuyos ingresos eran de apenas $24.7 en la ciudad y de $18.9 en el campo y en consecuencia no podían satisfacer sus necesidades de alimentación, educación y salud; y que la "pobreza alimentaria" alcanzaba a 24.2 millones, que en zonas rurales apenas obtenían $15.4 diarios y en las ciudades sólo percibían $29 (El Universal, 14 de agosto de 2002).

Pero el documento fue cuestionado por investigadores porque el método utilizado para medir la pobreza sólo considera los ingresos monetarios, sin tomar en cuenta otras dimensiones del bienestar de los hogares, como el acceso a la salud, vivienda, electricidad, agua, etcétera (La Jornada, 14 de agosto de 2002).

La Universidad Obrera de México, calcula que son necesarios 5 salarios mínimos pa ra satisfacer las necesidades alimentarias de una familia de cinco personas, de donde se concluye que un salario mínimo apenas cubre las necesidades alimenticias de una persona y con los cinco salarios mínimos una familia apenas podrá comer, pero no logrará satisfacer el resto de sus necesidades.

Según la ENE de 1999, el 79.6% de la población ocupada, percibía de 0 a 3 salarios mínimos, en consecuencia padecían desnutrición (Juárez, 2001).

Las consecuencias del empobrecimiento por la caída de los salarios y el crecimiento del desempleo, sumados a los estragos económicos producidos por el TLC, son más profun das de lo que parece.

La producción de maíz, entre 1994 y 2000 permaneció prácticamente estancada al pasar de 18.2 a 18.6 millones de toneladas, pero las importaciones crecieron 141.7%, al pasar de 2.2 a 5.4 millones de toneladas.

El precio de garantía disminuyó en 43.3% entre 1990 y 99.

En contraste, el precio de la tortilla se incrementó de 1994 a 2001 en 407.23% y el salario mínimo creció nominalmente sólo 164.2%.

En consecuencia el consumo anual per cápita pasó (de 1996 a 2001) de 254 a 238 kg, lo que significa una reducción del 6.29% (Juárez, 2001).

A lo que hay que agregar los recientes incrementos al precio de la tortilla.

Con el frijol ocurrió algo similar: entre 1994 y 2001 la producción se redujo 24.6% y la importación creció 17.4%.

El precio de garantía disminuyó 43.4% entre 1990 y 1999, pero el precio del kilo al consumidor se incrementó en 241%, por lo que el consumo per cápita pasó de 15 a 11 kg (Juárez, 2001).

La producción de arroz transitó de 373 mil a 408 mil toneladas, pero en 1985 fue de 807 mil toneladas.

Los precios de garantía cayeron 43.4% entre 1990 y 1999 y las importaciones crecieron 54.7% entre 1994 y 2001, pero el precio del arroz al consumidor creció 187% y el consumo per cápita, fue de 15 kg en 1985 a 11 kg en 2001 (Juárez, 2001).

La producción de trigo disminuyó 21%, las importaciones crecieron de 1994 a 2001 el 120.5%.

Los precios de garantía se redujeron 36.3% entre 1990 y 1999, pero el precio del trigo en forma de pan blanco aumentó 344% entre 1994 y 2001.

El consumo per cápita pasó de 77 kg en 1985 a 58 kg en 2001 (Juárez, 2001).

La canasta básica indispensable (CBI), integrada por sólo 40 artículos, de 1994 a 2001 aumentó 401.2%, mientras el salario mínimo creció 164.2%.

El salario mínimo sólo puede comprar el 19.9% de la CBI, que costó $1,071 a la semana ($159 al día) en noviembre de 2001, cuando el salario era de $42 diarios.

Si tomamos como referencia el tiempo trabajado, el resultado es igualmente impactante.

Considerando una jornada semanal de 48 horas, en diciembre de 1994 un trabajador que percibía un salario mínimo debía trabajar 96 horas para poder adquirir la CBI (48 horas adicionales).

Para noviembre de 2001 debía laborar 213 horas semanales para comprar la CBI (165 horas extra de trabajo) (Juárez, 2001).

Pero como una persona no puede hacer esto, en realidad lo que ocurre es que más miembros de la familia se incorporan al mercado de trabajo.

El capitalismo ha resultado ser un pésimo distribuidor de la riqueza.

A nivel global, de los más de 200 países existentes, menos de 15 pueden considerarse ricos; en los más de 185 países pobres del mundo la distribución del ingreso nacional es dramáticamente injusta, pues en términos generales menos del 10% de la población disfruta del 60 al 80% del producto nacional y la mayoría (el 90%) se queda apenas con el 40 al 20% de la riqueza que ellos generan en su país.

La deuda externa genera obligaciones financieras que dejan al país sin capitales propios, obligándolo a depender de la inversión extranjera.

La deuda externa es cercana a los 200 mil millones de dólares, su servicio ha tenido un costo promedio de 35,000 millones de dólares en los últimos años.

En tanto que la inversión extranjera directa se ha incrementado de 8.5 mil millones de dólares en 1980 a 30.3 mil millones en 1990, 100 mil millones en 1998 y 120 mil millones para el 2000 (Gómez, 2002).

En la década de los años 80 la deuda exter na de América Latina sumaba 400 mil millones de dólares, para el 2001 creció a 726 mil millones de dólares (Sotelo, 2002).

México dedicó la mitad del presupuesto federal del 2002 al pago de la deuda externa (pública y privada), es decir, 58 mil millones de dólares, 11.8% del PIB (La Jornada, 21 de abril de 2002), situación que lo convierte casi exclusivamente en maquilador, por lo que tiende a ya no exportar como unidad económica autónoma, sino como eslabón subordinado de cadenas productivas globales; importa componentes para ensamblar y re-exportar.

En el pasado México exportaba fundamentalmente materias primas, hoy el 79% de las exportaciones a EU son de productos manufacturados, crecientemente de la maquila (Gómez, 2002).

En el proceso de globalización económica, los magros ingresos de los trabajadores en los países pobres arrastran a la baja los salarios en los países ricos, porque los gobiernos de los países periféricos compiten por los capitales ofreciéndoles mano de obra barata.

Las maquiladoras se trasladaron a Latinoamérica durante la década de los años 80 del siglo pa sado, gracias a las políticas de contención salarial, pero a mediados de los años 90 emigra ron a Asia, en particular a la India y a China, por las mismas razones.

De acuerdo con INEGI, las remuneraciones reales promedio en las maquiladoras llegaron a $1,837 en abril de 2002, pero en 1982 el salario promedio en las maquiladoras fue de $2,416 (La Jornada, 17 de julio de 2002 y La crónica de hoy, 11 de julio 2002).

Un comportamiento semejante tuvieron los salarios mínimos, pues a precios de 1978, pasaron de $42.6 en 1982 a sólo $16 en 1990 (Boltvinik, 1999).

En 1994 había en México 2,085 maquiladoras, que daban empleo a 583,044 personas y para 1999 ya eran 3,297 y empleaban a 1,140,528, trabajadores (González, 2002).

A fines de los noventa el 63% de los trabajadores de las maquiladoras estaban sindicalizados, pero son raros los sindicatos independientes, predominan los charros y abundan los contra tos de protección.

Al menos 37% de las empresas fijan sus salarios sin participación del sindicato.

Las empresas han aumentado la proporción de eventuales para ahorrarse prestaciones e incluso han surgido agencias encargadas de proveer a las empresas de trabajadores eventuales: subcontratación (Quintero, 2002).

Las plantas de las maquiladoras contienen varias líneas de producción, cada una puede tener de 20 a 30 máquinas e incluir de 50 a 350 trabajadores.

Las líneas de producción son fácilmente desmontadas y trasladadas a otras regiones y países.

El traslado de 2 o 3 decenas de máquinas, no demanda mayor esfuerzo, en consecuencia, las maquiladoras no requieren construir o desmantelar edificios o plantas enteras cada vez que deciden emigrar.

Con frecuencia no es necesario transportarlas porque serán sustituidas por otras nue vas (Mora, 2002). La inestabilidad en el empleo, la migración de empresas y el trabajo de temporada, generan nomadismo laboral (pues los trabajadores emigran detrás de las empresas), que empobrece a las familias (porque los salarios se reducen dramáticamente), genera problemas políticos y sociales, de salud, educación, etc. y los deja indefensos ante los patrones.

Maquiladoras de empresas como Sony, Phillips y Panasonic retiraron de México algunas líneas de producción, para abrirlas en China.

Pero otras se han retirado por completo: en los cuatro primeros meses de 2002 cerraron 300 empresas; 545 maquiladoras salieron desde junio de 2001.

En el mismo periodo 350,000 trabajadores perdieron su empleo en el sector maquilador, 150,000 por los cierres de líneas de producción de junio de 2001 a abril de 2002; de ellos 121 mil eran obreros (La crónica de hoy, 11 de julio 2002 y La jornada, 17 de julio de 2002).

La transferencia de ganancias de las empresas trasnacionales, desde todo el mundo hacia los pocos países ricos, complementa el esquema que deja a la inmensa mayoría de la humanidad sin posibilidades de competir en el mundo de la libre competencia.

El monto de la transferencia de capitales, de los países de la periferia a los centros económicos mundiales desde 1980, es de 3.5 billones de dólares, pero esta cifra no incluye la salida de capitales producto de las especulaciones en las bolsas, en los mercados monetarios y del saqueo asociado con las apropiaciones hechas a costa de las empresas públicas y nacionales.

La deuda externa de los países de la periferia pasó de 567 mil millones de dólares en 1980 a 2.7 billones de dólares en los primeros años del siglo XXI (Gómez, 2002).