SOCIEDAD, CONFLICTO Y AMBIENTE


José Luis de la Cruz Rock
y otros

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Crecimiento Económico, Incremento Demográfico, Pobreza y Medio ambiente: Las tensiones de la Sustentabilidad del Medio Ambiente en el Área Metropolitana de Monterrey, N.L.

Raúl Eduardo López Estrada

 

Introducción

Este ensayo parte de una preocupación que tiene implicaciones importantes para la calidad de vida del Área Metropolitana de Monterrey, N. L. (AMM) . Situación que también es similar a la que prevalece en otras áreas urbanas de México. En el caso que nos ocupa algunas noticias periodísticas han destacado las condiciones actuales de la calidad del medio ambiente. En ellas se menciona que las autoridades han abandonado el monitoreo de la calidad del aire y que se ha incrementado la incidencia de cáncer entre menores de 14 años. Esta situación ha estado acompañada por el hecho de que el presupuesto estatal para medio ambiente ha disminuido de 760 a 50 millones de pesos; situación grave considerando que el AMM emite cada año a la atmósfera más de 960 mil toneladas de metales pesados y otras sustancias tóxicas, lo cual la convierte en la ciudad más contaminada del país (Valadéz, 2006).

En realidad, las noticias de los medios no han hecho sino subrayar preocupaciones ya manifestadas en otros escenarios por científicos reconocidos y con prestigio internacional, como es el caso del Premio Nóbel de Química en 1995 el Doctor Mario Molina. Él mencionó que es urgente detener la contaminación creciente en este centro urbano donde existe un grave problema de partículas suspendidas en el aire. “En Monterrey hay un problema de partículas, que hay que enfrentar, resolver, prevenir… que no se venga un problema como el que tenemos en el Valle de México…es un problema serio y lo importante es no dejar que se venga un problema mayor” (Skyscrapercity, 2005).

Por lo que nos preguntamos, ¿Que elementos están en el proceso de la deterioración del medio ambiente en el AMM? ¿Cuales son las implicaciones de esta situación? Estas preguntas guían este trabajo que pretende destacar una problemática social que rebasa los enfoques parciales en torno al medio ambiente.

Esta temática es amplia y compleja. En relación a la primera consideración, es importante mencionar que existen muchos factores que intervienen en la calidad del medio ambiente; estos incluyen los problemas relativos a los procesos reproductivos biológicos, las problemáticas políticas, los aspectos económicos y la reproducción social. Las preocupaciones en torno a estos factores no son nuevas y ellas han llevado a especialistas a producir un enorme número de trabajos que destacan el problema del desarrollo sustentable en las sociedades actuales. Desde la mitad del siglo pasado se produjeron análisis e informes que han movido a la reflexión y la acción de gobiernos e instituciones preocupadas por la continuidad de los sistemas sociales. Desde este periodo también hemos visto como estas preocupaciones dieron lugar a reuniones internacionales en donde se examinaron los impactos de sistemas productivos en el medio ambiente.

En la segunda consideración, relacionada con la complejidad, producto de la configuración de estos factores y de los actores que intervienen en los procesos mencionados, se constata la existencia de un debate no acabado sobre la persistencia de un capitalismo depredador y contradictorio con el medio ambiente y la concomitancia de intereses que buscan una sustentabilidad del sistema basada en nuevas maneras de pensar el futuro del ser humano.

Las implicaciones tanto de la amplitud y la complejidad han sido abordadas en las reflexiones de teóricos actuales quienes han hecho observaciones pertinentes acerca de esta problemática. A este respecto es importante mencionar los trabajos de Middleton, Neil y O’Keefe, Phil (2001) y M. O'Connor (1994) quienes han delineado los conflictos a los que se enfrenta la sustentabilidad. No resulta innecesario mencionar que probablemente los abordajes en los próximos años tengan que ver con las disyuntivas a las que se enfrentarán muchos países en torno a la amplitud y la complejidad de la sustentabilidad. Pero no solo los Estados abordarán la disyuntiva, sino también el actual sistema capitalista que está en transición Wallerstein (2003).

En este trabajo se tocarán tres puntos que ilustran el problema del deterioro del medio ambiente en el AMM. En el primero, se describen el crecimiento económico y la industrialización en el AMM. En el segundo, se abordan los efectos del crecimiento económico, destacando la problemática del incremento demográfico, la pobreza y el deterioro del medio ambiente. En el último, se reflexiona acerca de la sustentabilidad cuando se pretende realizarla en el sistema capitalista. En este último punto se incide en un debate no acabado y que se bifurca en posiciones contradictorias. En una de ellas se asegura la imposibilidad de la sustentabilidad en el sistema de mercado; en tanto que en la otra, se aboga por vías alternativas sin negar la naturaleza intrínseca del capitalismo.

El área metropolitana de Monterrey (AMM )

El AMM ha sido escenario de un proceso de crecimiento económico del tipo industrial capitalista clásico que se inició sobre la base del capital comercial acumulado en la segunda mitad del siglo XIX (Vellinga, 1988:21-22). El origen de este crecimiento, se debió a la expansión de la industria pesada que procesaba hierro y carbón en el sector metalúrgico orientado a la exportación hacia los Estados Unidos y posteriormente hacia el mercado nacional (Cerutti, 1983 y 1985). Un apoyo enorme a este proceso fue el desarrollo de la infraestructura ferroviaria, que además complementó el progreso de la industria manufacturera impulsada por el intercambio comercial articulando al mercado nacional y la economía de los Estados Unidos. Poco después aparecieron empresas ligadas al consumo liviano interno y más tarde, la industrialización por sustitución de importaciones desde 1940 (Balan y otros, 1977).

Monterrey, como ciudad fabril con un peso notable en la economía nacional, tuvo un importante papel en este crecimiento. La industrialización manifestó una rápida expansión hasta principios de los ochentas y el proceso fue dominado por la instalación de grandes plantas particularmente desde los años sesentas. En este contexto, durante la década de los ochentas según el Plan Subregional de Desarrollo Urbano de la Zona Conurbada de Monterrey, el AMM ya concentraba más del 95% de la producción global de la industria, del empleo, del capital, de los servicios asistenciales, del transporte, educación y recreación de la entidad. De esta manera, en esta entidad la urbanización fue rápida a tal grado que alrededor del 90% de la población ya era urbana desde 1990. En el AMM se concentraba poco más del 87% del total de habitantes del estado (García, 1988). Es importante mencionar que en esta metrópoli la ocupación y el empleo han tenido un incremento sostenido y con tasas de crecimiento muy altas. Su caso es ejemplar en la industrialización de México; pero también el crecimiento de su sector terciario ha sido impresionante, sobre todo después de que se establecieron los vínculos con el TLC (Villarreal, 2003).

Nuevo León ocupa, después del Distrito Federal y el Estado de México, el tercer lugar en cuanto a la contribución en el Producto Interno Bruto total. En conjunto, las tres entidades aportaron el 40.4% del producto nacional en el año 2000. Durante el periodo 1995-2000, destacaron por su contribución al PIB del AMM la industria manufacturera, comercio, restaurantes y hoteles, servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler y servicios comunales, sociales y personales.

En Nuevo León laboran 872,629 personas, equivalentes al 6.3% del total del país. Las actividades con el mayor número de empleos son la construcción (6.8%), manufactura (7.7%) y financiera (7.1%). La contribución por sector económico del estado es similar a la nacional: el comercio, los servicios y las manufacturas, en ese orden de importancia. Estas tres actividades en conjunto agrupan a 97% de las unidades económicas. Sin embargo, por el número de personas ocupadas, cambia la distribución: en primer lugar la manufactura, le siguen los servicios y finalmente el comercio; en total reúnen 87% del personal ocupado.

Una de las industrias más importantes en el AMM son los complejos maquiladores de exportación. En el 2001, el número de establecimientos registrados fue de 137 unidades que generaron 51 mil empleos, ellos representaron 83.0% y 86.6%, respectivamente del total estatal.

El crecimiento económico del AMM puede explicarse por el tamaño de su planta industrial que en 1998 agrupó a poco más de 10 mil establecimientos y por el aumento del sector comercial y de servicios. Esto último muestra una tendencia a la “terciarización” de su economía. Esta es evidente, en el año 2000 el 40.8% de los ocupados laboraban en el transporte y servicios personales, financieros y gobierno. El segundo porcentaje más alto corresponde a la industria de transformación (29.3%); en tercer lugar se encuentra el comercio con 17.0%; en cuarto lugar, la construcción con 8.3%.

Según el censo del 2000, en el AMM la PEA, conformada por la población ocupada y desocupada, representó el 53.2% de la población metropolitana en edad de trabajar, mientras que la población económicamente inactiva (PEI) ascendió a 46.4 por ciento. En relación a la situación en el empleo, que es un indicador de la estructura económica de la ciudad y de la relación de los trabajadores con los medios de producción, en el año 2000, 78.0% de los ocupados en el AMM fueron empleados y obreros; 14.9% trabajadores por su cuenta; 2.7% patrones o empleadores y menos del 1% jornaleros (0.8%) o trabajadores familiares sin pago (0.7%).

Los datos sobre ingresos indican que poco más de la mitad de los ocupados (52.7%) percibe entre uno y menos de tres salarios mínimos, 30.3% gana de 3 a 10 salarios mínimos, y solamente 7.4% recibe más de 10 salarios mínimos; en tanto que 4.3% de la población empleada no recibe ingresos o gana menos de la mitad de un salario mínimo.

Efectos del crecimiento económico

Las líneas anteriores muestran al AMM con una estructura productiva y de servicios importante. En esta situación, el crecimiento económico indudablemente ha tenido efectos en la población y en la urbanización. Entre ellos probablemente destacan por su importancia negativa: el crecimiento demográfico y la pobreza, y los efectos en el medio ambiente.

Dos dimensiones están implícitas en los efectos de este crecimiento económico. Por una parte, la dimensión exógena derivada de las condiciones económico-sociales del país, que han contribuido al crecimiento demográfico de la AMM con población que ha migrado en condiciones de pobreza. Por otra parte, la dimensión endógena resultante de la industrialización y terciarización de la economía que se ha manifestado en el deterioro del medio ambiente. Las dos dimensiones están vinculadas con el problema de la sustentabilidad y las dos constituyen aspectos de un mismo proceso. En éste no se puede evadir la influencia de factores externos relacionados con la globalización, aunque esta situación no será abordada en este trabajo.

Por lo que respecta a la primera dimensión, se puede afirmar que toda ciudad no es autárquica y está inserta en un sistema más amplio (Murguía, 2005). Así, en la problemática urbana se deben tomar en cuenta los factores externos que influencian su desarrollo. Este es el caso de la migración de zonas más pobres a las áreas metropolitanas, donde se presiona al territorio, la producción de energía y de bienes y servicios. El ejemplo del AMM es ilustrativo de un crecimiento económico desigual en el país que motivo el desplazamiento de población pobre hacia este centro urbano.

El proceso económico seguido por México a partir de los años 40s produjo una gran estabilidad política que no se reflejó en una distribución equitativa de los beneficios (Ward, 1989). Los cambios ocurridos en el proceso de crecimiento de la economía tuvieron un impacto significativo que se reflejó en el aumento de la pobreza. Ya desde 1984 había aproximadamente 15 millones de individuos en condiciones de pobreza extrema. A finales de la década, en 1989, las personas cuyo nivel de gastos se encontraba por debajo de la línea de pobreza extrema aumentó a 18 millones, de los cuales el 70% se ubicaron en el medio rural, y para 1998 se estimó que esta cifra aumentó a 26 millones de personas, según declaraciones del Secretario de Hacienda (Acosta y Pérez, 1998:6). Durante el año 2000, se consideró una cifra aproximada de 40 millones de pobres en el país y recientemente en el 2002 se afirmó que la mitad de la población vivía en pobreza y un quinto en pobreza extrema (Banco Mundial, 2003).

Así, desde la década de los años cuarenta hubo altas tasas de crecimiento económico que no necesariamente se reflejaron en el abatimiento de la pobreza. Por el contrario, se ha observado en el país un crecimiento sustancial en el número de pobres y en la desigualdad. En esta situación el AMM, además de generar sus propios pobres, ha recibido el impacto del crecimiento económico desigual de México a través de la migración, caracterizada por el desplazamiento de poblaciones con muchas necesidades del campo a la ciudad. Este desplazamiento de población ha contribuido a una mayor presión sobre los recursos del área urbana y se ha traducido en una mayor demanda de servicios, de energía y de nuevos espacios en detrimento del medio ambiente. Se puede destacar en este sentido la contradicción existente entre sustentabilidad y la pobreza (De la Cruz, Cogco y Morales, 1998:22).

• El crecimiento demográfico y la pobreza

Durante la década 1960-1970, el AMM inició un proceso de metropolización con la integración poblacional de municipios periféricos; el área conurbada de la ciudad a fines de los años 70, llegó a 1,600,000 habitantes. A partir de 1970 se incrementó la urbanización, y se creó la zona metropolitana con nueve municipios: Monterrey, San Nicolás de los Garza, Guadalupe, San Pedro Garza García, Santa Catarina, García, General Escobedo, Apodaca y Juárez, con una extensión territorial de 2,456 kms², (245,611 has), de los cuales 386 kms² (38,675 has) estaban urbanizados, y donde habitaba aproximadamente el 80% de la población del estado, aproximadamente tres millones de habitantes. En la actualidad, el AMM abarca una superficie territorial de 3,248.8 km2, de la cual 572.8 km2 (57,282 has) representan el área conurbada, con una población de 3,236,604 habitantes (Flores, 2005). La expansión de la ciudad de Monterrey hacia municipios adyacentes ha conformado una amplia área con diferentes centros urbanos interconectados a través de flujos y actividades.

El AMM en el contexto urbano nacional es el tercer núcleo demográfico, precedida por las zonas metropolitanas de la Ciudad de México y Guadalajara. Es la segunda por su economía en el país y ella desempeña un importante papel en la articulación regional de ciudades en el noreste. Su población en el año 2000 fue de 3,243,466 habitantes. Durante los años noventa el AMM tuvo un crecimiento demográfico anual de 2.2% en promedio.

Según el Atlas de Monterrey (2005), el proceso de transición demográfica en el AMM tuvo tres etapas durante el siglo XX. En la primera, de 1900 a 1930, la población era principalmente de origen rural con elevados niveles de natalidad y mortalidad, que dieron por resultado un lento crecimiento y una estructura demográfica joven. En 1940 se inició la segunda etapa, con un descenso de la mortalidad y una natalidad constante y elevada, que aceleró el crecimiento de la población en los sesenta. En esta etapa se observó un incremento en la industrialización y avances importantes en educación y en la salud. La tercera etapa se inició en la década de los setenta, al descender la fecundidad y continuar reduciéndose la mortalidad. En la economía se aceleró la industrialización y mejoraron los servicios de salud y educación. En esta etapa las corrientes migratorias de origen rural que tradicionalmente se habían dirigido a la Ciudad de México, se reorientaron hacia ciudades de menor tamaño, como Monterrey, que durante ese periodo creció notablemente. La migración, ha sido un proceso importante en la evolución del AMM y, en buena medida, los rasgos característicos de la población regiomontana actual son producto del importante flujo migratorio ocurrido desde 1960 a la fecha.

A esta migración debemos agregar el crecimiento natural de la población. Pese a que la tasa de natalidad y mortalidad han descendido gradualmente desde los años cuarenta, la segunda ha tenido una disminución más importante, teniendo como resultado un aumento significativo de la población.

Así, en este proceso de incremento demográfico del AMM no solo influyo la dinámica interna de la industrialización, las características del crecimiento económico desigual del país también tuvieron importancia. Este proceso contribuyó a que la población pobre de otras áreas se desplazara hacia el AMM para encontrar empleo, demandando espacio para habitación, energía y bienes de consumo.

En este marco, la pobreza en el AMM ha estado vinculada tanto al crecimiento económico exógeno como a una expansión económica interna ininterrumpida entre 1940 y principios de los ochenta. Esta situación condujo a una desigual distribución del ingreso, fenómeno mencionado por Puente Leyva (1969) durante los años 60s. “La rápida acumulación de pocas familias, además de la migración masiva a la ciudad, se reflejaron en una distribución altamente sesgada del ingreso y de la riqueza” (Vellinga, 1988:31). Tijerina Garza (1965:74), señaló que en 1960, el 68% de la población pertenecía a familias que recibían un ingreso menor al nivel mínimo de bienestar; por su parte, Puente Leyva (1969) mostró que, en 1965, el 5% más alto de la población de Monterrey contaba con el 32.33% del total del ingreso familiar y el 5% más bajo con 0.80% .

Estos datos indican que la distribución del ingreso familiar durante esta época mostró una fuerte tendencia a la expansión de los estratos de bajos ingresos, debido a la inmigración y al empobrecimiento de segmentos de la clase media (Vellinga, 1988:31). "En términos de un indicador general (coeficiente de Gini), Monterrey figuraba entre las ciudades de más desigual distribución del ingreso en América Latina” (Weiskoff y Figueroa, 1976) .

Otro análisis interesante es el de García (1988), quien a fines de los años ochenta argumentaba “que el Área Metropolitana de Monterrey, a pesar de sus enormes avances urbanísticos en los últimos cincuenta años, presenta claros signos de retrazo urbano-social que hacen suponer un desarrollismo más que un verdadero desarrollo urbano justo y equilibrado" (García, 1988:97). Otros datos de aquella época: “un 38.4% de las viviendas carecían de un techo adecuado, de concreto o similar, un 32% eran rentadas, un 36% contaban con un solo dormitorio y un 28% carecían de agua potable y drenaje en el interior" (García, 1988:110).

Diez años después (Martínez, 1998), reportó que 56.4% de los hogares en el AMM tiene una forma de pobreza. En tanto que para el 2000 (Rodríguez, 2002), aunque con un cálculo diferente, mencionó al 43.2% de los hogares (hogares en pobreza alimentaria: 12.2%; hogares en pobreza de capacidades: 12.8%; hogares en pobreza de patrimonio: 18.2%). Un dato importante en relación a la pobreza en el AMM es el “aumento en el índice de concentración de Gini entre 1976 y el 2000 de .4244 a .5294, respectivamente. Esto indicó un incremento del ingreso del 10% de los hogares más ricos mayor que el registrado por los ingresos del 40% más pobre, lo que acrecentó las distancias entre ambos grupos” (Consejo de Desarrollo Social, 2004). Estos datos sobre la evolución de la pobreza y de la desigualdad, muestran al AMM como receptora de población que ha sido desplazada por un crecimiento económico desigual en el país “….gran parte de las colonias irregulares ubicadas en las periferias del el área metropolitana están conformadas por personas pobres originarias de otras entidades (90 por ciento). Mientras que la pobreza se redujo a nivel nacional, en Nuevo León el número de pobres se incrementó en un 44 por ciento en los últimos cuatro años, al grado de que una cuarta parte de la población -1 millón 83 mil 36 habitantes- padece algún tipo de marginación” (Villasáez, 2005).

• El impacto ambiental

El crecimiento demográfico producto de la migración y el crecimiento natural de la población han producido una gran presión sobre el territorio. Por una parte la población que ha emigrado a Monterrey –generalmente de origen rural y de escasos recursos, producto de un crecimiento económico desigual en el país- se instaló en los suburbios, formando un cinturón de asentamientos urbanos con carencias de servicios urbanos. Aquí sin duda, se confirma que en el proceso de urbanización hubo ocupación de espacios en forma irregular y otros desarrollos urbanos no se planificaron en forma adecuada, esto corrobora la tesis de Murguía (2005), quien señala esta situación como una característica del desarrollo urbano. Por otra parte, el centro de la ciudad ha disminuido su ritmo de crecimiento demográfico, expulsando población hacia los municipios que se han agregado a la conurbación.

Esto ha impactado a la naturaleza. En el AMM, el crecimiento no planificado ha provocado la pérdida de la vegetación nativa de la periferia, se han invadido cauces naturales, cañadas, laderas de lomeríos, cerros y sierras, provocando la escasez de comunidades de plantas nativas (Alanís, 2005). Así también, se ha señalado, que la constante deforestación en los cerros de Monterrey producirá cambios climáticos muy importantes en el ecosistema del estado dentro de poco tiempo (Mendoza Lemus, 2007). Pero no sólo hay un problema de impacto en la vegetación nativa de la periferia, también al interior del AMM existen problemas relativos a las áreas verdes. La ONU ha recomendado 15 m2 de área verde por habitante para las ciudades; en este caso, únicamente el municipio de San Pedro Garza García lo cumple. “La problemática más aguda es de toda el área metropolitana de Monterrey, cuya relación área verde/habitante es en promedio de 3.91m2, lo cual marca una llamada de alerta para establecer con urgencia un plan de arborización metropolitano (Alanís, 2005). Indudablemente esta situación es el reflejo de un problema de planificación urbana y suburbana que tendrá como consecuencia, según Mendoza Lemus (2007), la merma considerablemente de precipitaciones pluviales en los próximos años.

• La contaminación atmosférica

El nivel de ocupación laboral y la magnitud de establecimientos en el AMM han tenido implicaciones ambientales negativas. La dinámica económica caracterizada por el consumo de energéticos no renovables utilizados en el transporte, los grandes volúmenes de desechos y la demanda creciente de servicios ha afectado la calidad del medio ambiente, sobre todo la calidad atmosférica (INEGI, 2002).

Algunas noticias periodísticas recientes (Valadéz, 2006), han señalado al AMM como la región industrial más contaminada del país; y que pese a ello, las autoridades han dejado de monitorear el índice de partículas suspendidas en el aire, tanto de emisiones tóxicas como de metales pesados generados por empresas. A esta situación se debe agregar que en los últimos años el presupuesto para la Agencia Estatal del Medio Ambiente (AEMA) se redujo de 760 millones de pesos a sólo 50 millones. Esta reducción ha afectado negativamente al Sistema de Monitoreo Ambiental (SIMA) que depende de la AEMA, puesto que ya no se dispone de datos confiables sobre las partículas suspendidas en el aire y su composición en el AMM. Lo único que se está haciendo es emitir irregularmente informes de monitoreo ambiental con base en las cifras de una sola estación. Los estudios más confiables fueron realizados en 1995 y en ellos se destacó, que se emitían anualmente a la atmósfera 960 mil toneladas de partículas menores a diez micras. “A esta cifra habría que sumarle la acumulación, en los últimos diez años, del número de vehículos y, por supuesto, el crecimiento de la industria'' (Valadéz, 2006).

Otros datos incluidos en las fuentes periodísticas, indican que según la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, hay 76 empresas de alto riesgo ambiental que afectan la zona metropolitana diariamente, algunas las 24 horas del día y nadie mide esa contaminación; se trata de la emisión permanente de oxidantes, gases tóxicos, lluvia ácida, ozono desconcentrado, partículas menores a diez micras. También se asegura, según las cifras de la Secretaría de Salud, que en la ciudad cada año se detectan 9 mil nuevos casos de cáncer en menores de 14 años, y que de 2001 a la fecha, la mortalidad anual se incrementó de 215 a 400 muertes por esta causa entre personas del mismo rango de edad. Asimismo, en la misma fuente se destacó que durante 2004 el número de casos de cáncer en niños menores de 14 años se ha incrementado 375% (Valadéz, 2006).

A esta situación debe agregarse el creciente parque vehicular -1,350,000 autos según Alanís (2005)- número en el cual se incluyen muchos autos "ilegales" que no han sido verificados. "Sabemos que en Monterrey han entrado muchos carros "chuecos", desechados de los Estados Unidos porque eran altamente contaminantes” (Mendoza Lemus, 2007).

Este parque vehicular ha contribuido sensiblemente a que el centro de la ciudad tenga las características de lo que especialistas han llamado “isla de calor”. Este es un efecto que se produce en las grandes ciudades cuando se genera una cantidad de calor por encima del calor ambiental, sobre todo en las partes pavimentadas donde hay calles estrechas y edificios altos (Mendoza Lemus, 2007). Indudablemente que el incremento sustancial del parque vehicular ha afectado la calidad del aire, pero también y esto es sumamente importante, la infraestructura para la circulación de autos ya no es suficiente y se ha afectado la calidad de vida de la población.

El abordaje de los efectos de la calidad del medio ambiente en los seres humanos es complejo. Actualmente no hay un protocolo médico que certifique la causa de muerte ocasionada por factores ambientales. Existe la dificultad de atribuirlas a una sola causa, ya que los efectos nocivos de la contaminación del aire, agua, suelo o de residuos y sustancias peligrosas y radioactivas están asociados al periodo de exposición, intensidad, magnitud y peligrosidad del elemento dañino. Así también influyen condiciones socioeconómicas como: edad, nivel de ingresos, educación, tradición cultural y lugar donde se produce el deterioro de la salud humana, entre otros (INEGI, 2002). Ante esta dificultad, sólo es posible mencionar de acuerdo a la información del INEGI (2002), algunos datos relativos a fallecimientos posiblemente asociados al deterioro ambiental, el cual es más grave en zonas urbanas con fuerte dinámica industrial, como es el caso del AMM.

Los datos reportados en las Estadísticas del Medio Ambiente de la Zona Metropolitana de Monterrey 2001, destacan que en una ciudad con las condiciones de desarrollo económico y social como el AMM, 189 muertes infantiles (menores de un año) ocurridas entre 1998 y 2000, hayan sido provocadas por enfermedades relacionadas con la contaminación, ya que 32.3% de los fallecimientos fueron ocasionados por diarrea y gastroenteritis, que son enfermedades asociadas a condiciones sanitarias de regiones menos desarrolladas y a la mala calidad del agua. Pero también que 39.2% de las muertes mencionadas fueron provocadas por neumonía, que es un padecimiento relacionado con la mala calidad del aire. Se debe agregar que el 41.8% de las 189 muertes infantiles ocurridas en estos años se registraron en el municipio de Monterrey, donde existe una mayor concentración de emisiones atmosféricas y de residuos peligrosos.

Por lo que respecta a los fallecimientos de personas de todas las edades, durante 1998 al 2000 en el AMM se produjeron 9,880 muertes atribuibles a enfermedades provocadas por la contaminación y a padecimientos crónico degenerativos característicos de la población que habita en grandes ciudades.

La proporción más alta, 43.0%, fue ocasionada por diabetes mellitus; 22.5% por enfermedades de las vías respiratorias; 12.2% por padecimientos pulmonares destructivos y 10.3% por neumonía, enfermedades que podrían estar asociadas a la mala calidad del aire. Además, 11.0% de las muertes metropolitanas totales ocurridas en los tres años mencionados, es decir, las causadas por afecciones de las vías broncorrespiratorias y pulmonares, se observaron en el municipio de Monterrey, donde existe una mayor concentración industrial y vehicular que genera gran cantidad de contaminantes atmosféricos, siendo esta última la causante del 70% de las emisiones generadas en áreas urbanas (INEGI, 2002).

No obstante la situación descrita es importante mencionar que hay acciones en el AMM para disminuir los impactos en el medio ambiente . Asimismo, un hecho importante fue la cancelación en febrero 2007 de la resolución del cabildo del municipio de Santa Catarina sobre el plan de desarrollo sustentable de la Huasteca, donde se incluía el fraccionamiento Valle de Reyes, dentro del Parque Nacional y Reserva de la Biosfera Internacional "Cumbres de Monterrey". Dicha revocación se basó en el incumplimiento de las formalidades y preceptos legales del ayuntamiento para tomar dicho acuerdo, la contravención de las leyes y normas ambientales, de asentamientos humanos y territorial, de vialidad, de tratados internacionales de conservación de la biodiversidad, y un sinnúmero de violaciones a otras instancias legales. Lo más importante de este hecho fue el precedente que se estableció.

Así también en México hay esfuerzos, a nivel nacional existe una política institucional para el “Desarrollo sostenible”, una estructura, para la toma de decisiones basada en la política nacional para el desarrollo sustentable y la legislación sobre evaluación del impacto ambiental. Esta estructura incluye un organismo de coordinación nacional para el desarrollo sustentable y las estrategias para la aplicación de la agenda 21, tanto a nivel país como en su dimensión local/regional. Además de la adopción de las decisiones en relación a la agenda 21 se han elaborado mecanismo(s) de Coordinación institucional . Por otra parte, también hay acciones en relación al desarrollo urbano, recientemente la Cámara de Diputados a nivel federal, autorizó un presupuesto para el Fondo Metropolitano de tres mil millones de pesos que supera en 200% el asignado durante 2006. Este presupuesto permitirá a la Ciudad de México (dos mil millones), Monterrey y Guadalajara (500 millones cada una) afrontar problemas de transporte, agua y saneamiento, contaminación, desarrollo urbano y protección civil (Frontenet Juaréz, 2007).

No obstante estos esfuerzos de la administración pública federal en relación al medio ambiente, existen problemas para pasar de un discurso bien estructurado a las acciones concretas. Las deficiencias del aparato administrativo, el problema de la descentralización, la falta de recursos, pero sobretodo, el carácter del crecimiento económico han entrabado orientaciones para disminuir el impacto económico en el medio ambiente.

La problemática de la sustentabilidad

Las páginas anteriores han mostrado los efectos del crecimiento económico en tres ámbitos vinculados con la sustentabilidad. Esta problemática no es nueva y las preocupaciones cada vez han tomado mayor fuerza, exigiendo soluciones que permitan la continuidad de los sistemas naturales y al mismo tiempo la reproducción social con mejores niveles de vida. Esta problemática de la sustentabilidad tiene mucho que ver con la manera en como se ha conceptualizado este término.

• La sustentabilidad: ecológica, económica y social

La divulgación del informe Nuestro Futuro Común (UN/WCED, 1987), suscitó mucho interés al eliminar las pocas dudas que existían acerca de si la preocupación por la naturaleza debía o no considerar al ser humano. En este informe se incorporó una visión más amplia al incluir en la conservación de la naturaleza externa (sustentabilidad ecológica), la sustentabilidad social, y también la sustentabilidad económica. A pesar de esta conceptualización, muchos autores, instituciones y prácticas de política ambiental continúan privilegiando o considerando exclusivamente a la primera. No obstante que existen múltiples definiciones sobre el desarrollo sustentable, en la mayor parte de los casos los aspectos sociales, económicos y políticos únicamente complementan a la sustentabilidad ecológica (Foladori, 2002).

En los medios académicos el concepto de sustentabilidad social es el que ha provocado más debates y cambiado su contenido en los últimos treinta años. Lélé, uno de los autores que se ha interesado en la evolución de su contenido señala la diferencia entre la sustentabilidad social y ecológica como un gran problema conceptual: “Differentiating between ecological and social sustainability could be a first step toward clarifying some of the discussion” (Lélé, 1991: 615 .

Hasta los años noventa las discusiones se centraron en dos temáticas acerca de la sustentabilidad social: la pobreza y el incremento poblacional. En este contexto, no fue fácil distinguir lo social de lo ecológico. Foladori y Tomasino (2000) , argumentaron que hasta ese periodo el concepto de sustentabilidad social era utilizado con la finalidad espuria de encubrir el interés por la sustentabilidad ecológica. Para instituciones como la ONU o el Banco Mundial, la pobreza y/o el incremento poblacional no eran considerados como un problema de insustentabilidad en sí mismos, sino en la medida en que causaran insustentabilidad ecológica.

En este sentido la problemática de la sustentabilidad en el AMM podría interpretarse únicamente como un problema ambiental, eliminando lo fundamental que en este caso tiene que ver con el tipo de crecimiento económico que le da origen. Sin embargo, la problemática es más amplia y podría asumirse que lo fundamental se centra en la sustentabilidad social y por consiguiente en las decisiones políticas que definen el carácter del sistema productivo. “The real question however is not an ecological question but a political question” (Wallerstein, 2003). Lo erróneo del enfoque ha sido entender a la sustentabilidad social como un “puente, en la medida en que el interés por la sustentabilidad social era simplemente el de alcanzar una meta ecológica, para la cual, la sustentabilidad social se constituía en un instrumento o medio” (Foladori y Tomasino, 2000) .

Lo que precede demuestra que la manera en como se ha conceptualizado el término tiene implicaciones importantes para la solución del problema. Aquí se pretende demostrar que la sustentabilidad social está en el fondo del problema, a pesar de que ésta ha sido vista como complementaria a la ecológica. El análisis de este concepto debe insistir en el origen político y social más que en los factores vinculados con la sustentabilidad ecológica.

Abordar el problema de la sustentabilidad remite necesariamente a los efectos de la acción humana en el medio ambiente. A pesar de que ha habido una ambigüedad en los discursos sobre economía y medio ambiente y que el término sustentabilidad se puede utilizar para que signifique casi lo que uno quiera (Rod Burguess…) , este término no se refiere únicamente a un control de la manera en cómo se debe producir, sino que tiene mayor amplitud, en donde el peso de lo social y lo político aparecen como prioritarios. La problemática actual de la sustentabilidad, supone tomar en cuenta la búsqueda de un crecimiento económico comprometido con el desarrollo social; la promoción de la capacidad para satisfacer las necesidades de las sociedad; una manera de producir sin hacer peligrar la capacidad de las próximas generaciones de resolver sus problemas; tener como una de sus prioridades la distribución social real de la riqueza, o lo que es lo mismo, el imperativo de erradicar la pobreza estructural (Herranz, 2004). Se ha demostrado en trabajos rigurosos la fuerte correlación entre progreso económico y calidad del medio ambiente .

Esta definición rebasa enormemente a aquellas centradas únicamente en el problema de la no reproducción de sistemas naturales. El núcleo central de la sustentabilidad está inscrito en la manera en como se plantea el desarrollo y el crecimiento económico. Muchos discursos actuales centran su atención en la importancia del crecimiento económico, asumiendo sus bondades para producir el bienestar social. Así, se continúa insistiendo en un crecimiento económico depredador en el que el poder económico ha rebasado al poder político.

Una gran preocupación actual en la mayor parte de las sociedades es el crecimiento económico . Esto no es fortuito, éste muestra el grado de avance de los países en relación a la producción de mercancías incluyendo la capacidad de empleo. Situación que de alguna manera ilustra el potencial de un Estado para proporcionar a su población los medios para su reproducción. Un elemento en la base del crecimiento económico es el Producto Interno Bruto (PIB) . Éste se considera deseable porque guarda relación con la cantidad de bienes materiales disponibles y porque se asume que representa una mejora del nivel de vida de las personas.

Esta última aseveración tiene implicaciones. El discurso de los representantes de las sociedades hegemónicas ha insistido en la importancia de este crecimiento, asumiendo que automáticamente él se reflejará en una mejoría de la calidad de vida de las poblaciones. A pesar de que el crecimiento es importante para las economías, porque refleja concordancia entre crecimiento de la población y la cantidad de bienes y servicios para satisfacer necesidades, no implica necesariamente la existencia de una correlación entre el crecimiento y el mejoramiento de vida de la población. Esto está bien explicado en un cuerpo amplio de la literatura en economía que distingue entre crecimiento económico y desarrollo .

La controversia actual en torno al crecimiento económico y el desarrollo está centrada en que el primero no ha sido capaz de garantizar el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Ciertamente hacemos referencia a dos lógicas diferentes. Una que tiene que ver con la racionalidad del capital para reproducirse y la otra con la satisfacción de las necesidades de la población. Ambas se contraponen y su naturaleza es diferente. Dos características están en el proceso, a pesar de que existen otras que no se abordarán aquí: por una parte, el crecimiento económico capitalista no ha sido capaz de crear sociedades armónicas, con menor desigualdad y disminución de la pobreza; y por la otra, el crecimiento económico ha tenido un impacto negativo en el medio ambiente y no garantiza la sustentabilidad.

Se argumenta que el crecimiento económico genera empleo y que éste a su vez tiene un impacto en la calidad de vida a través del ingreso. De esta manera se asume que una de las maneras de disminuir la pobreza está asociada con el crecimiento económico y la creación de empleo. En este sentido la teoría económica ha producido una enorme literatura en torno a esta asociación y su relación con la inversión productiva, el producto interno bruto y el crecimiento económico.

Indudablemente el impacto del empleo tiene mucha importancia para el desarrollo. Pero también tiene implicaciones en la insistencia de gobiernos para impulsar el crecimiento económico, bajo la premisa de que éste es deseable porque permite la creación de bienes y servicios y porque vía la creación de empleo se proporciona ingresos a la población y a su vez la satisfacción de necesidades. Es aquí, en esta linealidad, donde se encuentra una de las mayores contradicciones del sistema. Se insiste y cada vez con mayor fuerza en que el crecimiento económico genera bienestar y que su prioridad es indiscutible. En el caso mexicano el TLC ha generado un crecimiento económico importante, sin embargo, éste no se ha traducido en un mejoramiento sustancial de las condiciones de vida de la población.

Celso Furtado (2002: 31) al evaluar en uno de sus últimos trabajos la experiencia brasileña en la segunda mitad del siglo XX, cuando se lograron altas tasas de crecimiento económico, señalaba: “Hoy en día Brasil tiene una renta diez veces mayor que la que tenía cuando comencé a estudiar esos problemas, pero también tiene mayores desigualdades y los pobres continúan siendo igual de pobres. Cabe entonces la pregunta: ¿hubo desarrollo? No: Brasil no se desarrolló, sino que se modernizó. El desarrollo verdadero sólo se da cuando se ve beneficiada la población en su conjunto” (Furtado, 2002: 31) .

Así, bajo el supuesto de que el empleo es una prioridad, se impulsa el crecimiento económico, a través de la inversión nacional y extranjera, aun cuando éste no lo garantice per-se. Pero también, con la prioridad del crecimiento económico sin condiciones, se impone una manera de producir que no considera el medio ambiente. En tanto que la sustentabilidad, como proyecto social, es un proceso más que un conjunto de metas e implica la modificación de la apropiación de la naturaleza. Este concepto se ha puesto de moda cuando se “descubre que el crecimiento de la producción o aún de la riqueza nacional no garantiza mejores niveles de vida y una mejor calidad de vida, sino todo lo contrario, ya que el propio sistema se ha encargado de demostrar que el crecimiento económico sólo ha traído pobreza a la mayoría y riqueza a unos pocos” (Gino, s/d).

Retomando el problema de la conceptualización de la sustentabilidad, la conclusión relativa al crecimiento económico con preservación de los recursos, queda circunscrita a un problema más político, social y económico que en su vertiente técnica, que se relaciona con aspectos biológicos. A pesar de esta conclusión, algunos autores, instituciones y prácticas de política ambiental continúan privilegiando únicamente la sustentabilidad ambiental; y en estos casos, la parte política, social y económica queda relegada o como parte complementaria.

• El debate en relación a la sustentabilidad

Se han abordado ampliamente los efectos del crecimiento económico en el deterioro del medio ambiente. Los trabajos académicos realizados a partir la segunda mitad del siglo pasado generaron un gran interés en muchos países y esto dio píe para reuniones internacionales en torno al tema de la sustentabilidad .

En estas reuniones los procesos de urbanización fueron examinados y los resultados fueron incluidos en el marco general de la sustentabilidad. Tomando en cuenta las adquisiciones teóricas, que refuerzan la idea de que hay un sometimiento de lo urbano a la lógica del crecimiento económico regulado por relaciones de mercado, se puede explicar porque los acuerdos emanados de las reuniones internacionales no han tenido el éxito esperado con la adopción de la agenda 21.

El fracaso de Johannesburgo se debió a muchas razones, pero sin duda existe una causa fundamental que no se dice o no se quiere reconocer y es la primacía de los beneficios privados, especialmente los de grandes monopolios transnacionales, que están por encima de las necesidades sociales de la población mundial presente y futura. El motor del capital es la obtención de la ganancia máxima en todo momento y en todo lugar, no importa el costo social y ambiental presente y futuro . También debe considerarse que el fracaso político puede atribuirse a la “falta de consenso de los principales gobiernos representativos de las potencias mundiales y de los intereses de las grandes corporaciones multinacionales. Eso explica porqué el gobierno de los EU, hasta el momento, no firmó el Tratado de Kyoto” (Murguía, 2005).

Así, la constatación del fracaso de políticas ambientalista debido a la primacía del capital en los sistemas económicos ha llevado al cuestionamiento de si es posible la sustentabilidad en las sociedades actuales. En este sentido, cuando se piensa en este problema, dos vertientes han sido abordadas por la literatura.

En la primera, sostenida por aportaciones vinculadas con el ecologismo de izquierda, ha desembocado en argumentaciones que apoyan un cambio en las relaciones de producción; en tanto que la segunda, aboga por cambios en los sistemas productivos al interior del sistema capitalista. Así el debate se ha orientado en dos vías.

a) Cambio en las relaciones de producción

La imagen actual que proyectan muchos conglomerados urbanos -incluyendo el AMM- es de desorden, falta de planeación, crecimiento económico caótico; sin embargo, en el fondo existe un orden y una lógica determinada por el capital y la economía de mercado (Murguía, 2005). En este sentido, se asume que el caso de las metrópolis no está desvinculado de un contexto económico general que es el que le otorga todo su sentido y determina su naturaleza. Los procesos de urbanización están sometidos a la lógica del capital y muchos análisis que no toman en cuenta esta situación no logran explicarse el fracaso de reuniones internacionales en torno al tema de la sustentabilidad . En este fracaso se debe reconocer que los beneficios de las empresas y sobre todo los de grandes monopolios se anteponen al beneficio colectivo y a las necesidades sociales de la población. La máxima ganancia es lo que importa, sin considerar el costo social y ambiental presente y futuro.

Según Burguess (2003) , los analistas que sostienen esta posición argumentan que para el pensamiento neoliberal es difícil aceptar las tesis que vinculan la sustentabilidad con la reducción de los desequilibrios sociales, debido a que esto pondría un freno al crecimiento económico y como consecuencia una degradación de condiciones ambientales a causa de la pobreza. Así, en muchas políticas públicas se argumenta la necesidad ineludible de luchar contra el desempleo y la pobreza vía el crecimiento económico. Pero también en esas políticas hay la dificultad para aceptar formas de regulación del mercado, la planificación integrada y el acceso a los bienes y servicios como un derecho por parte de la población.

En este marco, Burguess (2003) sostiene que los objetivos de la sustentabilidad están en contradicción con las formas de producción capitalista: liberalización del mercado, la búsqueda de ganancias, la competencia extrema, la mercantilización de los factores de la producción, un consumismo cada vez más difundido; en fin, con el hecho de que este tipo de economía siempre estará generando nuevos desequilibrios sociales. Consecuentemente, el rápido aumento demográfico y de la urbanización, aunados a la globalización de la producción y del consumo con una elevada explotación de los recursos naturales en general, no podrá lograr el objetivo de la sustentabilidad. Esta posición no hace concesiones y es firme en el argumento de que las políticas de sustentabilidad no funcionarán si no se introducen sistemas de redistribución de los recursos.

Estos argumentos también son compartidos por O’Connor (2001) quien sostiene una tesis similar. Ante la pregunta ¿Es posible el capitalismo sustentable? La respuesta es no, y una respuesta más amplia sería probablemente no. Para este autor, el capital percibe únicamente el mundo en términos de mercado y ganancias; todo lo demás es prescindible. Indudablemente que en esta situación se encuentra una contradicción fundamental entre la racionalidad económica parcial y la irracionalidad socioeconómica global incrustada en la economía de mercado (Murguía, 2005; Gadotti, s/d; Toledo, s/d). Esta tesis, aunque con un tratamiento diferente es compartida por Wallerstein (2003) .

Así, esta vertiente de análisis mantiene la posición de que es casi imposible la sustentabilidad en el capitalismo, éste “es inherentemente insustentable porque promueve la concentración de la riqueza, promueve la extracción y la explotación de los bienes naturales como si no tuvieran valor intrínseco sino solamente el valor que le da la transformación y por lo tanto crea pobreza y crea degradación ambiental” (Gutiérrez, 2006). Asimismo hay economistas que afirman que el crecimiento no puede ser ilimitado; entonces, para ser viable el capitalismo debe convertirse en un proyecto de crecimiento cero (Daly, 1989) , situación que se aparta de la lógica de este sistema.

Wallerstein (2003), planteó en un trabajo reciente:

“There is in the first place the question of whether this is still ecologically possible. I suppose it probably is, although J. R. McNeill does throw some doubt on this when he cites Machiavelli, to open his chapter entitled <<Epilogue: So What?>> (2000, ch. 12, 357), in which Machiavelli talks about ailments that in the beginning are "easy to cure and difficult to understand" and which later are "easy to understand and difficult to cure."

A pesar de la coherencia de estos análisis en donde se reconoce una dinámica capitalista centrada en la rentabilidad y su contradicción con la sustentabilidad, no hay propuestas concretas en relación a como solucionar el problema, salvo la afirmación de que se deben cambiar las relaciones de producción, o bien que el futuro es incierto y que estamos en un momento de transición (Wallerstein, 2003). Veamos ahora otras posiciones teóricas.

b) El cambio al interior del sistema capitalista

Paralelamente al ecologismo de izquierda se han desarrollado otros enfoques en relación a la sustentabilidad. Una corriente muy difundida es la del capitalismo ecológico: “Para las vertientes más blandas de la economía ecológica, y para los economistas ambientales, bastaría corregir los procesos productivos para obtener un desarrollo capitalista sustentable. Básicamente, se trataría de sustituir crecientemente los recursos naturales no renovables por los renovables, y también de disminuir tendencialmente la contaminación” (Pearce y Turner, 1995) .

Aunque no se menciona la intervención del Estado se asume su importancia en estos enfoques. En ellos se acepta que la economía de mercado, aunque con distintos matices, genera riqueza y a la vez produce asimetrías sociales. Debido a esta situación la regulación pública, extra-mercado no puede renunciar a su responsabilidad en áreas tales como el medio ambiente y el patrimonio biogenético y traspasarlas al mercado. De esta manera no se contradice “la tendencia a la expansión del liberalismo económico, que también obedece a una evolución histórica más que a un capricho ideológico, pero supone adaptar la economía de mercado a las condiciones y posibilidades reales del mundo en desarrollo” (Guimarães, 1998).

Otra vía que reconoce la importancia del Estado se ubica en relación a la planeación. Se afirma que hay una contradicción entre la necesidad de la planeación sustentable y la ausencia del intervencionismo estatal. Esto conduce a que sea el mercado el que determina el proceso de desarrollo urbano, derivando en dificultades para la planeación territorial de los usos del suelo urbano, del manejo de los desechos líquidos, gaseosos y materiales y de la vigilancia y control de los recursos energéticos. Aunque no se menciona directamente el reconocimiento del Estado como actor importante, se asume es él quién debe redireccionar al capital. “El verdadero sujeto social de la planificación urbana es el propio capital y no el Estado ni la sociedad: el capital en general -y sus diversas formas autónomas (industrial, comercial, bancario-financiero, inmobiliario)- quien diseña y configura los espacios urbano-metropolitanos y su entorno regional” (Murguía, 2005).

Asimismo se ha argumentado en diversos círculos, pero sobretodo en los enfoques de la Nueva Geografía Económica (NGE), el requerimiento de “un nuevo paradigma de desarrollo”, en donde el ser humano sea el centro y el crecimiento económico sea un medio y no el fin. En este proceso que debe proteger las oportunidades de vida de las generaciones actuales y futuras y la integridad de los sistemas naturales, es necesario incorporar explícitamente las dimensiones territoriales de la sustentabilidad, puesto que “desarrollo regional” y “desarrollo sustentable” constituyen dos caras de una misma medalla. Así, se afirma que entre los desafíos actuales de la política pública está la de territorializar la sustentabilidad ambiental y social del desarrollo -el “pensar globalmente pero actuar localmente” (Guimarães, 1998).

Una corriente con muchos adeptos es la que busca a través del cambio tecnológico modificar el impacto a los sistemas ambientales. En esta corriente también el Estado juega un papel importante para favorecer el desarrollo de la investigación y su aplicación en la empresa privada. De esta manera, se asegura que la estrategia básica para el logro de la sustentabilidad, consiste en: el desarrollo tecnológico, el fortalecimiento de una organización social responsable, democrática, con una sociedad civil activa y comprometida, y el impulso de una cultura de la gestión ambiental. Para estos autores, la opción que parece más inmediata es la del desarrollo tecnológico, aunque deberá eliminarse la idea de la linealidad del desarrollo en la cual el progreso científico se traduce en progreso tecnológico y éste a su vez se reflejará en un progreso económico que llevará al progreso social. Otra idea implícita en esta argumentación, es que “el sistema científico-tecnológico forma parte de una red problemática en donde lo económico y lo social no son resultados, sino nodos de un mismo problema, que ha de entenderse como una red en la que todos los factores son igualmente relevantes e interactivos” (Herranz, 2004). Otra posición en boga, es la que busca otorgar precio a los elementos de la naturaleza que no son mercancía; a este respecto Middleton y O’Keefe (2001) “explican que esto no es posible”.

A pesar de lo opuesto que puedan parecer estos dos enfoques acerca de la solución al problema de la sustentabilidad, hay un elemento que es común en ellos. Éste se relaciona con un cambio en la mentalidad social, una nueva manera de ver el mundo, de asumir una responsabilidad y los costos de la transformación. No obstante la fácil identificación de este elemento común, su puesta en marcha es muy compleja y además tendría que traducirse en la participación social que solo puede proporcionar una democracia real.

La participación social ha sido un tema interesante en los abordajes sobre la sustentabilidad social. Desde los años ochenta del pasado siglo, este concepto fue planteado como un ingrediente necesario de los programas de desarrollo y de sustentabilidad. Así el concepto evolucionó desde una participación simplemente informativa hasta lo que hoy en día se conoce como empoderamiento, sin duda esto fue un avance significativo. No obstante la capacidad de esta forma de organización y participación de la gente y de que el empoderamiento implica una alteración de las relaciones de propiedad y apropiación, no conduce directa, ni necesariamente a cambios radicales. En las palabras de Middleton y O’Keefe (2001) “Los derechos democráticos no conducen a la justicia social, mientras no sea alteradas las relaciones de propiedad”. Tampoco el empoderamiento significa participar en las decisiones de las empresas capitalistas que son el centro del sistema, sin cuestionar las relaciones de propiedad y apropiación capitalista que generan pobreza, diferenciación social e injusticia (Foladori, 2002).

En todo caso, la necesidad de una nueva manera de pensar, una mayor conciencia social y la participación, parecen ser requerimientos necesarios par emprender un crecimiento económico condicionado para construir la sustentabilidad. La obtención de estos requerimientos es compleja y depende de enfoques integrales para que sean eficaces. A través de ellos se espera una presión social para trasformar al aparato político y generar un proceso de desarrollo.

En este camino no es posible esperar que los procesos económicos se realicen como hoy en día, la forma de operar del capital debe ser otra, de tal manera “que el capital cambie de rostro que se vuelva irreconocible para los banqueros, los administradores financieros, los capitalistas especuladores y los directores de las empresas. Esto significa que, la sustentabilidad es una cuestión ideológica y política, no ecológica y económica” (Rod Burguess, 2003) . Además, se debe considerar que en las condiciones de globalización presentes, cualquier escenario de desarrollo sustentable mínimamente viable es supranacional, lo que exige superar los parámetros de toma de decisiones políticas de los últimos siglos, anclados en las relaciones entre Estados nacionales. Cualquier desastre medioambiental tiene consecuencias globales (Hernanz, 2004).

Un concepto pertinente en los análisis de la sustentabilidad es el de desarrollo, éste actualmente es evadido en muchos círculos, a pesar de que tuvo una importancia analítica durante muchos decenios. Hoy día el concepto está fragmentado en diversas acepciones y en muchos casos se sigue recurriendo a él para referirse al crecimiento económico. No obstante esta situación, el concepto de desarrollo es amplio y su característica es la de ser integral. Esto es pertinente en el caso de los abordajes sobre la sustentabilidad. La conservación del medio ambiente tiene que ver con numerosas variables que están entrelazadas de una manera compleja y es preciso en este punto, en la manera en como están organizadas las sociedades y de su especificidad que tiene que abordarse el problema del desarrollo. Así, es a partir de la multidimensionalidad y especificidad de las sociedades, que deben buscarse las condiciones necesarias para garantizar la realización del potencial humano.

En este marco es oportuno, cuando se aborda el problema de la sustentabilidad, regresar a los principios señalados por la ONU durante los años noventa para el logro del desarrollo: la economía como motor del crecimiento; la paz como fundamento del desarrollo; la justicia como pilar de la sociedad; el ambiente como base para la sustentabilidad; y la democracia como base para la gobernabilidad (Becerra y Pino, 2005).

Conclusiones

Partiendo de una descripción del crecimiento económico en el AMM se han presentado sus impactos vinculados con el crecimiento demográfico, la pobreza y el deterioramiento del medio ambiente. Muchos esfuerzos teóricos se han realizado para comprender la problemática urbana vinculada con la sustentabilidad. Entre ellos hay análisis que destacan la insuficiencia de la definición del concepto sustentabilidad cuando éste es reducido únicamente al aspecto de la ecología sin considerar que el problema más importante es político y social. Esto ha explicado el fracaso de muchas reuniones internacionales sobre el tema, cuando no se ha considerado la contradicción en el sistema capitalista donde se contrapone el interés económico y el interés por la sustentabilidad. Es entonces en el terreno político y social donde muchos esfuerzos deben canalizarse.

En este sentido una gran parte del análisis académico se ha concentrado en dos vertientes principales: por una parte, aquellos que consideran que la solución al problema de la sustentabilidad radica en el cambio de las relaciones de producción, sin especificar claramente que se entiende por esto; y por otra parte, los análisis que estiman la pertinencia de realizar cambios al interior del sistema capitalista en donde el Estado jugaría un papel importante. En los dos casos se requiere un cambio de mentalidad para abordar el problema de la sustentabilidad y nuevas formas de participación de la población para realizarla. En este trabajo no se aboga por una u otra de las soluciones, la intención ha sido presentar el estado del debate, dejando la puerta abierta a discusiones que permitan elaborar una orientación precisa que rebasaría indudablemente el análisis de un caso aislado como el AMM. Probablemente lo que ha faltado es un abordaje integral del problema que nos regrese al viejo concepto de desarrollo que hoy ha sido relegado o asumido únicamente en su acepción económica.

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