LA ECONOMÍA DEL FIN DEL MUNDO
CONFIGURACIÓN, EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE TIERRA DEL FUEGO


Miguel A. Mastroscello

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3.6. EL TAMAÑO DEL SECTOR PÚBLICO

La literatura técnica recomienda varios mecanismos para medir el tamaño del sector público, siendo el más sencillo el que se basa en la proporción con que la actividad del gobierno participa en la conformación del PBI. En el caso argentino el indicador así definido, al que llamaremos coeficiente del valor agregado, evidencia que la dimensión estatal es significativa, puesto que su valor representa la mitad de un sector terciario que, a su vez, conforma una tercera parte del PBI. Otro indicador, acaso un poco más refinado que el anterior dada la base estadística disponible para construir uno y otro, es el que relaciona al personal ocupado en el sector público con el de la economía en su conjunto, al que por ello se designará como coeficiente del factor trabajo. Al respecto, conviene hacer una digresión.

El significativo tamaño del Estado en la Argentina está en buena medida asociado a un elevado número de empleados públicos, lo que se verifica desde sus orígenes o poco menos, y reconoce causas que se suelen identificar —de modo un tanto eufemístico— como de índole política. En realidad, el problema deriva de unos procedimientos para la contratación de agentes públicos que han estado divorciados de los mínimos criterios de racionalidad administrativa, llevados a cabo no obstante la existencia de disposiciones legales que establecen requisitos (incluyendo, por supuesto, el de la idoneidad) para el ingreso a la planta de personal del Estado; esa normativa, como tantas otras, parece haber seguido la tradición instaurada en el Siglo XVI por el conquistador español Hernán Cortés cuando expresó respecto de la Real Cédula que prohibía la institución de la encomienda en América: “se acata pero no se cumple”.

La verdadera génesis de esta anomalía ha sido la utilización del empleo público como mecanismo de concesión de favores políticos, a consecuencia del cual las sucesivas camadas de empleados ingresantes con cada elenco gubernativo fueron depositándose —a la manera de “capas geológicas”— sobre la estructura estatal. Quizá por estos mismos motivos, es bastante difícil encontrar en el Estado argentino, a cualquier nivel, casos de aplicación orgánica, transparente y controlada de mecanismos de evaluación —con asignación de premios y castigos— del desempeño de los trabajadores del sector.

Además de ello, en muchas provincias pertenecientes a las regiones menos integradas al esquema productivo del país, el empleo estatal ha operado como un mecanismo encubierto de subsidio a la desocupación, siendo utilizado como un paliativo para resolver ríspidos conflictos sociales. En los últimos años, a ambas características se ha adicionado el nocivo efecto del clientelismo aludido más arriba, completando un circuito que en muchos casos fomenta y hasta realimenta la hipertrofia e ineficiencia estatales.

Este panorama se basa en una generalización que, como cualquier otra, puede estar viciada de cierta dosis de arbitrariedad. Sin embargo, consideramos que la existencia de escasas como honrosas excepciones –durante ciertos períodos y/o en algunos niveles y/o jurisdicciones— no resta validez al cuadro general descripto.

Volviendo al coeficiente del factor trabajo antes enunciado, se trata de la proporción que representa el componente estatal en la utilización del capital humano por parte de la economía en su conjunto. En otros términos, es la relación o razón entre el número de empleados en el sector público sobre el personal ocupado por toda la economía. Nótese que el denominador, de acuerdo con la definición del factor trabajo consignada en la Introducción a la Primera Parte de esta obra, excluye a los patrones y cuentapropistas.

En el cuadro inserto a continuación se presenta una comparación entre los valores de este indicador, calculados para el total del país, por regiones y por provincias, para los años 1991 y 2001:

Una primera reflexión que surge al cotejar estas cifras se refiere al ámbito nacional, y es que contrariamente a lo que podría esperarse, teniendo en cuenta el programa de privatizaciones que se ejecutó en el período intercensal referido, el tamaño del sector para el total del país —medido de esta forma— no sólo no disminuyó, sino que creció casi 3%. Incluso en las regiones mejor dotadas de recursos, tanto humanos como materiales, y por lo tanto más integradas al conjunto de la economía nacional, el indicador tuvo similar comportamiento, creciendo al mismo ritmo que el nacional en el caso de Cuyo y cerca de 7% en la rica región pampeana. Una primera conclusión, que habría que corroborar con información adicional, es que la reducción del aparato estatal de los años noventa se concentró en la esfera del Estado nacional y no tuvo un correlato en las jurisdicciones provinciales, ni siquiera en las más importantes. Cabe señalar que el cuadro precedente ha sido elaborado con datos censales en los que los trabajadores ocupados en el sector público, no aparecen discriminados por niveles (Nación-provincias-municipios) sino en forma agregada.

Una explicación plausible de las causas de este fenómeno se centra en la transferencia de distintos servicios de la Nación a las provincias, así como en la especialización de la administración nacional en el diseño y financiamiento de los diferentes programas, cediendo la ejecución a los niveles provinciales. Hay que señalar, no obstante, que según un estudio que considera un período más amplio, 1975-2005, el empleo público total medido como porcentaje de la población económicamente activa, registró en el país una sensible disminución, como consecuencia de los sucesivos ajustes estructurales y las privatizaciones determinados por las recurrentes crisis fiscales.

Continuando nuestro análisis, se observa que en la Patagonia el indicador, para los dos años considerados, se ubicó bastante por encima del nacional, habiendo pasado a ser en 2001 la zona en la que el sector gubernamental alcanzó un mayor tamaño relativo, superando en este rubro a las dos empobrecidas regiones del norte. Asimismo, se comprueba que en Tierra del Fuego el índice alcanzó una dimensión significativa, siendo sólo inferior a los de Neuquén y Santa Cruz. Esta última constituía, junto a Catamarca, Formosa y La Rioja, el conjunto de las cuatro provincias en las que el empleo público superaba al privado.


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