LA ECONOMÍA DEL FIN DEL MUNDO
CONFIGURACIÓN, EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE TIERRA DEL FUEGO

CAPITULO 9 – FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS

9.1. CONTEXTO NACIONAL: LAS DIFICULTADES DEL DISTRIBUCIONISMO

Como hemos visto, en varios momentos de la historia fueguina su desempeño económico no sólo no estuvo atado al del resto del país sino que llegó a transitar por andariveles bastante diferentes. Sin embargo, los profundos cambios estructurales experimentados en tiempos recientes por Tierra del Fuego, así como el desarrollo alcanzado por las nuevas tecnologías en comunicaciones y los avances en materia de transportes, han vertebrado una fuerte interdependencia con la marcha de tales asuntos en el orden nacional, lo que justifica enfocar este contexto como paso previo para evaluar las perspectivas locales.

Promediando la primera década del siglo XXI, el país continuó mostrando los signos de vigoroso crecimiento que ya se insinuaban con claridad en 2003, motorizado por el buen desempeño de las exportaciones de “commodities” y por la sustitución de algunas importaciones industriales. En dicho marco, el ministro Roberto Lavagna —quien había levantado a fines de 2002, siendo aún presidente Duhalde, las restricciones al retiro de fondos del sistema bancario— consiguió al año siguiente una reprogramación de los compromisos del fisco con los organismos financieros internacionales, como el FMI y el Banco Mundial. Ya durante la presidencia de Kirchner, en enero de 2005, Lavagna presentó la propuesta de reestructuración de la deuda pública con acreedores privados, que con una durísima quita sobre el capital, del orden de 75%, pretendía cerrar después de tres años lo que se considera el “default” más prolongado de la historia.

Por supuesto que, dado que ninguna medida de política económica es neutra, en el camino quedaron los perjudicados por esta decisión: prima facie los tenedores de los títulos públicos que entraron en el plan de canje, pero también los que no lo hicieron y para los cuales, en principio, no se elaboraron propuestas alternativas . Una parte menor de los bonistas que aceptaron el canje eran ahorristas individuales residentes tanto en el país como en el exterior, en tanto que la proporción más alta la conformaban las sociedades administradoras de fondos de jubilaciones, que habían sido obligadas a incorporar los títulos a sus carteras de inversiones hacia el final de la segunda gestión de Cavallo; va de suyo que la detracción del canje, entonces, implicó una proyección negativa para los haberes de los futuros jubilados de esas administradoras.

La notable y firme expansión del nivel de actividad, con las exportaciones agropecuarias y la industria sustitutiva impulsando la economía, posibilitó al gobierno sostener el superávit primario (antes del pago de intereses) de las cuentas públicas, con el respaldo adicional del superávit en la balanza comercial. Estos “superávits gemelos” son elementos positivos, en tanto representan un crecimiento del ahorro (vía cuentas públicas y sector externo) y como tales se fueron convirtiendo en los íconos de la política económica, aunque otros indicadores empezaron a enviar señales de alerta, si bien todavía leves.

Por un lado, desde el reemplazo de Prat-Gay por Martín Redrado en la presidencia del Banco Central y hasta el momento de escribirse estas líneas, la política monetaria se ha concentrado no tanto en su misión primaria y fundamental, que según su Carta Magna es preservar el valor de la moneda, sino más bien en mantener estable el alto nivel del tipo de cambio nominal, que la entrada de divisas por exportaciones presionaba a la baja, comprando los dólares ingresados por los exportadores al liquidar sus ventas. Puesto que ello tiene como contrapartida la inyección de pesos a la plaza, y este aumento en la oferta monetaria puede a su vez tener un efecto inflacionario, el BCRA procura esterilizarlo mediante la colocación de nueva deuda de corto plazo denominada en dólares. Así, ofreciendo semanalmente títulos conocidos por las siglas Lebac y Nobac (Letras y Notas del Banco Central) a plazos cortos y con altas tasas de interés en esa divisa, la autoridad monetaria ha tratado de absorber el exceso de moneda provocado por sus compras de dólares. El límite para el mantenimiento de esta política estará dado por la diferencia entre los rendimientos de los activos del Banco Central (reservas internacionales, redescuentos a bancos comerciales y adelantos al gobierno) y sus pasivos (circulante, encajes de los bancos y deuda en Lebac y Nobac), que en caso de resultar negativa generaría el llamado déficit cuasifiscal.

En el plano fiscal, entre tanto, el gobierno profundizó la utilización de los subsidios a distintas actividades (como, por ejemplo, el dirigido al transporte público de pasajeros en la ciudad de Buenos Aires, entre muchos otros servicios) y la intervención en algunos mercados, como el de la energía, para estimular en forma indirecta el gasto de las familias y, con ello, la demanda agregada. Esta política de subsidios pretendía, asimismo, suplir los desestímulos a la inversión derivados del congelamiento de las tarifas de los servicios públicos, establecido por el propio gobierno. En este caso, la alarma fue activada por el fuerte crecimiento del gasto estatal determinado por esa conducta fiscal, a un ritmo superior al del incremento de los ingresos, lo que además hacía presagiar una mayor presión tributaria futura sobre las empresas para mantener el superávit. Un detalle que merece comentarse es que la instrumentación de la política tarifaria y de los subsidios a diversas actividades productivas y de servicios, pese a su indudable influencia sobre la macroeconomía, no está a cargo de la cartera económica sino de la de planificación federal.

Lavagna dejó el ministerio a fines de 2005, siendo sucedido por Felisa Miceli, quien a su vez fue reemplazada a mediados de 2007 por Miguel Peirano. Con estos funcionarios se acentuó el lineamiento general expansivo de la política económica, acompañado por un sensible aumento del gasto público, mientras el comportamiento de los precios comenzaba a adquirir características preocupantes. El gobierno reaccionó reforzando las regulaciones de los mercados de bienes de consumo, mediante intervenciones de la Secretaría de Comercio Interior que buscaban alcanzar acuerdos sobre precios con las empresas (que en muchos casos se parecieron demasiado a controles lisos y llanos), las cuales ¬—pese a la intensidad de la presión oficial— no lograrían los resultados perseguidos .

La insistencia oficial en este temperamento es llamativa, dado que la inutilidad de los controles de precios como instrumentos antiinflacionarios está confirmada por numerosas experiencias a través del tiempo, y a lo largo y ancho del planeta. El ejemplo quizá más conocido y bien documentado de la antigüedad es el del emperador romano Diocleciano, quien fracasó en el propósito de domesticar la inflación mediante controles de precios pese a que su “edictum de pretiis maximis rerum venalium”, emitido en el 301 de la era cristiana, advertía a los habitantes del Imperio que “…si alguno tiene la osadía de actuar contra lo dispuesto en esta norma, será condenado a la pena capital”. Hubo numerosas iniciativas comparables en objetivos y resultados a ésta, tanto previas —entre ellas, las disposiciones insertas en el Código de Hammurabi de hace 3.700 años y las normas impuestas en la China de la época de Confucio y la Grecia socrática— como posteriores, desde la fracasada acción durante la segunda guerra mundial de la “Oficina de Administración de Precios” estadounidense (en la que trabajaba el luego renombrado John K. Galbraith) hasta los frustrantes ensayos ejecutados en la Argentina durante los dos primeros gobiernos peronistas y el de Alfonsín. De lo que no parece haber registros, ni antes ni después, es de casos exitosos.

En diciembre de 2007 asumió la presidencia Cristina Fernández de Kirchner, quien triunfó en las elecciones con el respaldo de su antecesor y esposo. La nueva titular del Ejecutivo designó como ministro de economía a Martín Lousteau, un cambio que no hacía presagiar modificaciones importantes en los lineamientos de la política macroeconómica.

En efecto ello no varió, pero tampoco lo hizo la tendencia inflacionaria, que aunque negada desde el oficialismo, terminó por instalarse como un problema que amenazaba con agravarse. El quid de la cuestión radicaba en una demanda agregada creciendo más rápidamente que la oferta de bienes y servicios, lo cual desembocaba en un aumento de la cantidad de dinero que la política de esterilización del Banco Central no alcanzaba a neutralizar por completo y que derivaba en aumento de los precios. Este asunto, que se tornaba sensible en un país con graves antecedentes en la materia, amenazaba con derivar en una peligrosa puja distributiva que a su vez podía desembocar en una espiral de aumentos de precios y salarios.

Hay que decir que la situación no resultaba inédita ni se carecía de estudios al respecto. Por ejemplo, hacía bastante tiempo que el economista argentino Ricardo Ferrucci, refiriéndose a las políticas predominantes en el país en los períodos 1946-1955 y 1973-1976, que él llamó Modelo Nacional Distribucionista Versión Fuerte (MNDVF) y que tuvieron muchos puntos en común con el paradigma en vigencia desde 2002, había señalado que su adopción requiere el empleo de ciertos instrumentos (controles de precios, financieros y de cambios) que a su vez exigen incrementos en el gasto estatal y, por lo tanto, en la presión tributaria, todo lo cual puede provocar diversos problemas: por un lado tensiones inflacionarias, y por el otro desaliento a las exportaciones y a la inversión externa, necesaria para incrementar la oferta agregada.

Más cercana en el tiempo, una investigación privada basada en el relevamiento sistemático de datos en pequeñas y medianas industrias de distintos ámbitos del país, reseñaba las cuestiones identificadas como los principales problemas a corto y mediano plazo por ese segmento del empresariado nacional, coprotagonista del resurgimiento post crisis de 2001 con la fase tardía de la ISI a que aludimos en el Capítulo 8. Entre ellos, el aumento en los costos de producción y su consecuente impacto negativo sobre la rentabilidad, y las dificultades en el abastecimiento de energía se destacaban por su probable incidencia negativa en materia de evolución de los precios y de la inversión.

La coyuntura del primer semestre de 2008 presentaba, es cierto, importantes diferencias con las de los períodos a que se refería Ferrucci, en particular por el alto nivel de reservas, la continuidad de un contexto internacional favorable y el superávit fiscal, y debido a ello no podía augurarse en el corto plazo un desenlace tan problemático como los que se produjeron en 1952 y 1975. Sin embargo, el cuadro general presentaba aristas críticas no desdeñables, como la tasa de inflación, el crecimiento del gasto público y una tendencia al aislamiento del resto del mundo, que ya habían tenido repercusiones negativas. A ello se agregaban las turbulencias políticas ante la aplicación de medidas que incrementarían la presión tributaria al sector exportador¬, para plantear importantes incógnitas cuya resolución exigiría una “sintonía fina” por parte de los diseñadores de la política económica nacional, tanto en los aspectos fiscales como en los monetarios.