LA ECONOMÍA DEL FIN DEL MUNDO
CONFIGURACIÓN, EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE TIERRA DEL FUEGO


Miguel A. Mastroscello

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7.5. EXPLOSIÓN DEMOGRÁFICA Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

El 11 de diciembre de 1983 Alfonsín designó como gobernador a Ramón Trejo Noel, despachante de aduana y empresario radicado desde muchos años antes en Río Grande, que era también un antiguo militante radical. Trejo Noel responsabilizó de la cartera económica a Fernando D. García, lo que fue interpretado como una señal de continuidad de los lineamientos de la política en esa área, ya que el nuevo ministro había sido el organizador y primer presidente del Banco oficial creado en la administración anterior. Pero la gestión quedó trunca a poco de comenzar, cuando Trejo Noel y García fallecieron en Ushuaia el 15 de mayo de 1984, en un trágico accidente aéreo que en total costó las vidas de doce personas, entre ellas las de otros miembros del gabinete.

Tras un interinato de dos meses ejercido por Jorge Vera, el 15 de julio fue nombrado al frente de la administración local Adolfo Sciurano, quien como hemos señalado antes, había sido uno de los comerciantes llegados a la isla a fines de los cincuenta; Sciurano nombró como ministro de economía a su antiguo socio y amigo Edgardo Iribarne. Éste, que por su actuación como empresario conocía a fondo los mecanismos del régimen promocional, se propuso apoyar el proceso de radicaciones con algunas inversiones en infraestructura, procurando al mismo tiempo mantener el equilibrio del presupuesto. El gobierno debió desenvolverse en un contexto novedoso, ya que simultáneamente con la asunción de Trejo Noel había comenzado a funcionar la Legislatura, lo que obligaría a los dirigentes a hacer sus primeras experiencias en el juego de las instituciones democráticas. De hecho, mientras que la Unión Cívica Radical ejercía el Poder Ejecutivo, en el Legislativo detentaba sólo seis escaños, por lo que contaba con una de las dos primeras minorías; de las nueve bancas restantes, seis pertenecían al Partido Justicialista y tres a la alianza de partidos vecinales que más adelante daría origen al Movimiento Popular Fueguino .

Por entonces ya se evidenciaban en la isla las consecuencias de la interacción entre el régimen promocional y las condiciones de la economía nacional comentadas anteriormente, con el aumento sostenido de la población, el crecimiento de la actividad secundaria y, también, con inversiones —aunque obviamente de menor cuantía que las fabriles— en los sectores del comercio y de los servicios. En forma paulatina, la creciente población local iba disponiendo de una oferta más diversificada de bienes, lo cual debe ser visto como una sensible mejora pese al fenómeno inflacionario que todavía dominaba la escena económica.

Las cosas en cambio se presentaban más complicadas en materia de vivienda, donde ya se empezaba a verificar un hondo desequilibrio entre la oferta de unidades y la demanda creciente, generando una situación que adquiriría ribetes críticos y que con diversos matices, iba a perdurar en el tiempo. En efecto, el flujo migratorio de características aluvionales propio de esa época no solamente superó la disponibilidad existente, sino que patentizó la ineficacia del aparato estatal para definir y aplicar una planificación urbana eficaz. Debe reconocerse, no obstante, que en materia de financiamiento la carga se concentró de modo casi exclusivo en las espaldas del fisco, ya que las dificultades macroeconómicas habían provocado una restricción muy fuerte en el crédito bancario, y en especial en los productos financieros con tasas y plazos de devolución requeridos para la construcción de viviendas. No constituyen datos menores, en este sentido, que la tasa de inversión para la economía nacional entre 1984 y 1988 haya registrado un desempeño negativo (-2.17%) y que el valor de la inversión bruta del mismo período haya sido inferior al de la amortización del capital, lo que implica que el país en su conjunto atravesaba una etapa de descapitalización .

La situación regional estaba definida, por un lado, por las radicaciones empresariales y la consecuente creación de puestos de trabajo que representaban un estímulo para la migración, y por el otro, por las insuficiencias en materia de planificación e infraestructura, que constituían un obstáculo. En tal contexto surgió el fenómeno de las viviendas móviles, término que parecerá insólito a cualquier observador desprevenido, acostumbrado a asignar a las mismas el carácter de inmuebles. Sucedió que muchas personas arribadas a la isla en esa época, no encontraron mejor manera para resolver sus necesidades habitacionales que construir casillas montadas sobre postes de madera (“trineos”, en la jerga local), e instalarlas en forma precaria e ilegal sobre lotes fiscales desocupados; cuando por cualquier motivo debían abandonar ese emplazamiento, simplemente las arrastraban sobre los trineos con la ayuda de un camión o una máquina vial, hasta su nueva ubicación.

Pese a que este problema de ocupación del espacio público, a todas luces irregular, se fue corrigiendo con el tiempo —aunque sólo en forma parcial e insuficiente— merced a los programas oficiales de edificación y, en menor medida, a inversiones privadas, muchas veces la supuesta solución terminó convalidando hechos consumados. Así, hubo numerosos casos de intrusos que asentaron en forma definitiva sus unidades y regularizaron sus situaciones dominiales en predios finalmente adjudicados en venta por el fisco, como consecuencia de la presión ejercida sobre los organismos estatales involucrados. Por cierto, el impacto negativo de este fenómeno sobre las condiciones generales de uso del suelo urbano ha sido muy fuerte, y será difícil de revertir, aunque quizá más grave sea la impronta “transgresora” estampada en la sociedad fueguina por este tipo de conductas, tanto por parte del gobierno como de los particulares. Quedará quizá para un enfoque histórico y/o sociológico —lo cual obviamente excede las pretensiones de esta obra— la posibilidad de indagar acerca de un eventual paralelo entre la casilla móvil fueguina de los años ochentas en el Siglo XX y el conventillo porteño de principios de la misma centuria.

Entre tanto, el Plan Austral de Sourrouille había tenido un efecto inicial positivo, rompiendo la inercia inflacionaria (el indicador de 1986 llegó “solamente” a 90.1% acumulado) y atemperando la agobiadora puja distributiva que caracterizó a la economía argentina por décadas. Sin embargo, diez meses más tarde sus ejecutores se encontraron ante el dilema inevitable de todo programa de control de precios: cómo enfrentar “el día después”. En efecto, la experiencia práctica —antes que la teoría— demuestra que estos mecanismos terminan generando, además de desabastecimiento y mercados negros, una expectativa relacionada con el comportamiento de los precios al levantarse la medida del “congelamiento”. Ante ello, y temiendo una explosión hiperinflacionaria post-controles, se decidió una flexibilización de esas medidas, mientras aparecían las presiones para recuperar salarios atrasados y se verificaba —contra la opinión del ministro— una política monetaria por parte del Banco Central más relajada, tratando de alentar el crédito. Los densos nubarrones que parecían haberse despejado con la instrumentación del programa, retornaban antes de lo esperado.

En Tierra del Fuego, en tanto, los problemas se centraban en la cuestión política. La administración de Sciurano no sólo debió lidiar con un Poder Legislativo en que la bancada oficialista era minoritaria y con el hecho de que los municipios de Ushuaia y Río Grande eran gobernados por intendentes justicialistas, sino también con los problemas de su propio partido en el ámbito nacional. Esta última cuestión llegaría a tener una relevancia tal que determinó, de un modo bastante insólito, que Sciurano no pudiera completar el período de su mandato, que al menos en teoría debía coincidir con el del presidente de la Nación. En efecto, en mayo de 1986 y luego de una reestructuración de su gabinete, el Dr. Alfonsín ofreció hacerse cargo del Ejecutivo fueguino al abogado Alfredo A. Ferro, según algunos testimonios, en compensación por haberlo relevado de la Secretaría de Vivienda. La decisión fue tan repentina como sorpresiva, en especial para el gobernador saliente, que en ese mismo momento acababa de recomponer su elenco ministerial buscando darle nuevo impulso a su gestión. Ferro, quien según parece tiempo atrás habría rechazado un ofrecimiento similar, esa segunda vez aceptó y de tal manera la isla pasó a tener un gobernador que desconocía por completo la problemática local.

Esta circunstancia configuraba sin duda una debilidad política, que se sumaba a la desfavorable composición legislativa, pero el nuevo gobernador no consideró necesario tratar de superarla conformando un gabinete con miembros de la comunidad local. Por el contrario, designó en los cargos más importantes a gente de su confianza reclutada en Buenos Aires, como el ministro de economía Ignacio Noel, que había sido colaborador suyo cuando integraba el gabinete nacional. Ante la evidencia del proceso de crecimiento demográfico en que la isla se encontraba, la apuesta de Ferro consistió en gestionar recursos del Fondo Nacional de la Vivienda, cuya mecánica conocía muy bien por su anterior función, para inyectarlos en el presupuesto local y llevar adelante una agresiva política de inversiones en infraestructura habitacional. En forma complementaria, diseñó un gravamen de afectación específica, destinado a conformar el denominado “Fondo de Inversiones para la Nueva Provincia” que financiaría obras públicas volcadas, especialmente, a las áreas de salud y educación. La legislatura aprobó la ley respectiva en diciembre de 1986 y el gobierno preparó lo que de manera un tanto pomposa Ferro denominó “el presupuesto más importante de la historia”, todo lo cual parecía presagiar una época de auge.

Sin embargo, muy pronto la gestión perdería el impulso inicial, en parte por cierto aislamiento político al que lo llevó su escasa vinculación con el medio local, y también por las convulsiones políticas y económicas en el ámbito nacional. En 1987 la inflación había vuelto al escenario, impulsada por las dificultades financieras del gobierno central que se acentuaron con la caída en los precios internacionales de los productos primarios, lo que impactó negativamente sobre la recaudación de impuestos al comercio exterior. Reapareció el efecto Olivera-Tanzi, y el déficit creciente fue nuevamente financiado con emisión monetaria, lo cual empujó los precios al alza; en semejante contexto, el gobierno nacional perdió las elecciones legislativas de ese año.

En Tierra del Fuego, Ferro intentó maniobrar trasladando a Noel a la cartera de gobierno y nombrando en economía a Claudio Ricciuti, contador público también proveniente de Buenos Aires, pero no logró remontar la situación política mientras que, paralelamente, empezó a tener dificultades de gestión por las demoras en el envío de fondos por parte de la Nación. Muy desgastado, renunció en diciembre de 1987, poco después de cumplir un año y medio en la función.

A pesar de tantos aspectos negativos, que configuraban un contexto adverso, la economía regional por aquellos años creció con inusitado vigor, demostrando en la práctica la eficacia del régimen promocional. Así, entre 1980 y 1987 el producto bruto geográfico aumentó en términos reales 274.6%, lo cual, no obstante el bajo valor del primer año de la serie, constituye un guarismo a todas luces excepcional.

El comportamiento del indicador muestra, además, que el motor de este fenomenal crecimiento fue, indirectamente, el mencionado sistema de incentivos, lo cual se infiere al comprobar una característica que habrá de repetirse hasta la finalización del Siglo XX: la elevada elasticidad-producto de la industria manufacturera fueguina, entendiendo por ello la sensibilidad que el PBG total muestra a las variaciones de la actividad fabril. En otras palabras, se trata de la influencia determinante que sobre la capacidad productiva de la economía fueguina tiene el sector compuesto en forma mayoritaria por las empresas radicadas a su amparo a partir de los ochentas.

Por esa misma época comenzaron a tener mayor predicamento las organizaciones sindicales, tanto de trabajadores del ámbito privado (metalúrgicos, plásticos, textiles y petroleros, en forma predominante) como del sector público, lo que poco a poco iría delineando unos cambios significativos en el desarrollo de los asuntos políticos y económicos. Signos, por cierto, del desenvolvimiento que iba llevando a cabo la comunidad, que en forma sostenida se estaba alejando de aquella imagen bucólica de tiempos precedentes aunque no demasiado lejanos.

La notable dinámica de la economía de Tierra del Fuego durante el período mencionado, y la influencia que la marcha del sector fabril ya tenía sobre el conjunto, se visualizan con claridad en el gráfico siguiente, elaborado a partir de las estimaciones a valores constantes del indicador citado:

A Ferro lo reemplazó otro político radical que no había pertenecido al núcleo más cercano al presidente, sino que provenía del tradicional entramado partidario de la Provincia de Buenos Aires, donde había sido intendente de la localidad de Olavarría durante el período 1983-1987: Helios Eseverri. Como su antecesor, corría con la desventaja de desconocer las particularidades fueguinas, pero a diferencia de aquél tenía una aguda percepción política, que le hizo tomar la loable precaución de reclutar a sus principales colaboradores en el ámbito local. El ministerio de economía fue confiado nuevamente a Viaña, con lo que el flamante gobernador evidenciaba su intención de sostener el esquema de desarrollo que había comenzado con la década. No obstante, las circunstancias políticas, derivadas tanto de la situación nacional como de la dinámica provincial, se le presentaban complicadas.

En el orden nacional, las cuentas públicas se estaban convirtiendo en un problema de proporciones gigantescas. Lo que parecía estar agotándose era un modelo de administración fiscal que, desbordando el esquema del “estado de bienestar” keynesiano (con educación, salud y jubilaciones financiadas por el erario público) se había extendido a una especie de “capitalismo de Estado” o “Estado empresario” que pretendía influir en la marcha de la economía de manera protagónica, tanto en forma directa —ejerciendo actividades empresarias— como indirecta, a través de múltiples mecanismos tales como transferencias de fondos, préstamos a tasas subsidiadas, exenciones impositivas, etc. Con el tiempo, algunas variables fueron expandiéndose de manera autónoma, como sucedió con los beneficiarios del sistema jubilatorio —por el aumento en la esperanza de vida— o del sistema educativo (vía el ensanchamiento en la base de la pirámide poblacional) y otras, debido a cuestionables decisiones políticas de las autoridades. Se recurrió entonces cada vez más a la emisión y el endeudamiento para enjugar un devorador déficit fiscal, con sus respectivos costos: inflación por razones monetarias, y dependencia creciente de organismos internacionales (FMI y Banco Mundial) debido a las dificultades del gobierno para conseguir fondos en el exterior de otras fuentes. A mediados de 1987 el ministro Sourrouille anunció un plan de reforma del Estado con el que procuraba poner en caja las desbocadas finanzas públicas, que incluía la privatización de algunas empresas y una apertura al capital privado en el área petrolera. Entre tanto se insistía con el control de precios y se endurecía la política monetaria, pero hacia el momento en que asumía Eseverri en Tierra del Fuego, esas medidas se abandonaban y el margen de maniobra del gobierno nacional se estrechaba cada vez más, junto con una alarmante disminución de la confianza pública en su gestión. La inflación, que en 1987 acumuló un 131.3%, al año siguiente llegaría a 343%.

Eseverri, un hombre cultivado y de firme carácter, enfrentó la difícil coyuntura apostando a la consolidación del subrégimen industrial. Para ello, puso en juego su buena relación personal con el presidente Alfonsín, lo cual le sirvió para neutralizar las presiones que los sucesivos Secretarios de Hacienda de la Nación ejercían para recortar los beneficios promocionales, con el argumento de mejorar la recaudación tributaria. Por el contrario, logró prorrogar su vigencia y mejorar su configuración, lo que tuvo como resultado que durante el período en que gobernó (1987-1989) se registrara el mayor nivel de radicaciones industriales de la historia del régimen. En el último tramo de su gestión, Fernando H. Elicabe, hasta entonces presidente del Banco de Tierra del Fuego, reemplazó a Viaña en la cartera económica.

En el frente fiscal, Eseverri condujo una administración tan prolija como austera, además de gestionar y obtener fondos nacionales para diversos programas de infraestructura, varios de ellos orientados a la construcción de viviendas. Quien esto escribe, por entonces a cargo de la oficina de presupuesto gubernamental, recibió precisas instrucciones directas de Eseverri para publicar en forma mensual el detalle de los ingresos y egresos públicos, lo que sin duda constituyó una práctica efectiva de la transparencia que veinte años más tarde parece una rareza. Su gestión demostró que es posible articular en el ejercicio del cargo una posición de autonomía respecto de la Nación con las dosis necesarias de actitud negociadora bien entendida. También constituyó otro ejemplo (como lo fue el de Campos) de transparencia y compromiso con la administración de la cosa pública, cobrando esto último mayor valor por tratarse de una comunidad a la cual no pertenecía.

En materia de población, el resultado de esta etapa para Tierra del Fuego fue una formidable aceleración de la tasa anual media de crecimiento, llegando al excepcional valor de 93‰ entre 1980 y 1991. Y desde el punto de vista de la generación de riqueza, el sector manufacturero se consolidaba como el más importante, seguido del petrolero, aunque también crecieron el comercio y los servicios. En otras palabras, la economía fueguina se diversificó al impulso de actividades dinámicas, dejando atrás su característica primaria. También es cierto que el crecimiento poblacional y el consecuente aumento en la demanda por viviendas y servicios de educación y salud, amenazaban con convertirse en una fuerte presión para las arcas fiscales. De hecho, Eseverri renovó el estímulo a unas políticas de urbanización y de inversión en infraestructura, procurando dar respuestas a estos problemas.

Sin embargo, algunos años más tarde el péndulo de la política económica nacional volvió a moverse hacia el flanco opuesto.


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