LA ECONOMÍA DEL FIN DEL MUNDO
CONFIGURACIÓN, EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE TIERRA DEL FUEGO

7.3. DESARROLLO Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EN TIEMPOS DIFÍCILES

La proclamada apertura de Martínez de Hoz no significó pasar de manera abrupta del proteccionismo férreo, signado por prohibiciones a la importación combinadas con altos tipos arancelarios, a una desprotección total, ya que el levantamiento de las restricciones fue parcial y no estuvo acompañado por una baja inmediata en los aranceles. En cuanto a estos últimos, después de fijar el nivel máximo en 100% al comienzo de su gestión, el gobierno sólo bajó las alícuotas en diciembre de 1979 y julio de 1980, pero en muchos casos la protección resultante era todavía bastante alta. Es muy probable entonces que la “avalancha” importadora que ha quedado impresa en la memoria colectiva haya estado originada más en el aludido atraso cambiario que en la supuesta desprotección arancelaria .

Este cuadro, sumado a la cuestión de la “tablita” a la que también nos referimos con anterioridad, pone en duda otro de los clásicos etiquetamientos de la historia económica del país, como es el del “ultraliberalismo salvaje” de aquel ministro del Proceso. Por otra parte, así como no es posible encuadrar tales instrumentos de su política económica dentro de la corriente de pensamiento liberal, tampoco fueron medidas de índole ortodoxa el régimen especial que se creó para la industria automotriz y el mantenimiento de muchos cupos de importación. En otras palabras, es muy probable que resulte más justo asignar la mayor responsabilidad por los malos resultados a la praxis de Martínez de Hoz, antes que al liberalismo teórico.

Más allá de estos aspectos, interesa aquí señalar que las particularidades antedichas de la política económica nacional tuvieron como un impensado corolario el inicio del desarrollo industrial en Tierra del Fuego. En efecto, en momentos en que el país encaraba la transición de la televisión en blanco y negro a la de color, algunos comerciantes de Buenos Aires advirtieron que el régimen promocional constituía una oportunidad para eludir las muy concretas amenazas de la competencia importada, por lo que se convirtieron en industriales y acudieron a la isla para instalar sus plantas, importar las partes sin aranceles y ensamblarlas. Los sobrecostos fueguinos por la influencia de los fletes y los salarios no impidieron el buen desenvolvimiento de las nuevas empresas, que lograban colocar su producción en el mercado interno nacional debido, precisamente, a que los precios de los televisores color importados resultaban elevados a causa del nivel de la barrera arancelaria.

Hay además otro aspecto a tener en cuenta. Como hemos visto, el régimen promocional no había tenido efectos significativos durante sus primeros cinco o seis años de vigencia, y sus beneficios se potenciaron sólo a partir de la política aplicada por Martínez de Hoz y sus consecuencias esbozadas en los párrafos precedentes, que quizá no eran previsibles en 1972 cuando se lo diseñó. Difícilmente quienes proyectaron aquel mecanismo, si bien tenían el objetivo de incrementar la población de la zona, hayan siquiera sospechado la “explosión” que sobrevendría, lo cual lleva a reflexionar respecto de la influencia que sobre los resultados de una política pueden tener ciertas circunstancias imponderables al momento de su diseño.

Unas pocas primeras fábricas se instalaron en Tierra del Fuego bajo la administración de Arigotti, pero el “boom” comenzaría durante la de su sucesor. En 1981 fue designado Raúl E. Suárez del Cerro, cuyo desempeño posterior hace presumir que persistían entre los militares que detentaban el gobierno central las mismas consideraciones de orden geopolítico de una década atrás, muy probablemente potenciadas por el gravísimo pico de tensión que habían alcanzado las relaciones con Chile en 1978, cuando ambas naciones a punto estuvieron de entrar en una guerra por cuestiones limítrofes que sin duda hubiera tenido consecuencias catastróficas. En efecto, al organizar su gabinete, el nuevo mandatario designó en la cartera económica a Mariano Viaña, quien llegaba así al cargo por segunda vez. Aquel énfasis se reflejaba incluso en la nueva denominación dada al organismo, Ministerio de Desarrollo de la Economía, lo cual era toda una declaración de principios. Por su parte Suárez del Cerro, en frecuentes viajes a Buenos Aires, asumió el rol de entusiasta propagandista de la isla y sus ventajas en materia económica, centrando su mensaje en la necesidad de desarrollar una región históricamente olvidada, a la que de paso definía como “centro geográfico del país” enfatizando que los puntos extremos del mismo son La Quiaca y el Polo Sur. Ese acento en el aspecto económico se complementó con la creación de una entidad financiera oficial, inicialmente denominada “Banco del Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”, concebida como una herramienta para captar el ahorro regional y volcarlo en el mercado local.

Es necesario señalar, llegando a este punto, lo llamativo que resulta que en un contexto tan complejo, todavía tuviera espacio entre las autoridades nacionales de aquella época la idea de desarrollar la zona con una estrategia sustentada en instrumentos económicos, no cediendo a la tentación de encarar una escalada armamentista. Recuérdese que a los pocos meses, el gobierno presidido por Leopoldo F. Galtieri (que sucedió a Viola) protagonizó el episodio de Malvinas que muchos analistas sindicaron como un desesperado salto al vacío, en la búsqueda de superar los múltiples vallados que se le presentaban en el frente político interno. Desde este ángulo, lo que ocurrió en Tierra del Fuego puede ser catalogado como un casi insólito enclave de sensatez dirigente en un contexto global disparatado, signado por el vertiginoso descalabro político que estaba precediendo al derrumbe de una tenebrosa dictadura.

De la confluencia entre la intención de escapar a los efectos de la competencia externa por parte de un sector empresarial y el accionar del tándem Suárez del Cerro-Viaña surgió entonces el gran flujo de radicaciones fabriles de 1981 y los años subsiguientes. Además de las empresas electrónicas y productoras de electrodomésticos, se instalaron textiles, químicas, plásticas, etc. Llevaron a cabo ese proceso invirtiendo en la construcción de plantas que en su mayoría eran modernas y bien equipadas, y también —como lo habían previsto quienes diseñaron el sistema promocional— trasladando hasta allí a la mano de obra requerida. El gobierno local, por su parte, trató de acompañar el proceso encarando algunas obras de infraestructura, especialmente en materia de vivienda y equipamiento, aprovechando asignaciones del presupuesto nacional.

El régimen promocional tenía por objeto, como dijimos, aumentar la población argentina en la región. Por otra parte, establecía que para que las empresas radicadas en la Isla pudieran acreditar el origen fueguino de sus productos, debían agregar un gasto local que representara 25% de su valor final. Este requisito determinaría los altos niveles salariales de la industria fueguina, y sólo varios años más adelante sería cambiado por la exigencia de un proceso de transformación sustancial, mencionada en 7.1.

Llegando a este punto pediremos al lector que tolere una corta digresión de carácter teórico. Los factores productivos mencionados en la Primera Parte de esta obra —la tierra, el capital, el trabajo y la capacidad empresaria— son utilizados para producir bienes y servicios por parte de las empresas, las cuales para disponer de ellos pagan a las personas que detentan la propiedad de los mismos las retribuciones correspondientes; estos precios que las firmas deben pagar para acceder a tales recursos constituyen, por otra parte, los ingresos de esos individuos. De ello se deduce que las personas perciben ingresos según la función que cumplen en el proceso productivo: si son propietarias de la tierra, se les paga una renta; los trabajadores cobran un salario por aportar la mano de obra; y los dueños del capital reciben una retribución que se llama interés. Los que poseen la capacidad empresaria, en tanto, obtienen a cambio un beneficio. Ello conforma lo que la teoría económica denomina distribución funcional del ingreso. Hay otras maneras de estudiar cómo se reparte la riqueza, tales como la distribución personal, la sectorial y la regional, pero en este punto interesa la funcional.

Como es lógico, las empresas resuelven en qué proporciones combinarán esos factores en el proceso productivo según los precios de los mismos, tratando de alcanzar la composición que represente el costo más bajo posible. Ello implica que deciden al respecto según consideraciones de mercado, y al hacerlo también determinan —de manera implícita— la cuantía de las remuneraciones (ingresos) de las personas, según su función en el proceso productivo. En otras palabras, cuando una empresa decide fabricar su producto empleando proporcionalmente más maquinarias que mano de obra (o lo que es lo mismo, cuando opta por una producción capital-intensiva), está también definiendo lo que pagará como retribución a los propietarios de uno y otro factor.

De modo que el sistema de la ley 19.640 funcionó como un mecanismo de redistribución funcional del ingreso, a favor de los trabajadores. Las empresas fabriles que se acogían al régimen no podían decidir acerca de cómo combinar capital y trabajo para producir en base a los precios del mercado, porque una regulación del gobierno no se los permitía. Ello implicaba la obligación de llevar a cabo procesos de producción trabajo-intensivos en lugar de recurrir a técnicas basadas en la utilización predominante de máquinas y equipo (capital-intensivas). De paso, obsérvese nuevamente que un gobierno de orientación económica liberal, como era el de 1972, hubo de acudir a herramientas que no pueden calificarse más que de “dirigistas”.

Este es el motivo por el cual se trasladó tanta gente a trabajar en las plantas de Tierra del Fuego, y también la explicación de por qué los salarios que percibían esos trabajadores en los primeros años de vigencia del régimen eran bastante más altos que los que pagaba la industria en el resto del país. Pero, además, ocurrió que el arrollador flujo migratorio terminó por desbordar las previsiones oficiales, colocando al gobierno local detrás de las demandas de una población creciente. Esta situación tendría, más adelante, un fuerte impacto sobre las finanzas públicas locales, que por entonces todavía mostraban una razonable solvencia.

Naturalmente que, dados el avance de la tecnología y las relaciones de precios de los factores productivos, el uso intensivo de máquinas le hubiera permitido a la industria ser más eficiente, produciendo a costos más bajos; pero ello en principio no ocurrió, como hemos visto, porque el propio régimen promocional lo impedía. En rigor, si aceptamos que la eficiencia económica consiste en lograr la mayor producción al menor costo posible, habría que reconocer que el sistema posibilitaba una cierta ineficiencia. La pregunta que surge, entonces, es la siguiente: ¿quién pagó el costo de esa ineficiencia?