ECONOMÍA DE MÉXICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE

ECONOMÍA DE MÉXICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Ulises Castro Álvarez

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2. Políticas estructurales para la convergencia regional

El problema de las desigualdades regionales es claro que se ha venido a remarcarse a partir de la inserción del país a los círculos internacionales del gran capital, (Macías y Torres, 2007) explicitan los efectos de la globalización mencionando que ésta afecta de distintas maneras la unidad del Estado nacional y de la sociedad en su entorno regional y local, aparecen nuevas relaciones de poder y competitividad, conflictos y entrecruzamientos entre unidades y actores del mismo Estado al mismo tiempo que se identifican situaciones, procesos y espacios sociales transnacionales.

Aunque la globalización aparentemente cubre todo, no se puede hablar de un espacio único globalizado, sino de espacios de la globalización, espacios nacionales de la economía internacional. La globalización genera efectos desiguales sobre el territorio.

Diversos autores coinciden en que el desarrollo regional en México es de carácter distorsionado y que no ha habido una política con enfoque territorial integral, los intentos han sido aislados con muy pocos efectos integrativos en la medida en que se han planteado en horizontes temporales discontinuos y orientados a impulsar acciones exógenas al contexto de las regiones, fuera de las realidades locales, más bien han sido centralizadas y sectorizadas. La canalización de recursos sectoriales a través de la inversión como variable dinamizadora favorece la creación de flujos internos de comercio y el beneficio de la políticas públicas traducido a la creación de infraestructura, servicios o impulso de alguna actividad como el turismo o a lo sumo, se continua con la generación de actividades para satisfacer la demanda de concentraciones históricas de la población en el país, (Macías y Torres, 2007).

Este tipo de diseño e instrumentación de políticas regionales ha sido la característica desde la posrevolución y prevalece en la actualidad generando mayores desequilibrios que se agudizan a medida que avanzan los procesos globales fortaleciendo las asimetrías tanto en lo económico como en los social, de no modificarse los criterios de las políticas regionales se tendrá un desarrollo nacional desestructurador fuera de una política económica de largo plazo que haga posible alcanzar mayor armonía en el desarrollo del territorio.

La ausencia de participación social en el diseño e instrumentación de políticas de desarrollo regional limita su operación y resultados, el centralismo sigue siendo muy fuerte en cualquier iniciativa de esta naturaleza, estableciendo trato de iguales a las diferentes regiones del país.

En el ámbito social, la política ha transitado por tres fases: a) Recopilación de las demandas sociales de la Revolución Mexicana en una fase de recuperación económica y un Estado en construcción, b) Enfoque de universalismo segmentado, prioridad al papel que cumplen las personas en la división social del trabajo, c) Visión asistencialista focalizada a los pobres extremos, (Sánchez, 2007). En la primera y segunda fase el modelo de sustitución de importaciones generó crecimiento económico que permitió la promoción del aparato productivo produciendo excedentes que hicieron posible la consolidación institucional y la atención de aspectos sociales como la educación, salud, vivienda, seguridad social para los trabajadores a través de la SSA, IMSS, ISSSTE, CONASUPO, INPI, INFONAVIT, posteriormente al agotamiento del modelo de sustitución de importaciones con la renta petrolera y el aumento de la deuda externa se aumentó el gasto social creando programas como PIDER y COPLAMAR.

La tercer fase se caracteriza por la aplicación del modelo neoliberal cuya característica ha sido la focalización asistencialista en donde se abandona la seguridad laboral, se debilita la política social aumentando los grupos sociales sin seguridad, asistencia y previsión social, se atienden los lineamientos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, el Estado disminuye su responsabilidad social se crean los programas SAM, PRONASOL y PROGRESA-OPORTUNIDADES. Las políticas son insuficientes, ineficientes e ineficaces, se manifiesta en las grandes desigualdades sociales y la polarización geoeconómica en tres grandes franjas: Norte, Centro y Sur con características socioeconómicas contrastantes, (Sánchez, 2007).

La continuidad de las políticas aisladas ha propiciado la integración de programas como los que se concibieron durante la administración del presidente Fox, con base a una regionalización cuestionable desde el punto de vista teórico. La nueva regionalización establecida constituyó cinco macrorregiones: Noroeste, Noreste, Centro-Occidente, Centro-país y Sur-Sureste que no contribuye a integrar los espacios regionales, inclusive en algunos casos favorece su fragmentación, más bien obedece a la condiciones de operación administrativa para la operación de los programas y proyectos que se propusieron entre los que sobresalen: Programa de desarrollo de la frontera norte, programa de desarrollo de la escalera náutica, proyecto de gran visión para la región centro, plan Puebla-Panamá, programa de ordenación del territorio, programa hábitat y programa suelo-reserva territorial. La administración actual está apostando por la continuidad lo que permite pensar que los resultados serán en los mismos términos.

Es fundamental modificar la política y estrategia de desarrollo regional, existe consenso en que deben eliminarse las desigualdades regional, sin embargon es necesario definir con mucha precisión el tipo de igualdades a las que se pretende llegar. La reflexión debe ser profunda para evitar seguir conformando regiones maquiladoras, con enclaves turísticos, zonas metropolitanas desordenadas, áreas dependientes del capital y la tecnología extranjera o regiones depauperizadas y explotadas.

Por ello entre otros aspectos deben promoverse aquellas regiones con potenciales expresados en recursos naturales y productivos que hagan posible el aprovechamiento de sus propias gestiones regionales, las nuevas funciones del gobierno en todos sus niveles, deben expresar corresponsabilidad con estas acciones si el objetivo es la promoción económica y social de las regiones.

Se debe reconocer la influencia que la globalización produce en el ámbito regional por la escala, profundidad, intensidad, velocidad y complejidad que establecen nuevas relaciones en el campo y en las ciudades, resulta muy importante reasignar funciones compensatorias al desarrollo nacional y sectorial que favorezcan el intercambio regional y promuevan saldos favorables para las regiones más atrasadas, es urgente redimensionar las funciones del gobierno y el papel del Estado para promover relaciones horizontales entre ciudades y regiones, que no sólo sean de competencia sino también de complementariedad conformando redes de participación y de estrategias económicas que dimensionen la multisectorialidad territorial como sustento del nuevo desarrollo regional que se requiere en el país. (Delgadillo y Torres, 2007).

Debemos vernos a nosotros mismos y otorgarle toda la fuerza a utilizar el potencial endógeno de las regiones de tal manera que se pueda mejorar la estructura económica, mejorando la infraestructura y el equipamiento con lo cual se pueda aumentar la tasa de crecimiento, consolidar la vida democrática con aprovechamiento del capital social y humano fortaleciéndolos con la aplicación de políticas sociales universales en materia de alimentación, vivienda, salud y educación, modificar la estructura fiscal otorgando a estados y municipios mayor capacidad financiera en parte de los recursos federales y en parte incrementando su capacidad de recaudación, finalmente modernizar las estructuras administrativas de los gobiernos estatales y municipales para eficientar su función en la promoción y gestión del desarrollo, (Sánchez, 2007).

En resumen, “nuestro país requiere una geoestrategia interna con visión de largo plazo, que planifique el desarrollo espacial y articule las políticas de desarrollo general así como las políticas de fomento económico en un sistema integrado que incluya la participación de las regiones en el diseño y supervisión de las políticas y no sólo en su ejecución. Además es necesario desarrollar, sobre bases democráticas, las autonomías aldeanas, municipales y estatales en al planeación, financiamiento y gestión de desarrollo, así como la política de ingreso y gasto público para incrementar los recursos propios de las aldeas, municipios y estados, sobre todo los menos favorecidos, ampliando las bases materiales de su soberanía”. (Calva, 2007j).