ECONOMÍA DE MÉXICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE

ECONOMÍA DE MÉXICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Ulises Castro Álvarez

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2. Modelo neoliberal y estrategias macroeconómicas de mediano plazo: 1983-2002. Instrumentos y resultados.

El momento crítico de 1982 dio pauta para que políticamente en México se adueñaran del poder el grupo tecnocrático neoconservador que a partir de 1983 inició el tránsito al modelo neoliberal caracterizado por ser de economía abierta, orientado hacia fuera y por la conversión de la exportación de manufacturas en el eje del régimen de acumulación, (Guillén, 2005).

Este modelo toma la globalización económica como salida para las empresas trasnacionales internacionalizadas, representando para los grupos privados internos de poder económico y los gobiernos de los países endeudados una alternativa para la reconversión de empresas y orientarlas hacia el sector externo, su base teórica se encuentra en el neoliberalismo y toma como lineamientos de conducta y orientación el Consenso de Washington, (Guillén, 2005).

Los programas neoliberales de ajuste, estabilización y cambio estructural, diseñados con el apego al Washington Consensus, representan un cambio radical a la política económica aplicada durante los cincuenta años anteriores donde el crecimiento económico en términos del PIB nacional y percápita fue sostenido, al igual que la inversión fija bruta y el poder adquisitivo de los salarios reflejándose en un incremento del bienestar de los mexicanos, (Calva, 2003).

Calva (2003), establece de manera muy objetiva la definición del modelo al expresar que “la estrategia económica neoliberal se orientó a acrecentar el papel del mercado como mecanismo de asignación óptima de recursos, maximizador de la producción y del empleo, corrector automático de eventuales desajustes económicos, y garante de la inversión productiva y el desarrollo económico, transfiriendo a los agentes privados y al mercado, gradual pero sostenidamente, las funciones económicas anteriormente asignadas al Estado.” Ello significó “la apertura comercial unilateral y abrupta, liberalización de los mercados financieros y de la inversión extranjera, la privatización de la mayoría de las empresas estatales y algunos de infraestructura pública, la liberalización de precios internos, el achicamiento del Estado como rector y promotor activo del desarrollo económico y del bienestar social, reduciendo o eliminando programas de fomento económico sectorial, de infraestructura económica y desarrollo económico general”, (Calva, 2003:155).

Las reformas que permitieron el proceso de ajuste y cambio estructural propias del modelo neoliberal inician con la eliminación del proteccionismo comercial, prescindiendo con ello de una parte importante de los instrumentos anteriores de política industrial y del manejo de la balanza de pagos, se procedió a la liberación financiera interna y externa para evitar interferencias estatales “nocivas”, se suprimieron los encajes bancarios y otros mecanismos de canalización selectiva del crédito, se desregularon las tasas de interés, se eliminaron subsidios financieros y se fijaron topes al financiamiento del sector público, se permitió el movimiento irrestricto de capitales, (Ibarra, 2005).

La abrupta apertura comercial y financiera aunada a otros elementos provocaron la crisis del Fobaproa-IPAB que llevó a la extranjerización de la banca y a la involución persistente de la canalización del crédito al sector privado nacional, adicionalmente se estableció el régimen de autonomía del Banco de México que le otorga la responsabilidad exclusiva de la estabilidad de precios dejando de lado objetivos como el empleo y el crecimiento, a esto le siguió el retiro del Estado de la producción de bienes y servicios y la venta, privatizaciones o desincorporaciones de empresas estatales y otros activos públicos lo que se complementa con el equilibrio del presupuesto en cualquier circunstancia lo que elimina la posibilidad de una política fiscal anticíclica, (Ibarra, 2005).

En suma, el gobierno deja de tener política monetaria, cambiaria, y fiscal para el crecimiento, pasando éste a ser determinado por quienes controlan las fuerzas del mercado, estableciendo la política económica donde se prioriza como objetivo la estabilidad monetaria-cambiaria exigida por el capital financiero internacional. Se estabiliza el tipo de cambio y la inflación mediante la entrada de capitales extranjeros a costa del manejo del manejo de la política económica a favor de las demandas nacionales, (Huerta, 2005).

Los resultados de la aplicación en México del modelo neoliberal a lo largo de más de dos décadas, no ha cumplido las expectativas que se habían previsto, más bien han sido miserables en comparación con los resultados logrados como desempeño de las economías de los países que se han alejado de las recetas y recomendaciones del Consenso de Washington, las empiria lo demuestra al observar que el PIB per cápita apenas creció 7.5% entre 1983 y 2002, lo que significa una tasa promedio anual de 0.36%, es decir, menos del medio por ciento, cuando en el modelo de la Revolución Mexicana la tasa era de 3.14%, la inversión fija bruta creció apenas en 0.93% en todo el periodo, lo que significa una tasa promedio anual de 0.05% que no tiene comparación con el registro alcanzado en el modelo anterior que era de 5.8% y los salarios mínimos perdieron 69.6% de su poder adquisitivo, o lo que significa una reducción a menos de la tercera parte de los salarios mínimos vigentes en 1982, (Calva, 2003).

Estos resultados se pueden apreciar más objetivamente en el siguiente cuadro:

La orientación de la economía hacia el exterior, la incorpora a la dinámica de la integración de bloques regionales a nivel mundial con el objeto de incrementar la competitividad en los mercados globales, tanto para colocar mercancías como para la búsqueda de capitales. México envuelto en esta estrategia se incorpora al bloque de Norteamérica mediante la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

El TLCAN se construye como un compromiso entre gobierno y grupos empresariales oligopólicos que veían en la integración una alternativa para la ampliación de sus mercados y por tanto de sus ganancias, por ello, el compromiso se impulsa por los grupos globalizados de Estados Unidos, y por los grupos de poder económico y empresariales más poderosos de Canadá y México, (Guillén, 2005).

El gobierno Estadounidense y las empresas trasnacionales norteamericanas encontraron en el TLCAN el mecanismo para incrementar su competitividad en torno a los bloques regionales de Europa y Asia y la posibilidad de normalizar la operación de inversiones extranjeras con reglas que les otorgan libertades irrestrictas y prerrogativas en todos los órdenes, incluyendo el aspecto medioambiental, mientras para las empresas canadienses y mexicanas este instrumento les abrió la expectativa de insertarse en la economía mundial.

En este proceso de integración comercial, Arturo Guillén encuentra que son las empresas trasnacionales globales y el capital financiero las fuerzas que determinan la mundialización, de los acuerdos regionales y de la apertura económica, lo que significa que el comercio internacionales no se encuentra regido por las leyes y fuerzas del mercado como lo establece el neoliberalismo, sino que es un comercio administrado, a lo que le llama de manera más apropiada “mercantilismo corporativo”, dominado por el capital trasnacional, asociado con sus respectivos Estados nacionales y con el apoyo de los Estados de los países receptores del capital, (Guillén 2005:63).

Guillén cita a Hanson (1988) quien plantea que dentro de cada bloque regional a escala mundial el mecanismo de incrementar la competitividad consiste en trasladar hacia la periferia ciertas actividades o fases de sus procesos, cuyo objetivo es beneficiarse de ventajas comparativas en materia de costos laborales, costos de transacción (transporte, sistemas fiscales blandos) y normas ambientales menos estrictas, lo cual genera efectos de aglomeración en los espacios regionales donde se ubican, este papel lo desempeña México en Norteamérica, Portugal, Grecia y España en Europa y Malasia, Indonesia, Filipinas o Tailandia en Asia, (Guillén, 2005).

A México ha ingresado inversión extranjera directa principalmente a la industria automotriz y de autopartes, a la producción maquiladora donde se destaca a la electrónica, la computación y la confección. Un aspecto importante a señalar en la operación del TLCAN es que efectivamente ha incrementado el comercio internacional de México, sin embargo, el grupo de éste se realiza intra-firma de empresas trasnacionales, alrededor del 70% del comercio de Canadá está vinculado a las operaciones de empresas trasnacionales y de ese total el 40% es comercio intra-firma, cerca del 50% de las exportaciones de Estados Unidos a Canadá son intra-firma de sus compañías matrices afiliadas y en el caso de México en 1998 el 49.2% del comercio exterior era intra-firma, lo que significa muy poca integración con cadenas productivas nacionales y muy poco efecto de arrastre en materia de transferencia tecnológica o crecimiento productivo.

A lo anterior se debe sumar que este tipo de operación ha reforzado la tendencia a la regionalización y polarización de la actividad económica y del comercio exterior hacia la frontera norte lo que a su vez origina la conformación de cadenas productivas regionales de carácter trasnacional que sustituyen las cadenas productivas nacionales que se habían formado en la etapa del modelo de sustitución de importaciones, (Guillén, 2005). Lo anterior ha acentuado la heterogeneidad estructural del sistema productivo y de la estructura social así como la desintegración cultural, los desequilibrios regionales son ahora más marcados, el norte rico se ha alejado aún más del sur pobre, el dualismo estructural característico del subdesarrollo se ha agravado y se volvió más complejo, existe la cúspide exportadora, las empresas surgidas del modelo de sustitución de importaciones orientadas al mercado interno y el sector atrasado de las actividades tradicionales y de la economía informal.

El progreso técnico no fluye al conjunto del sistema productivo, impidiendo la construcción de una base endógena de acumulación de capital, el progreso se concentra, las maquiladoras y otros segmentos del sector exportador se caracterizan como inversiones de enclave como en épocas pasadas. El modelo funciona sobre la base de salarios reales bajos y restringida participación del Estado en la economía lo que origina que el mercado interno en vez de expandirse se haya estancado afectando a las empresas que dependen de éste, en el plano social los cambios en el sistema productivo se ha manifestado en el enriquecimiento de las capas altas ligadas al sector exportador y a las actividades financieras, en el debilitamiento de las clases medias y el incremento de marginados y excluidos.

En resumen, el modelo neoliberal no ha creado las condiciones para impulsar el desarrollo económico y social del país, se podría decir que por el contrario se ha subdesarrollado, fuera del enriquecimiento de una minúscula minoría la mayoría de la población experimenta un deterioro persistente de sus condiciones de vida y de trabajo, es un modelo inestable que no ha dado respuestas al desequilibrio externo incluso lo ha agravado, depende de los flujos de capital externo lo que significa la posibilidad de crisis financieras y económicas.

El cambio de modelo económico en México al sustituir la industrialización por sustitución de importaciones por el modelo neoliberal, ha propiciado que disminuya la participación en la estructura de producción y en la del ingreso mundial, manifestando una regresión en términos de su nivel de desarrollo relativo a nivel mundial, (Guillén, 2007).

El camino para corregir la situación actual se encuentra en el cambio de modelo económico en el cual se involucren compromisos de todos los actores sociales, Soria (2005); propone el cambio de modelo de estabilización a uno que fomente el crecimiento económico, modificación de las relaciones internacionales, la redistribución del ingreso el consumo y la riqueza y profundizar en el proceso de democratización.

Lo anterior implica la contextualización social de las actividades económicas y el abandono de la economía pura de mercado que es un arquetipo de un mundo ideal, inexistente. El mercado ha demostrado que no puede regular de manera automática los desequilibrios, es necesario reconocer la intervención del Estado, la política económica alternativa se puede definir primeramente con el abandono de la perspectiva excesivamente macroeconómica y poner más atención en la estructura de los precios relativos, evitando rezagos en el sector público y otorgando subsidios temporales al sector privado como parte de una política industrial que favorezca la acumulación y la modernización de acuerdo a lo que marca la competencia mundial, abandonar el objetivo de mantener un presupuesto equilibrado, atender el aspecto distributivo de la riqueza mediante mecanismos tributarios a favor de los asalariados y apoyar la productividad, la tributación se deberá extender hacia la cuenta de capital de la balanza de pagos, la política social debe orientarse a elevar el ingreso de las clases populares a través del empleo, los salarios, educación y capacitación, atender la alimentación, salud y la vivienda lo cual debe tender a hacerse universal, (Guillén, 2007).

El financiamiento de todo esto se puede realizar es mediante el aprovechamiento pleno de los recursos, renegociación de la deuda externa y una reforma tributaria que grave a las clases más favorecidas y no a las clases populares, estableciendo impuestos progresivos a la renta y a las plusvalías financieras como las transacciones accionarias y las grandes fortunas. La política económica alternativa deberá contemplar la preservación de los ecosistemas recurriendo a la regulación y a la coacción pública, (Guillén, 2007).

José Luis Calva (2003:168), precisa con detalle lo que podría ser una estrategia alternativa de desarrollo para México y Latinoamérica, tomando en consideración las experiencias de países como Japón, Taiwán y Corea del Sur, proponiendo diez puntos clave que se sustentan en la nueva teoría del desarrollo y la heterodoxia económica, los cuales son:

“1. Una política cambiaria activa cuyo objetivo prioritario sea contribuir al equilibrio sostenible de las cuentas externas que evite las recurrentes sobrevaluaciones de nuestra moneda. Definiendo como tipo de cambio de equilibrio la paridad que se observa cuando la balanza comercial (excluyendo maquiladoras) se encuentra en equilibrio (lo que indica que la planta productiva nacional es globalmente competitiva con esa tasa de cambio), dicha paridad debe ser adoptada como piso cambiario. Manteniendo en general un régimen de flotación, los bancos centrales latinoamericanos deben evitar que el precio de la divisa guía baje del piso cambiario, ajustando periódicamente este piso conforme a la diferencia entre la tasa de inflación nacional y las tasas de inflación de los principales socios comerciales.

3. Una política comercial pragmática, que utilice al máximo los márgenes de maniobra para regular nuestro comercio exterior aplicando aranceles, normas técnicas, salvaguardas y disposiciones contra prácticas desleales de comercio, a las cuales tenemos derecho como parte contratante de la OMC (e incluso México del TLCAN, además de aplicar órdenes de mercadeo y otras restricciones cuantitativas habitualmente aplicadas por los países desarrollados. La eventual suscripción de un Acuerdo de Libre Comercio de las Américas debe comprender un estilo equitativo de integración económica, similar al estilo europeo. Recuérdese que la Unión Europea ha instituido fondos compensatorios (estructurales y de cohesión social), cuyo principio básico consiste en que los estados aportan recursos a esos fondos en proporción a su riqueza (PIB per cápita), mientras que las regiones y países reciben apoyos en proporción a su atraso o pobreza relativa. El objetivo es la convergencia de los niveles de desarrollo económico y de bienestar social. Además, en la integración europea existe libre flujo de mano de obra.

4. Una política de estabilidad de precios con desarrollo económico y preservación de los equilibrios externos, para lo cual debe ponerse punto final a los fuertes brotes inflacionarios recurrentemente desencadenados por macro devaluaciones traumáticas, generalmente acompañadas de alzas abruptas de precios y tarifas del sector público. Para ello es necesario mantener un tipo de cambio real permanentemente competitivo y evitar desbordes imprudenciales en las finanzas públicas, de manera que sea factible absorber eventuales choques externos sin afectar la demanda agregada real, evitando las típicas secuelas negativas sobre las actividad económica.

5. Finanzas públicas sanas para el desarrollo económico con equidad, concepto que implica: una política de gasto público dirigida a impulsar el progreso económico, humano y ambiental sobre horizonte de planeación de largo plazo; y un esquema de financiamiento no inflacionario del gasto público, que debe lograrse primordialmente mediante el aumento paulatino de los ingresos tributarios hasta alcanzar 30% del PIB. La necesaria reforma fiscal debe comprender: a) simplificación y racionalización de la legislación tributaria, b) ampliar la base de contribuyentes y de ingresos sujetos a tributación (v.gr. ganancias bursátiles de personas físicas, ganancias de capital de personas físicas, dividendos distribuido entre los accionistas de las empresas, etcétera, como se hace en países desarrollados, además de gravar el capital golondrino, c) combatir resueltamente la evasión fiscal, d) acentuar considerablemente la progresividad del impuesto sobre el consumo, a través de mayores tasas de IVA sobre bienes suntuarios.

6. Desplegar una verdadera política industrial (en el amplio sentido del término, que comprende el fomento de las diversas actividades productivas, comenzando por la agricultura), cuyos instrumentos fundamentales (en concordancia con las evidencias empíricas internacionales, de los países exitosos) pueden resumirse en los siguientes: a) políticas macroeconómicas favorables al desarrollo de la economía real, comenzando por una política cambiaria competitiva, b) políticas de fomento económico general, principalmente formación de recursos humanos, construcción de infraestructura y fomento del desarrollo científico-técnico, c) formulación de una estrategia general de industrialización, que defina áreas estratégicas y prioritarias, reconociendo las tendencias de los mercados internacionales y las particularidades nacionales, d) desplegar instrumentos específicos de fomento sectorial (v.gr. el sistema de precios de garantía o soporte en la agricultura) en función de estas prioridades y realidades.

7. Colocar al ser humano en el centro de la estrategia económica. La superación de la marginación socioeconómica y la erradicación de la pobreza deben ser concebidas no como algo extrínseco a la economía ( como males susceptibles de ser corregidos a través de simples mecanismos de compensación social), sino como algo intrínseco al correcto funcionamiento de la economía, como resultado natural de una nueva estrategia económica integradora (incluyente de las mayorías nacionales en las tareas y los beneficios del desarrollo), que comprenda: 1) un política industrial en el sentido antes definido, 2) una estrategia integral de formación de recursos humanos, 3) políticas públicas de distribución del ingreso y reforzamiento de la seguridad social, 4) la ampliación de la cobertura y calidad de las políticas orientadas hacia los grupos sociales más vulnerables.

8. Desplegar una política integral de desarrollo regional asentada en una congruente noción de desarrollo sustentable (es decir, que contemple simultáneamente los objetivos de crecimiento económico, equidad social y desarrollo ambiental), y que, basada en un vigoroso federalismo, impulse la convergencia de las regiones rezagadas hacia niveles medios de ingreso y bienestar.

9. Lograr el crecimiento económico que conserve y enriquezca las bases naturales en las que inevitablemente se asienta la actividad humana, regular los procesos productivos y de consumo, internizando los costos ambientales e introduciendo otros incentivos para mejorar la utilización de los recursos, minimizar impactos ambientarles y restaurar ecosistemas.

10. Elevar la eficiencia y eficacia de las instituciones públicas, a través de: la efectiva separación de poderes (Legislativo, Judicial y Ejecutivo) en el marco de un sistema de elecciones verdaderamente libres y transparentes, el establecimiento de un servicio civil de carrera basado en los méritos del servidor público, y la participación directa de la ciudadanía en decisión, supervisión y ejecución de programas específicos.

De esta manera se puede identificar la política económica alternativa viable para alcanzar nuevamente el crecimiento económico que se traduzca en desarrollo para los mexicanos.