DESAFÍOS DE LA SOCIEDAD RURAL AL DESPUNTAR EL SIGLO XXI. ECONOMÍA Y POLÍTICA

DESAFÍOS DE LA SOCIEDAD RURAL AL DESPUNTAR EL SIGLO XXI. ECONOMÍA Y POLÍTICA

Compiladora: Irma Lorena Acosta Reveles

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III. RETROSPECTIVA

A) UNA BREVE PERO LARGA HISTORIA

Debido a las fluctuaciones de la producción minera y sus precios así como la mejora tecnológica ya desde finales del siglo XIX empezaron a emigrar trabajadores zacatecanos hacia los Estados Unidos (Padilla, 1998: 135) para ocuparse en actividades agrícolas y la construcción de vías férreas, fenómeno que continuó, aunque se contuvo por la crisis de los años treinta y en especial por el reparto agrario.

En el período de los convenios agrícolas llamados programas de braceros (1942-1964) entre México y Estados Unidos las aportaciones de Zacatecas fueron altas, especialmente en los años de 1956, 1957 y 1958 debido a la crisis agrícola y la sequía que sufrió el campo. Al terminarse los convenios el flujo continuó y en 1975 tenía las mayores remesas per capita en el país; en 1980 la más alta tasa de migración internacional; en 1992 la más alta proporción de migrantes externos de retorno; entre 1992-1996 la más alta proporción de hogares receptores de remesas y el séptimo lugar de las entidades receptoras de remesas (CONAPO, 2002: 162); en 2003 Zacatecas tuvo el más alto índice de intensidad migratoria del país con 23.3% de los hogares donde al menos un integrante de la familia había emigrado, 1 468 747 habitantes de origen zacatecano radicadas en Estados Unidos y 550 856 personas nacidas en Zacatecas pero residentes en Estado Unidos, además de contar con el más alto promedio de recepción de remesas por familia, de 340 dólares, en el mismo año, y con una recepción total de remesas estimadas en 481 millones de dólares, cifra superior al PIB agrícola.

A nivel de subregiones los municipios de Zacatecas, Vetagrande y Concepción del Oro eran los primeros lugares de origen de los migrantes, debido a la crisis minera, seguidos de los municipios de los cañones, Jerez y Nochistlán por la pobreza rural y la escasez de tierras laborables. De acuerdo con el Censo de 1980 Fernando Lozano y Jesús Tamayo encontraron que el 72% de los migrantes de retorno se encontraban en las subregiones de Jerez, Jalpa-Juchipila, Fresnillo y Tlaltenango; el 8% en las subregiones de Sombrerete y Río Grande; menos del 6% en las subregiones de Zacatecas y Loreto; y la de Concepción del Oro tiene una participación insignificante.

En términos de captación de remesas, en 1988 la subregión de Jerez recibía el 33%, Zacatecas 17, Fresnillo 16, Tlaltenango 15, Río Grande 7, Sombrerete 3 y Loreto 1%, y la de Concepción del Oro no aparecía. Padilla observa que las subregiones de Loreto y Concepción del Oro eran las de menos emigración externa, en contraparte con las de Jerez y Tlaltenango pero con alta migración interna.

En lo que respecta a las condiciones económicas se destaca que la subregión de Jalpa-Juchipila era la de mayor nivel de subempleo en 1990 y el empleo es menor que en 1970 mientras que su PEA es fundamentalmente agropecuaria; la subregión de Jerez también tiene subempleo alto pero con nivel de empleo poco mayor que en 1970, con marcada actividad frutícola, en especial en el municipio de Jerez, pero con caída en la productividad duraznera.

La subregión de Tlaltenango cuenta para el año 1990 con una actividad agrícola que se está ganaderizando pero con pocas hectáreas y más presión demográfica sobre la tierra desde los años cuarenta y la de mayor grado de sobrepastoreo. Respecto de 1970, en 1990 cayó el bienestar social y el empleo.

A la subregión de Fresnillo pertenece Valparaíso, donde el 62% de su PEA es agropecuaria, el 37% de su PEA no recibe ingreso alguno y cuenta con muy alto grado de marginación.

B) INFIERNO CON CARA DE GLORIA

El período que se estudia en este artículo es el de la década de los noventa, caracterizado por el despliegue al máximo de las políticas neoliberales cuya orientación está encaminada a favorecer al sector exportador de la economía, mayoritariamente en manos del capital extranjero.

Para cumplir con esa tarea el Estado ha tenido que aplicar toda una serie de medidas que le han arrebatado a la clase trabajadora muchos de los logros que había conseguido en la fase de crecimiento anterior reduciendo drásticamente el salario y los niveles de empleo y ocupación. Las líneas básicas han girado en torno al desmantelamiento del Estado, y la aplicación de los programas de ajuste (Guillén, 1990: 39), caracterizados por la reducción del déficit fiscal mediante la disminución del gasto público, eliminando subsidios, ventas de empresas paraestatales y la reducción de los complejos aparatos burocráticos; la restricción del crédito, evitando la emisión monetaria y constriñendo la política del gasto público; el incremento en las tasas de interés, reorientando la asignación de recursos, promoviendo la repatriación de capitales y desalentando su fuga; el mantenimiento de un tipo de cambio que promueva las exportaciones, recurriendo a la devaluación para desalentar importaciones y aumentar la competitividad; la oposición a tipo de cambios múltiples y a cualquier restricción al movimiento de capitales y mercancías; la contención en las alzas salariales y su incremento en función de la inflación esperada dando como resultado una drástica caída en términos reales.

En materia agrícola la estrategia asumida llevó a la desprotección total del campo con las políticas de restricción de la inversión (Calva, 2001) , del crédito y el desmantelamiento de los apoyos a la producción de básicos.

Las medidas que se han implementado tienen su origen en la lógica de las ventajas comparativas y se pretende insertar a la economía mexicana en los grandes circuitos internacionales de la producción y comercialización, en el contexto de la globalización de la economía mundial, liberalizando las fuerzas del mercado para lograr una asignación eficiente de los recursos (PNU/CEPAL, 1999:10).

Con la entrada al GATT en 1985 comenzaron a cambiar las reglas que sostenían el comercio exterior de México. Gradualmente, las barreras arancelarias y no arancelarias se fueron reduciendo, con el fin de permitir la libre importación de bienes y someter a una intensa competencia a los productores nacionales. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte es la consolidación de este proceso, caracterizado por la gran velocidad de la liberalización (Calva, 2001).

La constante para los productos tradicionales como el maíz y el frijol, entre otros, fueron el mantenimiento de precios adversos, la reducción drástica de la inversión productiva y el retiro de los subsidios que existían para un conjunto de insumos estratégicos;

Se decía que el Estado no podía destinar, en la magnitud requerida, la cantidad de recursos necesarios para financiar por sí mismo la modernización productiva del campo, que se requería una mayor participación del sector privado y el marco legal que diera absoluta seguridad. Por lo tanto era indispensable eliminar la incertidumbre en la tenencia de la tierra asociada con el reparto agrario (Téllez, 1994: 12), así que se reformó en ese sentido el Artículo 27 de la Constitución.