DESAFÍOS DE LA SOCIEDAD RURAL AL DESPUNTAR EL SIGLO XXI. ECONOMÍA Y POLÍTICA

DESAFÍOS DE LA SOCIEDAD RURAL AL DESPUNTAR EL SIGLO XXI. ECONOMÍA Y POLÍTICA

Compiladora: Irma Lorena Acosta Reveles

Volver al índice

 

 

IV. EL SIGNIFICADO DE LA CRISIS DE LOS SETENTA

Si es cierto que el desarrollo de la agricultura ha de ir de la mano como puntal de la industrialización, como lo postularon los desarrollistas, la crisis de aquella que presenciaron los años setenta, no era mas que un signo de la crisis del modelo de crecimiento en su conjunto que se venía gestando desde mediados de los sesenta. Es que como lo afirma Figueroa (1986: 164) “...lo que menos tiene la acumulación en el subdesarrollo, es continuidad”. Por encima de cualquier esfuerzo que no repare en la ausencia de la organización del trabajo científico, estará la tendencia al déficit de la balanza comercial inherente al subdesarrollo y cuando se hace insostenible viene la crisis. Es una condición que para producir en el modelo de mercado interno, hay que exportar, y como lo sostiene el mismo autor, “Con la crisis que se inició en los años sesenta la producción para la exportación tiende a mostrarse impotente para continuar sosteniendo el nivel de crecimiento relativo alcanzado” (Figueroa, 1986: 194).

De ahí el comportamiento de los agricultores empresariales frente a los campesinos, que para mantener el ritmo de sus ganancias abandonaron la producción de los granos básicos y algunos otros productos que se consideraban materias primas para la industria como el ajonjolí y el cártamo, lo que se convirtió en crisis de alimentos de consumo popular y que atrajo la atención del Estado, ello tendría que ser así porque coincidiendo con Ignacio Hernández Gutiérrez (1976: 110) al tiempo que la acumulación se iba bloqueando a consecuencia de las importaciones en el modelo en su conjunto, la peor repercusión resultaba en el deterioro de la imagen del propio Estado que al no contar con una oferta suficiente de alimentos de consumo popular su aura de protector se venía abajo. Pero fue la propia burguesía quien ubicó la crisis desde la agricultura. Es de entenderse que la producción de alimentos baratos es una condición para mantener el ritmo de la acumulación y si la burguesía no está dispuesta a producirlos, nada mejor que dejarle la tarea a los campesinos. En el diagnóstico que la propia burguesía hace es claro que se orienta a fijar la atención en los campesinos y jalar sobretodo al Estado a cubrir la mayor parte como se puede ver:

• Caída de la tasa de crecimiento de la producción agrícola que afecta los productos alimenticios con que se cuenta para atender las necesidades del pueblo;

• Elevación brusca de los precios de esos productos que deprimen el nivel de ingreso de los asalariados;

• Graves problemas para realizar las exportaciones de productos como el café, el algodón, la fresa etc., debido a la caída de los precios internacionales de esos productos o a la caída de la demanda;

• El abatimiento del nivel de inversión, sobre todo de la privada, igualmente una disminución del monto del crédito dirigido hacia el campo por la banca privada.

• La burguesía suma a esa visión la caída de los indicadores de las condiciones de vida de la población rural (desempleo, subempleo, mayor pobreza, mayor desnutrición, deterioro en los índices de salud, de la educación, vivienda, etcétera). Todo ello como resultado de los cambios en el modelo económico, que lo hizo adoptar el señuelo de ”la justicia social” para abandonar el desarrollismo (Hernández, 1976: 98-99)

Si bien la caída en la producción de granos básicos y en otros productos que no le resultaban rentables a la agricultura empresarial eran una realidad, en general el sector presentaba un crecimiento mas o menos sostenido de acuerdo con los datos que nos proporciona Hernández Gutiérrez. Lo que si es una verdad es que mientras el Estado seguía canalizando recursos a la agricultura, la iniciativa privada los iba reduciendo, de tal suerte que la superación de la citada crisis quedaba en mayor medida a cargo del Estado, es por ello que éste en última instancia llegaba a tomar la decisión de incrementar la producción con repartiendo más tierra. El mayor esfuerzo del Estado lo corroboran las siguientes cifras:

Por lo que se refiere solo a la agricultura, el sector estatal en los años 1972 y 1973 aportó a la inversión total el 12 y el 15 por ciento respectivamente. Por su lado la iniciativa privada respondía en sentido contrario. Mientras el Estado elevaba su promedio anual de inversiones brutas en el sector agropecuario de un quinquenio a otro en un 87.3%, la iniciativa privada lo reducía en un 60.9%. En el período de 1961-65 la iniciativa contribuía a la inversión bruta del sector agropecuario con el 73.1% mientras que en el período de 1966-70 redujo su participación al 36.2%.

El retiro de la iniciativa de la producción de granos básicos se hizo evidente en los datos de la superficie cosechada de maíz y de frijol. Mientras en 1971 para el caso del maíz la superficie cosechada fue de 7 millones 292 656 hectáreas, para 1974 se redujo a 6 millones 39 025; 1 millón 153,631 hectáreas menos, equivalente a un 20.2%, ya para 1979 se había reducido a 5 millones 567 mil hectáreas. La producción física disminuyó de 9.8 millones de toneladas a 7.8 millones en el mismo período. Por lo que toca al valor de la producción pasó de 8,807 millones de pesos a 13 621 millones es decir se incrementó en un 54.7%. Ello a pesar de que el rendimiento por hectárea se mantuvo en 1 250 kilos. Esa aparente contradicción entre la producción física y su valor se da como resultado de la política de precios de garantía, implementada por el gobierno para estimular la producción de granos básicos y otras materias primas para la industria y la ganadería, con la cual no solamente los campesinos eran inducidos a sostener la producción de granos básicos, sino que se beneficiaban los empresarios agrícolas pues la relación precio-costo de la producción en esas condiciones operaba en su favor. Habrá que considerar que desde 1973 los precios de garantía se habían fijado anualmente hasta que se suprimió dicha política en 1993 con la instrumentación del PROCAMPO.

Respecto del frijol pasó algo similar a diferencia que en ese renglón los rendimientos por hectárea si se incrementaron (de 477 a 674 kg.). Por lo mismo y gracias el estímulo del Estado, esta leguminosa tuvo el mejor auge llegando a incrementarse el valor de su producción en el período de 1971 a 1974 en un 148.2%. Esto tuvo que ver con el objetivo de mantener el platillo principal de la clase trabajadora que le tocaba en definitiva producirlo a los campesinos. De esta intención puede derivarse la importancia que se le dio a la reforma agraria en la década de los setenta, que implicó un corto pero fuerte aliento al reparto e inclusive la conversión de un Departamento de Estado a Secretaría (el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, pasó a ser Secretaría de la Reforma Agraria) y la confección de la Ley Federal de Reforma Agraria que sustituyó al Código Agrario.

En el tiempo en que el modelo de crecimiento relativo hacía frente a la crisis, tuvo lugar la mayor parte del reparto agrario que se ha dado en México, sumando 56’088,000 hectáreas desde el sexenio de Ruiz Cortinez hasta López Portillo). Una interpretación es que el Estado pretendió despejar obstáculos al capital cargando sobre los campesinos la tarea de mantener baratos los productos de la canasta básica. Lo cual no se aproxima de ninguna manera a la idea de integrar a este sector al desarrollo, pues aparte de la tierra no se les otorgó ninguna otra cosa que pudiera favorecer su participación sostenida en la economía nacional.

Por lo demás la crisis del modelo en su conjunto ya era imparable, la tendencia al déficit en la balanza comercial hundiría al modelo en un callejón sin salida, Como ha dicho Rosalío Wences Reza (1977: 62); “... todo este panorama forma parte de una realidad económica y social mucho más desfavorable y deprimente. Una balanza comercial cada día más negativa para México”. Tan solo de 1972 a 1975 el déficit creció de la siguiente manera:

Esto es, la balanza comercial como indicador de la salud del modelo sustitutivo de importaciones, señalaba que dicho modelo estaba en sus últimas, el coeficiente de importación como lo confirma Manuel Aguilera se había invertido: de una clara tendencia a la disminución hasta 1972, ya para 1979 había vuelto al rango de cuando iniciaba el modelo: retomaba los dos dígitos hacia arriba. Por el contrario la tendencia de las exportaciones consolidaban su tendencia hacia abajo. Y como lo sintetizó el mismo Aguilera: “... Las tendencias observadas en los lustros recientes apuntan un marcado debilitamiento del aparato productivo mexicano –un agotamiento del modelo de crecimiento–, toda vez que ha sido evidente su incapacidad para generar volúmenes de producción en escala suficiente para sostener su contribución en la generación de divisas y para inducir una mayor autosuficiencia interna, compatible con la capacidad de compra externa.”(Aguilera: 1980: 218).

Así la cobija que el mercado interno le prestaba a la reforma agraria pronto quedaría en un hilacho, en la medida que las importaciones harían trizas las expectativas de los capitalistas del “nacionalismo revolucionario” y su “justicia social”.